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Mensaje del Secretario General sobre Venezuela

La guerra civil de las fuerzas represivas del Estado ejecutada contra personas desarmadas es la realidad del Pueblo Venezolano hoy.

Es imprescindible encontrar un camino pacífico hacia la paz. La solución a la crisis es respetar la voz soberana del pueblo.

Cada acto de violencia y represión, el encarcelamiento y la tortura, los disparos y cada asesinato, son las herramientas de un régimen que carece de autoridad, entendida ésta como la capacidad de ejercer el poder y generar la obediencia civil desde el respeto al pacto social.

Los más de sesenta muertos en Venezuela son responsabilidad directa de sus gobernantes. Lo dijo Gandhi y lo refrenda la teoría del conflicto: "Los fines y los medios siempre deben coincidir y estar sujetos a los mismos principios éticos: la violencia, sólo puede generar violencia" (Mohandas, 1973).

La autoridad moral del Pueblo Venezolano es su pacifismo y la lucha por las libertades, a pesar del despropósito de la represión.

Desde el primero de abril ha muerto casi una persona por día a causa de la represión. El Ministerio Público de Venezuela reconoce que 47 personas han sido asesinadas y, en 8 de esos casos, distintos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía del Estado de Carabobo, la Policía del Estado de Táchira, y la Policía Municipal de Sucre han sido imputados por la Fiscalía por el delito de homicidio.

El número de heridos en las protestas varía considerablemente: desde aproximadamente 1.000, según datos oficiales del Ministerio Público, hasta 15.000, según la oposición. En el mismo período, 2.990 personas han sido arrestadas por manifestaciones y 1.251 permanecen encarceladas.

Cada día que se prolonga la crisis hay más muertos y heridos. Venezolanos -hombres, mujeres, niños- mueren por falta de medicamentos y por la extrema represión de las fuerzas de seguridad y los colectivos paramilitares controlados por el régimen.

El Ministro del Interior, Néstor Reverol, y el jefe de la Guardia Nacional, Mayor General Benavides Torres, son directamente responsables de la represión sistemática del Estado.

Son responsables de gravísimas violaciones de los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad como lo es una acción sistémica del Estado de asesinar y torturar.

El Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha llegado a reconocer los excesos que cometen las fuerzas de seguridad. Hizo un llamado a la Guardia Nacional Bolivariana a respetar los derechos humanos, asumir su responsabilidad y abstenerse de continuar cometiendo atrocidades en las calles. Este reconocimiento no es suficiente. Horas después, tuvimos que lamentar más muertes y la continuidad de la represión y la persecución que, lejos de mermar, se extiende por todo el país.

El Presidente Maduro amenaza al pueblo con 10 años de prisión, si éste decide manifestarse en contra de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Su respuesta a los reclamos de la gente sigue siendo el derramamiento de sangre, la muerte, el fascismo y la represión. Su excusa para la impunidad sigue siendo la denuncia de fuerzas externas y fantasmas imaginarios.

Un régimen que se sostiene en la violación de la Constitución, en acallar a la oposición, en la censura, en anular al Poder Legislativo en forma absoluta, en la represión, la agresión y el asesinato, es indudablemente un régimen ilegítimo, cuyo poder se basa en prácticas dictatoriales.

El llamado a principios de abril a una Asamblea Constituyente aludiendo a un indefinido carácter "sectorial" de las bases comiciales, despojando a la gente del más esencial valor de la democracia -el sufragio universal-, representa seguir cayendo aún más hondo en el horror de la dictadura.

Reiteramos nuestro más firme respaldo a la presentación del recurso de nulidad contra la Asamblea Constituyente presentado por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. El régimen la acusa de traidora por no plegarse a sus manipulaciones ni prestarse a endosar sus abusos; por insistir en los principios básicos de progresividad y no regresividad de los Derechos Humanos; por defender el derecho básico del soberano a expresarse libremente en las urnas por sufragio universal y directo; y por defender la vigencia de la Constitución frente a una convocatoria que se realiza sin el pueblo y en contra del pueblo. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia contra la Fiscal demuestran, una vez más, que opera ilegítimamente como brazo ejecutor de la dictadura.

La oposición y el disenso son sinónimos de traición en las dictaduras, que han vaciado de contenido el funcionamiento de las instituciones, a partir de ejercer la violencia contra el Estado de Derecho y la Constitución.

La Secretaría General de la OEA valora especialmente las expresiones del Vaticano tras la reunión entre Su Santidad, el Papa Francisco, y la Conferencia Episcopal Venezolana, en la que se concluyó que en Venezuela "no existe un enfrentamiento entre derecha e izquierda, sino una lucha entre un gobierno que se ha convertido en una dictadura (...) y un pueblo que clama por la libertad y busca desesperadamente el pan, medicinas, seguridad, trabajo y elecciones justas".

Compartimos su preocupación ante la situación, ante la imposibilidad de confiar en la palabra del Gobierno. Respaldamos sus esfuerzos en lograr una solución pacífica y su rechazo expreso a la Asamblea Constituyente, en el sentido de que ésta no es la respuesta a las urgentes necesidades que vive el pueblo venezolano.

Respaldamos plenamente el nuevo llamado de la Santa Sede a que el gobierno venezolano cumpla con las cuatro condiciones solicitadas por el Cardenal Pietro Parolin en su carta de 2016, para acceder a un diálogo realmente efectivo que permita superar la grave crisis que sufre el país: la liberación inmediata de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario que permita ingresar al país alimentos y medicamentos, la presentación de un cronograma electoral y el respeto a la autonomía y pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional.

Como institución venezolana, la Conferencia Episcopal ha mantenido una absoluta autoridad moral ante la crisis política, social y económica que vive el país.

Estamos en un tiempo en que se suceden los esfuerzos de mediación, todos ellos por supuesto bienvenidos, porque demuestran el compromiso de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución a la crisis.

En ese contexto, la institución que está en mejores condiciones de actuar es la Conferencia Episcopal, por ser venezolana, por ser consciente del sentir del Pueblo, porque conoce mejor que nadie la historia de este proceso y por su inmensa autoridad moral.

Desde la comunidad internacional hemos despojado al régimen de su impunidad, se ha reconocido y denunciado la alteración del orden constitucional, se ha pedido la redemocratización del país, se han aplicado sanciones a corruptos y delincuentes afiliados al régimen, se ha pedido la liberación de los presos políticos y se han ofrecido -y se ofrecerán- distintos esfuerzos de mediación.

El trabajo de la OEA ha sido y es esencial en ese sentido. Pero la solución es Venezolana y para Venezuela. Es imprescindible que el pueblo de Venezuela recupere su soberanía y se restaure definitivamente la democracia, la civilidad y la Paz social que nunca debió haber perdido. Cada día queda más claro que la solución de paz es la convocatoria a elecciones adelantadas por sufragio libre, universal y directo. Solamente los dictadores le temen a las elecciones. Se requiere construir compromisos para resolver los problemas reales del país. Lo reitero, hay un camino de paz hacia la paz y un camino democrático hacia la Democracia.

Referencia: D-010/17