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Comunicado de Prensa

XLV Mesa Redonda de Políticas de la OEA debatió sobre el financiamiento de las campañas políticas en América Latina

La XLV Mesa Redonda de Políticas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue hoy escenario de presentación de una publicación sobre “Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina”, coordinada por Pablo Gutiérrez, ex Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA y Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional.

En sus palabras de bienvenida, el Jefe de Gabinete del Secretario General de la OEA, Embajador Hugo de Zela, enfatizó la importancia del tema de la observación electoral para la Organización, y recordó que este año se cumplen 50 años de la primera misión de este tipo comandada por la OEA. El papel de la Organización en esa materia, explicó, tiene su origen en la Carta Democrática Interamericana que en su artículo 5 hace un llamado al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de las actividades de los partidos políticos. A ese fin, dijo el Embajador De Zela, la OEA ha desarrollado un proceso de “perfeccionamiento de nuestro sistema de observación electoral”, al cual la publicación representa un aporte importante.

La presentación del libro estuvo a cargo del Observador Permanente de IDEA Internacional ante Naciones Unidas, Massimo Tommasoli, quién explicó que el estudio gira en torno a dos interrogantes: “¿Cómo evitar el dinero proveniente de fuentes oscuras en el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales?”, y “¿Cómo garantizar una distribución equitativa de los recursos entre los partidos políticos?”. A partir de esas cuestiones, el análisis se divide en cuatro temas centrales cubiertos en la publicación: la relación entre dinero y política; el costo de funcionamiento de la democracia; la utilización del dinero y la legitimidad de los procesos democráticos; y la regulación de financiamiento político.

En su presentación, Tommasoli reconoció que, si bien la democracia no tiene precio, su funcionamiento sí lo tiene, y el uso de recursos económicos es un elemento imprescindible para la competencia democrática. “El dinero en la política es capaz de introducir distorsiones si existe una desigual distribución”, advirtió, y comentó que “si la utilización de fondos no es regulada, se puede amenazar la legitimidad de los procesos y las prácticas democráticas“.

La publicación contiene 18 informes regionales que vinculan la equidad y la transparencia con la calidad de la democracia, y en dicho sentido, la Directora Interina del Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA, Betilde Muñoz-Pogossian, señaló cuatro variables para evaluar estos aspectos: la naturaleza de los regímenes de financiamiento y su proveniencia (pública, privada o mixta); la evaluación de la regulación en cuanto al acceso a los medios de financiación; la rendición de cuentas y el acceso a la información; y los órganos de control y regímenes de sanciones. Basados en estos puntos, Muñoz-Pogossian resaltó algunos de los datos relevantes de la publicación, entre ellos, que 16 de los 18 países latinoamericanos estudiados gozan de algún tipo de financiamiento público directo. Trece países prevén el financiamiento público permanente o cotidiano de los partidos, de los cuales dos otorgan este financiamiento según las decisiones soberanas de cada organización partidaria.

En cuanto al uso de los medios de comunicación en campañas, según lo citado por la funcionaria de la OEA, en 15 países de la región se contempla la reserva de algún tipo de franja electoral en medios públicos, ya sea de carácter obligatorio o voluntario. En el contexto regional actual, cuatro países prohíben la propaganda política pagada por televisión; otros cuatro no contemplan límite algu¬no; y el resto de países establece algún tipo de limitación a la propaganda pagada, como complemento de la franja gratuita. El informe completo está disponible aquí.

Después de la presentación de la publicación, el Secretario de Relaciones Exteriores de la OEA, Alfonso Quiñonez, moderó un panel de discusión sobre el tema integrado por Marta Lucía Ramírez, Presidenta de la Fundación Ciudadanía en Acción y ex Ministra de Defensa y Comercio Exterior de Colombia; Gerardo Solís, Presidente del Tribunal Electoral de Panamá; y Arturo Núñez, Gobernador electo del estado mexicano de Tabasco y ex Vicepresidente del Senado de México.

La ex Ministra Ramírez afirmó que “el desafío de la transparencia de la actividad política depende definitivamente de la claridad en el manejo de las campañas, y evidentemente eso depende de la voluntad política”. Explicó algunos de los retos que Colombia enfrenta en cuanto a la financiación política, como la falta de transparencia y de voluntad política, y el deterioro de la confianza ciudadana, y enfatizó que la importancia del tema alcanza a la propia legitimidad y reconocimiento de la democracia: “Al final de lo que se trata es lograr credibilidad y legitimidad por parte de los partidos políticos, y de esa manera yo creo que tendríamos mucho menos preocupaciones y criticas de los ciudadanos sobre cuánto cuesta la democracia”.

El máximo dirigente del Tribunal Electoral panameño, Gerardo Solís, explicó que el financiamiento político en su país se coordina a través de un sistema mixto público-privado, en el que “la transparencia es un valor central”. Las reformas del sistema son constantes, dijo, dado que después de cada elección, hay un proceso regular de estudio de la realización del proceso y una discusión de reformas. De cara al futuro, Solís llamó a establecer a nivel regional “un ente sustantivo que reúna las mejoras prácticas y una ley adjetiva que permita implementarlas, así podemos todos ir evolucionando hacia una norma común que permita el fortalecimiento de nuestras democracias”. “La salud de las democracias depende de un detalle, el procedimiento electoral, y ese procedimiento electoral depende de la salud de las entidades encargadas de velar por que se garantice la pureza y libertad del sufragio”, concluyó.

Por su parte, el Gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez, sostuvo que “el financiamiento público es un elemento fundamental para la calidad de la democracia”, porque “los partidos son elementos fundamentales para la democracia y la debilidad de los partidos es debilidad de la democracia”. Por ello, explicó, en México “se ha establecido a nivel constitucional que tiene preeminencia el financiamiento publico sobre el privado”. Su país, afirmó, enfrenta otros desafíos que incluyen el riesgo de la influencia de dinero proveniente del narcotráfico, y el hecho de que casi la mitad del país se encuentra en pobreza, lo cual eleva el peligro de la compra y venta de votos, a veces incluso a través de programas sociales. En conclusión, dijo Arturo Núñez, “las preferencias ciudadanas deben estar determinadas por las bondades de las propuestas programáticas, por la trayectoria y calidad de los candidatos, y no por el financiamiento de la campaña”.

El Secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Kevin Casas-Zamora, cerró el evento expresando que el estudio del financiamiento de la política “es parte de un esfuerzo más amplio por expandir el lente de nuestro trabajo de observación electoral, para incorporar aquellos aspectos cada vez más sofisticados que amenazan la integridad del proceso electoral en América Latina”. Casas-Zamora destacó el “enorme valor” de la publicación, que calificó como “un estupendo esfuerzo por sintetizar muchas de las cosas que sabemos del financiamiento político en la región”, y añadió que, a pesar de las conocidas dificultades y complejidades de regular dicho financiamiento, estudios como el presentado hoy representan un avance porque “si no somos capaces de saber lo que está pasando, mal podremos regularlo”.

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Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org

Referencia: C-359/12