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Comunicado de Prensa

Mecanismo Anticorrupción de la OEA publicó informe sobre Suriname

El Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el informe de Suriname sobre la aplicación de este tratado en el marco de la Cuarta Ronda de Análisis, durante su XXIV reunión, celebrada la pasada semana en la sede central de la institución hemisférica en Washington, DC.

El informe hace un análisis de la estructura, el funcionamiento y resultados de cuatro de los principales órganos de control encargados de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas en Suriname: la Alta Corte de Justicia, la Procuraduría Pública, el Ministerio de Justicia y Policía (MJP) y la Agencia Central de Auditoría (CLAD por sus siglas en holandés).

Este análisis se llevó a cabo tomando en cuenta la respuesta de Suriname a un cuestionario, la información recabada por la Secretaría Técnica del MESICIC, en manos de la OEA y, como con una nueva e importante fuente de información, la visita in situ realizada entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 2014 por una comisión formada por representantes de Brasil, Paraguay y la Secretaría Técnica. Durante esta visita el equipo de análisis, además de reunirse con representantes de los anteriores órganos de control, también se entrevistó con representantes de la sociedad civil, el sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores.

En general, con respecto a los órganos de control, el documento recomienda dotarlos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones. En relación con la Alta Corte de Justicia, se sugiere la reanudación del proceso de nombramiento de jueces, la implementación de un manual de clasificación y descripción de funciones para jueces, el desarrollo de procedimientos disciplinarios y un código de ética para jueces.

En relación a la Procuraduría Pública, se recomienda su fortalecimiento mediante la dotación de recursos humanos y presupuestarios, así como la creación dentro del Departamento de Policía de una unidad anticorrupción que trabaje en coordinación con la Procuraduría Pública; y el fortalecimiento de la autonomía presupuestaria de la Procuraduría Pública.

En lo atinente al Ministerio de Justicia y Policía, se plantea implementar medidas para encomendar oficialmente al MJP o a algún otro órgano las funciones de prevención de la corrupción; el desarrollo de procedimientos reglamentados para la toma de decisiones y el fortalecimiento de mecanismos de control interno.

Respecto a la Agencia Central de Auditoría, se propone el establecimiento de la obligación de dar curso a aquéllos casos que resulten con indicios de hechos delictivos directamente a la Procuraduría para su investigación y procesamiento; y la actualización de la normativa que regula la CLAD.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Suriname en la Primera Ronda que quedan vigentes, apuntan a propósitos tales como el fortalecimiento de la implementación de normas sobre conflictos de intereses de los servidores públicos, y la adopción de mecanismos que exijan específicamente a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Este es el cuarto informe adoptado por el MESICIC en relación con la implementación de la Convención en Suriname. En el documento se reseñan las buenas prácticas sobre la que Suriname suministró información, una de las cuales refiere a los programas de sensibilización del Ministerio de Justicia y Policía sobre prevención de la corrupción dirigidos a los medios de comunicación.

Durante la XXIV Reunión del MESICIC, informes similares fueron adoptados en relación con Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Grenada, Belize y Haití, disponibles aquí.

El MESICIC es un mecanismo de cooperación entre Estados establecido en el marco de la OEA, con amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, en el que se analizan los marcos jurídico-institucionales de cada Estado, su adecuación a la Convención Interamericana contra la Corrupción y los resultados objetivos alcanzados. Las visitas in situ, que cuentan con la anuencia del país en cuestión, se han incorporado como una etapa y parte integral del proceso de análisis, lo que constituye un desarrollo innovador en el ámbito de la OEA que ha consolidado aún más este mecanismo de análisis recíproco. Para mayor información visite el Portal Anticorrupción de las Américas.

Referencia: C-384/14