TERCER INFORME DEL SECRETARIO GENERAL PRESENTADO AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LA MISIÓN ESPECIAL DE LA OEA EN GUATEMALA Y LOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES EN EL PAÍS

10 de octubre de 2023 - Washington, DC

Introducción

En primer lugar, queremos agradecer al Gobierno de Guatemala su apoyo para facilitar y albergar el trabajo de la Misión de Transición de la Secretaría General de la OEA para el fortalecimiento y la vigencia de la democracia y el Estado de derecho.

Queremos agradecer también al Comité de Transición, a los ciudadanos de Guatemala, así como también a la solicitud del Presidente electo Bernardo Arévalo y la Vicepresidenta electa Karin Herrera.

En todo momento, la Misión de la OEA se ha mantenido vigilante ante los acontecimientos en curso en Guatemala y ha condenado con vehemencia las acciones injustas e indignantes que han sido llevadas a cabo por elementos interesados que buscan retrasar los procesos electorales, incluyendo las acciones sesgadas e irracionales de algunos agentes del Ministerio Público, que socavan la independencia del secreto del voto y amenazan la estabilidad democrática dentro de Guatemala. El Gobierno de Guatemala sigue siendo consciente de nuestros valiosos esfuerzos en el país para mediar en el conflicto y el diálogo; y Guatemala sigue siendo un socio importante de esta Organización, con su apoyo constante a los trabajamos que realizamos en la misma.

La OEA mantiene su presencia con el objetivo principal de promover la paz y los valores de la Organización en Guatemala, en beneficio de Guatemala. Nuestras puertas permanecen abiertas para el diálogo con quienes buscan respuestas, ya que estamos aquí para facilitar el diálogo, brindar asistencia técnica y otras herramientas institucionales orientadas al fortalecimiento de la democracia e instituciones democráticas además de observar y acompañar los procesos democráticos como el proceso electoral en Guatemala.

Reuniones celebradas

La Misión Especial de la OEA visitó Guatemala nuevamente del 27 al 29 de septiembre de 2023. La Misión estuvo integrada por la ex Vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, y la ex Subsecretaria Adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Embajadora Liliana Ayalde. La Misión contó con el apoyo del Representante de la OEA en Guatemala, Embajador Diego Paz, y mi asesora Franchesca Sterling.

Durante esta visita, la Misión sostuvo reuniones con el Presidente de la República de Guatemala, Alejandro Giammattei; el Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro; la Viceministra de Relaciones Exteriores, Karla Samayoa; el Ministro de Trabajo y coordinador del Comité de Transición Presidencial, Rafael Rodríguez; la Secretaria General de la Presidencia, María Consuelo Ramírez; el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin Alberto López Oliva, así como otros miembros de la Comisión Presidencial de Transición. La Misión también sostuvo reuniones con el Presidente electo Bernardo Arévalo; el Presidente de la Corte Constitucional, Héctor Hugo Pérez, con su pleno de magistrados; la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Elizabeth Palencia Orellana y su plenario de magistrados; y el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Patrick Ventrell.

La Misión Especial me informó que el objetivo central de todos los actores entrevistados era que la democracia debía prevalecer en la definición del proceso electoral y que el proceso de transición debía desarrollarse en consecuencia. El 27 de septiembre de 2023, el Presidente Giammattei anunció que el proceso de transición se reanudó oficialmente en dicho día después de estar en pausa durante aproximadamente dos semanas a solicitud del Presidente electo Bernardo Arévalo, en protesta por el allanamiento realizado por el Ministerio Público en el Tribunal Supremo Electoral el 12 de septiembre de 2023, donde se encontró material electoral, incluidas urnas de la primera vuelta electoral celebrada el 25 de junio, que fueron abiertas y registradas por comisionados no electorales, poniendo así en riesgo la integridad del proceso electoral.

La Misión de la OEA condenó estas tácticas intimidatorias contra el Tribunal Supremo Electoral el 12 de septiembre de 2023 afirmando que: "Una democracia se mide tanto por su capacidad de registrar la preferencia del electorado como por su capacidad para garantizar la transmisión pacífica del mando, sin amenazas ni actos que atenten contra el principio constitucional de alternancia en el poder. La Misión ha analizado los hallazgos en los que se basan las denuncias planteadas sobre presuntas irregularidades en la primera y segunda vuelta electoral y ha verificado que son infundadas".

Acogemos con beneplácito la reanudación del proceso de transición, ya que es importante que el equipo técnico del Presidente electo tenga acceso a recursos clave y sesiones informativas con funcionarios gubernamentales para garantizar una continuidad segura del gobierno el 14 de enero de 2024. Como tal, deseamos celebrar además el compromiso de cooperación entre el equipo de transición del gobierno y el equipo de transición del Presidente electo el 4 de octubre de 2023, seguido de compromisos positivos entre el Vicepresidente de la República de Guatemala, Guillermo Castillo, y la Vicepresidenta electa, Karin Herrera, celebrados el 6 de octubre de 2023. Es absolutamente necesario que este diálogo continúe y, como dijo el Presidente Giammattei a la Misión de la OEA durante su última reunión del 28 de septiembre de 2023: "Lo más importante es que no se rompa el diálogo". El Presidente ha enfatizado que quiere "establecer un proceso de transición único, transparente y ordenado, con el objetivo de entregar información al nuevo equipo de gobierno de manera oportuna". La continuidad de este proceso, que el mismo sea hecho de una manera eficiente y de la mejor forma para el gobierno electo, es fundamental.

Protestas en curso

Hoy se cumple prácticamente una decena de días de protestas pacíficas en el país iniciadas por las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán y comunidades ancestrales el 2 de octubre 2023, como consecuencia de la persistencia de los ataques contra la democracia en Guatemala.
Estos esfuerzos de protesta pacífica han recibido el apoyo de activistas de derechos humanos, estudiantes, empresas, trabajadores y líderes religiosos, incluido el cardenal Álvaro Leonel Ramazzini.

Estas manifestaciones pacíficas son en respuesta al reciente allanamiento realizado contra el Tribunal Supremo Electoral, en el que el Ministerio Público y su Fiscalía Especial contra la Impunidad decomisaron registros electorales -específicamente actas 4 y 8- en la mañana del 29 de septiembre de 2023, en virtud de una supuesta orden emitida por un juez penal. Citando al Cardenal Ramazzini, que participó en los esfuerzos de protesta pacífica del 6 de octubre, “lo legal no siempre lo legítimo, especialmente cuando está en juego la estabilidad del país”. También debemos decir la dudosa legalidad de esta actuación, ya sea en el marco constitucional, ya sea en el marco de un proceso electoral.

Queremos llamar la atención de este Consejo Permanente respecto a que nosotros esperamos que la visita de estas Misiones de la Organización de los Estados Americanos den las garantías suficientes y sean instrumento también de denuncias de acciones como las que ha sido realizada por el Ministerio Público en estos casos.

La confiscación de los registros electorales del Tribunal Supremo Electoral recibió la condena de grupos nacionales de sociedad civil y de la comunidad internacional.

Específicamente, se ha solicitado la oficina del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, a través de una carta formal redactada por las autoridades de 48 Cantones, que se “invoque la Carta Democrática Interamericana por parte de aquellos que se oponen a las actuales amenazas contra la base democrática de Guatemala como resultado de la indebida criminalización por parte del Ministerio Público y su Fiscalía Especial Contra la Impunidad, contra el Presidente electo, contra el Tribunal Supremo Electoral y todos aquellos que participaron en el proceso electoral y que protegieron y garantizaron la legalidad de las elecciones”.

La OEA se ha manifestado firme en su condena a estas acciones que no tienen mérito ni justificación, ni mérito político ni mérito jurídico. La OEA emitió un comunicado señalando que el allanamiento realizado contra el Tribunal Supremo Electoral fue realizado sin justa causa, violando las funciones de independencia y autonomía del órgano electoral. Para la MOE/OEA este asedio permanente sin fundamento ni motivación clara por parte del Ministerio Público constituye una persecución política que recuerda a la llevada a cabo por regímenes autoritarios, un ataque de esta naturaleza “no tiene precedentes en las observaciones electorales de las últimas décadas y constituye un ejemplo vergonzoso para el Hemisferio”. El Ministerio Público ha optado por ignorar los numerosos llamamientos de la comunidad internacional y su comportamiento viola las normas democráticas.

La voluntad del pueblo ha sido declarada y debe ser respetada.

Esperamos que también los llamados a que las protestas sean pacíficas por parte de los organizadores, para que se respeten las normas, para que se respete la seguridad de los ciudadanos y se refuerce la necesidad de que se desarrolle una transición pacífica respecto a la estabilidad democrática y la voluntad popular expresada en la en las urnas sea escuchada, así como en cualquier esfuerzo de protestas elementos criminales oportunistas buscan o pueden buscar interceptar las manifestaciones políticas que se están llevando a cabo en el país que hasta ahora no existían, ni tenían actos de violencia alarmantes contra personas o entidades. Las manifestaciones deben seguir siendo pacíficas y todos debemos rechazar la violencia, sea represiva o sea de grupos de choque y de infiltrados.

Es importante señalar que los manifestantes pacíficos de ninguna manera pueden confundirse con elementos criminales. En una comunicación que tuve con el líder de 48 Cantones, él me señalaba que “nosotros manifestamos a cara descubierta, nosotros manifestamos dando a conocer nuestra identidad y los objetivos que tenemos y que procuramos alcanzar”. Eso no puede ser criminalizado nunca ni puede ser confundido con gente que procura actuar en el anonimato y, a partir del mismo, generar desestabilización para las propias personas que están buscando las mejores condiciones de democracia en el país.

“Debemos seguir manifestando, debemos seguir mostrando nuestro sagrado derecho a manifestarnos –señalan- e identificar a los grupos y solicitar a la Policía Nacional Civil que proceda a someterlos a orden, no permitiendo a los golpistas empañar la lucha por la defensa de la democracia, nadie puede empañar este proceso”.

A solicitud del gobierno de Guatemala, el 6 de octubre de 2023 la Misión de la OEA fue desplegada en Guatemala, el 8 de octubre de 2023 fue solicitado para mediar y dialogar con los actores sociales involucrados en las protestas en curso en el país, así como con reunirse con funcionarios gubernamentales. Los miembros de la Misión son el ex Ministro de Defensa de Uruguay, ex senador y ex diputado Luis Rosadilla; la Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Maricarmen Plata; y el representante de la OEA en Guatemala, Diego Paz.

Nuestro mandato, como se señaló, es lograr un orden de paz y justicia, promover la solidaridad, fortalecer la cooperación, defender la soberanía, la integridad territorial, la independencia de los países, esto es precisamente nuestro mandato y ese es el mandato de la Misión desplegada.

Ustedes conocen a Maricarmen y, obviamente, también conocen a Luis Rosadilla, él estuvo en negociaciones llevadas a cabo por la Organización de los Estados Americanos cuando se liberaron 320 presos políticos en Nicaragua, en acción conjunta con el Vaticano y la Cruz Roja. Luis Rosadilla estuvo más de diez años de preso político, vive en Santa Catalina, en Montevideo un barrio humilde y una casa súper humilde. Luis rosadilla no es vendible ni comprable y no va a ser indulgente, no va a obviar los problemas coyunturales ni los estructurales que vive el país. La Misión está en las manos más íntegras y, por lo tanto, todos aquellos que han pretendido poner una sombra de duda sobre la Misión, sería mejor que se retractaran al respecto.

El derecho a la defensa y el debido proceso debe ser siempre respetado y hemos conocido la resolución de la Corte Constitucional emitida el 5 de octubre en respuesta a la petición del Tribunal Supremo Electoral que buscaba determinar si un juez penal tiene competencia en materia electoral y más específicamente si puede suspender o cancelar un partido, la Corte Constitucional señaló que las funciones en materia electoral que atañe a la persecución penal no son excluyentes, sino que ambas son aplicables según los actos reprochables en que se incurre incumplimiento administrativo electoral o delito, coexistencia competencial que si bien tiene sus complejidades derivadas de las regulaciones constitucionales, no implica que la persecución penal puede ejercerse como medio de obstrucción del proceso electoral, ni este último ámbito proscribir el ejercicio de la acción penal.

De todas maneras la criminalización de un partido político, tomar un partido político como sujeto de derecho penal, no es aceptable. Lo dijimos en la anterior presentación del informe y lo reiteramos en el día de hoy. Los partidos políticos no son sujetos de derecho penal y su inhabilitación solamente puede pasar por los procedimientos establecidos en el marco de la ley electoral y en ese marco solamente puede ser realizado cuando incumpla con esos temas en términos electorales. Las competencias que pueda haber en temas penales tienen otro carril y otra dimensión de responsabilidades.

La investigación al Partido Movimiento Semilla es por demás rara, nosotros hemos visto en este tiempo, en estos último par de meses cómo se ha investigado y se lo ha dado vuelta al partido varias veces en términos de investigación. Resulta incomprensible por qué no hemos visto la misma cantidad, la misma capacidad de acción contra el crimen organizado, no hemos visto desfilar la corrupción hacia los tribunales, no hemos visto llevar presos en ese en ese término, narcotraficantes ni a otros líderes del crimen organizado, están todos los esfuerzos de una fiscalía concentrados en un partido político. Verdaderamente no es admisible, no es de recibo y no es aceptable de ninguna manera.

La Corte concluyó que la materia de suspensión y cancelación de un partido político corresponde a una competencia cuando solamente has incluido en ilícitos previstos en la ley contra la delincuencia organizada. Decretar como medida cautelar o suspensión provisional de inscripción de la personalidad jurídica a las organizaciones políticas bajo la estricta responsabilidad de quien la pide y el órgano jurisdiccional que la decreta.

Asimismo, tomamos nota de la decisión de la Corte Constitucional del 7 de octubre de 2023, que estipula que "con el fin de garantizar la efectiva y oportuna toma de posesión y ejercicio de los cargos de los funcionarios que fueron electos en sufragio universal en el presente año electoral, ordenando que las autoridades dentro del cambio de sus funciones realicen todos los actos necesarios y pertinentes y que se abstengan de toda acción u omisión en contrario, a fin de garantizar la efectiva toma de posesión, el 14 de enero de 2024".

Afirmaciones como "posiblemente incurridas" y "que deben operar en la fecha prevista en la Constitución, a partir de los resultados electorales (hasta hoy) validados por el TSE" de la Corte Constitucional, han alimentado el aire de incertidumbre que se avecina sobre el proceso electoral que ya ha sido definido de manera concluyente por el electorado el pasado 25 de junio de 2023 y 20 de agosto de 2023. El voto popular prevaleció, allanando el camino para que Bernardo Arévalo y Karin Herrera se conviertan en los próximos Presidente y Vicepresidenta de la República de Guatemala, colectivamente, el 14 de enero de 2024.

El presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera no sólo son miembros del Partido Movimiento Semilla, sino que ahora son puntos focales de la unidad nacional del Estado de Guatemala al haber sido debidamente elegidos y serán responsables de implementar su estrategia de gobernabilidad con el objetivo de continuar mejorando la vida socioeconómica de Guatemala.

Conclusión

El 20 de agosto de 2023, el Presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera obtuvieron algo que equivale al 60,91% del total de votos válidos contados y certificados por el Tribunal Supremo Electoral. La evaluación de la Misión Especial de la OEA en este momento es que el Ejecutivo encabezado por el Presidente Giammattei está plenamente comprometido con el proceso de transición y está tomando todas las medidas que sea necesarias para implementar los mecanismos que lo faciliten.

Con respecto al Presidente electo Bernardo Arévalo, ha trabajado y puesto lo mejor de sí para que este proceso también sea pacífico y llegue al resultado que debe llegar, asegurando y afirmando la Constitución de Guatemala y asegurando y afirmando la voluntad expresada en las urnas por el pueblo.

Sin embargo, siguen existiendo obstáculos, en particular por parte del Ministerio Público, que continúa tomando medidas que parecen estar diseñadas para anular la voluntad del electorado y erosionar el proceso democrático a través de su constante ataque contra el Tribunal Supremo Electoral y contra el Partido Movimiento Semilla. Estos siguen siendo hechos muy lamentables

Las acciones del Ministerio Público de confiscar material electoral no son aceptables ni jurídicamente ni políticamente. Esta Organización no reconoce al Ministerio Público como autoridad electoral, no puede ni debe alterar las condiciones constitucionales del proceso electoral, no es cadena de custodia del material electoral, su actuación es indebida, improcedente injustificada. No puede contar los votos, no puede cambiar lo que dicen las actas con enmiendas o sin enmiendas. La investigación no puede ni debe hacerse de esta forma, dañando absolutamente el proceso electoral, porque al dañar el proceso electoral está dañando la soberanía del pueblo expresada su voluntad en las urnas. Los miembros del Ministerio Público y aquellos elementos interesados que alientan el Ministerio Público deberán respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 25 de junio de 2023 y el 20 de agosto de 2023.

Por otra parte, es muy importante en este marco también, que todos aquellos que están comprometidos con la democracia en Guatemala y con la integridad e integralidad de este proceso electoral, todos los actores políticos, desde el Poder Ejecutivo hasta cada uno, dejen claro, muy claro, que se separan de las acciones inconstitucionales, de las acciones ilegales del Ministerio Público. No es de recibo que estas acciones merezcan un mínimo de ambigüedad o un mínimo de duda. Todas las dudas, todas las ambigüedades deben ser completamente aventadas con pronunciamientos claros al respecto.

Gracias Señor Presidente.