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Comunicado de Prensa

Consejo Permanente de la OEA recibió informe del Secretario General y delegación a Paraguay

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recibió hoy en una sesión extraordinaria el informe del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, sobre los resultados de la visita que realizó la pasada semana a Paraguay a la cabeza de una misión especial para conocer de primera mano detalles sobre la crisis política en el país sudamericano.

El Secretario General presentó un informe de diez páginas al Consejo, sobre el viaje realizado entre el 1 y el 3 de julio, con el objetivo “de recabar información in situ sobre la situación” política producida tras el juicio político a través del cual el Congreso paraguayo destituyó al Presidente Fernando Lugo, de manera que los Estados Miembros puedan adoptar las medidas que consideren apropiadas. Los Representantes Permanentes ante la OEA trasladarán ahora dicho informe a sus Cancillerías y el Consejo acordó reunirse una vez se hayan completado las consultas.

El Secretario General Insulza dijo como conclusión a su informe que las “decisiones que la OEA adopte deberían permitir que se cumplan tres objetivos”. El primero es “llevar a término el proceso judicial, actualmente en estado sub judice ante la Corte Suprema de Paraguay y luego, muy probablemente, ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. El segundo consiste en “fortalecer la gobernabilidad de Paraguay en el período de transición hacia las elecciones de 2013, promoviendo el diálogo político y apoyando las reformas legales que puedan ayudar a evitar nuevas crisis”. El tercer objetivo, señaló el Secretario General de la OEA, debe “asegurar un proceso electoral participativo y transparente, evitando que lo ocurrido dé lugar a represalias o exclusiones, en especial en contra del Presidente Lugo o sus partidarios”.

El máximo representante del organismo hemisférico señaló que, para cumplir el primer objetivo, “es necesario esperar las decisiones de la Corte Suprema de Paraguay, que deben de producirse en estos días, y luego las decisiones del Presidente Lugo y sus abogados acerca de su anunciado propósito de recurrir a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos”. En este sentido, agregó que “si estos órganos fueran requeridos, esperamos que se puedan expedirse de la manera más rápida posible”.

Respecto al segundo y tercer objetivo, el máximo representante de la OEA indicó que la Secretaría General considera “altamente conveniente el despliegue inmediato de una Misión que acompañe el proceso conducente a los comicios de abril de 2013, facilite el diálogo político e informe periódicamente al Consejo Permanente”. Dicha Misión, “tendría por objeto observar desde ahora el respeto de las garantías necesarias para que todos puedan competir en igualdad de condiciones”, añadió.

En relación a la posibilidad de convocar a una Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación de Paraguay, el Secretario General dijo que “una reunión de ese nivel podría permitir la búsqueda de salidas constructivas, en tanto se tenga presente que el punto de unión de todos los Países Miembros es el fortalecimiento de la democracia en Paraguay y, por ende, en la región”.

El Secretario General Insulza manifestó que suspender a Paraguay de la OEA “no contribuiría a alcanzar los objetivos”. En este sentido, el máximo representante de la Organización Hemisférica se mostró partidario de incrementar “la presencia activa de los órganos de la OEA” en el país sudamericano para evitar “aumentar las divisiones en el seno de la sociedad y el sistema político paraguayo y causar sufrimientos innecesarios al pueblo de ese país”.

Apuntó que “existe una situación de normalidad política, social y económica que es conveniente preservar” y advirtió que una suspensión por parte de la OEA, “conllevaría altas implicaciones económicas para el país, dado el impacto directo de la decisiones en otras instituciones del sistema interamericano y, de manera indirecta, en otros aspectos del sistema internacional y en la vida económica y financiera” de Paraguay.

Entre las conclusiones del informe, el representante de la OEA aseguró que “Paraguay ha atravesado una profunda crisis política-institucional, una confrontación severa entre el poder ejecutivo y el poder legislativo”, que refleja “una ruptura política profunda en la sociedad paraguaya”, lo que “la torna aún más preocupante”. Además, el Secretario General Insulza resaltó la complejidad de la situación desde un punto de vista jurídico, puesto que, si bien el proceso del juicio político se apegó a lo consagrado en la Constitución, “la celeridad en el trámite fue muy desafortunada y le dio un aura de ilegitimidad”.

Del mismo modo, el Presidente Lugo, continuó el jefe de la Organización, aceptó en un principio el resultado del juicio, lo que “provocó un efecto, que fue el de instalar como Presidente, de acuerdo a la Constitución, al Vicepresidente Federico Franco”. Igualmente, el Secretario General Insulza notó que la mayoría de las autoridades y actores políticos y sociales del país “expresaron el firme deseo de cumplir con el calendario electoral” que fija las elecciones presidenciales y legislativas para el 21 de abril de 2013.

En su intervención, el Secretario General indicó que “es natural que la situación producida en Paraguay haya provocado reacciones muy negativas en muchos gobiernos y sectores políticos del hemisferio, ya que nadie esperaba la terminación prematura del mandato del Presidente Fernando Lugo”. Sin embargo, afirmó que “no es una situación nueva en nuestro hemisferio” y recordó que “en la década de los noventa y la primera mitad de los 2000, las terminaciones anticipadas de mandatos presidenciales se produjeron a razón de uno por año, por destitución o por renuncia forzada”, e incluso “en dos países de la región el hecho se produjo más de una vez”.

El líder de la OEA relató que “el origen inmediato de este proceso está en los hechos ocurridos en Curuguaty, un lugar situado al noreste del país, cercano a la frontera con Brasil” donde, “el viernes 15 de junio, murieron 17 personas, 11 campesinos y 6 policías”. “Las numerosas muertes provocaron una gran conmoción en el país” y “alarma pública” que provocó una “crisis política que desembocó en la destitución del Presidente Fernando Lugo, el 22 de junio, apenas una semana después de Curuguaty”, añadió.

El Secretario General dijo que “el Congreso aprobó la destitución del Presidente Lugo con una mayoría abrumadora de 76 de 80 votos a favor del juicio en la Cámara de Diputados, y 39 de 45 a favor de la destitución en la Cámara de Senadores”. “El juicio político fue realizado conforme al procedimiento constitucional en el sentido estricto. Sin embargo, hay distintas opiniones sobre si los plazos otorgados permitieron el ejercicio de la legítima defensa del imputado”, agregó el Secretario General Insulza.

La Misión que encabezó el Secretario General Insulza estuvo integrada por los Representantes Permanentes de Canadá, Allan Culham; de Estados Unidos, Carmen Lomellin; de Haití, Duly Brutus; de Honduras, Leónidas Rosa Bautista; y de México, Joel Hernández. En el informe, cuyas conclusiones el Secretario General precisó fueron presentadas bajo su “exclusiva responsabilidad”, se consigna un resumen de las actividades que la Misión realizó en Paraguay, donde mantuvo entrevistas con el ex Presidente Fernando Lugo y sus asesores; el Presidente Federico Franco y sus asesores; el Ministro de Relaciones Exteriores, José Félix Fernández Estigarribia; representantes de ambas cámaras legislativas; el Tribunal Superior Electoral; los partidos políticos; trabajadores y propietarios de los medios de comunicación; la Conferencia Episcopal; los Gremios Campesinos, los Gremios de la Producción; la Corte Suprema; los Líderes Indígenas; el ex Ministro del Interior del Presidente Lugo, Rafael Filizzola; y el actual Ministro del Interior, Carmelo Caballero.

Intervinieron en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente los representantes de Paraguay, Haití, Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Brasil, Panamá, República Dominicana, Perú, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Honduras, Uruguay, Costa Rica, y Nicaragua.

Al concluir las intervenciones de los Estados Miembros, el Presidente temporal del Consejo y Representante Permanente de Bolivia ante la OEA, Diego Pary, cerró la sesión “reconociendo la necesidad de las delegaciones de que el informe presentado por el Secretario General sea analizado por sus respectivas cancillerías en sus capitales” y haciendo un llamado a que el Consejo se reúna de nuevo “a la brevedad posible” una vez consultados los gobiernos.

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Referencia: C-247/12