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Informe verbal de la Misión de Acompañamiento Electoral en Nicaragua

Este Informe presenta al Consejo los hechos comprobados por la Misión de Observación Electoral de las elecciones en la República de Nicaragua que tuvieron lugar el 6 de noviembre pasado.

Informaremos sobre lo visto y comprobado, evitando conjeturas.

Por medio de carta fechada 09 de septiembre de 2011 el gobierno de Nicaragua invitó a la Secretaría General/OEA a observar las Elecciones Generales del 6 de noviembre de 2011 en Nicaragua.

El 9 de septiembre de 2011 el Secretario General confirmó la disposición de la OEA para observar el proceso electoral, sujeto a la disponibilidad de recursos financieros.
El Acuerdo de Inmunidades y Privilegios fue firmado en Managua el 27 de septiembre entre el Secretario General y Manuel Coronel Kautz Viceministro de Relaciones Exteriores.
El Acuerdo de Procedimientos fue firmado en Managua el 27 de septiembre entre el Secretario General y Roberto Rivas, Presidente del Consejo Supremo Electoral.

En ambos acuerdos se estableció que por el término “acompañamiento” mencionado en los mismos, se entendía “observación electoral” conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico de la OEA, incluyendo a la Carta Democrática Interamericana.

La Misión estuvo compuesta por 65 miembros provenientes de 18 países, de los cuales 17 son Estados miembros de la OEA y de un país observador. La composición por género fue de 55 % de hombres y 45% de mujeres.

En la etapa de preparación nuestros coordinadores visitaron todos los departamentos y recorrieron el territorio. Antes de su instalación definitiva el Jefe de Misión realizó dos visitas al país durante las cuales se entrevistó con el Presidente de la Republica y todos los candidatos de la oposición. Durante este período y hasta la finalización de las actividades se mantuvo un dialogo permanente y fluido con el Consejo Supremo Electoral.

Uno de los propósitos de la Misión es cooperar en la resolución de los problemas que se presentan en el territorio, antes y durante la jornada electoral. De esta manera, en numerosas ocasiones actuamos para transmitir a la autoridad electoral los inconvenientes e incidentes que nos eran comunicados por los partidos políticos. Esta función ocupó, de hecho, gran parte de la actividad del grupo base y la jefatura de la Misión instalada en Managua.

Los comentarios en este informe se realizan únicamente para el período de presencia de la Misión y, por consiguiente, no se refieren hechos que acontecieron previamente a su instalación.

El marco normativo en que se desarrolló el proceso electoral contiene, a entender de la Misión, procedimientos con fallas estructurales que vienen de larga data, desde 1996. En este Informe se señalan algunas de las cuestiones más relevantes, las que, a juicio de la Misión, deberían revisarse con urgencia. Parte de los problemas observados durante la permanencia en Nicaragua, y que produjeron, dificultades en el desenvolvimiento de las elecciones, encuentran su origen en algunas de esas normas.

Además de las dificultades y anomalías observadas, un tema de naturaleza diferente marcó a nuestro juicio el proceso electoral: las reiteradas menciones y denuncias de posibles brotes de violencia, hechas por varios candidatos presidenciales. Ese ambiente requirió de parte de la Misión una cuidadosa evaluación de sus comunicados y contactos con los actores políticos de manera de ayudar, en todo momento, a un desarrollo pacifico del proceso. Por ello resultó un avance para la paz, que no haya existido un estado general de alteración del orden público, a pesar de las predicciones en contrario.

Simultáneamente a la presencia de la Misión de la OEA se destaca la de la Unión Europea, con quien se mantuvo un contacto permanente. Asimismo, varias representaciones internacionales estuvieron en el país durante este período, aunque no tenían previsto cumplir con las tareas de observación como las de la OEA y la UE.

A pesar de un desarrollo relativamente regular del proceso, existieron situaciones preocupantes que indican la necesidad de una acción rápida por parte de las autoridades. Esos cambios no sólo mejorarán las elecciones en el futuro sino que serán una señal positiva del compromiso de las autoridades en el perfeccionamiento de los procedimientos electorales.

Cabe señalar que distintos protagonistas de la política nicaragüense se han pronunciado a favor de introducir reformas a la ley de partidos políticos o al sistema electoral.

En primer lugar, comprobamos casos en los que organizaciones no gubernamentales que quisieron participar de la observación electoral, no fueron autorizadas, entre ellas Hagamos Democracia e IPADE. La Misión expresó, al respecto, su preocupación ante las autoridades a la vez que solicitó, reiteradamente, que se las acreditaran para la observación. Esas diligencias no tuvieron éxito En segundo lugar, un sector interno de uno de los partidos políticos presentó un pedido de inhibición de candidatos a diputados ante el Consejo Supremo Electoral y varios sectores internos del mismo partido presentaron recursos de amparo ante la Corte Suprema deJusticia. Fueron recursos de amparo presentados por tres sectores del Partido Liberal Independiente, Ninguna de estas peticiones ha sido resuelta hasta la fecha.

En este contexto, esperamos que la Corte Suprema de Justicia resuelva dicha cuestión a la brevedad, poniendo fin al actual estado de incertidumbre. Si existiere una resolución judicial que impidiere a un diputado electo asumir sus funciones, luego que su candidatura fue habilitada por el Consejo Supremo Electoral, este hecho constituiría una grave alteración de la voluntad popular.

En tercer lugar, la normativa relacionada con la acreditación de fiscales de los partidos o alianzas políticas, tuvo deficiencias de gestión y confusión de los trámites y plazos, que se tradujeron en la entrega tardía de acreditaciones de las sustituciones solicitadas el día antes, para alrededor de 9000 fiscales de la Alianza PLI, que se concretó de manera apresurada, y a menos de 24 horas del inicio de los comicios. El Jefe de Misión y varios de sus miembros debieron actuar personalmente durante los días previos para asegurar la entrega de acreditaciones a los fiscales partidarios.

Este tipo de situación, se deriva de una normativa que se considera excesiva e innecesariamente rígida y centralizada, ya que debería corresponder a los partidos la determinación exclusiva de quienes los representarán en cada una de las Juntas Receptoras de Votos del país.

En cuarto lugar, durante su permanencia, los observadores comprobaron la existencia de dificultades para la entrega de las cédulas que habilitan a la votación.

En quinto lugar, la existencia de la norma que establece la composición partidaria de las Juntas Receptoras de Votos, responde a una realidad del pasado político, que no se justifica en la actualidad. La composición actual sólo garantiza la presencia dominante de miembros de mesa de dos partidos políticos y genera una presencia desmejorada de las demás fuerzas políticas. Esto tiene como desventaja, desnaturalizar el rol de los miembros de mesa, que en la práctica terminan asumiendo funciones de control, propias de los fiscales de partido. En la práctica este tipo de normas dejó casi sin presencia en las JRV al Partido Liberal Independiente.

La Misión sugiere desvincular las autoridades de las mesas electorales de la pertenencia a partidos políticos.
En este aspecto se llama la atención de la gravedad que pudiere tener una eventual resolución de la CSJ o del CSE que ordenare la reorganización del PLI, ya que ésta podría implicar la exclusión de la segunda fuerza electoral.

En sexto lugar, durante nuestra permanencia en el país, se registraron diversos hechos de violencia en el territorio que si bien no llegaron a propagarse, constituyen hechos graves.

Esa situación resultaba muy preocupante en la medida en que, en nuestros diálogos con todos los sectores políticos, la cuestión de un probable enfrentamiento armado, fue reiteradamente señalada.

En un país que fue asolado durante años por la guerra, este tipo de advertencias sumadas a los hechos indicados, fueron motivo de seria preocupación y guiaron en gran parte los criterios que aplicó la Misión en sus declaraciones públicas, tratando de no aumentar la tensión social.

Una serie de hechos, que tuvieron muy serios efectos sobre nuestra tarea, sucedió durante el día de la votación. Las JRV se debían constituir a las 7 de la mañana. A partir de esa hora y hasta alrededor de las 9, en 10 mesas se impidió el ingreso al local de votación de nuestros observadores.
A nadie puede escapar la importancia que tiene la presencia en la apertura de una mesa electoral. Su monitoreo es decisivo para estar en condiciones de evaluar el funcionamiento de la mesa y es una parte necesaria para la evaluación del conjunto según nuestra metodología.

Tómese en cuenta, que la Misión elige los lugares donde estarán presentes sus miembros a partir de una muestra representativa del total de mesas. Una alteración como la que tuvimos, obstaculizó gravemente la posibilidad de formarnos un criterio fundado sobre el funcionamiento del conjunto. En el 20% de las mesas elegidas en nuestra muestra no pudimos presenciar su apertura. Esto constituye una alteración seria para nuestra evaluación y un incumplimiento del Acuerdo de Procedimientos.

Se presentó una nota verbal ante el Consejo Supremo Electoral denunciando esta situación copia de la cual, con el detalle de las mesas a las que no se tuvo acceso, están anexas en la versión escrita de este informe. En cuatro casos, se produjo una situación similar a la hora del escrutinio, lo que impidió a los observadores estar presente en ese otro momento decisivo del día electoral.

Reiteradamente, solicitamos a la autoridad electoral la solución de este problema. Pero cuando fue superado luego de las 8 de la noche, el escrutinio ya había concluido en los lugares afectados.

En el resto de las mesas en que participamos los procedimientos fueron considerados en su conjunto como normales.

También hubo denuncias por parte de partidos de oposición y de gobierno. Todas ellas están siendo evaluadas en la medida de nuestras posibilidades.

Analizados todos los elementos anteriores y contando con la información técnica que la Misión pudo recoger, estamos en condiciones de adelantar las siguientes recomendaciones:
1. Promover una reforma del mecanismo para la acreditación de fiscales, mediante una fórmula que cautele una mayor autonomía de los partidos políticos para la acreditación de los mismos.

2. Promover una reforma del criterio para la composición de las JRV, procurando que estén compuestas por ciudadanos, sin consideración de su pertenencia partidaria. De esta forma se fortalece el rol de los fiscales de partidos y permite un mayor compromiso de la ciudadanía con el proceso electoral.
3. Mejorar el proceso de cedulación y la gestión en la entrega de cédulas de identidad, de manera tal de evitar que sea un tema de naturaleza electoral, sino, la consagración plena del derecho a la identidad.

Por otro lado, expresamos nuestra seria preocupación por el incumpliendo del Acuerdo de Procedimientos. Los hechos derivados de ese incumplimiento han impedido cumplir plenamente los objetivos de la Misión.

El Consejo Supremo Electoral informó sobre el resultado de las elecciones los cuales indican que el Presidente Daniel Ortega fue reelegido. Al momento que se presenta este informe, una semana más tarde que se divulgara esa información, no se han conocido pronunciamientos en su contra por parte de ningún Estado y, en consecuencia, por ningún miembro de esta organización.

La Misión realiza monitoreos de control a efectos de cotejar resultados. A pesar de los inconvenientes indicados que impidieron ejecutar esa tarea en forma adecuada, sus resultados son semejantes con los emitidos por el Consejo Supremo Electoral.También tuvimos conocimiento de procedimientos similares con las mismas conclusiones.

La Misión extiende sus saludos a todos los ciudadanos y ciudadanas electos durante la jornada del pasado 6 de noviembre.

Agradecemos la contribución de los países que nos han permitido llevar adelante nuestras tareas: Estados Unidos, España, Canadá, Bolivia, México, Argentina, Italia, Serbia y Confederación Helvética.

Referencia: S-41