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Comunicado de Prensa

Comisión de drogas de la OEA publica informe sobre alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó hoy el informe técnico sobre “Alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas”, que fue presentado a los Estados Miembros en su reciente 57° Período Ordinario de Sesiones.

El informe sostiene que a través de las alternativas al encarcelamiento se puede contribuir a alcanzar cinco objetivos fundamentales en el hemisferio: “Tratar los problemas de salud pública asociados al consumo ilícito de drogas en forma más eficaz y lograr una respuesta más humana y efectiva a los delitos relacionados con las drogas; reducir los impactos negativos del encarcelamiento, y contribuir además a reducir el hacinamiento y las violaciones a los derechos humanos que deriven del mismo; racionalizar el uso del derecho penal, manteniendo la idea de castigo penal como última ratio para los infractores menores; asegurar la seguridad pública y la seguridad ciudadana priorizando el uso de los recursos para combatir la delincuencia organizada; y garantizar que estos objetivos se alcancen con el gasto mínimo necesario para maximizar los resultados deseados”.

Con estas “metas fundamentales”, el reporte, que pretende ser una referencia para los Países Miembros, propone una lista de alternativas que han sido adoptadas en los últimos años en distintos países del mundo, y que “cada Estado Miembro puede adecuar a su contexto particular, pues las realidades que enfrentan son distintas”. Las iniciativas “tienen ciertos rasgos comunes”, indica el reporte, que sin embargo aclara que “no hay ninguna medida que pueda ser considerada como una fórmula mágica” y que los países de la región pueden “aceptar, rechazar o modificar cada estrategia como lo consideren oportuno”.

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, destacó que las propuestas presentadas responden a las conclusiones del Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas de la OEA, que fue redactado bajo su supervisión en seguimiento a un mandato de los Jefes de Estado reunidos en la VI Cumbre de las Américas celebrada en Colombia, en abril de 2012. "El Informe concluyó que en casi todos los países del hemisferio existe un problema de sobrepoblación penitenciaria debido a la fiscalización de drogas principalmente a través de sanciones penales”, afirmó. En este sentido señaló que “la aplicación de leyes severas para los delitos relacionados con drogas ha generado consecuencias negativas, como la sobrecarga de tribunales y cárceles, y el sufrimiento de miles de personas encarceladas por pequeños delitos de drogas”.

Entre las estrategias concretas propuestas en el Informe presentado hoy destacan: la descriminalización o la despenalización; la derivación o traslado fuera del sistema de justicia; la desprisionalización o medidas no privativas de libertad; la proporcionalidad; y el seguimiento y evaluación.

Respecto a la descriminalización o despenalización, el documento afirma que son instrumentos que se utilizan, por lo general, “como una alternativa para los usuarios de drogas no problemáticos”. La ventaja que ofrecen estas alternativas es que descongestiona el sistema de justicia pena y libera recursos que se pueden emplear en otros fines.

En relación a la derivación o el traslado fuera del sistema de justicia, se sostiene que un infractor relacionado con las drogas puede ser derivado hacia “los sistemas de asistencia social y de salud pública, que le ofrezcan oportunidades para volver a integrarse y convertirse en un miembro productivo de su comunidad”.

Acerca de la desprisionalización o medidas no privativas de libertad, el reporte afirma que esta estrategia “reconoce la necesidad de una condena y castigo en ciertos casos, pero minimiza la cantidad de infractores que cumplen condena en prisión por delitos menores relacionados con las drogas, contribuyendo así a disminuir el hacinamiento y las posibles violaciones de derechos humanos que frecuentemente son consecuencia de dicho hacinamiento”.

Sobre la proporcionalidad, el informe destaca que este principio jurídico establece que el castigo por un delito particular debe reflejar el grado de daño causado a la sociedad. “Este principio exige la creación de categorías de delitos, de las sustancias y de los delincuentes, y la asignación de una gama de opciones de sentencias aplicables a cada categoría”, añade el documento.

El reporte también plantea utilizar el seguimiento y la evaluación a todas las alternativas al encarcelamiento aplicadas, al sostener que es importante que las iniciativas “cuenten con todos los elementos necesarios para asegurar una buena implementación, como respaldo institucional, adecuada supervisión y recursos suficientes”. “Todavía se debate la forma en la que puede medirse el impacto de las medidas alternativas para delitos relacionados con las drogas que se mencionan en este informe. No obstante, coincidimos en que resulta esencial establecer indicadores clave para medir los resultados a fin de demostrar el éxito o el fracaso de alguna medida particular o de identificar aspectos que podrían ser mejorados”, agrega el documento.

El informe fue redactado por la CICAD y el Gobierno de Colombia, que presidió el Grupo de Trabajo para alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas.

El documento recuerda que el punto de partida histórico de la región en el tema de las drogas se remonta a las tres Convenciones de Naciones Unidas en materia de control internacional de drogas - aprobadas en 1961, 1971 y 1988-, en seguimiento de las cuales los Estados Miembros de la OEA “fijaron un sistema de penas relacionadas con la posesión, la venta y el tráfico ilícito de drogas”. El crecimiento del problema y, en parte, las demandas del público, derivaron en condenas de prisión cada vez más largas, no siempre proporcionales al delito cometido y su amenaza para la salud o la seguridad pública. “Muchos Estados Miembros actualmente, enfrentan graves problemas de sobrepoblación carcelaria, con sus respectivos gastos estatales y mayor riesgo de violaciones a los derechos humanos”, agrega.

El giro en la política en la región y el comienzo de la formulación conjunta de propuestas al encarcelamiento se inician, relata el reporte, con la aprobación por parte de los Estados Miembros de la OEA -a través de la CICAD-, de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2010 y su Plan de Acción 2011‐2015, que acuerdan “explorar vías para ofrecer servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social a infractores de la ley penal dependientes de drogas, como medida alternativa al encarcelamiento, y en algunos casos, a su prosecución penal”.

Posteriormente, la OEA elaboró “El informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas". El informe abrió el debate al más alto nivel político en el Hemisferio sobre la necesidad de cambiar el enfoque en el tratamiento del problema. En seguimiento al informe, la Asamblea General de la OEA en 2013 aprobó la Declaración de La Antigua Guatemala, "Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas", en la que los Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA alentaron “a los Estados Miembros, de conformidad con su legislación nacional, a que continúen fortaleciendo sus acciones y políticas, incluyendo un enfoque de género según corresponda, tendientes a reducir el hacinamiento carcelario, con la promoción del mayor acceso a la justicia para todos”. Posteriormente, en la XLVI Asamblea General Extraordinaria de la OEA, que se realizó en Guatemala en septiembre de 2014, se volvió a hacer énfasis en esta necesidad.

Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org

Referencia: C-185/15