DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, LUIS ALMAGRO, DURANTE LA SESIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE PARA TRATAR LA SITUACIÓN DE GUATEMALA

12 de diciembre de 2023 - Washington, DC

La democracia de Guatemala se encuentra sometida a una de sus pruebas más difíciles desde su inicio en 1985-86, ante las amenazas del Ministerio Público, que se ha convertido en instrumento de los malos perdedores políticos que quieren culpar al árbitro, el Tribunal Supremo Electoral, por el resultado electoral, afectando la transición política hacia el 14 de enero de 2024, cuando deberán tomar posesión de sus cargos el Presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su fórmula Vicepresidencial, Karin Herrera.

Hasta las elecciones generales de 2023 no se conoce en la historia democrática de Guatemala otras acciones de judicialización promovidas por el Ministerio Público que hayan tenido el propósito de deslegitimar y alterar los resultados electorales, intentando impedir que un gobierno legítimamente electo asuma el poder político, como es el caso de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Si el Ministerio Público lograra eso se perfeccionaría un golpe de estado, hoy en suspenso, hoy en grado de tentativa.

El Presidente Alejandro Giammattei se ha comprometido pública y reiteradamente a respetar el traspaso de poder el 14 de enero 2024 al Presidente electo Bernardo Arévalo. Pero en paralelo, el día después que el Presidente Giammattei hace este pronunciamiento, el Ministerio Público hace algo que intenta deslegitimar o dejar sin efecto eso, deslegitimar incluso toda la transición política.

Dado el evidente deseo del Ministerio Público de Guatemala de convertirse en actor político con el interés manifiesto y parcializado de deslegitimar las elecciones generales de 2023 y la transición política de cara al 14 de enero 2024, los resultados de sus investigaciones carecen absolutamente de objetividad, legalidad y legitimidad.

A casi un mes del relevo constitucional de autoridades electas en Guatemala, fiscales del Ministerio Público ofrecieron el 8 de diciembre una conferencia de prensa para presentar indicios de supuestas irregularidades en el proceso electoral ya oficializado. Son supuestas porque no constituyen evidencia probada en juicio, siendo llamativa la sugerencia del fiscal Rafael Curruchiche sobre la anulación de todo el proceso, una manifestación que conlleva un costo lesivo para la institucionalidad y un precedente peligroso para procesos futuros.

Es por esto que la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, al ser consultada sobre el indicio presentado por el Ministerio Público y la sugerencia de nulidad, aseveró que “los resultados están validados, los resultados están oficializados, son inalterables. Las personas electas están debidamente acreditadas y deben tomar posesión este 14 y 15 de enero, de lo contrario, hay rompimiento del orden constitucional señores”. Esto es absolutamente claro.

En ese sentido, nos hemos pronunciado como observadores del proceso, mediadores de la crisis política. Fuimos los primeros también en mostrar nuestro rechazo a la nueva ponencia del Ministerio Público, condenando el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala, señalando que las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional, un quebrantamiento al Estado de derecho y una violación de los derechos humanos de la población, haciendo un llamado al Presidente de la República, Alejandro Giammattei, a la Corte Constitucional de Justicia, al Congreso de la República a defender las instituciones y el orden constitucional tomando acciones contra los perpetradores de este atentado en orden de preservar la democracia en Guatemala y agregando que el intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático.

Adicionalmente, la MOE/OEA, también condenó las reiteradas acciones del Ministerio Público que no tienen sustento normativo y, claramente, son contrarias al principio democrático de máxima transparencia que debe regir los procesos electorales, señalando que el “Ministerio Público incumple su función constitucional, pudiendo incurrir incluso en delitos electorales y otros, como prevaricato y abuso de poder, así como violaciones de los derechos humanos. Por las nuevas solicitudes de retiro de inmunidad al Presidente electo, Bernardo Arévalo, la MOE/OEA considera que el objetivo del Ministerio Público es dar de baja penalmente al Movimiento Político, desconociendo al pueblo de Guatemala, lo cual constituye una acción propia de las dictaduras”.

Por estas razones y por otras ya expresadas, brindamos todo nuestro apoyo y nuestro compromiso con la resolución aprobada en el día de hoy.

Gracias, Señor Presidente.