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TERCER REPORTE DE ACTIVIDADES GUATEMALA

A catorce días de la celebración de las elecciones generales, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presenta a la comunidad nacional e internacional su Tercer Reporte de Actividades. La Misión expresa su reconocimiento por los esfuerzos que se vienen desarrollando para fortalecer el proceso democrático de la República de Guatemala. Si bien, como ocurre en otros países, el proceso electoral no está exento de pugnas y discrepancias, en términos generales la actual etapa preelectoral se encuentra enmarcada en los principios y normas básicas que rigen acontecimientos democráticos de esta naturaleza.

Desde que se instaló a inicios de mayo, la Misión de la OEA ha efectuado importantes esfuerzos para acompañar de manera activa la preparación del proceso electoral. Expertos de países miembros y observadores internacionales integrados en la Misión, siguen de cerca las actividades de la administración electoral guatemalteca, así como las campañas de los partidos políticos y su financiamiento, la difusión del proceso a través de los medios de comunicación, la divulgación de la información electoral para la concurrencia de ciudadanas y ciudadanos a las urnas y para el conocimiento de los lugares de votación. De manera particular, la Misión atiende los esfuerzos que las autoridades electorales realizan para hacer más accesible el derecho ciudadano de elegir a sus representantes, a través de la descentralización, principal reto de las actuales elecciones.

INTEGRACIÓN DE LA MOE

Actualmente, la Misión cuenta con más de 100 observadores internacionales, entre los cuales hay expertos en temas relacionados con organización electoral, logística, informática y capacitación. Para el día de la elección, la Misión contará con más de 150 observadores internacionales provenientes de 17 Estados miembros (Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y de países invitados (Austria, Corea, España, Francia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza).

La Misión tiene presencia permanente en los 22 departamentos. A la fecha ha recorrido la totalidad de los 332 municipios del país. Como parte de sus actividades, los observadores de la OEA han contactado a diferentes autoridades electorales y gubernamentales, partidos políticos y comités cívicos, representantes de misiones diplomáticas acreditadas en el país, diversos medios de comunicación y representantes de la sociedad civil organizada, con el propósito de intercambiar opiniones y poder recibir de manera directa sus apreciaciones e inquietudes respecto del desarrollo del proceso electoral.

Es importante señalar que la Misión logra desplegarse y realizar sus tareas gracias al apoyo económico de países amigos como Canadá, Corea, España, EstadGs Unidos, Japón, Noruega y Perú.

ELECCIONES GENERALES 2007

Por undécima ocasión en la historia del actual Tribunal Supremo Electoral, los guatemaltecos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades. Es también la primera vez que lo harán con una nueva ley electoral que busca dar mejores facilidades a los electores de las área rurales del país, crear un espacio de mayor control institucional al financiamiento de la campaña política y brindar mayores garantías para el respeto del carácter multicultural, plurilingüe y multiétnico del país.

Para este proceso electoral se presentan un total de 29,364 candidatos para diferentes cargos de elección popular: 1 Presidente y 1 Vicepresidente de la República, 31 Diputados por Lista Nacional, 127 Diputados por Distrito Electoral, así como 332 Alcaldes, Síndicos y Concejales. Para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República se han presentado catorce fórmulas. Del total de candidaturas a cargos de elección, 3,762 son mujeres (12.6% del total), lo que representa un avance en comparación al proceso electoral del año 2003 (9.5% del total). Finalmente, el proceso ha convocado a 5’990,029 electores quienes ejercerán el sufragio en 13,756 Juntas Receptoras de Votos (JRV) ubicadas en todo el territorio nacional.

LA CAMPAÑA POLÍTICA-ELECTORAL

La Misión viene llevando a cabo sus actividades de observación de la campaña política. En tal sentido ha podido participar en diversas actividades de plaza pública y debates entre distintos candidatos y candidatas a los cargos de elección popular. En ese proceso ha podido recoger planteamientos y preocupaciones que le han sido expresadas por diversos representantes y directivos de las organizaciones políticas participantes.

Durante la campaña electoral, los partidos políticos han reconocido que uno de los retos mas importantes del proceso electoral es la descentralización de las JRV en las zonas rurales del país. Sin embargo, también han subrayado las dificultades para que dicho proceso se materialice en forma adecuada. Los problemas de accesibilidad, las diferencias culturales y étnicas y la capacidad logística que garantice el ejercicio del voto y el proceso de escrutinio, han sido temas relevantes recogidos por la Misión. Se constata la necesidad de fortalecer los mecanismos e instituciones que velan por el desarrollo de la elección, particularmente el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Como se ha mencionado en anteriores reportes, el control y fiscalización del financiamiento y gastos de campaña ha impuesto la obligación a los partidos políticos de rendir cuentas de los recursos utilizados en este proceso electoral y al TSE de incorporar mecanismos de monitoreo y seguimiento de los mismos. Frente a acusaciones cruzadas entre partidos de recibir fondos de origen no comprobado y considerando la información oficial emitida por el TSE en la que se constata un cumplimiento parcial de algunos partidos en aspectos formales y sustantivos de la ley, la Misión considera que las organizaciones políticas deben reforzar el cumplimiento de su deber de informar sobre el origen de la fuente de financiamiento de los mismos, en ejercicio de su

responsabilidad de control y fiscalización compete al TSE analizar y auditar la información proporcionada.

La mayoría de partidos políticos ha expresado su preocupación por la falta de equidad en la cobertura mediática para presentar sus programas y propuestas de gobierno. Sin embargo, son loables los esfuerzos que llevan a cabo algunos sectores sociales, académicos o medios de comunicación nacionales e internacionales con el fin de crear espacios para un debate político propositivo entre los candidatos, los cuales no han permitido la participación de todos los candidatos presidenciales.

Un componente fundamental de la democracia electoral guatemalteca es el papel que juegan los fiscales de los partidos políticos como instancias que al plantear y defender los intereses de su partido, contribuyen a la generación de un ambiente de transparencia y apego a la legalidad por parte de todos los actores políticos y autoridades electorales. De ahí la conveniencia de garantizar una alta presencia de los mismos en todos los niveles de la estructura electoral. El contar con fiscales por centro de votación posibilita lo anterior. Asimismo, los partidos políticos y la autoridad electoral deben mejorar el diálogo entre funcionarios de la institución y los fiscales técnicos que verifiquen en sus diversos aspectos la totalidad del proceso.

La Misión aprecia la voluntad de los movimientos políticos e instituciones de la sociedad guatemalteca de contribuir a establecer un ambiente de diálogo, respeto a la institucionalidad democrática y una pacífica convivencia social. En este sentido, la Misión ha registrado diversos esfuerzos realizados por Juntas Electorales Municipales (JEM) para impulsar en distintos lugares del país espacios de diálogo y concertación para alcanzar la tolerancia entre diversos candidatos y el respeto a los resultados electorales. El diálogo es el mejor instrumento para la paz y ello viene siendo puesto en práctica en algunos municipios y departamentos, siendo deseable que este tipo de experiencias puedan ser replicadas en todo el país.

SEGURIDAD CIUDADANA

La Misión efectúa un puntual seguimiento de los eventos de violencia que han acontecido en el país y ha manifestado de forma reiterada su preocupación por la situación de inseguridad e impunidad que se vive.

Los problemas de seguridad ciudadana que aquejan a la sociedad guatemalteca se han reflejado en hechos de violencia y homicidios que han afectado a personas conectadas a la actividad política. Estos son hechos lamentables que tiene un impacto negativo en la situación de los derechos fundamentales de los principales actores políticos, como es el caso de las denuncias sobre actos de intimidación y amenazas contra candidatos y funcionarios del servicio electoral en el ámbito municipal.



No obstante que aún no se conoce oficialmente la conexión política de estos hechos, la Misión solicitó por escrito al Fiscal General de la República y a la Ministra de Gobernación, información
sobre el estado de las investigaciones relacionadas a los más de 50 hechos violentos, incluidos más de 20 homicidios, que registra la observación durante el año 2007. Asimismo, se ha dirigido a los partidos políticos solicitándoles corroboren o amplíen la información respecto a estos hechos, con el fin de contar con mejores elementos de juicio sobre posibles responsabilidades y motivaciones. Una vez que se obtenga la respuesta solicitada se realizará una valoración integral sobre estos hechos.

Sin perjuicio de ello, la Misión hace un llamado a las autoridades guatemaltecas con el fin de esclarecer estos deplorables sucesos e invoca a todos los actores políticos y sociales a trabajar de manera conjunta y concertada para avanzar en la construcción de un ambiente que garantice la seguridad ciudadana y la promoción del respeto, la tolerancia, el diálogo y la pluralidad.

El equipo de observación ha elaborado un mapa de conflictividad que ratifica que en la elección de autoridades locales y municipales existen posibles focos de violencia. Esta situación, que ya ha sido alertada por algunas instituciones, requiere que las autoridades electorales y los entes de seguridad nacional desplieguen los mayores esfuerzos para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio, así como el orden y respeto a los resultados. Dicho mapa será entregado a las autoridades respectivas en los próximos días.

La Misión ha conocido de las amenazas contra algunos de los candidatos a la Presidencia de la República, quienes han expresado públicamente esta situación. La existencia de un ambiente de amenazas y violencia impide la creación de condiciones necesarias para que la ciudadanía privilegie el debate de ideas y propuestas en este periodo de la campaña electoral, así como a los candidatos para que puedan ejercer plenamente sus actividades proselitistas.

Por esta razón, la Misión hace un nuevo llamado a las autoridades electorales, a los sectores gubernamentales y demás instituciones del Estado guatemalteco para que adopten medidas eficaces - en la esfera de sus debidas competencias- que aseguren a la sociedad guatemalteca y particularmente a los candidatos y al electorado en general, el libre, seguro y pleno ejercicio de su derechos políticos consagrados en la Constitución Política de Guatemala.

LA OBSERVACIÓN NACIONAL

La experiencia en Guatemala y en otros países ha demostrado que todo régimen democrático adquiere mayor arraigo entre la ciudadanía, a través del ejercicio de modalidades de participación ciudadana, más allá del derecho del sufragio. Estas elecciones se han enriquecido con varias iniciativas de observación nacional que dan cuenta del alto grado de madurez y de vocación democrática de la sociedad civil organizada, las cuales desde el año 2003 han acompañado los procesos electorales, incentivando su transparencia y apego a la legalidad.


En este campo de trabajo, la Misión promueve un espacio de coordinación entre dichas iniciativas de observación nacional con el fin de optimizar los recursos que cada una de ellas cuenta para acompañar este proceso, en particular el día de la elección.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación han enfatizado el seguimiento y cobertura de la actual coyuntura electoral del país. No obstante, se ha observado un tratamiento desigual en los espacios que se le brindan a las 14 opciones presidenciales que se presentan en esta elección, privilegiándose en la cobertura de la campaña política a aquellas opciones que parecen más favorecidas por encuestas y sondeos de opinión. También se ha podido observar que distintos medios de comunicación, particularmente los escritos, han manifestado sus preferencias de manera abierta a través de editoriales y artículos de opinión, dentro del marco de los principios de libertad de expresión inherente a todo régimen democrático.

Otro aspecto concerniente a los medios de comunicación es el relacionado con la difusión de los mensajes de la autoridad electoral y el apoyo en la capacitación al elector, sobre todo en torno a la mecánica del voto. Al respecto, la Misión hace un llamado a la vocación cívica de los directores de medios para que abran espacios que permitan al Tribunal Supremo Electoral difundir los mensajes relacionados con la organización de las elecciones, en especial lo relativo a la campaña educativa sobre la mecánica del voto.

En cuanto al tema que relaciona a los medios con el cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Misión se encuentra atenta a los reportes que el TSE presente en el marco de las obligaciones que tienen todos los medios de comunicación de informar sobre la utilización de los espacios de la propaganda electoral de los partidos políticos. En este sentido es necesario conocer de manera oportuna el grado de cumplimiento de estas disposiciones legales y si se ha excedido el límite de la franja electoral.

LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y LA DESCENTRALIZACIÓN

La Misión ha venido observando los esfuerzos del Tribunal para facilitar el ejercicio del sufragio a los electores de las zonas rurales del país, lo que se traduce en que 1’252,799 electores podrán ejercer su derecho a votar en la localidad donde residen. Este esfuerzo de descentralización implica activar, por primera vez en dichos lugares, una amplia organización electoral con la instalación de 3,477 JRV.

A la fecha de presentación de este reporte, la Misión considera que la campaña de información al elector, así como la campaña de información sobre el centro de votación que a él le corresponde, es insuficiente, en particular en las zonas rurales.



Por tal motivo, la Misión hace un nuevo llamado a las autoridades electorales a nivel central (TSE) y descentralizadas (JED y JEM) así como a los líderes comunitarios y religiosos y a la sociedad civil, en general, para continuar reforzando las tareas en este campo, con el fin de proveer al elector las condiciones de la mayor educación cívico-electoral.

Otro desafío importante es la capacitación de los miembros de las juntas receptoras de votos. El actual proceso electoral ha incrementado el número de JRV a 13,756, respecto a las 8,885 que se instalaron en las elecciones celebradas en el año 2003. Esta novedad del proceso electoral exige una planificación y logística particularmente compleja que permita garantizar una adecuada información sobre cada uno de los procedimientos que aplicarán al día de la elección. En este campo se debe hacer igual referencia a las exigencias que demanda la identificación de personal plurilingüe en aquellas localidades donde por primera vez se está acercando una JRV.

Por otra parte, se hace necesario generar en esta etapa del proceso una intensa campaña de motivación dirigida a todas las personas que han sido seleccionadas como miembros de juntas receptoras de votos, para que se involucren activamente en este compromiso cívico, participen en las jornadas de capacitación que se están llevando a cabo en sus municipios y, finalmente, cumplan con responsabilidad, compromiso y eficiencia su labor de ser los garantes directos del ejercicio del sufragio.

El TSE se encuentra en el proceso de elaboración y empaque del material electoral. En cuanto a la distribución, la Misión espera que el órgano electoral cuente con planes que cubran cualquier contingencia que atrase el cumplimiento del calendario electoral. Producto de la observación en el terreno y a fin de garantizar el derecho al sufragio de los pobladores de las zonas rurales del país, la Misión de la OEA ha constatado que sería importante que se considere incrementar el número de atriles en estas zonas, para así agilizar el proceso de votación.

La Misión ha tomado conocimiento del Acuerdo de la Junta Electoral Departamental de El Progreso, prohibiendo el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de video en el recinto de votación. Esta medida busca disminuir la creciente sensación entre algunos ciudadanos sobre la posibilidad de violar el secreto al voto. La Misión espera que esta decisión sea considerada por autoridades de otras juntas electorales.

EL ESCRUTINIO Y LA TRANSMISIÓN DE RESULTADOS

La Misión ha destacado los esfuerzos que se están llevando a cabo en el campo de la transmisión de los resultados preliminares. En tal sentido, ha conocido sobre las actividades del personal que opera el equipo de cómputo, fase que ha culminado adecuadamente. De igual manera se han realizado pruebas al programa (software) de captura y transmisión de resultados y, si bien este ejercicio se ha hecho de manera controlada, ha permitido conocer el alcance de esta herramienta.



Sin perjuicio de ello, es de destacar que aún no se ha realizado una prueba integral a nivel nacional y en tiempo real que permita identificar el nivel de captura, transmisión, seguridad y redes en condiciones similares a las que van a ocurrir durante el día de la elección.

La Misión también tiene conocimiento que se están realizando las copias del software requerido para la transmisión, así como el proceso de carga del mismo, a los equipos que serán enviados a los respectivos departamentos y municipios del país, actividad que deberá estar concluida antes del 5 de septiembre.

En cuanto al tema de simulacros, la Misión observó el que fue realizado el día de ayer, 26 de agosto, en la circunscripción electoral que corresponde al departamento de Guatemala. Sería muy conveniente realizar este tipo de ejercicio en otros departamentos y en particular en los 248 municipios donde se han descentralizado las juntas receptoras de votos.

Es necesario garantizar todo lo concerniente a la seguridad, eficiencia y confianza en este esfuerzo dirigido a la transmisión de resultados. Sin embargo, se debe resaltar que esta tarea no genera la proclamación oficial de ganadores, la cual sólo es posible mediante el escrutinio oficial que se realiza en las Juntas Electorales Municipales, Juntas Electorales Departamentales y finalmente en el Tribunal Supremo Electoral, que es la institución que de conformidad con la ley electoral y de partidos políticos, proclamará oficialmente los candidatos ganadores a los distintos cargos de elección popular.

DENUNCIAS

La Misión ha recibido hasta el momento doce denuncias, dentro de las cuales se encuentra el homicidio, el pasado 16 de agosto, de un candidato en el departamento de Suchitepequez. Este hecho es parte de una secuela de violencia ocurrida a lo largo y ancho del país, que genera un ambiente de inseguridad e incertidumbre ciudadana.

La Misión ha registrado también diversos hechos de intimidación que requieren ser aclarados por las autoridades correspondientes, entre ellos el caso de un funcionario del Registro de Ciudadanos del departamento de Jalapa, quien afirmó haber sido amenazado de muerte, hecho que ha denunciado ante las autoridades correspondientes.

De igual manera, la Misión ha observado en su despliegue por los departamentos y municipios del país diversos hechos que requieren atención por parte de las autoridades correspondientes, entre ellos el probable uso de recursos públicos en la campaña electoral, por lo que se exhorta a las autoridades a disponer una línea especial de denuncias y protección de identidad de denunciantes, para que el proceso electoral no se vea afectado por hechos irregulares y el uso ilegales de fondos públicos en las campañas.

Ciudad de Guatemala, 27 de agosto de 2007

Referencia: MOE-GU-RP3