PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE AMENAZAS GLOBALES Y SU IMPACTO REGIONAL

16 de marzo de 2017 - Ciudad de Panamá

Su Excelencia Isabel de Saint Malo de Alvarado, Vicepresidente de la República de Panamá y Ministra de Relaciones Exteriores;
Dr. Enrique Lau Cortes, Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales de Panamá;
Dr. Juan Solaeche Jaureguizar y Bielsa, Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales de España;
Señor Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales de México Dr. José Martín Palma;
Distinguidos representantes de las organizaciones internacionales y regionales; Invitados especiales, señoras y señores:

Es verdaderamente un honor para mí poder ser parte de este Primer Congreso Internacional Sobre Amenazas Globales y su Impacto Regional y me complace mucho poder estar nuevamente en esta linda ciudad de Panamá, con su calor centroamericano, y donde los continentes se reúnen y el comercio del mundo transita oportunamente. Quiero agradecer a la Sociedad de Estudios Internacionales y todos los organizadores de este evento por su gentil invitación a este importante evento. Sin duda, los asuntos que se abordarán en los próximos dos días son de carácter transversal, de enorme alcance y de importancia estratégica para todos los países de las Américas.

Todos somos conscientes que vivimos en un mundo cada vez más interconectado y consecuentemente cada vez más interdependiente y más integrado. A la sombra de los beneficios que hemos gozado debido a esta interconexión e integración, también se encuentran los peligros y amenazas cuyo alcance global se debe a los fenómenos de la creciente interconexión. Antes de entrar al fondo de dichas amenazas, quisiera explicar brevemente el marco conceptual dentro del cual la Organización de Estados Americanos maneja nuestra extensa agenda de seguridad que busca dar respuesta a las amenazas que enfrentan nuestros países.

La Seguridad Multidimensional- Introducción y Marco Conceptual

Para la OEA la construcción de sociedades prosperas y pacíficas es un objetivo primordial, y las amenazas a la seguridad indudablemente representan serios obstáculos para lograr dicho objetivo. La Asamblea General de la OEA, el órgano más alto de toma de decisiones de nuestra organización, adoptó en Bridgetown, en 2002, un enfoque multidimensional sobre seguridad. Esto implicó la expansión de la definición tradicional de seguridad, que previamente incluía exclusivamente amenazas militares externas, para incorporar una combinación de problemas políticos, económicos, medioambientales y de seguridad humana.

En la Conferencia Especial sobre Seguridad que tuvo lugar en la ciudad de México en 2003, el concepto de Seguridad Multidimensional quedó formalmente establecido con la Declaración sobre Seguridad en las Américas. Dicha Declaración apunto a una nueva conceptualización de la seguridad en el Hemisferio dentro del cual se incluye las amenazas tradicionales así como las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los países de la región. Este concepto de seguridad multidimensional incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y la justicia social, y se basa en valores democráticos, la promoción y defensa de los derechos humanos, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional.

La Declaración identifico las siguientes nuevas amenazas a la seguridad:

• El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos.
• La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los estados.
• Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades,
• Otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente.
• La trata de personas.
• Los ataques a la seguridad cibernética.
• La posibilidad de que surjan daños en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos.
• La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción masiva por parte de terroristas.

La vasta experiencia de la Organización la ayudo a reconocer que los fenómenos a los que nos enfrentamos se encuentran estrechamente relacionados y deben ser encarados con un enfoque integral. Por otra parte, estos problemas traspasan las fronteras de los estados, haciendo indispensables los sistemas de cooperación regionales e internacionales.

Los estados del hemisferio se enfrentan a amenazas a su seguridad que son cada vez más complejas. Los criminales han aprovechado las herramientas modernas, recurriendo al uso de nuevas tecnologías, mejorando su capacidad de organización y, consecuentemente, ha aumentado el nivel de violencia y muertes en la comisión de delitos.

Mediante la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM), la OEA trabaja en varios campos para enfrentar estas amenazas. Esta Secretaria promueve y coordina la cooperación entre los Estados miembros para evaluar, prevenir, enfrentar y responder efectivamente a las amenazas a la seguridad, con la visión de ser el principal referente hemisférico para el desarrollo de la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades de los Estados Miembros en materia de seguridad.

Desde la perspectiva de seguridad multidimensional, las amenazas globales con impacto regional son muchas y muy complejas. Abarcan temas desde el cambio climático y sus consecuencias en nuestra región, la rapidísima transmisión de epidemias contagiosas, la inestabilidad y otros factores que estimulan los desplazamientos y la migración, el terrorismo, las guerras civiles y el extremismo salpicado con elementos filosóficos y religiosos, y muchos otros.
Para los propósitos de nuestro análisis del día de hoy, enfocare esta presentación en tres temas que sin duda representan graves amenazas y están incluidas en los trabajos de la OEA: (1) nuestros esfuerzos en materia de ciberseguridad, (2) la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional y (3) los esfuerzos para enfrentar el problema mundial de las drogas.

Ciberseguridad en la Américas

Los retos en nuestra región en el tema de ciberseguridad son muchos y variados. La región de América Latina y el Caribe ha presentado una de las tasas más rápidas de crecimiento de Internet desde el comienzo del siglo, con un aumento explosivo en el número de usuarios de Internet entre 2000 y 2017. Si bien este crecimiento ha traído numerosas oportunidades para la región, la evolución de las amenazas relacionadas con cibernética en los últimos años también ha hecho que aumente la preocupación respecto al uso actual y potencial de Internet con fines delictivos y terroristas. Recientes ataques e incidentes cibernéticos que afectan a los países de la región han causado interrupciones en una gran cantidad de servicios prestados tanto por gobiernos como otros y que han resultado, entre otras consecuencias, en la exposición de datos personales y pérdidas financieras. La infraestructura crítica pública y privada también ha sufrido un aumento en el número de ataques cibernéticos: los propietarios y operadores encuestados para el reporte de “Seguridad Cibernética e Infraestructura Crítica de las Américas” de la OEA y Trend Micro de 2015 registraron un aumento de 53% en incidentes cibernéticos que han afectado sus sistemas informáticos en el último año, y 76% afirmaron que los ataques cibernéticos contra la infraestructura crítica están cada vez más sofisticados. Ataques cibernéticos pueden venir de cualquier parte del mundo, son sin duda una amenaza global.

La OEA ha aportado de manera importante al fortalecimiento de la seguridad cibernética en las Américas. La Asamblea General de la OEA aprobó una Resolución en el 2014, mediante la cual adoptó la “Estrategia Interamericana Integral de Seguridad Cibernética: un enfoque multidimensional y multidisciplinario para la creación de una cultura de seguridad cibernética”, y fue la primera región en adoptar una estrategia de seguridad cibernética regional.

Desde entonces, la OEA y sus Estados Miembros han avanzado en la formulación de instrumentos internacionales para la protección de la infraestructura crítica de los países contra las amenazas cibernéticas. La “Declaración Fortalecimiento de la Cooperación y del Desarrollo en Seguridad Cibernética y la Lucha contra el Terrorismo en las Américas” de 2016 señaló la importancia de reforzar la seguridad y la capacidad de recuperación de la infraestructura crítica de información y comunicaciones (TICs), ante los riesgos en el ciberespacio. De igual forma, esta Declaración hizo un llamado para que la OEA, por medio de su Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), ampliara sus esfuerzos para construir las capacidades cibernéticas de los Estados Miembros.

El Programa de Ciberseguridad de la CICTE emplea un enfoque integral en la construcción de capacidades de seguridad cibernética en los Estados Miembros, reconociendo que la responsabilidad nacional y regional para la seguridad cibernética cae sobre una amplia gama de entidades tanto del sector público como el privado, los cuales trabajan en aspectos políticos y técnicos para asegurar el ciberespacio. Este Programa se ha esforzado en construir una oferta amplia de desarrollo de capacidades con el propósito de desarrollar y fortalecer la agenda de la Seguridad Cibernética en las Américas.

El Programa de la OEA, a través del reporte “Ciberseguridad: ¿Estamos preparados en América Latina y el Caribe?” publicado en marzo de 2016 y preparado en asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofreció un mejor entendimiento del estado de la ciberseguridad y los distintos grados de madurez de la ciberseguridad en los países de América Latina y Caribe. Según los datos recolectados en 2015, más de la mitad de los países no han identificado los elementos claves de su infraestructura crítica en materia de ciberseguridad, la gran mayoría no tiene un mecanismo de planificación y coordinación en temas de infraestructura crítica, la mayoría de los Estados Miembros no tienen establecido un centro de mando y control, y la mayoría no cuenta con un programa de sensibilización en seguridad digital a nivel nacional.

Teniendo esto en cuenta, el Programa de Seguridad Cibernética de la OEA ha trabajado para ayudar a los países en el establecimiento de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Nacional de Informática (conocidos como CSIRT) en la región, que han aumentado de 4 a 22 desde el año 2004. Se publicó la guía “Buenas prácticas para establecer un CSIRT nacional” en abril de 2016, que ofrece información sobre el proceso para la creación y puesta en marcha de un CSIRT nacional. Se inauguró la Red Virtual Hemisférica de CSIRTs (CSIRTAmerica.org) en octubre de 2016, que permite un mejor intercambio de información y conocimiento entre los CSIRTs nacionales de la región. Esta Red también envía alertas tempranos de incidentes a sus miembros, y prepara reportes sobre incidentes en la región.

Además de esfuerzos regionales, países como Colombia (2011 y 2016), Panamá (2012), Trinidad y Tobago (2012) y Jamaica (enero de 2015) han establecido políticas y estrategias de seguridad cibernética nacional. El Programa de Seguridad Cibernética de la OEA también está trabajando con Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Suriname en sus planes nacionales de seguridad cibernética. Hoy día, el Programa de Seguridad Cibernética de la OEA es una de las principales instituciones internacionales para ayudar a los países que elaboran estrategias de seguridad cibernética nacional.

Además de la construcción de capacidad técnica, mediante el establecimiento de CSIRT e implementación de estrategias nacionales de seguridad cibernética, el Programa de Seguridad Cibernética ofrece ejercicios de seguridad cibernética a nuestros Estados Miembros con el propósito de mejorar su capacidad de respuesta a incidentes y de gestión de crisis. Más de 3.000 oficiales de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil de los Estados Miembros fueron capacitados sobre temas relacionados con la ciberseguridad, incluyendo análisis forense digital, protección de infraestructuras críticas, gestión de crisis, la libertad de expresión en la Web y manejo de crisis.

Aunque la región de Latinoamérica y el Caribe fue la primera en adoptar una estrategia regional de ciberseguridad, todavía falta aclarar algunos conceptos, como por ejemplo lo que se entiende por “ciberseguridad/seguridad cibernética” y que políticas son pertinentes al tema de la ciberseguridad. Una comprensión regional/internacional sobre esta temática es muy importante, dado que podría facilitar la cooperación entre los países de nuestra región en el combate de las amenazas globales.

El Internet está en todas partes, conectando las relaciones y transacciones diarias de las personas, sin importar su localización geográfica. Las amenazas cibernéticas no se restringen a los límites geográficos de un país: es posible lanzar un ataque en un país, pero direccionarlo por medio de otro. La diplomacia es una herramienta clave para responder a estos peligros, debido a que puede fomentar la cooperación y ayudar a evitar malentendidos entre los estados. En otras palabras, la diplomacia juega un papel importante en la definición de una estrategia capaz de enfrentar amenazas cibernéticas, y será útil para definir los principios y valores generales que guían la conducta de los países en los conflictos relacionados con el espacio cibernético. La definición de principios generales que gobiernan la conducta de los países a nivel internacional no solo ratifica los valores fundamentales de libertad y privacidad, sino también facilita la interoperabilidad global y la estabilidad de la red.

Los ciberataques no respetan las fronteras de los países, por eso es fundamental que los países trabajen juntos para la construcción de una visión que fomente un Internet abierto, inclusivo y seguro.

Delincuencia Organizada Trasnacional:

La delincuencia organizada trasnacional representa una seria amenaza para varios países del hemisferio. La capacidad de estos grupos para corromper la institucionalidad democrática de nuestros países, ya sea por vía de sobornos o por su capacidad de infligir violencia extrema para conseguir sus objetivos, ha tenido un impacto altamente negativo a la impunidad, la seguridad pública y hasta el tejido social de nuestros países.

Ante este fenómeno en donde grandes grupos delincuentes cuentan con capacidades de operar en redes criminales trasnacionales para lograr extraordinarios niveles de enriquecimiento ilícito, que incluso les permiten en ciertas ocasiones tener influencia sobre los procesos democráticos en nuestros países, nuestros Estados Miembros han reconocido que la mejor forma de combatir este grave flagelo es a través de la cooperación internacional. En ese sentido la OEA, como foro político juega un papel muy importante, ya que cuenta con los elementos críticos para promover la cooperación:

1. la dimensión normativa- ya que cuenta con el marco normativo hemisférico creada por las importantes declaraciones, convenciones y tratados multilaterales adoptados por nuestros estados miembros en materias tan relevantes como la extradición, la cooperación jurídica, la corrupción, el tráfico ilícito de armas de fuego, entre otros.
2. La dimensión institucional, representada por los foros de dialogo político y cooperación, tales como las reuniones ministeriales en materia de Justicia y de Seguridad Pública, la Comisión de Seguridad Hemisférica, y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, entre otros.
3. La dimensión conceptual, que está enmarcada en el concepto de la seguridad multidimensional, que hemos discutido anteriormente y que sirve como el fundamento filosófico de nuestro compromiso de ver la seguridad hemisférica desde la perspectiva de cooperación ante los retos impuestos por las amenazas tradicionales y no tradicionales.

Es dentro de este contexto que en el 2016 se creo un nuevo departamento con el objetivo de apoyar a los países del hemisferio con la implementación de sus compromisos bajo la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus tres protocolos.

A este departamento se le ha encargado promover la asistencia técnica entre los Estados Miembros para combatir la delincuencia organizada transnacional y sus diversas manifestaciones, incluyendo la coordinación en materia de drogas, la trata de personas; la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones y explosivos; contrabando de migrantes; productos falsificados; lavado de dinero; y protección y asistencia a las víctimas y testigos.

El nuevo departamento está dedicando mucho esfuerzo a apoyar a los Estados en temas como esfuerzos contra lavado de activos, fortaleciendo las capacidades de jueces, fiscales, investigadores y unidades de inteligencia financiera a través de cursos, talleres, foros técnicos de intercambio de experiencias y mejores prácticas, entre otros.

Nuestro trabajo apoya los esfuerzos de los Estados Miembros en el perfeccionamiento de sus capacidades para enfrentar a los grupos delictivos enfocándose directamente en las ganancias de sus actividades ilícitas. Atacando y debilitando sus capacidades económicas es una estrategia muy importante en los esfuerzos para desarticular estas bandas criminales.

El Control de Drogas en el Hemisferio:

El problema mundial de las drogas, incluidos sus costos políticos, económicos, sociales y ambientales, constituye un fenómeno complejo, dinámico y multi-causal que impone un desafío a los Estados y a sus gobiernos. Lejos de constituir una preocupación local o regional, este problema exige ser abordado de forma integral, equilibrada y multidisciplinaria y requiere, la responsabilidad común y compartida de todos los Estados.

El problema de drogas preocupa también por el impacto en la violencia relacionada con las drogas y el continuo flujo de drogas en la región; por su impacto en la economía; en la corrupción; en el trabajo; en aspectos directamente relacionados con la propia gobernabilidad; en la integridad de las instituciones democráticas; en la salud; en la convivencia social; en la seguridad ciudadana.

El abordaje del problema de las drogas, debido a su complejidad, debe tener en cuenta las diferentes realidades de los Estados miembros, debe admitir tratamientos distintos, y debe ser abordado de manera diferenciada y flexible entre nuestros países, dependiendo de la forma como éste los afecta en particular. Todos viven el problema, pero lo viven de manera distinta, por lo que no existe un solo problema relacionado con las drogas, sino múltiples problemas que, a su vez, reflejan la diversidad de ca­racterísticas de nuestros países, pero también la posición que ellos tiene con relación al problema.

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) es el principal foro político del hemisferio occidental para tratar con el problema de las drogas. La Secretaria Ejecutiva de la CICAD apoya a la Comisión mediante el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales y la canalización de los esfuerzos colectivos de sus Estados miembros para reducir la producción, tráfico y consumo de drogas.

Entre su programación se encuentra el Observatorio Interamericano sobre Drogas, el cual apoya a los Estados miembros en el diseño, implementación y evaluación de políticas nacionales para enfrentar el problema mundial de las drogas. Su misión es ayudar a promover y desarrollar una red de información sobre drogas en las Américas que ofrezca información objetiva, confiable, oportuna, y comparable para que todos los Estados miembros puedan comprender mejor - y diseñar e implementar políticas y programas para combatir el problema de las drogas en todas sus dimensiones. El Observatorio puede servir como sistema de alerta temprana ante la aparición de nuevas drogas, nuevos métodos de uso y elaboración de drogas, y cambios en las modalidades y tendencias en el tráfico.

Las manifestaciones en las Américas del problema mundial de las drogas evidencian un fenómeno cada vez más complejo que genera efectos negativos en la salud, en la convivencia social, en la seguridad ciudadana, en la integridad de las instituciones democráticas, el desarrollo y las actividades económicas de los países de la región, con costos políticos, económicos, sociales y ambientales. Esto hace necesario un abordaje integral, basado en evidencia, que respete plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales, y que tome en consideración sus causas.

En ese sentido, el recién aprobado Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2016-2020 constituye una guía de apoyo para continuar la implementación de los lineamientos establecidos en estrategias hemisféricas y compromisos asumidos por los Estados Miembros recientemente mediante múltiples declaraciones y resoluciones sobre la materia.

Entre los principales temas que se incorporaron en el nuevo Plan de Acción de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas, ya sea como objetivos y/o como acciones, se encuentran: la perspectiva transversal de derechos humanos; el enfoque de género; los criterios de pertinencia cultural; el enfoque de desarrollo con inclusión social; las alternativas al encarcelamiento; la proporcionalidad de la pena; la complementariedad con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; el desarrollo alternativo, integral y sostenible; la disponibilidad y el acceso a sustancias sujetas a fiscalización internacional para fines médicos y científicos; la evidencia como base para la formulación y actualización de las políticas y estrategias nacionales sobre drogas; el fortalecimiento de la investigación, el monitoreo y la evaluación, entre otros.

A través del Plan de Acción, los Estados Miembros reiteran su compromiso de seguir avanzando en el hemisferio, en el abordaje del problema mundial de las drogas situando a las personas en el centro de las políticas de drogas, y tomando en consideración aspectos relativos al género, la edad y la cultura así como, cuando corresponda, las contribuciones de la sociedad civil y otros actores sociales, y que responda a los nuevos desafíos que se plantean a los países, en el marco de las tres convenciones internacionales de fiscalización de drogas y otros instrumentos internacionales pertinentes, de plena conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Como guía de apoyo para la implementación de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas, el Plan de Acción establece 5 ejes estratégicos (Fortalecimiento Institucional, Reducción de la Demanda, Reducción de la Oferta, Medidas de Control y Cooperación Internacional). También se identifica objetivos y acciones prioritarias a ser desarrolladas hacia el año 2020 en cada uno de los 34 Estados Miembros que conforman la OEA, de acuerdo a la realidad, la legislación interna y el nivel de desarrollo del abordaje del problema de las drogas que existen en cada Estado. El Plan de Acción también incorpora una perspectiva transversal de derechos humanos, el enfoque de género y el desarrollo con inclusión social, tomando en cuenta criterios de pertinencia de cultura y edad.

En esta línea, el Plan de Acción constituye una guía de referencia para el diseño de políticas, programas y proyectos nacionales sobre drogas, de modo que sea posible alinear y generar sinergia entre las agendas nacionales y la agenda hemisférica que se desarrolla a través de la CICAD. Es fundamental construir un marco de coordinación y consulta en áreas de interés común buscando contribuir positivamente a los esfuerzos de los Estados Miembros para hacer frente a las complejidades y retos del problema mundial de las drogas en nuestro hemisferio.

El Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) es una herramienta de diagnóstico, diseñada por los Estados Miembros, para realizar evaluaciones multilaterales periódicas sobre el nivel de implementación del Plan de Acción de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y los avances en la lucha contra este flagelo desde una perspectiva regional. En sus evaluaciones, el MEM mide el progreso en las políticas de control de drogas de los países, destacando sus fortalezas y debilidades en los temas de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda y oferta, medidas de control y la cooperación internacional. El MEM fue construido y se sostiene sobre la base de la confianza mutua, el diálogo y la cooperación regional. Actualmente, los estados miembros están preparando los instrumentos para la séptima ronda del MEM, la cual se desarrollará en 2018.

Reducción de demanda

El consumo de drogas y todos los problemas asociados a ello tienen varios efectos perjudiciales, tanto en la sociedad, como en el desarrollo. Estos van desde un bajo desempeño escolar y aumento en la deserción escolar; baja productividad en el espacio de trabajo y desempleo; costos económicos a los individuos enfermos y sus familias; hasta el crimen y la violencia. A pesar de que éste fenómeno afecta a cada país de manera distinta, es un problema que nos preocupa y une a todos, ya que constituye un problema complejo, dinámico y multicausal, que presenta retos a cada Estado y sus gobiernos. Lejos de ser un problema local o regional, éste problema demanda un acercamiento comprensivo, balanceado y multidisciplinario que requiere una responsabilidad común y compartida de los Estados.

El tráfico de drogas, y todas sus consecuencias, presenta una de las mayores amenazas a la democracia y la estabilidad del Hemisferio Occidental hoy en día. Mientras que se ha logrado un progreso en los últimos años para quebrantar la producción y el flujo de drogas ilícitas, es necesario realizar mayores esfuerzos para frenar el uso de estas, ya que esto representa un creciente costo social y económico para nuestras sociedades. El uso de drogas constituye un costo profundo en la salud pública, contribuyendo a más de 187,000 muertes por sobredosis, al igual que la propagación de enfermedades infecciosas y otras consecuencias negativas tales como bebes que nacen afectados. Aun así, en la realidad global actual, únicamente una en cada seis personas necesitadas tiene acceso o recibe servicios para el tratamiento de los trastornos relacionados al uso de drogas. Desafortunadamente, el debate público acerca de las políticas de droga está fundamentado mínimamente en evidencia científica, y mientras los valores y procesos políticos son vehículos importantes para llevar a cabo las políticas anti-drogas, la evidencia empírica frente la efectividad y rentabilidad de éstas puede ayudar al público y demás personas de interés, a seleccionar políticas que logren alcanzar de mejor manera los objetivos acordados.

En América Latina y el Caribe, el peso social de los trastornos relacionados al consumo de drogas excede el promedio global. Debido a su impacto en la morbilidad, mortalidad prematura y discapacidad, el uso de alcohol, tabaco y otras drogas puede llevar a la perdida de varios años en la vida saludable de la población. Esa es una de las razones por las cuales debe ser abordado de manera multilateral y en concordancia con el principio de responsabilidad común y compartida, al igual que con un enfoque comprensivo, balanceado y multidisciplinario, basado en evidencia y conocimiento científico, y total respeto a los Derechos Humanos.

La naturaleza generalizada del problema de consumo de drogas en Latinoamérica y el Caribe, crea la demanda de servicios en prevención y tratamiento. Sin embargo, los servicios de salud en la región para las personas afectadas por consumo de drogas son “segmentados y fragmentados”, creando una inequidad generalizada en los servicios ofrecidos para pacientes consumidores de droga en comparación con otras enfermedades.

La mayoría de los servicios que tratan con este problema son del sector privado, o administrados por medio de organizaciones de la comunidad, lo que causa que la red de servicios no este lo suficientemente integrada, sumado a que el sistema público encargado de los cuidados de salud mental, no cuenta con los recursos suficientes para proveer tal servicio. Adicionalmente, no solo los países de la región no cuentan con la información necesaria acerca de las mejores prácticas en cuanto a programas de prevención y tratamiento, sino que tampoco cuentan con profesionales de la salud especializados en tratamientos de drogas. Todos estos factores contribuyen a poco acceso a los servicios para el tratamiento de abuso de drogas en la región, y que son de baja calidad.

Al entender las bases neurobiológicas de adicción, entendemos porqué las medidas punitivas tienen poca posibilidad de tener un verdadero impacto en el problema de fondo, ya que estas medidas no ayudan a que el cerebro se recupere. Es importante tener una perspectiva en la política de drogas centrado en la salud pública. Sin embargo, el estigma y la discriminación continúan impactando en cómo el consumo de drogas y otras substancias son tratadas alrededor del mundo.

Por lo tanto, un enfoque en la salud pública es necesario para identificar las necesidades y los factores determinantes sobre la salud de la población. Aumentar el acceso a la salud e implementar y estandarizar las mejores prácticas y tratamientos disponibles, permitirá adoptar una respuesta integrada del sistema de salud, y así aumentar la capacidad de los países de América Latina y del Caribe para manejar el problema de drogas. A pesar de que el enfoque de salud apunta a usar el sistema de salud pública como la base para proveer servicios de intervención y tratamiento, en muchas instancias los países no cuentan con los fondos ni recursos suficientes para poder llevar a cabo su implementación.

La pobreza, el trauma, las desventajas sociales, el abuso, la negligencia, las experiencias adversas en la infancia y algunas enfermedades mentales son factores de riesgo para desarrollar desordenes o abusos problemáticos de sustancias. Adicionalmente, la utilización de sustancias psicoactivas, incluso en la ausencia de un desorden sustantivo, tienen efectos negativos, incluidos accidentes automovilísticos, violencia doméstica y enfermedades físicas o mentales. Proveer medidas de prevención y tratamientos basadas en evidencia, es crítico para reducir la demanda y suministrar a la gente con desordenes de abuso de sustancias, una oportunidad para llevar una recuperación estable. La evidencia muestra que estos desordenes pueden ser prevenidos y tratados.

Los tiempos actuales y de futuro en materia de drogas son cada vez más complejos y podemos señalar que:

A pesar de los esfuerzos realizados en los distintos campos de acción, la realidad nos demuestra que hoy la disponibilidad de drogas es abundante y el uso de drogas va sistemáticamente en aumento, la diversidad de sustancias en el mercado nos impone retos importantes, con una inusitada cantidad de drogas sintéticas y de las denominadas Nuevas Sustancias Psicoactivas,

Por otra parte el mercado en sí mismo es hoy mucho más complejo, interviniendo en el tejido social de nuestras comunidades penetrando en grupos poblacionales más vulnerables. El uso de drogas a edades más tempranas también nos impone actuar con oportunidad y eficacia para impedir una escalada más compleja de detener.

Los retos actuales y futuros también se manifiestan en el ámbito de nuevos marcos regulatorios en las políticas de drogas, en donde los nuevos enfoques en Uruguay y varios estados de Estados Unidos en cuanto al uso de marihuana con fines recreativos, como también los avances en términos del uso medicinal de la Cannabis, han controlado el agenda en los últimos tiempos.

Ante estos eventos, nuestras organizaciones no pueden estar ajenos. Al contrario, debemos propiciar y liderar un diálogo franco, abierto y constructivo sobre esta nueva realidad, fomentando la evaluación de estas iniciativas que incluya los pros y contras de ellas, es decir, los costos y los beneficios de su implementación. Todos estos temas deben estar en nuestra agenda común.

Conclusiones

Cada vez vivimos en un mundo más y más pequeño e interconectado. Las consecuencias de las grandes amenazas globales se manifiestan en nuestra región como problemas complejos, urgentes y de carácter doméstico, y así tendremos que enfrentarlos, apoyándonos en los instrumentos y mecanismos que nuestra región posee.

En un hemisferio que asigna altísimo valor a la democracia y a los derechos humanos, se hace inevitable la aplicación de un enfoque integral, fortalecido, equilibrado y multidisciplinario, que incorpore las políticas del acceso igualitario y universal a la educación, o el desarrollo social con inclusión, y que promueva la cooperación hemisférica e internacional y, cuando corresponda, la modernización y profesionalización de las instituciones de gobierno para hacer frente de forma conjunta los retos que nos imponen las amenazas a la seguridad en el hemisferio. Nuestra experiencia ha reforzado la importancia de desarrollar respuestas a los nuevos retos que prevengan los costos sociales o contribuyan a su reducción y, cuando corresponda, revisar el abordaje de enfoques tradicionales y considerar el desarrollo de nuevos enfoques, basados ambos en la evidencia y conocimiento científico.

Reconocemos que los Estados Miembros tienen la responsabilidad soberana de asegurar la efectiva implementación de las políticas nacionales en materia de seguridad pública, y también de mantener un balance apropiado entre las actividades de prevención, intervención y represión de la delincuencia, de acuerdo a las características que el problema tenga en cada uno de ellos. Sin embargo, es importante resaltar que, ante las amenazas cada vez más complejas y trasnacionales, el principio de responsabilidad común y compartida es fundamental para fortalecer la cooperación hemisférica y regional tan indispensable para el enfrentamiento efectivo de estos fenómenos.

Es en este sentido que me permito resaltar que la OEA cuenta con los mandatos, así como los mecanismos institucionales necesarios para servir a sus Estados Miembros y de este modo fortalecer la búsqueda conjunta de mejores condiciones de vida para todos los pueblos de las Américas.

Muchas gracias