DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL INSULZA EN LA XLVI ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA OEA

19 de septiembre de 2014 - Guatemala

Quiero agradecer en primer lugar al presidente Otto Pérez Molina y al señor canciller, Carlos Raúl Morales, y por su intermedio a todos aquellos que han participado con la extrema gentileza que ya conocemos, en organizar esta Asamblea General. Ella es la continuación natural de la muy exitosa Asamblea Ordinaria que realizamos en junio del año pasado en Antigua, Guatemala.

Efectivamente, en junio de 2013, los señores y señoras Cancilleres abrieron paso a un proceso mayor de transformación en la forma de abordar el problema de las drogas. Quince meses después, nos reunimos para evaluar la marcha de este proceso. Nos hemos preparado bien para ello, gracias al continuo trabajo de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas (CICAD), y del Consejo Permanente. Un agradecimiento muy especial al embajador Representante Permanente de Guatemala ante la OEA, José María Argueta por su liderazgo en el Grupo de Trabajo que ha estado liderando por los últimos dos meses en el borrador de la resolución que viene ya consensuada a esta asamblea.

Esta Asamblea es particularmente oportuna, es importante conocer las transformaciones que han tenido lugar en nuestros países y en debate hemisférico y global, porque ello nos permite unir nuestras voces en torno al liderazgo indudable alcanzado por nuestra región en el problema de las drogas, e iniciar nuestra para la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) en 2016.

En mayo de 2013 entregamos al Presidente de Colombia, y por su intermedio a todos los Jefes de Estado y Gobierno de las Américas, el Informe Sobre el Problema de las Drogas que nos habían encargado en la VI Cumbre de las Américas. Menos de un mes después, tuvo lugar nuestro encuentro en La Antigua, primera sesión de nuestra Asamblea General que se dedicaba íntegramente al análisis de este problema. Las conclusiones de esa Asamblea General permitieron verificar lo que nuestros Presidentes ya habían percibido en Cartagena: nuestros gobiernos y pueblos sienten la necesidad urgente de revisar las políticas que han predominado en esta materia en el hemisferio y que están lejos de alcanzar los resultados esperados.

Desde el momento en que presentamos nuestro Informe se ha escenificado en nuestro hemisferio y fuera de él una discusión franca e inédita sobre las opciones disponibles en la búsqueda de políticas más eficaces para enfrentar el problema de las drogas. Se trata de un debate que es seguido con atención por todo el mundo y cuyas conclusiones, que esperamos ampliar y fortalecer en esta Asamblea General Extraordinaria, nos entregan una gran responsabilidad.

Quiero recordar que, con ocasión de estos eventos, por ejemplo, los ex Presidentes Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo y César Gaviria señalaron: “La OEA y los países de América Latina están contribuyendo positivamente a romper el tabú que ha silenciado por tanto tiempo el debate acerca de una política de drogas más humana y eficaz”. Muchos periódicos editorializaron sobre esa actividad. El New York Times hizo referencia a nuestro informe diciendo que “efectivamente, el informe rompe el tabú al considerar alternativas al actual enfoque prohibicionista”.

Todas estas afirmaciones expresan bien la tarea que cumplimos entre los meses de abril y junio del año 2013 en nuestra Secretaría General, nuestro Consejo Permanente y en la Asamblea General Ordinaria de Antigua, Guatemala. Estos acontecimientos, separados por pocas semanas, marcaron un antes y un después en la forma de encarar el fenómeno de las drogas, rompiendo las barreras que inhibían un diálogo transparente y abriendo paso a un debate sin tapujos ni falsos prejuicios.

Ciertamente, no existe otra instancia en la región en la que un problema hemisférico pueda ser tratado con la libertad y amplitud con que lo podemos hacer en la OEA. Porque este es un asunto claramente hemisférico: el problema de drogas afecta a todos los países de América, aunque los afecta de manera diferenciada, provocando en cada uno de ellos efectos diversos. Esta diversidad de situaciones genera enfoques y aún intereses que, sin ser divergentes, exigen también que se busquen distintas opciones para enfrentarlas. Sólo esta Organización puede reunir una diversidad de enfoques, intereses y opciones y, mediante un diálogo franco y guiado por la vocación de unidad y cooperación entre nuestros Estados, encontrar los puntos de consenso y convergencia entre todos ellos para seguir avanzando en un marco de solidaridad, cooperación y unidad.

Dedicamos la totalidad de la Asamblea General del año pasado en La Antigua a este tema. Esa reunión emitió una declaración consensuada entre los todos los Cancilleres y representantes presentes, que solicitó a nuestros Estados Miembros iniciar un proceso de consultas, teniendo en cuenta el contenido de los informes. Esas consultas se realizaron y fueron intensas y fructíferas, a nivel nacional, subregional, regional y hemisférico. Han significado la apertura a nuevos debates, pero también han dado lugar a importantes consensos. Esperamos con entusiasmo escuchar las perspectivas de las ministras y ministros y representantes aquí presentes sobre el impacto que ha tenido nuestra discusión de drogas en sus respectivos países.

Mediante estas presentaciones, resoluciones y diálogos, hemos establecido el liderazgo de la OEA frente al desafío multidimensional del problema de las drogas, incluyendo, como temas centrales, los pilares de salud y seguridad ciudadana. También contribuimos a reforzar el enfoque humanitario frente a este tema, que es favorecido ya en el hemisferio Occidental y en Europa.

Cuarenta años de “guerra contra las drogas” han creado muchas normas, burocracias fuertes y también convicciones que perduran. Por ello no es razonable esperar que los cambios necesarios ocurran todos al mismo tiempo en todos los países, ni en tiempos breves: hemos dicho que cada país debía enfrentar su propia realidad de acuerdo con cómo se manifiesta el problema.

Sin embargo, creo que es posible, a un año y más de presentado nuestro documento y realizada nuestra Asamblea General, identificar algunos importantes consensos obtenidos del debate que allí se abrió. Ellos deben ser considerados como el impacto principal del esfuerzo que, todos en conjunto, realizamos al decidir, elaborar y analizar este trabajo.

Permítanme resumir los consensos, que por lo demás coinciden mucho con el proyecto de resolución que trae hoy el presidente del Consejo Permanente a esta asamblea extraordinaria.


Primer consenso: El problema de drogas se debe abordar con un enfoque de salud pública.

Si bien nuestra estrategia hemisférica de CICAD de 2010, ya identificaba la dependencia de drogas como una enfermedad crónica y recurrente que debía ser tratada como un tema de salud pública, en la práctica pocos países habían logrado asumir las obligaciones necesarias a nivel político para brindar el respaldo y apoyo necesarios a este enfoque, así como destinar recursos y compromiso para atender el problema.

El enfoque de salud pública plantea desarrollar intervenciones amplias con tres vertientes: intervenciones que están diseñadas para impactar al usuario o a la población en riesgo, la disponibilidad de las sustancias y un ambiente que tolera o acepta el consumo. Una política efectiva de reducción de la demanda requiere apoyo político, un marco legal sólido y recursos y presupuesto adecuados para sostener tales políticas.

Por ello señalamos que era absolutamente contradictorio decir que trataríamos al drogodependiente como un enfermo y, al mismo tiempo, penalizarlo por su consumo o por haber cometido alguna falta relacionada con éste. Por la misma razón, insistimos, había que buscar activamente alternativas al encarcelamiento para las personas que constituyen el último eslabón de la cadena perversa de la droga.

Señalamos igualmente que la opción de la despenalización del consumo personal, adoptada por 12 países de nuestro hemisferio, debe estar bajo consideración seria como opción para los demás.

Ese criterio, que llamamos “enfoque de salud pública”, en mi opinión ha terminado por imponerse como consenso en nuestros países y nuestros Estados.

Como resultado de nuestro encuentro con los directores de la Organización Panamericana de la Salud, de nuestros representantes ante ese organismo, en septiembre de 2013, quedó demostrado el renovado interés de los ministros de Salud en el tema de las drogas.

A esto siguió la negociación de un plan de trabajo conjunto CICAD/OPS, que incluye actividades concretas tales como convocar reuniones subregionales de ministros de Salud Pública y comisionados nacionales de Drogas. El primero de estos eventos reunió a los países de Centroamérica bajo el auspicio del SICA y tuvo lugar en San Salvador, en junio de 2014.

No somos ajenos a la realidad de que aún queda un trabajo largo, para instrumentalizar la visión y enfoque de salud, problema que tiene muchas aristas, y requiere un largo proceso de institucionalización. Sin embargo, también somos conscientes de que los avances de estos meses no habrían sido posibles, si no hubiera sido por la reflexión que se provocó en nuestros Estados Miembros y fuera de ellos.

Segundo consenso: Se requiere implementar reformas judiciales orientadas a proveer alternativas al encarcelamiento.

La aplicación de leyes severas sobre drogas ha disparado la tasa de encarcelamiento en muchos de nuestros países, contribuyendo a un grave hacinamiento en las cárceles. Por otro lado, el consumo no se detiene en el umbral de nuestras prisiones, con lo que el problema de raíz en ocasiones no se aborda (ni se trata cuando hay dependencia de drogas) en ninguna de las fases del proceso judicial o penal.

Varios países ya han decidido examinar la necesidad de adoptar medidas que permitan revertir esta situación, de modo que se respeten los derechos humanos y las garantías penales básicas, al mismo tiempo que permitan mantener y garantizar la seguridad pública.

Este tema figura claramente en la Declaración de La Antigua, reflejando las preocupaciones de nuestros Estados Miembros. El problema específico de la proporcionalidad de las penas es prioritario, por ejemplo, para Estados Unidos, y estuvo presente de manera principal en nuestra reunión con el Procurador General Holder en la más reciente Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Publica de las Américas (MISPA) y también en las propuestas que hemos realizado en el plano de la discusión pública en su propio país.

Como presidencia de la CICAD, Colombia propuso, en diciembre de 2013, crear un grupo de trabajo orientado a analizar y generar propuestas alternativas al tratamiento penal y penitenciario en todos los eslabones de la cadena del problema mundial de las drogas, con un enfoque de género y que incorpore a productores y consumidores.

Este grupo comenzó su trabajo en junio de 2014 y ha analizado opciones para situaciones que se presentan antes de entrar en el sistema de la justicia penal; para situaciones en etapas anteriores al juicio dentro del sistema judicial; para personas ya condenadas dentro del sistema judicial; y alternativas para la población penitenciaria.

Una segunda reunión técnico-política, que ha convocado a viceministros de Justicia de los países que han manifestado interés en este grupo de trabajo, está concertada para celebrarse entre los días 20 y 22 de octubre en Cartagena de Indias, Colombia. Aguardamos con interés escuchar el informe de progreso sobre esta iniciativa.

Varias son las líneas de acción concretas que se plantean para la consideración dentro de esta área. Entre ellas destaco cuatro:

1) la revisión de la severidad de las sentencias y tipificación de delitos para algunos perfiles específicos de personas infractoras vinculadas con el mundo de las drogas;

2) la búsqueda de alternativas al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas, así como para personas que cometen delitos menores y que constituyen los eslabones más débiles en las cadenas del tráfico;

3) la aplicación de un enfoque de salud pública para la población infractora dependiente de drogas dentro del sistema penitenciario; y

4) un énfasis de integración socio-laboral para personas en conflicto con la ley por problemas de drogas, tanto dentro de una modalidad de alternativas al encarcelamiento, como dentro del sistema penitenciario.

Tercer consenso: El delito organizado transnacional es un actor principal en el problema de drogas.

El proceso de producción, tráfico, venta y consumo de drogas ha generado, como dijimos en nuestro documento y lo repetimos en La Antigua, un negocio ilícito que atenta contra la seguridad, el bienestar humano y material de nuestros ciudadanos y contra la integridad de nuestras instituciones.

Hemos mostrado cómo tal actividad ha propiciado el surgimiento y el fortalecimiento de gigantescas redes criminales transnacionales, que han terminado por expandir sus acciones a otras áreas delictivas a un grado que lleva a pensar que ni siquiera la desaparición de esa economía ilegal pondría ya fin a su accionar criminal.

En el plano transnacional pueden mencionarse otras actividades ilícitas realizadas por estas organizaciones: tráfico ilegal de armas, contrabando, piratería de productos, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de órganos, tráfico de especies animales en extinción, de reliquias arqueológicas y otras.

En el plano doméstico o nacional, además de la producción y venta de drogas controladas, pueden identificarse como actividades del delito organizado la venta ilegal de armas; la piratería y el contrabando; el control y explotación de la prostitución; el robo y la venta de productos robados; la minería ilegal, que preocupa a varios de nuestros países y la victimización de migrantes.

Tenemos consenso en nuestra región de que esas redes criminales, que hemos tipificado como delito organizado transnacional, deben ser prevenidas y combatidas en un contexto de cooperación internacional.

La Asamblea General de La Antigua declaró en tal sentido el compromiso de los Estados americanos de incrementar los esfuerzos para prevenir, detectar y sancionar las operaciones de lavado de activos provenientes de actividades delictivas, particularmente aquellas provenientes del tráfico ilícito de drogas y la corrupción, y reforzar la cooperación internacional para prevenir el ingreso, flujo y egreso de dichos activos a nuestros sistemas financieros.

A su vez, nuestra Asamblea General, reunida en Asunción en junio pasado, instruyó a la Secretaría General para establecer y coordinar una red interamericana de prevención de la violencia y el delito.

La resolución que hoy se presenta a esta Asamblea Extraordinaria aborda de manera muy concreta las formas a través de las cuales es posible coordinar una acción eficaz en contra del lavado de dinero, modalidad delictual que, por su naturaleza transnacional, debemos enfrentar conjuntamente.

Cuarto consenso: Es indispensable fortalecer las instituciones judiciales y de orden público.

En muchos países de nuestro hemisferio, particularmente en aquellos que pueden ser caracterizados como de tránsito de drogas controladas, existe aún importantes debilidades de las instituciones del Estado, agudizadas por la acción corruptora de las propias organizaciones criminales, que permite que esas organizaciones acentúen el uso de la violencia como forma principal de operación de sus actividades.

En estas condiciones, la violencia se convierte en el único instrumento para resolver las disputas con sus competidores y para imponer su poder sobre la comunidad y muchas veces sobre el propio Estado.

Vale la pena recordar aquí lo que señaló un informe conjunto del PNUD y la OEA, en el año 2010, titulado “Nuestra Democracia”, que afirma, y cito: “la falta de Estado es la que explica por qué poseemos la tasa de homicidios más alta del mundo, por qué el narco-crimen domina territorios e influye sobre las decisiones públicas, por qué hay amplias zonas de nuestros territorios que están fuera del alcance de la ley”.

El importante Informe de Desarrollo Humano sobre violencia, emitido por el mismo Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el año pasado, se refiere de manera aun más amplia a este tema.

La necesidad de fortalecer las instituciones judiciales y de orden público, como efecto de esta situación, es hoy objeto de un consenso generalizado en nuestros países y entre nuestros Estados. Algunos de ellos han realizado importantes esfuerzos en la profesionalización de sus fuerzas policiales y en la depuración y fortalecimiento de sus instituciones judiciales.

Para otros, sin embargo, el desafío perdura y se requerirán de inversiones sustantivas tanto financieras como de capital humano, por un período extendido, para lograr fortalecer las instituciones judiciales y de orden público.

Señor presidente, señora vicepresidenta, señoras y señores ministros, delegadas y delegados, junto con los consensos visibles en torno a los cuales se va desarrollando nuestra acción colectiva, se desarrollan distintas actividades en nuestros países.

Las normas dictadas en algunos países, que liberalizan o regulan de manera distinta el consumo de marihuana son las que han concitado más atención, pero no son en caso alguno las únicas.

Esperamos que en esta reunión, cada país nos ilustre acerca de sus experiencias, que deben concitar siempre nuestro interés y nuestra comprensión. Es importante que en esta búsqueda de nuevos caminos, y en el marco de los consensos ya alcanzados, podamos evaluar todas estas experiencias con criterio objetivo y constructivo.

Hemos avanzado un terreno muy importante desde mayo y junio del año pasado. Sin embargo, estamos todavía al inicio de un largo camino que todavía deberemos recorrer.

En ese camino, es probable que muchos temas pongan a prueba nuestra solidaridad colectiva como Estados de las Américas y nuestra decisión de buscar soluciones colectivas a los problemas que nos aquejan colectivamente.

Sólo me cabe, en este aspecto, reiterar las recomendaciones que hiciéramos el año pasado: como quiera que sea y sin importar las dificultades que debamos enfrentar, la cooperación es necesaria y debe buscarse mediante un enfoque integral, basado en evidencia y experiencia científica y siempre tomando en cuenta las realidades y necesidades de cada país.

Les deseo entonces una activa discusión sobre estos puntos y otros que quieran levantar los señores representantes de los países. Tenemos la esperanza que los resultados de esta reunión permitan a los países de las Américas hablar con una sola voz sobre el problema mundial de las drogas, en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU el año 2016.

Muchas gracias.