Comunicado de Prensa


EN MÉXICO, EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA
DESTACA RETOS A LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA

  20 de febrero de 2008

Con el fin de combatir y prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego, autoridades nacionales de los 34 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dieron inicio hoy en la Ciudad de México, a una conferencia que busca fortalecer la cooperación hemisférica contra este flagelo transnacional. La Segunda Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIFTA) tiene por objeto abordar en toda su dimensión el tema de la seguridad pública que afecta diariamente a millones de personas en todo el hemisferio.

La presencia de autoridades de toda la región demuestra la voluntad política de sus gobiernos por encontrar mecanismos más efectivos de combate al tráfico ilícito de armas de fuego en nuestro continente, dijo el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, al inaugurar el evento. El fenómeno de la criminalidad “ha terminado por constituirse en una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y las posibilidades del desarrollo de nuestra región”, afirmó.

Durante su intervención el Secretario General destacó que las cifras estadísticas de la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA) califican a América Latina como la región del mundo con la mayor violencia armada y ha llegado a establecer que el 42% de los homicidios con armas de fuego-no por conflictos armados- que ocurren en el mundo suceden en esta región. Dijo además que se calcula que puede haber alrededor de 80 millones de armas con las cuales se cometen entre 73 mil y 90 mil agresiones armadas cada año.

“La violencia y la inseguridad en general afectan al conjunto de nuestra sociedad y deterioran severamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que se sienten atemorizados y acosados por la amenaza permanente de convertirse en victimas”, manifestó Insulza.

También explicó que uno de los problemas más severos de la inseguridad es el efecto directo que tiene en torno al desarrollo económico regional. De acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Insulza dijo que el costo de la delincuencia se eleva aproximadamente a 16.8 billones de dólares, equivalente al 15 por ciento del PIB de América Latina. “Y no sólo la economía se ve afectada. Hoy por hoy la integridad misma del Estado y de las instituciones democráticas de nuestra región se están viendo severamente amenazadas por la extensión, el poder y la influencia del fenómeno”, enfatizó el Secretario General de la OEA.

Para enfrentar a estos desafíos, el líder del organismo regional señaló que “la OEA ha insistido e insistirá en que todos los gobiernos del hemisferio, fabricantes o no, asuman su responsabilidad en el control del flujo de armas. El derecho de los Estados a adquirir armas para hacer cumplir la ley y proteger el interés común de manera responsable es innegable, pero a la par de este derecho los Estados tienen responsabilidades y obligaciones legales en lo relativo a garantizar que las armas transferidas no sean utilizadas para la violación del derecho internacional, los derechos humanos o el derecho internacional humano”.

Por su parte, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, quien también participó en la inauguración de la conferencia subrayó la convicción de su gobierno en la necesidad de promover una acción integral para hacer frente a esta manifestación delictiva, en que la cooperación internacional, el intercambio de información y de experiencias se presentan como una herramienta fundamental para una labor eficiente en esta materia. “El problema del tráfico ilícito de armas es un fenómeno grave y creciente que fortalece la actividad criminal de la delincuencia organizada transnacional. Como Estados miembros de la OEA debemos procurar, sin dudas ni condicionamientos, una estricta y efectiva aplicación de las disposiciones de la Convención”, dijo Espinosa.

La Ministra mexicana agregó que “nuestras sociedades desean y exigen un crecimiento económico sostenido y sustentable, una distribución justa de la riqueza, la erradicación de la pobreza y la desigualdad, acceso a la justicia, pleno respeto a los derechos humanos, mejores servicios públicos para todos y, por supuesto y de manera particular, seguridad para los ciudadanos y sus familias.”

La CIFTA fue adoptada en 1997 y entró en vigor al año siguiente. Entre sus tareas se destaca en particular la necesidad de avanzar hacia el marcaje de armas; la confiscación de armas; autorizaciones o licencias de exportación, importación y transito; y el fortalecimiento de los controles en los puntos de exportación. Asimismo la Convención aspira a promover y facilitar la cooperación e intercambio de información y experiencias entre los Estados. Hasta la fecha ha sido ratificada por 27 de los Estados miembros de la OEA. El Secretario General, tanto como la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, formuló un llamado a todos los países que aún no lo han hecho para que firmen y ratifiquen dicha Convención.

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Referencia: C-045/08