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Comunicado de Prensa

Mesa Redonda de Políticas de la OEA debatió la agenda regional para la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales

La Organización de los Estados Americanos (OEA) acogió hoy su 65ª Mesa Redonda de Políticas, titulada "Agenda Regional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Una Mirada el Futuro", con el objetivo de promover un diálogo que analice la implicaciones de las políticas públicas, los avances en la implementación del Protocolo de San Salvador, y su inserción en la discusión de la agenda para el desarrollo post 2015.

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que el continente debe de aunar sus esfuerzos en disminuir las diferencias sociales que alberga en su seno, y advirtió que la inequidad constituye una amenaza para la democracia. “La gran deuda de la región en términos de pobreza, desigualdad y exclusión social, así como respecto a la demanda ciudadana por una igualdad económica, política y social, apunta hacia la necesidad de dar respuestas, y ha impulsado a la región a una búsqueda por un nuevo paradigma del desarrollo”, dijo al inaugurar el evento, que se realizó en la sede del organismo hemisférico en Washington, DC.

“Del mismo modo, en el marco de las discusiones alrededor de la Agenda de Desarrollo Post-2015, se ha colocado también a la equidad y la inclusión social como un elemento clave de los esfuerzos globales, estableciendo a la inequidad como uno de los elementos transversales para no dejar a nadie atrás”, agregó.

El Secretario General Insulza destacó los progresos en el marco normativo del sistema interamericano en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y manifestó que desde la entrada en vigor del Protocolo de San Salvador (PSS), “se han producido avances importantes”. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador”, fue aprobado en 1988, y entró en vigor en 1999, con 19 Estados firmantes y 16 ratificaciones a la fecha: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay.

“La evolución de este proceso, gracias a la voluntad política de los Estados Miembros, y el compromiso del Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales Provistos en el Protocolo de San Salvador, han dado sus frutos”, explicó el Secretario General de la OEA. Esta semana se está celebrando por primera vez en la sede de la OEA el primer período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre la aplicación del PSS.

El máximo representante de la OEA sostuvo que estos indicadores de progreso -elaborados por el Grupo de Trabajo y aprobados por los Estados Miembros- sobre los derechos a la seguridad social, a la salud, a la educación, al trabajo y derechos sindicales, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano, y a los beneficios de la cultura, “son pioneros en el diseño de una metodología que prioriza indicadores regionales”.

Al referirse al “nuevo paradigma del desarrollo”, recordó que en los últimos años los Estados Miembros de la OEA han reforzado sus compromisos en este ámbito. En este sentido recordó la aprobación de la Carta Social en 2012, y recientemente su Plan de Acción. Asimismo, destacó que tanto la Declaración de la Asamblea General de la OEA en 2014 como la VII Cumbre de las Américas, que se celebrará en abril de este año, hacen referencia directa a la inclusión social.

Tras la presentación del Secretario General Insulza, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, moderó un panel que contó con la participaron del Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, Simone Cecchini; la profesora Samuel Z. Stone de Economía Latinoamericana en Tulane University, Nora Lustig; el comisionado de la CIDH Paulo Vannuchi; y la Presidenta del Grupo de Trabajo para Analizar los Informes Periódicos de los Estados Parte del Protocolo de San Salvador, Laura Pautassi.

En su intervención, el representante de la CEPAL recordó que en 2002 el 44 por ciento de la población de América Latina y el Caribe vivía bajo la línea de pobreza, mientras que en 2008 la cifra bajó a 34 por ciento, y en 2011 descendió al 29 por ciento. “Desde entonces hay una desaceleración en la disminución de la pobreza”, señaló y la atribuyó a la disminución de la tasa de crecimiento.

Cecchini también destacó que en muchos países de la región hubo un gran cambio en sus políticas públicas, al incorporar programas que se enfocan en los derechos, y que promueven la igualdad, la participación y la rendición de cuentas. “Para nosotros la agenda de los derechos va de la mano con la agenda de la igualdad”, afirmó, y agregó que un enfoque de derecho “obliga a los países que toman en serio este enfoque a tener una mirada integral y multidimensional” en las políticas públicas en esta materia.

Por su parte, la profesora Lustig opinó que la transparencia en la formulación de las políticas públicas es fundamental para avanzar en los derechos que promueve el PSS. En este sentido, sostuvo que en materia impositiva es importante saber cuánto se paga y a quiénes en la distribución del ingreso. “En los debates de reforma tributaria que hay en la región este tema nunca está presente”, advirtió.

La profesora Lustig también dijo que la región tuvo 15 años de felicidad debido al crecimiento económico experimentado en los últimos años. Sin embargo, sostuvo que para alcanzar una mayor equidad es necesario revisar los sistemas de política fiscal, y a modo de ejemplo, criticó el impacto de los impuestos al consumo en los sectores de menos recursos. “Una exigencia que debería de tener la ciudadanía en materia impositiva es que la política fiscal no debe de empobrecer a los pobres”, aseguró.

Por su parte, el comisionado Vannucci citó al filósofo y pensado italiano Noberto Bobbio, quien apuntó a la tensión entre los derechos de libertad y derechos de igualdad para explicar los diferentes paradigmas que rigieron a los gobiernos de carácter capitalista y socialista durante el siglo pasado. El comisionado Vannuchi indicó que la CIDH tiene previsto crear para 2016 una Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

Vannucci expresó que esta relatoría deberá tener un rol de acercamiento a los Estados, y si bien aclaró que a los Estados nos les gusta ser monitoreados y criticados, consideró fundamental el trabajo de la DESC para alcanzar los objetivos planteados en el PSS.

Por su parte, Laura Pautassi informó que el objetivo del Grupo de Trabajo es “dar un paso más en la agenda de derechos” con el objetivo de “mejorar el tema de la igualdad y de acompañar a los Estados para el mejoramiento de las políticas públicas”. La Presidenta del Grupo de Trabajo para Analizar los Informes Periódicos de los Estados Parte del PSS añadió que el grupo que dirige basa su trabajo en torno a tres principios centrales: la igualdad y la discriminación; el acceso a la justicia; y el acceso a la información.

Pautassi dijo que uno de los desafíos principales del Grupo de Trabajo que preside fue “diseñar una matriz que fuera lo suficientemente amplia para poder medir el PSS”. También manifestó que “el enfoque de derechos atraviesa la institucionalidad pública”. Además, indicó que se trata de una herramienta de trabajo para los Estados, “no fiscaliza, sino que monitorea”.

La clausura de la Mesa Redonda estuvo a cargo de la Directora Interina del Departamento de Inclusión Social, Betilde Muñoz-Pogossian, quien afirmó que la OEA puede cumplir un rol fundamental en apoyo a los esfuerzos nacionales y regionales en materia del ejercicio pleno de estos derechos. En este sentido, la Directora Muñoz-Pogossian destacó la “importancia de medir” qué contiene el nuevo instrumento creado a partir de la aplicación del PSS. “Siguiendo un cuidadoso proceso validado por los propios países, los Estados parte adoptaron un sistema de medición y seguimiento a través de indicadores y de señales de progreso cualitativas que también contienen categorías transversales a todos los derechos, y que conectan los compromisos contenidos en el Protocolo con las políticas públicas nacionales que se documentan a través del proceso de reportes”, dijo.

Muñoz-Pogossian también resaltó “la importancia de la indivisibilidad y progresividad de los derechos” que contiene el PSS, que por un lado se refiere “al estrecho vínculo e interdependencia de los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles y políticos, y por el otro, a la naturaleza progresiva del logro pleno de estos derechos”, opinó. Esto se apoya, manifestó, en el consenso adoptado en la jurisprudencia interamericana, en la academia y en los debates políticos que se dan en la región, en que “los derechos humanos son complementarios, interdependientes e indivisibles. Es decir, no existen jerarquías, no es válido priorizar el logro de unos versus otros”.

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Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org

Referencia: C-055/15