INAUGURACION DE LA XLIV ASAMBLEA GENERAL

3 de junio de 2014 - Asunción, Paraguay

Agradezco, Sr. Presidente Cartes, a Ud. y a su gobierno, muy especialmente al Canciller Eladio Loizaga y a todos los funcionarios de la Cancillería, por la excelente acogida que hemos tenido en Asunción y por su esmero en la preparación de este 44° Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Sólo espero que podamos responder a tanta generosidad y tanta eficacia con una Asamblea que cumpla con las expectativas que hemos cifrado en ella.

La realización de esta Asamblea en tierra paraguaya, por segunda vez, es un motivo de enorme satisfacción para nosotros. Este país es uno de los fundadores de la Unión Panamericana y contribuyó decisivamente a la creación de la OEA en 1948, apoyándola siempre en su trabajo. Cuando la Vigésima Asamblea de 1990 se realizó en Asunción, este querido país acababa de recuperar su democracia y se integraba al nuevo hemisferio democrático que entonces nacía. Era un período de incertidumbre, pero también de muchas convicciones y esperanzas. Hoy volvemos aquí para manifestar nuevamente a su Presidente, a todas sus fuerzas políticas y al pueblo paraguayo, nuestro respeto y apoyo en sus esfuerzos por construir una patria cada vez más próspera, más democrática y más justa.

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Cancilleres y delegados

A pesar de que he asistido muchas veces a la Asamblea General de la OEA, primero como Canciller de mi país y luego como Secretario General, nunca deja de sorprenderme, en esta era de tantas Cumbres, la relevancia que reviste esta Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. Creo que ello es una manifestación de la fuerza y vitalidad que mantiene, en un período de grandes transformaciones, la organización política más antigua del mundo, dirigida por los Cancilleres de América.

Siempre rodeada de debates, análisis y propuestas sobre su futuro, la OEA responde a su principal objetivo: ser el Foro Político de los países de América, donde todo se dice, donde hay un verdadero diálogo, donde todos pueden participar en pie de igualdad y dar su opinión sobre cualquier tema relevante de la región, siendo siempre tratado con dignidad y respeto. Ojalá esa característica se mantenga siempre, especialmente en el marco de democracia y libertad que nos ha tocado vivir.

En la OEA se han suscrito los principales instrumentos jurídicos que rigen nuestro sistema: la propia Carta de la OEA, el Pacto de Bogotá sobre Solución Pacífica de Controversias, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Belém do Pará sobre Violencia contra la Mujer, la Carta Democrática Interamericana, la Carta Social de las Américas, la Declaración de México sobre Seguridad Multidimensional, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Interamericana sobre Discapacidad, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones Explosivos y Otros Materiales Relacionados, las recientes Convenciones contra Todas las Formas de Discriminación y contra el Racismo, son sólo algunos de los muchos tratados y acuerdos que rigen la vida de nuestra Organización y de nuestra relación inter-hemisférica.

Depositados en nuestra Secretaría están también los instrumentos que crean el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, la Comisión Interamericana de Mujeres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano del Niño, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Panamericano de Historia y Geografía, y otros.

En suma, la OEA es la depositaria del derecho y la institucionalidad de las Américas. Un derecho e institucionalidad que están vivos y activos y que queremos fortalecer cada día. Por esta columna vertebral pasa todo lo que hemos soñado y realizado juntos los pueblos de las Américas, del Norte, el Centro, el Caribe y el Sur.

Pero la OEA es principalmente un conjunto de programas de acción que se llevan a cabo día a día. Permítanme recordar, por ejemplo, la Observación y Cooperación Electoral. Entre 1962 y 2004 realizamos 121 misiones de observación y en la década que se inició en 2005 llegaremos a más de 100, incluidas las muchas que han tenido lugar en los últimos seis meses.

Hace pocos días he firmado la orden ejecutiva que crea el Organismo Internacional de Acreditación Electoral dentro de la OEA, para dar vida a un nuevo estándar IS0 17582, que permitirá a los órganos electorales de nuestros Estados Miembros, e incluso otros en el mundo lo pueden solicitar, obtener certificación oficial para sus procesos electorales en ocho dimensiones distintas, que van desde el registro de candidatos a la fiscalización del financiamiento de sus elecciones.

Hay más programas que valdría la pena mencionar. Las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la acción contra el Tráfico y Abuso de Drogas, la Seguridad Pública, el Desarrollo del Derecho Internacional, el Programa de Becas –cuando llegué a la OEA entregábamos algo así como 500 becas, hoy, gracias a la cooperación de los Países Miembros, entregamos más de 1.800- la Red de Protección Social, la Promoción del Desarrollo Integral, la Misión de Apoyo al Plan de Paz en Colombia, la Misión de la Zona de Adyacencia Belice-Guatemala, el Programa de Desminado, los programas de marcaje de armas, el Programa de Gestión Pública Efectiva recién iniciado y al cual ya se han adherido más de 20 países, el Programa de Identidad Civil, el mecanismo de evaluación del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción MESICIC, los trabajos de la Comisión Interamericana de Mujeres –hemos tenido aquí hoy un magnífico acto de mujeres y qué alegría me da ver tan en pie y tan activa a la Comisión-, el Programa de Facilitadores Judiciales -hemos tenido ayer una reunión con 80 Facilitadores Judiciales de Paraguay, más algunos de Argentina, es un programa que está en ocho países de América y que tiene trabajando en él a 1764 Facilitadores Judiciales, que ha entregado entrenamiento a 4.000 funcionarios públicos en la región y que ha preparado incluso a sectores de la policía de algunos países en el tratamiento de los conflictos que surgen entre vecinos aligerando el trabajo de la Corte Suprema de Justicia-; el diálogo permanente con la Sociedad Civil que hemos tenido esta mañana y ayer y muchas más.

Estamos entregando una cuenta minuciosa de todas nuestras actividades. Invito a revisarla para conocer la variedad, magnitud y calidad de las tareas que lleva a cabo esta Organización.

Pero, con el mismo énfasis con que quiero resaltar nuestras actividades y logros, debo precisar que la OEA no pretende ser, en caso alguno, la única entidad representativa del continente. Al contrario, reconocemos y valoramos el surgimiento de nuevos organismos o foros regionales, que cumplen, en medio de un proceso creciente de internacionalización, tareas que la OEA no está destinada a cumplir. No estamos para competir, sino para cooperar en bien de nuestros Países Miembros.

Con UNASUR, SICA, CARICOM, CELAC, MERCOSUR, Comunidad Andina, SELA, OECS etc., buscamos tener las mejores relaciones y prestarles todos los servicios que estén a nuestro alcance.

De la misma manera creo que es importante recordar que estamos en este momento dedicados sobre la base de nuestras fortalezas, a redefinir nuestra agenda hemisférica y nuestras prioridades. Iniciamos este proceso hace dos años y medio, cuando entregué al Consejo Permanente el primer documento sobre Visión Estratégica. Un año después, presenté una versión más completa, y el Consejo desarrolló este año un debate que ha culminado en una Resolución que está hoy ante esta Asamblea.

El punto de partida de ese ejercicio fue la nueva realidad que vive el continente y la forma en que ella condiciona la relación multilateral entre sus Estados Miembros. Mi propuesta de Visión Estratégica se fundamenta en los requerimientos actuales de la sociedad hemisférica, con las transformaciones que ha tenido en las últimas décadas.

Sr. Presidente, Sras. y Señores Cancilleres

Las Américas han atravesado en la década de 2002 a 2012 un período excepcional de su historia. Los resultados económicos ampliaron el producto de América Latina a un total de más de siete trillones de dólares, aumentando de manera sustantiva su participación en la economía mundial. La región disfrutó – por primera vez en su historia – una combinación virtuosa de crecimiento y estabilidad económica, reducción de la pobreza y hasta un mejoramiento marginal de su distribución del ingreso. Si bien las economías del norte sufrieron los embates de la crisis económica, su tamaño e importancia dentro de la región se mantiene y su superación de esta crisis es una buena noticia para todo el hemisferio.

Más de 60 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza en este período. En cifras de la CEPAL, la pobreza cayó de un 43.9% en 2002 a 28,8% en 2012. Aunque la clasificación de “clase media” que se da a los que cruzaron la línea es engañosa, el hecho es que por primera vez el número de los considerados de ingreso medio bajo es igual a la cifra de pobres en la región y los niveles de cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio son positivos en casi todos los países.

El nuevo siglo también trajo consigo una consolidación de la democracia, en tres sentidos. En primer lugar, los países de América firmaron, el 11 de Septiembre de 2001, la Carta Democrática Interamericana, abriendo paso a una nueva era de la política regional, en que la democracia, como forma de gobierno y de organización social pasó de ser una aspiración compartida a ser un derecho de los ciudadanos y una obligación libremente adquirida por los Estados de la región.

En segundo lugar, las elecciones democráticas se sucedieron en todas partes y en todos los niveles. Desde que estoy en la OEA hemos observado noventa y tres elecciones libres, secretas, concurridas y no impugnadas en su gran mayoría y, en muchos casos, con traspaso del poder entre fuerzas políticas de distinto signo.

En tercer lugar, la gobernabilidad ha crecido enormemente en los Estados Miembros. Si entre 1990 y 2005 dieciséis gobiernos no concluyeron su mandato, ello sólo ocurrió dos veces durante el periodo en que he ejercido la Secretaría General de la OEA.

En suma, nuestra región ha cambiado poderosamente y para bien, en su economía, su sociedad y su política. La cuestión que hoy se nos plantea es si en condiciones económicas algo distintas, seremos capaces de enfrentar efectivamente los grandes problemas que aún afectan a nuestras democracias, para hacerlas más estables, más justas y más eficaces en responder a la demanda ciudadana.

Si nuestra región quiere progresar en su desarrollo y tener un crecimiento integral sano, debe hacerse cargo hoy de cuatro desafíos políticos urgentes: la inclusión social, la seguridad pública, la defensa de los derechos humanos y la expansión de la democracia y el estado de derecho.

Son estos desafíos los que están detrás de nuestra visión, de una organización, evidentemente política. Si queremos fortalecer la OEA debe ser sobre la base de nuestras definiciones acerca de cómo se expresan esos desafíos hoy. De ahí la importancia de esta Asamblea General y la lucidez del gobierno de Paraguay y del Presidente Cartes, de proponernos el tema de la inclusión social, el primer gran desafío de nuestro hemisferio, para su análisis y, sobre todo, para la búsqueda de soluciones útiles a este problema que enfrentan nuestras democracias.

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Cancilleres, Vicecancilleres y delegados

Debemos reconocer que si bien la extensión de la democracia y un mejor crecimiento económico han permitido reducir la pobreza y ampliar la perspectiva de una vida mejor para muchos ciudadanos, estos logros no han convertido a nuestros países en sociedades más igualitarias. Por el contrario, la injusticia que prevalece aún en la distribución de la riqueza y en el acceso a los bienes sociales alcanza niveles que amenazan con dañar nuestro tejido democrático.

Quiero recordar, en este punto, una magnífica frase que pronunciara hace ya más de 50 años el Presidente John F. Kennedy quien, al inaugurar su mandato el 20 de enero de 1961, dijo: “Si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres, no podrá salvar a los pocos que son ricos”

Este es un problema hemisférico, por cuanto los países más desarrollados de la región también enfrentan condiciones crecientes de desigualdad, con acumulación de la riqueza en pocos hogares y la exclusión de importantes sectores de su sociedad. La desigualdad no ha disminuido suficientemente en el mundo en desarrollo y ha aumentado visiblemente en el mundo desarrollado.

En América Latina el 10% más rico de la población recibe el 32% del ingreso total, mientras que el 40% de los más pobres recibe solamente el 15%. El país más igualitario de América Latina tiene el mismo coeficiente de desigualdad que la nación más desigual de Asia.

Todavía un tercio de la población total de esta región vive en hogares con un ingreso de entre 4 y 10 dólares diarios, son personas que han salido estadísticamente de la pobreza que aún aqueja a más de 167 millones de latinoamericanos, pero llamarlos “sectores medios” no tiene mucho sentido. En realidad se trata de millones de “no pobres” que están en una zona de ingreso que los hace extremadamente vulnerables.

La mitad de los adultos indigentes (de entre 25 y 65 años de edad) no ha completado su educación primaria. Los que no completaron su educación secundaria, son el 45% de los pobres no indigentes y menos del 1% de los pobres ha concluido su educación superior. Y cuando hablamos de un bono demográfico por la importancia de nuestra juventud, es importante recordar que los menores de 17 años constituyen el 51% de la población indigente y el 45% de los pobres no indigentes en América Latina. En otras palabras, prácticamente la mitad de los pobres son niños, y es no ofrece buenas perspectivas acerca de su futuro.

Pero la desigualdad no se expresa solamente en la enorme diversidad de ingresos de las personas, sino que se deriva también de la discriminación de clase, de raza, de género, de opción sexual, de origen geográfico, de capacidad física, que se traduce en una situación de inequidad social incompatible con nuestros ideales democráticos.

Ser mujer, ser pobre, ser indígena, ser joven, ser afroamericano, migrante, discapacitado, homosexual o trabajador informal, significa tener en la sociedad una posición inicial desventajosa con relación a quienes no tienen ninguna de estas características. Generalmente estas categorías conllevan distintas condiciones económicas, acceso a servicios, protección pública, oportunidades de educación o empleo que terminan traduciéndose en exclusión social. Su gestación como categorías sociales podrá tener un distinto origen pero su efecto común será exponerlos al abuso, la exclusión y/o la discriminación. “Los indígenas” -me dijo hace muy poco un dirigente- “no somos pobres ni vulnerables, sino que hemos sido empobrecidos y vulnerabilizados”.

En suma, a la vulnerabilidad económica, se unen, entre otras, las vulnerabilidades derivadas de:
- el desigual acceso a servicios públicos esenciales, como educación, salud, agua potable, vivienda, seguridad, transporte público;
- la discriminación que aún afecta a las mujeres, las poblaciones indígenas y afroamericana, los migrantes, los discapacitados y otros grupos socialmente vulnerables;
- las condiciones insuficientes en el ejercicio de derechos humanos, como el acceso a la justicia y la libertad de expresión;
- la informalidad laboral, que pone a un gran número de trabajadores en condiciones de precariedad en su empleo e ingreso, privándoles de la protección a que tienen derecho;
- las posibilidades desiguales de participación política, tanto en el ejercicio del sufragio como en la posibilidad de incidir efectivamente en la acción de las instituciones públicas.

Todas estas formas de discriminación, o “desigualdad categórica” están en el libro sobre “Desigualdad y Exclusión Social en las Américas”, editado por la Secretaría General para esta Asamblea, tiene el mérito de que todos los artículos que figuran en él han sido escritos por funcionarios de la Organización de los Estados Americanos.

El descontento que provocan situaciones como las que acabo de describir está en el origen del reclamo ciudadano que podemos apreciar en las calles de nuestro continente. Porque los movimientos sociales que se han manifestado durante el último período en varios países de la región no son gérmenes de una revolución, son demanda de mejores condiciones de vida dentro de una mejor democracia. Y esa exigencia se hará cada vez mayor, porque la protesta en muchos casos la encabeza la mayoría juvenil de nuestro hemisferio, que figura transversalmente en todas las categorías de discriminación.

Por eso, el debate en torno a la desigualdad y la exclusión debe dejar de ser puramente económico, -ciertamente parte importante lo es- y trasladarse al campo de las políticas públicas. Hoy ya sabemos que el mercado por sí sólo no distribuye y que las decisiones que tomen los Estados para mejorar la distribución hacen compatible la economía de mercado con la democracia.

Es verdad que en el proceso económico hay factores de carácter virtuoso, como la educación, el conocimiento y destrezas adquiridas o la inversión en ciencia y tecnología, para activar una mejor distribución del ingreso. Pero también en esos planos son importantes las decisiones políticas de los gobiernos.

En materia de políticas públicas, y llevados por un sano anhelo de combatir tan enormes desigualdades, siempre existe el riesgo de afectar, con un exceso, a la inversión y al crecimiento de la economía. Es papel de la política y de los políticos alcanzar, con responsabilidad y en el marco del estado de derecho, el adecuado equilibrio entre el crecimiento y las políticas de inclusión social y redistribución del ingreso. La búsqueda de acuerdos amplios entre actores sociales y políticos es probablemente la forma menos costosa de enfrentar la desigualdad.

La respuesta política ha sido expuesta numerosas veces y se expresa en la dirección de un Estado social de derecho que reúna al menos cinco características:

1) Ser capaz de crear, en el Estado, un “piso de protección social”, esto es, un conjunto de servicios públicos fundamentales (que incluyen educación, salud, vivienda, seguridad pública y seguridad social) para todos sus ciudadanos, de acuerdo al nivel de desarrollo económico alcanzado por el país;
2) Tener una economía que provea trabajo decente para sus hombres y mujeres en condiciones de igualdad;
3) Asegurar que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades, eliminando todo factor de discriminación;
4) Tener un sistema tributario capaz de redistribuir y a la vez financiar adecuadamente un Estado democrático, eficaz y transparente;
5) Contar con mecanismos de participación política que permitan el control adecuado de los ciudadanos sobre la atención de sus derechos;


Muchas de las respuestas a estas interrogantes están tratadas de manera general en la “Declaración de Asunción”, que esta Asamblea debe discutir y aprobar. Las principales formas de exclusión y políticas posibles están en el informe que hemos preparado para esta reunión, así como en el trabajo que ya han aportado a este tema numerosas organizaciones internacionales y nacionales. Pero la acción, individual o concertada, corresponde a los Estados Miembros. Son los gobiernos del hemisferio los que deben enfrentar, y están enfrentando, esta tarea ineludible para nuestras democracias y esperamos oír de ellos y de sus experiencias en esta Asamblea.

En este aspecto nuestros gobiernos han aportado mucho en las últimas décadas. Partimos en esta fase democrática hace ya muchos años, con gobiernos muy débiles y, como producto de los contenidos ideológicos de nuestra política en los ochentas y noventas, poco preparados para enfrentar la demandas ciudadanas. Y aunque en el proceso democrático nuestros Estados se han fortalecido y emprendido importantes programas para abatir la pobreza y mejorar sustantivamente el acceso a los servicios públicos, tienen aún insuficiencias que les impiden cumplir todas las expectativas que los ciudadanos tienen de sus democracias.

Estamos convencidos de que el fortalecimiento de la democracia se asocia muy estrechamente a los preceptos de nuestra Carta Democrática Interamericana y es a través del pleno ejercicio de la ciudadanía política, civil y social que la Carta consagra que podemos alcanzar nuestro cometido y hacer que nuestro hemisferio sea mucho más democrático y con menos pobreza que antes, y que sea también más justo.

Sr. Presidente, Sras y Sres Cancilleres, Sras y Sres delegados, distinguidos invitados e invitadas

Quiero referirme ahora a tres temas que, aunque no están explícitamente en la agenda, han ocupado a nuestros gobiernos y a la opinión pública en las semanas recientes, una referencia breve porque son temas que ciertamente preocupan a nuestros Países Miembros.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una de las principales riquezas de nuestra Organización, que le ha dado relevancia y prestigio en todo el hemisferio y mucho más allá.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aumentó sustantivamente el número de denuncias recibidas por violaciones de derechos humanos de 6.417 casos durante el período 1997 – 2004 a 14.133 entre 2005 y 2013, demostración palpable de la confianza creciente que los ciudadanos de las Américas tienen en ella. Sólo el último año hubo un aumento sustantivo de las denuncias. Los casos enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también han aumentado de manera bastante importante.

La Asamblea de San Salvador de 2011 inició un proceso de debate acerca del fortalecimiento del Sistema, inspirado por la necesidad de ampliar el diálogo entre los miembros, la Corte y la Comisión, contando para ello con la contribución de la sociedad civil. Ese proceso culminó con un Informe que fue aprobado en la Asamblea de Cochabamba de 2012 y luego implementado en una Asamblea General Extraordinaria pocos meses después.

Los resultados de ese proceso fueron saludados como exitosos de manera casi unánime y el diálogo entre Comisión y Estados Miembros se ha enriquecido, aunque todavía requiere más profundidad y la Comisión está implementando las reformas que le fueron solicitadas siempre en el marco de su autonomía. Pero últimamente se ha insistido en buscar otras reformas.

Quiero decir que en un principio esta Secretaría General impulsó el debate y hasta coincidió en que una reunión de Estados Parte, aunque no considerada en la Convención de Derechos Humanos, podía ser útil para el objetivo que se pretende: buscar la universalidad de la Corte y fortalecer la acción del Sistema.

Sin embargo, el proceso ha derivado hacia direcciones distintas de las imaginadas originalmente y yo no cuestiono el derecho de cualquier Estado de intentar reformar el sistema. Pero ello se debe hacer enmendando las normas jurídicas que corresponden y casi todas ellas están consignadas en la Carta de la OEA y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se modifican por esta Asamblea y, dado que constituyen Tratados, deben luego someterse a ratificación en cada país.

La Comisión puede acordar sesionar en otros países y estoy seguro de que si hay Países Miembros que la invitan, no tendrá problema alguno en hacerlo. Pero podemos también volver a dialogar con los Países Miembros que no son miembros de la Corte Interamericana porque, dicho sea de paso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal creado por la Carta Fundacional de la OEA, lo cual es una de sus fortalezas, el hecho de que todos los Estados deban ser miembros plenos y, para ello, no deberíamos excluir a priori a ninguno de los miembros que son parte de la Comisión.

En suma, yo invito a que volvamos a hacer lo necesario para cumplir los propósitos originales que motivaron el proceso de San Salvador y Cochabamba, de fortalecer el sistema, ampliar la pertenencia a la Corte, mejorar su financiamiento y realizar un mejor diálogo con los Estados Miembros reafirmando sin embargo la autonomía de la Comisión y de la Corte, dejando de lado esfuerzos paralelos, que sólo sirven para debilitar a uno de los órganos principales de la OEA. Evitemos seguir un largo debate sin resultados benéficos, que conduce a debilitarnos, poniendo en cuestión una de las principales riquezas de esta Organización.

La situación de Venezuela sigue siendo motivo de preocupación. Desde un inicio sostuve que realizar un diálogo entre las partes era indispensable y que la OEA podía contribuir a ello. La decisión de un Estado soberano fue hacerlo bajo los auspicios de UNASUR y nosotros aplaudimos tal determinación y la apoyamos. Vemos con preocupación que el diálogo no avanza. Ahora, el diálogo supone voluntad, no sólo de hablar sino de escuchar, dejar de lado prejuicios y estar dispuestos a conceder, para encontrar un terreno común. Aunque no vemos que ello ocurra, seguimos pensando que no hay otra salida que el diálogo, a lo cual convocamos al Gobierno y oposición para buscar un entendimiento. Seguimos convencidos también de que la solución debe encontrarse en la sociedad venezolana, y por ello pedimos a la comunidad internacional que exprese su respaldo al proceso interno de Venezuela de manera positiva, sin presiones y sin sanciones.

Sobre la situación en República Dominicana, que ha preocupado especialmente a nuestros Estados, y muy particularmente a los del Caribe, quiero reconocer los esfuerzos que el Gobierno del Presidente Danilo Medina ha realizado para buscar soluciones al problema, en condiciones difíciles que fueron ocasionadas por una sentencia del Tribunal Constitucional de ese país. Creemos indispensable que esta ley abra el camino para que todos los afectados encuentren un lugar digno en la sociedad dominicana.

Señor Presidente, amigas y amigos.

Nuestra Organización ha sido un actor político fundamental en nuestro hemisferio durante la pasada década. Las diferencias ideológicas que se han manifestado en su seno no han sido obstáculo para el desarrollo de su misión de unidad y cooperación lejos de ello, la han fortalecido como el escenario para el debate que es el mejor antídoto al conflicto.

Es por ello que llamo a todas y todos a llevar adelante en estos días, y siempre, un debate positivo, que abra espacio al entendimiento y a los acuerdos. A soluciones que beneficien al conjunto de la sociedad de nuestro continente. Este es el espíritu que ha animado mi gestión ya por nueve años como Secretario General de la OEA. La búsqueda de consensos es un camino complejo, a veces delicado y a veces ingrato, pero por favor no renunciemos a ello porque, en último término, las soluciones consensuadas son más sólidas y más perdurables.

Muchas gracias.