La celebración de este Grupo Consultivo es la oportunidad de Guatemala de hacer el balance de su proceso de paz, y renovar nuestra voluntad, con el acompañamiento de la comunidad internacional, para darle un nuevo impulso a los compromisos aún pendientes y en curso. 

Esta es una ocasión propicia para agradecer a nuestros amigos de la comunidad internacional –tanto gobiernos como sociedades civiles- por su interés y respaldo a Guatemala. Durante dos décadas de difícil transición democrática, que ha significado una lucha tenaz en defensa de los derechos humanos y un arduo trabajo de edificación de la paz, hemos visto su esfuerzo, conocimos su solidaridad y aprendimos a admirar su disciplina y persistencia.  

Nuestra felicitación al Presidente Enrique Iglesias por liderar la organización de este Grupo Consultivo. Le agradecemos a don Enrique Iglesias y a don César Gaviria, por su resuelta disposición a favor del desarrollo y la gobernabilidad en nuestro país. 

Esta es la comparecencia de un país que quedó destruido por “la guerra civil más cruel que conoció América Latina en el Siglo XX”, como afirma, con toda razón, la Revista Internacional de Harvard en su edición de este mes de febrero.  Venimos a hablar de logros, quizá modestos, pero que tienen significado en nuestra historia. Venimos a reconocer insuficiencias, dificultades y frustraciones, que nos enseñan a comprender la complejidad de la tarea de la paz. 

Sin embargo, la edificación de la paz es un imperativo ante el cual ningún pueblo puede claudicar. 

Este es un Grupo Consultivo muy participativo. No creo equivocarme si afirmo que es el más participativo de los que se ha celebrado. Comparecemos con toda libertad y plenos derechos, los tres poderes del Estado, los partidos políticos y amplias expresiones de la sociedad civil. Esta participación es muy significativa porque simboliza que ha concluido el ciclo en que Guatemala se veía a sí misma como una sociedad homogénea y patrimonial, y comienza a asumirse como una sociedad plural, multiétnica y moderna. 

En este cónclave oiremos, como es natural, voces disonantes, pero, por encima de las diferencias, tengo la convicción de que prevalecerá el compromiso con la paz y la democracia, y el anhelo de bienestar y justicia social, de todos nosotros. 
La negociación y firma de los Acuerdos de Paz fue un acto de coraje, y así lo va a registrar la historia. Construir y mantener la paz es el arte político del equilibrio y las decisiones oportunas que rompen los modelos anacrónicos. Y es que la apuesta por la paz siempre es alta. Debemos trabajar simultáneamente en profundizar la democracia y sus formas de participación, especialmente de los pueblos indígenas y las mujeres. Organizar un país donde prevalezca la ley, la seguridad y la justicia. Erradicar la corrupción, que es ruinosa para el desarrollo y erosiona la confianza y la responsabilidad públicas. 

A la vez, debemos liberarnos del patrimonialismo, modernizar la economía, abrirla y hacerla competitiva. Y quizá la tarea de la paz más importante: atrevernos a remover los factores de desigualdad y pobreza, que nutren la conflictividad social. 

La democracia y la paz no pueden ser sostenibles manteniendo al 56% de la población con dos dólares al día y a otro 27% con un dólar diario; a un 44% de los pobres como analfabetos y, en promedio, con menos de dos años de escolaridad. La paz no es compatible con un sistema que genera altos niveles de subempleo y desempleo; amplios déficit de vivienda y de servicios de saneamiento; gravosas dificultades para acceder a recursos productivos, como la tierra y el crédito; y un cuadro de pobreza con inconfundible rostro indígena y de mujer. 

El Estado es débil, está atado de manos para cumplir sus funciones Constitucionales básicas y los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz. Posee la carga tributaria más baja de América Latina, que se ha situado en alrededor del 8% en los últimos 40 años.
 
La semana pasada Robert Zoellick, Representante de Comercio de Estados Unidos, dijo ante la OEA que el reto que cruza a América Latina en este momento, es llevar adelante la democracia y al mismo tiempo modernizar la economía.

Atrincherarse en el aislacionismo internacional, mantener el proteccionismo o acudir al recurso del populismo, ya no tiene viabilidad en el mundo globalizado del Siglo XXI. 

En ese espíritu, saludamos el gesto de apertura del Presidente Bush hacia Centroamérica. Queda ahora en manos de los centroamericanos coordinar una política conjunta de negociación para traducir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en una oportunidad para el desarrollo con equidad y el afianzamiento de la paz y la democracia en nuestros países. 

Para Guatemala es significativo que aún en los momentos de incertidumbre que atraviesa la economía internacional y de grave exposición de la seguridad global por el desafío terrorista, estemos revisando un proceso de paz que no ha sido fácil, pero que se ha mantenido como una de las conquistas históricas más relevantes para guatemaltecos en el Siglo XX, y que a la vez se puede contar como uno de los logros de la comunidad internacional después del final de la guerra fría. 

Nuestra primera constatación es que los Acuerdos de Paz están vigentes y constituyen la agenda nacional más completa de la que se ha dotado nuestro país para alcanzar la reconciliación, profundizar la participación ciudadana, reformar al Estado y lograr el desarrollo social con equidad y justicia. 

Después de cinco años de vigencia, podemos dar testimonio que los Acuerdos de Paz han constituido un aporte insustituible para el desarrollo democrático de Guatemala. La clausura del enfrentamiento armado; la incorporación activa de los revolucionarios a la vida política, social y económica del país; el desmantelamiento de los aparatos oficiales de control y represión; la apertura de espacios de construcción participativa de proyectos, leyes y políticas públicas, así como el fortalecimiento de la agenda de desarrollo nacional –incluyendo temas que hasta hace pocos años estaban proscritos-, constituyen logros nada despreciables del proceso de paz.  La agenda de la paz se ha visto enriquecida en los últimos años con la discusión más amplia y pedagógica que hemos conocido sobre la cuestión fiscal; con el esfuerzo, tirante, para elevar la recaudación y mejorar la administración tributaria; asimismo, con la elaboración de un plan fiscal integral que permitirá dotar al Estado de una política de largo alcance. 

El país ha actualizado el tema de los derechos laborales compatibilizando su legislación con la OIT, lo cual significó revisar códigos, normas y estructuras, como no se hacía en 50 años. La política educativa ha recibido especial énfasis con la puesta en marcha de la reforma educativa, la reforma curricular y el programa de profesionalización de los maestros. El plan de alfabetización masiva, los programas de educación bilingüe, el apoyo a los niños de escasos recursos y los programas de nutrición escolar, constituyen esfuerzos que deben ser sostenidos y profundizados hasta alcanzar cambios cualitativos. De la misma manera, la política de salud preventiva y la ley de desarrollo social, que buscan abatir inaceptables tasas de mortalidad materno infantil. 
Guatemala ha acelerado los programas de acceso a la tierra y el establecimiento de un programa catastral. Nuestro país cuenta, por convicción propia, con una estrategia de reducción de la pobreza. Ahora nos preparamos a discutir una política nacional agraria y una política de desarrollo rural que permita dotar al Estado de institucionalidad y abra alternativas de producción y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
 
La histórica conflictividad de la tierra, las disputas laborales y de derecho de propiedad, así como las demandas sociales, están siendo canalizados a través de instancias de intermediación, que no sustituyen a los tribunales, sino que refuerzan la confianza en la capacidad del diálogo y la negociación para dirimir controversias. 

Guatemala ha inaugurado una política de derechos humanos que tiende a la reconciliación y al reconocimiento de responsabilidades históricas del Estado, como una forma de procesar el pasado traumático y sentar bases para que en el futuro nunca más permitamos la barbarie. Hace falta mucho por hacer en materia de derechos humanos, especialmente en el campo de la prevención, la investigación y la sanción, que corresponde a los tribunales de justicia. El terreno de la libertad de expresión, que hoy gozamos, debe ampliarse hacia la libertad de información, lo cual incluye democratizar el acceso a los medios escritos y las frecuencias radio televisivas. 

El Ejército está sujeto a la autoridad civil legítima, su ideario y agenda de trabajo están íntimamente comprometidos con las faenas de la paz. Debemos continuar despojándolo de los últimos vestigios de las viejas doctrinas de guerra fría. 

Hemos dado los primeros pasos para adecuar al Ejército a funciones de defensa y tenemos insumos de la sociedad para una doctrina militar, la cual quedará definida en el transcurso de este año. La función civil en seguridad y defensa empezó prácticamente de cero en los casos de la seguridad de la Presidencia y de la inteligencia estratégica. El sistema de seguridad pública sin embargo tiene falencias estructurales que no logramos superar, a pesar de ciertos avances en el control del delito. 

La paz es un proceso y sus frutos son producto de la justicia y la solidaridad. 

La pedagogía de la paz y la educación cívica, tan necesarias en la etapa de pos conflicto, son herramientas que hemos usado muy poco los guatemaltecos para ganar adeptos para la paz y concitar un consenso nacional inapelable. La derrota de la Consulta Popular de mayo de 1999 reveló el déficit político de la paz y las dificultades para sustentar las transformaciones de fondo. 

Quienes creemos en los Acuerdos de Paz tenemos razones suficientes para mostrarnos insatisfechos por los rezagos en su aplicación, los lentos avances sustantivos y su bajo impacto en la vida cotidiana de la gente. 

Y es que no ha habido un vuelco sustancial en las condiciones de vida material de la mayoría. El deterioro del ingreso, de la seguridad pública y, en general, de la calidad de vida, ha continuado persistentemente durante los años de la democracia y vigencia de la paz. ¡Los municipios en Guatemala que registraban indicadores alarmantes de pobreza extrema y desnutrición, crecieron de 52 a 102 durante los últimos 17 años de regímenes civiles democráticamente electos! 
Probablemente fuimos optimistas con la firma de los Acuerdos de Paz. Creímos en la permanencia y compromiso de sus actores centrales, descuidamos el criterio de inclusión y no sometimos a debates amplios las prioridades y procedimientos. 

Nos pusimos de acuerdo con lo que queríamos, pero exploramos muy poco “cómo” hacerlo, de qué manera procesar tantas metas. Nos hizo falta otros acuerdos nacionales para ordenar y priorizar los Acuerdos. Los partidos políticos deberían generar un terreno común de acuerdo con respecto de la Paz.

Los Acuerdos no pueden quedar fuera de las agendas de las instituciones del Estado, las cámaras empresariales, las organizaciones populares y los medios de comunicación.  Los déficit de los Acuerdos de Paz son, en última instancia, déficit de consenso social, de cultura política y de institucionalidad civil y política.

Estamos sobre el penúltimo año de vigencia del calendario de los compromisos de paz. MINUGUA ya inició los preparativos para salir del país a finales de 2003. MINUGUA ha cumplido una tarea meritoria en la verificación de los acuerdos y el análisis de nuestros puntos críticos. Ese papel, sobre todo referido al tema de los derechos humanos, debe mantener su alta calidad, objetividad y balance. 

Los guatemaltecos debemos discutir cómo vamos a trabajar la transición en la víspera del término del calendario de la paz. Es claro que debe fortalecerse las capacidades locales, tanto del Estado como de la sociedad civil. El manejo de esa transición es muy delicado por la coincidencia del proceso electoral. Por eso las condiciones de un diálogo nacional o de cualquier otra forma de concertación sobre el futuro de la paz y las tareas sustantivas de la democracia, se tienen que construir en los próximos meses. 

Por otro lado no podemos cerrar los ojos a los serios problemas sociales y de gobernabilidad que acusan las localidades, debido a la crisis del viejo modelo de privilegios y las consecuencias del terror. Debemos construir el modelo alternativo de gobernabilidad democrática con las herramientas que nos ofrece la agenda de la paz. 

Hemos avanzado en la instalación de una institucionalidad democrática, pero debemos reconocer los desencuentros entre la democracia lograda y las necesidades de la sociedad, especialmente en lo que se refiere a bienestar económico, seguridad social, personal y jurídica.  

Somos resultado de varias décadas de mal funcionamiento de la democracia, pero como país sólo podemos sobrevivir salvando y mejorando el régimen democrático. A nosotros nos corresponde procesar una acumulación histórica de necesidades. 

La desigualdad es la razón por la cual no aprovechamos mejor los ciclos de crecimiento económico. Nuestro país está menos equipado para enfrentar los cambios con creatividad y ventajas. Muchas estructuras, instituciones y políticas, como no están hechas para la mayoría de la población, resultan ineficientes e inadecuadas. 

No veo tendencias autoritarias ni militaristas en Guatemala. Lo que ocurre es que nuestra democracia no pasa el examen de la eficiencia y la transparencia. El poder democrático debe sustentarse en la legitimidad, autoridad y credibilidad de sus liderazgos, y edificarse en la eficiencia y transparencia de sus instituciones. Alcanzar esos atributos de una democracia madura requiere tiempo y estabilidad. La estabilidad de las instituciones es una condición necesaria para alcanzar los frutos económicos y sociales que la ciudadanía espera de su democracia.
 
Nuestro modelo de crecimiento económico agotó su ciclo. Hoy tenemos la oportunidad de crear, en un clima de paz, un modelo menos desigual y concentrador del ingreso; no discriminatorio de la condición de etnia y de género; fundamentalmente descentralizado; basado en la organización social, en el trabajo y la libertad de empresa; que estimule la creación, la libertad de pensamiento y de expresión. 
El desafío de nuestro país consiste en identificar las oportunidades que se nos presentan en un mundo globalizado, y tener capacidad para constituir políticas públicas mediante consensos. También tenemos el desafío de construir capacidades estratégicas para enfrentar los costos del cambio. Estamos a tiempo de operar una profunda reingeniería del sistema de producción agropecuaria y en particular de la producción del café.
 
Esta etapa no es propicia para dogmatismo ni rigideces. Nuestro desafío, como país, es configurar el bien común en una sociedad pluralista y cada vez más abierta, transformando el actual Estado, cuyas funciones y capacidades son limitadas, y cuyo aparato envejecido que tenemos que reconstituir. No vamos a volver al intervencionismo estatal. 
El nuevo modelo de desarrollo debe contar con un Estado fuerte, capaz de establecer los eslabones sociales de los excluidos a través de la educación y el acceso a la tierra. Tenemos las condiciones para construir, mediante acuerdos nacionales, el Estado que cumpla la tarea reguladora a fin de asegurar el bien común y proteger a los consumidores que están cautivos por la ausencia de competencia, ofertas alternativas y carencia de información. 

Debemos levantar una tarea solidaria del Estado, que significa la defensa de los más débiles y el esfuerzo de cohesión social. Y este concepto debe ser trasladado a nuestras relaciones con el mundo, pues así como se globaliza la economía también debe globalizarse la solidaridad, en el sentido de que debe incluirse en las relaciones comerciales, financieras y de intercambio entre Guatemala y otras naciones y bloques económicos. El acceso a los mercados de los países desarrollados es esencial para la salud económica de países como el nuestro. 

Por eso resaltamos la importancia de la política educativa, la capacitación laboral y tecnológica. Es preciso estimular la creación de vínculos entre empresarios, universidades y el Estado, a fin de garantizar el espacio de creación y búsqueda de competitividad y de regulación de la competencia. 

Incorporar mayor valor agregado a las materias primas que hoy se exportan, desarrollar proveedores de las empresas que hoy importan componentes, y conformar redes productivas con capacidad exportadora a partir de las pequeñas y medianas empresas, esto debe ser prioridad de un nuevo modelo de desarrollo que dé sustento a la paz. Al hacerlo estaremos construyendo lazos entre sectores modernos y dinámicos de la economía con el resto de la sociedad, que es lo que este país necesita para integrarse. 

Debemos reivindicar una tarea estratégica para Guatemala, que es discernir sobre el futuro, trabajar más sobre las causas de los problemas sociales y no tanto sobre sus efectos. 
La paz y la democracia sólo son sostenibles si hay justicia para todos.
 
Muchas gracias.