ANTE UNA AUDIENCIA DEL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE VENEZUELA

19 de julio de 2017 - Washington, DC

Senador Rubio, Senador Menéndez, miembros del Subcomité,

Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes hoy para abordar la actual crisis en Venezuela.

La OEA, la Organización de los Estados Americanos, es el único foro multilateral que ha tomado medidas contra la dictadura en Venezuela.

El 3 de abril de 2017, el Consejo Permanente aprobó la Resolución 1078/17 por la que se declara una "alteración del orden constitucional" en Venezuela.

La OEA declaró:

La decisión de la Corte Suprema de suspender los poderes de la Asamblea Nacional es incompatible con las prácticas democráticas y constituye una alteración del orden constitucional en Venezuela.

Hicimos un llamado al gobierno venezolano para que garantice el pleno restablecimiento del orden democrático.

Solicitamos que el gobierno venezolano proteja la separación e independencia de poderes.

Dijimos que estamos dispuestos a apoyar medidas para regresar al orden democrático y tomar iniciativas diplomáticas para promover el restablecimiento del sistema institucional democrático, de acuerdo con la Carta fundacional de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

La comunidad internacional tiene una responsabilidad vital frente a la tiranía y la represión.

Venezuela vive un momento decisivo. Está en juego la soberanía del pueblo, la supervivencia de la Constitución, el último vínculo del país con el Estado de Derecho. En cien días de protesta ciudadana, casi cien personas han sido asesinadas, en su mayoría jóvenes, muchos de ellos menores de edad. El número de presos políticos asciende a 433 y son 415 los civiles que han sido llevados ante tribunales militares. La violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales es el peor ataque contra la Constitución.

El régimen propone más abuso, más represión, cada vez menos libertad, y el instrumento que propone para institucionalizarlo es una Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constitucional impuesta por decreto, sin la gente y en contra de la gente, anteponiendo la voluntad de la dictadura a la voluntad popular expresada por sufragio universal y directo.

Hago mías las palabras de la Conferencia Episcopal Venezolana.

“El mencionado proyecto de la constituyente pretende imponer al país un régimen dictatorial. Además, al privilegiar, en su conformación, unas bases comiciales sectoriales sin asidero jurídico, se viola el derecho de todos a elegir y a ser elegidos, y el principio constitucional (Art. 63 CRBV) de la representación proporcional de la población según su distribución territorial”.

Y subraya que: “La Asamblea Nacional Constituyente tendría un poder supraconstitucional, con el propósito de eliminar los actuales órganos del Estado, principalmente la Asamblea Nacional, elegida legítimamente por el pueblo".

Estamos en un momento en que esfuerzos de mediación se están llevando a cabo, todos son bienvenidos porque demuestran el compromiso de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución a la crisis. En este contexto, la institución que está en mejores condiciones para actuar es la Conferencia Episcopal, porque es venezolana como hemos dicho, porque conoce los sentimientos del pueblo, porque conoce mejor que nadie la historia de este proceso y por su inmensa autoridad moral.

Desde la comunidad internacional hemos despojado al régimen de su impunidad. Se ha reconocido y denunciado la alteración del orden constitucional, se ha reclamado el retorno de la democracia al país, se han aplicado sanciones a las filiales corruptas y criminales del régimen, se ha solicitado la liberación de los presos políticos y se han ofrecido y ofrecerán diversos foros de mediación.

El trabajo de la OEA ha sido y es esencial en este sentido, pero la solución a la crisis es venezolana.

Durante el último mes, el régimen en Venezuela ha enterrado la democracia, la separación de poderes, la justicia, las garantías civiles, los derechos políticos, económicos y sociales, así como los principios que constituyen un gobierno legítimo. Todos los miembros del actual gobierno ilegítimo son responsables y el papel de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ha sido crucial en el colapso institucional. Un cuerpo electoral independiente, imparcial y saludable, con capacidades técnicas adecuadas es fundamental para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. Su responsabilidad es nada menos que la protección del estricto respeto al derecho a la expresión política del pueblo, el único soberano legítimo para conducir al país.

La fórmula anunciada por Tibisay Lucena para la Asamblea Nacional Constituyente es tan técnicamente absurda como inconstitucional y antidemocrática. La convocatoria de la Asamblea Constituyente tiene lugar fuera de lo estipulado en el artículo 347 de la Constitución, que dice: "El pueblo venezolano es el único que posee el poder constituyente originario".

De este modo, pone definitivamente fin al derecho del pueblo venezolano a la democracia.

Personas como Tibisay Lucena, quienes continúan despojando a la democracia de su contenido, trabajan para consolidar los intereses de la dictadura impuestos mediante el sufrimiento de su pueblo, sostenidos por el asesinato de su gente, por el encarcelamiento político de los líderes de la oposición y por la tortura.

El Poder Judicial venezolano también ha violado los principios fundamentales por los cuales se le garantiza al pueblo la justicia, su independencia. Se ha convertido en parte esencial del esquema de organización de la corrupción institucional. Si la justicia no sigue los principios y valores de la democracia y el imperio de la ley, se acelera el funcionamiento ilegítimo del Estado.

La Guardia Nacional Bolivariana y su jefe son directamente responsables de la represión que ha asesinado, encarcelado y torturado a la gente. La brutal represión muestra a la Guardia Nacional como autora de la violación del derecho a la vida, a las libertades y a las garantías del debido proceso. Detrás de cada detenido, de cada preso político, detrás de cada persona torturada y asesinada, hay alguien institucionalmente responsable en Venezuela.

El Ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, Benavides Torres y el General Zavarse lideran las dos instituciones encargadas del uso de la fuerza en Venezuela. En este sentido son responsables de cada agresión, cada disparo y cada muerte.
El retorno de la democracia a Venezuela y el restablecimiento del estado de derecho son urgentes. La legitimidad sólo será devuelta a sus instituciones cuando los que estén en el poder asuman sus funciones de acuerdo con la Constitución y el mandato popular. El Ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, ha separado a las Fuerzas Armadas de sus compromisos fundamentales de respetar la Constitución, las leyes y la propia institución.

¿Qué podemos hacer? Debemos hablar al más alto nivel, a nivel de Presidencial, para hacer declaraciones conjuntas al más alto nivel, Estados Miembros y líderes del mundo deben pronunciarse conjuntamente y explorar cuáles son las herramientas que tienen a su disposición para actuar.

Con frecuencia me preguntan acerca de las sanciones. Y permítanme ser claro, las sanciones no empeorarán el sufrimiento del pueblo venezolano.

Un mensaje claro debe ser enviado a Maduro y a sus colegas respecto a que los delincuentes cuya corrupción, estrategias y órdenes han creado esta crisis y han asesinado a innumerables ciudadanos, deberán ser identificados y rendir cuentas por ello.

Apoyamos sanciones a personas que han cometido delitos y son acusadas de corrupción, y necesitamos más presión económica sobre un gobierno que está invirtiendo el dinero que gana a través de recursos naturales que pertenecen a la gente, para atacar y asesinar a esa misma gente.

La tortura es un crimen de lesa humanidad. Tenemos la intención de apoyar las investigaciones y pedimos a todos que lo hagan para que ayuden a identificar las prácticas de tortura en Venezuela y los responsables de las mismas, especialmente frente a la Corte Penal Internacional.

Todas nuestras acciones deben estar orientadas a solucionar esta situación. La agenda es: elecciones generales libres, transparentes y justas, la liberación de los presos políticos, la restauración de los poderes de la Asamblea Nacional y un plan de emergencia para resolver la crisis humanitaria en el país.

Muchas gracias