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Comunicado de Prensa

Secretario General de la OEA dice debate sobre drogas en la región pasa por cuatro ejes: seguridad, penas alternativas, enfoque de salud pública y cooperación judicial

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, aseguró hoy que, a partir del Informe sobre Drogas que elaboró la institución hemisférica y del debate que originó en la región, la discusión debe girar sobre cuatro ejes: seguridad, alternativas a la encarcelación a los infractores de drogas, la aplicación del enfoque de salud pública, y la cooperación judicial regional para afrontar la economía del narcotráfico.

Al participar hoy en el segundo día del 54º Período Ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA en Bogotá, Colombia, el máximo representante de la OEA recordó que Informe sobre “El problema de Drogas en las Américas” (Informe Analítico e Informe de Escenarios ), fue presentado en mayo justo antes del 53º Período Ordinario de sesiones de la CICAD en Washington, y que desde entonces el reporte fue discutido en diversos foros, fue presentado a diversos jefes de Estado y otras altas autoridades de la región, y también a gobiernos europeos y otros foros internacionales. “Confío en que ese debate nos permita, después de 40 años de hacer lo mismo, introducir las modificaciones en nuestras políticas y acciones que nos ayuden a mejorar nuestra capacidad de enfrentar el problema”, dijo.

En su análisis sobre las primeras conclusiones del debate, el Secretario General destacó que “existen cuatro temas que concitan el mayor interés entre expertos, tomadores de decisiones y en la sociedad civil”, lo que permite visualizar en qué aspectos concretos debe profundizarse el debate en el futuro inmediato.

Seguridad

El primer foco de atención, dijo el líder de la organización hemisférica, “es cómo proponer y promover nuevos modelos de seguridad para la región”, y recordó que el Informe plantea que la inseguridad originada por la actividad de las bandas o “carteles” del narcotráfico afecta a los ciudadanos en su integridad física y en su patrimonio y a la sociedad en su conjunto, generando situaciones de corrupción que debilitan a las instituciones civiles y estatales y afectan la gobernabilidad democrática de los países.

“Es la falta de Estado de derecho, en consecuencia, lo que mejor explica los altos índices de violencia por parte de las organizaciones criminales y el hecho que ellas dominen territorios e influyan sobre las decisiones públicas. Por el mismo motivo, es allí en donde debe ponerse el acento para terminar, o al menos reducir drásticamente, la situación de inseguridad que afecta a los ciudadanos. Fortalecer la seguridad, en consecuencia, es una tarea primordial para todos los países del hemisferio y un gran reto para todos nuestros Países Miembros”, indicó.

Alternativas a la encarcelación

El máximo representante de la OEA señaló que el segundo centro del debate se refiere a las alternativas a la encarcelación para infractores de drogas y a la revisión de la proporcionalidad de las penas por delitos vinculados con droga, un aspecto que está asociado “a una de las materias que quizá más ha llamado la atención del Informe: nuestra afirmación que la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública”. “Planteamos con total claridad que el adicto es un enfermo crónico que no debe ser castigado por su adicción, sino que tiene derecho a tratamiento médico adecuado. Y aclaramos que las medidas restrictivas de libertad son antagónicas con ese enfoque, y sólo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad”, agregó.

El Secretario General señaló que en la región hay 3,6 millones de personas privadas de libertad, de las cuales casi 2 millones lo están por delitos relacionados con drogas, y mencionó especialmente el caso de las cárceles femeninas en América del Sur, donde cerca del 70 por ciento de las detenidas se encuentran allí por casos de microtráfico no violento. “La mayoría proviene de comunidades socialmente marginalizadas y vulnerables, y comúnmente son migrantes o procedentes de poblaciones indígenas. Igualmente, muchas cárceles presentan niveles de hacinamiento muy altos, donde los presos son víctimas de abuso sexual, extorsiones y matonaje”, dijo, añadiendo que “todo esto tiene altísimos costos sociales en el mediano y largo plazo: la destrucción del tejido social; el debilitamiento de las familias de los reclusos y, como consecuencia, la reproducción generacional de la conducta delictiva; el aprendizaje criminal en las cárceles y la creciente carga financiera del sistema penitenciario, entre otros factores”.

Un asunto de salud pública

El tercer tema destacado del diálogo abierto que ha producido el Informe trata sobre la aplicación del enfoque de salud pública en las políticas de drogas, y el uso de la evidencia científica en su formulación, seguimiento y evaluación. En este sentido, el Secretario General de la OEA sostuvo que ese punto de partida es imprescindible si se quiere adoptar una política integral ante el problema de las drogas, y que además es fundamental dedicarle más recursos y programas para tener éxito.

“Este enfoque incluye la promoción de estilos de vida saludables, la protección de los usuarios con medidas para limitar la disponibilidad de sustancias psicoactivas, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la integración social. El cambio fundamental en esta materia radica en la consideración del usuario como una víctima, un adicto crónico y no como un delincuente o un cómplice del narcotráfico”, afirmó, al tiempo que destacó las contribuciones que en este aspecto están realizando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la CICAD, a través de un plan de trabajo conjunto.

Cooperación judicial

El cuarto aspecto que el Secretario General Insulza extrajo como conclusión del debate en marcha en el Hemisferio está vinculado a la economía del narcotráfico y las posibilidades de fortalecer la cooperación judicial regional, tanto en lavado de dinero como en la administración de los bienes decomisados. En este aspecto, el Secretario General anunció que el grupo de expertos de la CICAD en lavado de activos presentará mañana una serie de recomendaciones a los Estados Miembros que están enfocadas al fortalecimiento de las capacidades de las autoridades encargadas del combate a estos delitos.

El Secretario General de la OEA manifestó que, esta área, su “mayor aspiración es que este esfuerzo de la CICAD y todas las otras contribuciones que puedan llegar, constituyan la base de un plan de trabajo hemisférico en esta materia”.

En su discurso, el máximo representante de la organización multilateral mencionó que el primer gran foro en el que se debatió el Informe fue la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en Guatemala en junio, donde “los 34 países miembros de nuestra Organización aprobaron la Declaración de La Antigua Guatemala denominada "Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas". El propio Secretario General presentó el Informe en persona a jefes de Estado o altas autoridades de Colombia, Uruguay, Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, Chile y Bolivia, y a nivel subregional ante los jefes de Estado del Caribe, por medio del CARICOM, y de Centroamérica, por medio del SICA. Además, destacó el interés manifestado sobre el tema por muchos líderes mundiales durante la Asamblea General de Naciones Unidas que tuvo lugar en septiembre. “En esa oportunidad pude sostener reuniones bilaterales en las cuales el tema principal fue el Informe, la Declaración de La Antigua Guatemala y la próxima Asamblea Extraordinaria de Naciones Unidas sobre las drogas”, agregó.

Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org.

Referencia: C-482/13