ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA

9 de mayo de 2017 - Washington D.C.

Señor Presidente:

Es un honor comparecer ante Asamblea Nacional de Venezuela, símbolo de la lucha por la democracia, el respeto a la separación de poderes y el poder legítimo como representante legal del pueblo en la Asamblea Nacional.

Hemos visto cómo el Gobierno de Venezuela, emprendió a finales de marzo una serie de acciones que no pueden ser ignoradas. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir como propia los poderes de la Asamblea Nacional fue una flagrante violación del Estado de Derecho, un auto-golpe. El llamado a una Asamblea Constituyente aludiendo a un indefinido carácter “sectorial” de las bases comiciales evidencian un intento completamente ilegal y anti-democrático, representa otro golpe contra la democracia.

En un Hemisferio de democracias, Venezuela se destaca por ser el único país de la región que ha dejado de ser una democracia y ha descendido vertiginosamente hasta convertirse en un autoritarismo desenfrenado, los derechos civiles y políticos han sido avasallados. Al mismo tiempo, el que debería ser uno de los países más ricos y prósperos de la región, se enfrenta a un colapso total, el acceso a los derechos económicos y sociales y culturales le es negado a las grandes mayorías mientras una minoría en el poder se sigue enriqueciendo.

Venezuela es una dictadura.

La defensa de la democracia es el aspecto central del mandato de la OEA y es el pilar fundacional de las relaciones internacionales en el Hemisferio. Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen sólo cuando es conveniente. Deben imperar en todo momento.

El compromiso con la democracia ha sido de nuestra propia elección, ha sido elección de los pueblos que pertenecen a este Hemisferio, incluyendo a Venezuela. Negociaron y firmaron voluntariamente la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, que constituyen unos elementos de identidad regional y consagran nuestros valores.

Pretender salir de la OEA por su supuesta injerencia, es una definitivamente cortina de humo para ocultar el hecho de que el gobierno venezolano ya no adhiere a los principios democráticos y de derechos humanos que la OEA representa. De todas formas, estamos convencidos que si bien esto fuera una actitud, un posicionamiento verdaderamente soberano de Venezuela que este decide en consulta con el pueblo, este pueblo seguiría adhiriendo a los principios democráticos establecidos en el sistema interamericano y jamás, jamás, abandonaría los mismos, y por lo tanto, jamás le daría la espalda el pueblo venezolano, el verdadero soberano, a la Organización de los Estados Americanos.

No existe ninguna injerencia cuando un Organismo al cual Venezuela adhirió alza la voz para que sus Gobernantes no violen en forma sistemática todos y cada uno de los compromisos que asumió y que en la propia Constitución venezolana se obliga a respetar.

Los líderes que no protegen el derecho a la democracia pierden su legitimidad para gobernar.

La Constitución de Venezuela, hecha a medida por el Presidente Chávez, parece ya no servir los intereses del Gobierno. A través de la Constituyente, quieren consolidar de una manera constitucional los poderes dictatoriales que han venido asumiendo en este tiempo. Desconocemos este proceso de llamado a la Constituyente por ser el mismo completamente antidemocrático.

Es parte del padrón del Gobierno de negar la celebración de elecciones como establece la Constitución y cooptar todos los otros poderes del Estado.

El Ejecutivo controla el Poder Judicial y el Poder Judicial controla a la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo ha levantado la inmunidad de los miembros de la Asamblea Nacional. Ha declarado inconstitucional a toda actividad de la Asamblea.

Los representantes del pueblo venezolano han sido despojados de sus derechos por parte del poder judicial.
El pueblo venezolano ya no tiene derechos.

La Fiscal General de la Republica, Luisa Ortega Díaz, denunció las decisiones del Tribunal Supremo y declaró que había ocurrido “una ruptura del orden constitucional”.
Pero los Fallos del Tribunal Supremo de Justicia que dieron lugar a las protestas, no representaban nada novedoso. Eran simplemente otro ejemplo de fallos en contra de la Asamblea Nacional y a favor del Ejecutivo.

La legitimidad de un gobierno descansa en la aprobación de su gente. Los elegidos para representar al pueblo deben servir de instrumento para canalizar el sentir de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones.

Ello requiere coherencia entre las palabras y las acciones de los mandatarios. También requiere evitar el abuso del poder.
Hoy día, si el Gobierno quiere mandar preso a un ciudadano, simplemente lo detiene; y si lo quiere torturar, lo hace con impunidad; y si no quieren asesinar, lo asesinan.

El pueblo de Venezuela vive en el terror y bajo un régimen que actúa con impunidad.

El Gobierno ha mostrado un patrón sistemático de abusos.
Cualquier persona de oposición o crítico al régimen puede ser inhabilitado, encarcelado, golpeado, torturado o asesinado.

No existen remedios o posibilidades de apelación. No hay dialogo, no se escuchan las voces disidentes o de oposición. No hay democracia, punto.

El gobierno tiene las manos manchadas de sangre. Está distribuyendo armas militares a los colectivos, instándolos a la confrontación armada en contra de los manifestantes pacíficos.

Los colectivos están matando a civiles indefensos. El gobierno está echando leña al fuego. Sus acciones son represivas y asesinas. El Régimen es el responsable de estos homicidios.

Decenas de personas han fallecido en las últimas semanas de protestas solo por el hecho de reclamar sus derechos fundamentales. Esto es el peor tipo de guerra – porque son muertes completamente innecesarias – la gente deja su vida por reclamar protecciones que deberían ser garantizados por el Estado.

En Venezuela en el siglo XXI, la gente deja su vida por reclamar comida, medicina, elecciones y democracia.

Yo no tengo una posición de beligerancia, la única beligerancia es la que mata.

Además de las decenas de personas muertas, las protestas contra el régimen han dejado más de 400 heridos y unos 1,991 detenidos, de los cuales 653 permanecen bajo arresto.

Peor aún, como el Gobierno no tiene la autorización de la Fiscal General, han decidido recurrir a la justicia militar. Decenas de manifestantes pacíficos habrían ya sido presentados ante tribunales militares acusados de agavillamiento y rebelión - esa es una práctica reservada para las dictaduras.

El Gobierno de Venezuela ha criminalizado la disidencia – los ciudadanos son considerados criminales o traidores por sus ideas y sus opiniones.

El contrato social se establece entre un Estado y sus ciudadanos. Para vivir en una comunidad, el pueblo concede autoridad al Estado a cambio de la protección de sus libertades y derechos fundamentales.

Si el Estado traiciona su propia responsabilidad, ese poder debe revertir al pueblo.

Por ende, solo hay una solución democrática a la crisis: restaurar el Estado de Derecho y realizar elecciones libres, justas y transparentes que cuenten con la presencia de observadores internacionales que cumplan con todas las normas internacionales de observación de comicios electorales. La única solución para el futuro de Venezuela es aquella que determine el pueblo venezolano.

Los gobernantes de Venezuela tienen el poder de restaurar el orden constitucional y devolver la democracia a las instituciones del país. Han preferido no hacerlo. Han optado por el autoritarismo.

Es hora de tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis sin precedentes que atraviesa Venezuela y contribuir a restaurar el orden constitucional.

El Régimen ha demostrado repetidamente que su único interés es utilizar la fuerza para perpetuarse en el poder y preservar sus privilegios y que está dispuesto a utilizar cualquier medida para lograr ese objetivo.

Han demostrado que no negocian de buena fe. No podemos seguir pidiéndole al pueblo venezolano que sigan apostando al dialogo. En cada ocasión, el gobierno de Venezuela no solo no actuó, sino le denegó nuevos derechos de protección al pueblo venezolano.

El dialogo iniciado a principios de noviembre ha sido un rotundo fracaso. El Gobierno sigue unilateralmente nombrando a quienes se les ocurre, cuando se les ocurre como mediadores para atender a una crisis que obedece exclusivamente a sus violaciones a la Constitución, que obedece a violaciones de valores establecidos en la Carta Democrática Interamericana y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

Cualquier nuevo trabajo debe efectivamente incluir los siguientes puntos:

• El cese inmediato de la violenta represión;

• La inmediata liberación de todos los presos políticos, incluyendo Leopoldo Lopez;

• La restauración de todos los poderes de la Asamblea Nacional;

• La fijación de una fecha para elecciones generales libres, transparentes y justas;

• Debe establecerse urgentemente un canal humanitario, para ayudar directamente al pueblo venezolano.

Solo existe una solución democrática a la crisis en Venezuela. Es la solución que reclama el pueblo – elecciones generales inmediatas. Hay que devolverle el poder al pueblo de Venezuela – son ellos los que deben determinar su propio futuro.

Muchas gracias Sr. Presidente.