Contexto


REFLEXIONES DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA SOBRE EL PROCESO ELECTORAL EN VENEZUELA

  23 de noviembre de 2006

Al instalarse plenamente la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), a diez días de la elección presidencial, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, estimó necesario transmitir una breve reflexión:

La Misión observará e informará al Consejo Permanente de la OEA, a las autoridades de Venezuela y a la opinión pública nacional e internacional, acerca del proceso electoral en sus distintas fases, desde la instalación y funcionamiento de los centros y casillas de votación, el proceso de votación y el recuento de los sufragios, señalando cualquier anomalía importante que pueda producirse en esas instancias. Cumplirá esa tarea en la medida de sus capacidades.

Todo clima preelectoral es siempre tenso y las últimas semanas en Venezuela no han sido una excepción. Pero al margen del intercambio de acusaciones, de las descalificaciones y las sospechas que han rodeado el debate, en definitiva lo que cuenta son dos aspectos centrales:

1) que la ciudadanía tenga la posibilidad de votar sin presiones de ninguna especie, en la certeza de que el secreto de su voto está plenamente garantizado. Ello significa crear las condiciones para que el ciudadano tenga plena confianza en el proceso y seguridad de que su voto no está siendo condicionado.

2) que el escrutinio y la totalización de los votos se realice de manera íntegra y transparente, con la necesaria presencia de los representantes de las respectivas alianzas. Ello implica realizar el escrutinio y la totalización de manera que tanto los candidatos como los observadores tengan todos los elementos que les permitan verificar los resultados.

Tenemos la convicción de que el Consejo Nacional Electoral, único órgano habilitado para adoptar las decisiones que atañen al proceso electoral, actuará para garantizar a todos los venezolanos estos dos derechos fundamentales. Al mismo tiempo, esperamos que sus decisiones y competencias, adoptadas en el marco de la ley, sean respetadas por todos.

Caracas, 23 de noviembre de 2006

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