Discursos

RICHARD MEGANCK, DIRECTOR DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
ANTE EL COMITÉ DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS

18 de noviembre de 2002 - Washington, DC


INTRODUCCIÓN

Me honra presentar al Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente una síntesis de las actividades cumplidas por la Unidad para el Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en relación con el tema de los derechos humanos y el medio ambiente.

A lo largo de los años, la OEA ha adoptado diversos instrumentos internacionales que sirven como base para la promoción y la protección de los derechos humanos. En 1988, la Asamblea General de esta organización abrió a la firma el protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como el Protocolo de San Salvador. En el Artículo 11 de este documento, sobre el derecho a “Derecho a un Medio Ambiente Sano” se afirma lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

MANDATOS Y REFERENCIAS JURÍDICAS

En 2000, la Asamblea General de la OEA reunida en Costa Rica puso de relieve, mediante la resolución 1819, la importancia de ampliar el estudio de los vínculos entre el medio ambiente y los derechos humanos. La Asamblea General más reciente, reunida en Barbados en junio de este año, aprobó la resolución 1896 mediante la cual dispuso, y cito, “continuar acompañando el tema, poniendo especial atención a los trabajos que los foros multilaterales relevantes vienen desarrollan sobre el mismo”. Esta resolución también instó a la cooperación institucional en el ámbito de los derechos humanos y el medio ambiente, en especial entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unidad para el Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

Conforme a su compromiso de contribuir al cumplimiento de los términos de esta resolución, la Unidad aceptó una invitación del Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente para participar en una audiencia de carácter general, organizada por solicitud de dicha entidad, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La sesión tuvo lugar el 16 de octubre de este año y se dedicó al tema de los efectos de la degradación del medio ambiente en el ejercicio y goce de los derechos humanos en el hemisferio.

La participación de la Unidad en esta audiencia representa su compromiso de contribuir al análisis que deben llevar a cabo los estados miembros en cumplimiento de las resoluciones de la Asambleas General. Representa, asimismo, el compromiso de la Unidad de continuar trabajando en estrecho contacto con organizaciones de la sociedad civil en cuestiones relacionadas con este tema, acorde con los principios de participación pública en la toma de decisiones para un desarrollo sostenible adoptados por el CIDI en 1999. Con esa finalidad, hemos trabajado muy de cerca con el Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, de la Argentina, y con el Centro de Derecho Internacional Ambiental, con sede en Washington, DC. Ambas instituciones, como quizá sepan los distinguidos delegados, son organizaciones de la sociedad civil acreditadas oficialmente ante la OEA.

Hemos seguido con sumo interés y satisfacción el trabajo que este Comité y la Asamblea General han llevado a cabo en material de medio ambiente y derechos humanos y, como Director de esta Unidad, aprovecho esta oportunidad para asegurar nuestro más decidido compromiso de trabajar estrechamente con la Comisión en la ejecución de este mandato.


LOS DERECHOS HUMANOS Y EL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE

Señor Presidente, quisiera mencionar los resultados de una encuesta reciente realizada por Environics de Toronto, Canadá, en veinte países que suman el 65% de la población mundial. Se constató que la mayoría de los respondientes indicaba la protección de los derechos humanos y del medio ambiente como cuestiones que exigen salvaguardias internacionales más vigorosas y controles obligatorios. Hoy día hemos llegado al entendimiento de que los derechos humanos deben formar parte integral de las relaciones internacionales y organizaciones como la OEA deben seguir empeñadas en su promoción y cumplimiento. Su relación con el medio ambiente parte del discurso de la necesidad que tiene la humanidad de protección contra los abusos y del derecho a llevar una vida digna, en un entorno de igualdad y sin discriminación.

En la historia de la humanidad no hay precedentes de la celeridad con que estamos alterando el medio ambiente, del alcance de esa alteración y de las consecuencias de esos cambios para la diversidad biológica, la calidad del agua y de otros recursos, así como de los bienes que éstos rinden. Dicho esto, la alteración del estado natural de cualquier región es una consecuencia inevitable del desenvolvimiento humano, pero el desarrollo sin control ni planificación puede, con el tiempo, malograr, a veces de manera permanente, futuras oportunidades de desarrollo.

La clásica definición del desarrollo sostenible del Informe Brundtland, de 1987, señala que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Mis reflexiones sobre el tema incluyen ahora la perspectiva más amplia del mejoramiento de la condición humana merced al crecimiento viable de la libertad. Los activos de cualquier sociedad comprenden algo más que la tierra, el capital y el trabajo, y cuando me refiero a libertades esenciales no sólo pienso en las oportunidades económicas sino también en la ampliación de la participación política y de las oportunidades sociales. El debate público abierto, a menudo sofocado en una sociedad autoritaria, reviste una importancia crucial para configurar una vida humana más completa y para reforzar la noción acerca de la necesidad de administrar mejor los recursos básicos del suelo, el agua y la atmósfera. Los derechos de propiedad, el régimen de derecho, la transparencia en la toma de decisiones, un sistema judicial independiente y hasta la confianza son importantes. La consideración de las personas como “agentes” que pueden ejercer sus libertades en forma dinámica para la consecución de cambios positivos y no como “pacientes” cuyas necesidades debe atenderse, brinda muchas recompensas.

En un artículo publicado por The Economist en 1999, el conocido economista Jeffrey Sachs destacó el argumento de que, a menos que se corrija los efectos de la degradación del medio ambiente en los recursos básicos, las soluciones a largo plazo posiblemente fracasarán, cualquiera sea el nivel de las inversiones. En este sentido es ilustrativo el análisis del problema del acceso a caudales suficientes de agua dulce de calidad. La lucha por el agua será uno de los problemas más graves de este siglo, afectará a todas las sociedades del mundo y girará en torno a conceptos tan diversos como la soberanía, la seguridad nacional, la cultura, los derechos humanos y los modelos de desarrollo económico. El hemisferio americano es rico en recursos hídricos, pero hay regiones que padecen los efectos de sequías graves y prolongadas, así como el impacto de la contaminación de sus fuentes de abastecimiento de agua dulce. En 2005, el 70% de nuestra población residirá en zonas urbanas y, sin embargo, el 70% de nuestro uso actual de agua corresponde al sector agrícola y este último porcentaje va en aumento.

La economía del agua se ha convertido en una cuestión de desarrollo y supervivencia, porque la falta de agua afecta las vidas de millones de personas en todo el planeta y el del agua es un mercado de US$200.000 millones anuales, que crece a una tasa asombrosa de 6% anual. Empero, las decisiones relativas a la asignación y la distribución del agua, deben incluir el principio de que el acceso a este recurso natural constituye un derecho humano fundamental y que no debe basarse solamente en la capacidad de pago.

Ríos y depósitos se secan a medida que las poblaciones crecientes literalmente luchan por una fuente de vida que se reduce. Según las Naciones Unidas, cuando la población mundial llegue a 8.000 millones de personas, en 2025, el número de las que sufren un abastecimiento de agua inadecuado, que hoy suman 2.000 millones, ascenderá a 6.000 millones. De acuerdo con informes de la OMS y la OPS, la falta de agua potable y saneamiento también guarda relación directa con el alto grado de enfermedades en los países en vías de desarrollo. Cada día mueren 35.000 niños por deshidratación, disentería y parásitos transmitidos por el agua. Si hemos de alcanzar la meta de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, de reducir a la mitad el número de personas que carece de agua potable para 2015, no podemos soslayar estas dolorosas realidades.

Esas presiones sobre el medio ambiente obedecen a una combinación del crecimiento de la densidad de población urbana catalizado en gran medida por la degradación de la base de recursos naturales que crea una nueva clase de ciudadanos que llamaré “refugiados ambientales”, el aumento del consumo per cápita, el agotamiento de sistemas de recursos críticos y las instituciones y políticas inapropiadas para la ordenación de los recursos naturales. Debo mencionar, también, que la falta de voluntad política y la corrupción constituyen elementos problemáticos de este proceso. Es evidente que la sociedad moderna n guarda equilibrio con la disponibilidad de recurso y la tecnología usada para explotarlos.


DINÁMICA DE LA SEGURIDAD AMBIENTAL

Quisiera también aprovechar esta oportunidad para señalar que la seguridad ambiental reviste especial importancia en las Américas, donde las economías dependen de los recursos naturales y existen poblaciones urbanas grandes y crecientes. Este aspecto guarda estrecha relación con el debate en torno a los derechos humanos y el medio ambiente que conduce este Comité.

Sobre la seguridad de los estados de las Américas se cierne la amenaza de una variedad de problemas ambientales que incluye las pautas de desarrollo que colocan a las comunidades ante un riesgo creciente de desastres naturales, los efectos del aumento de la población en el largo plazo y las decisiones sobre el uso de la tierra. Hay, además, una serie de factores materiales sobre los cuales, virtualmente, carecemos de control. Por ejemplo, en este hemisferio existen alrededor de setenta y dos cuencas hidrográficas internacionales y sabemos que la contaminación no respeta las fronteras políticas, sea que se expanda por agua o por el aire.

Las economías basadas en los recursos son vulnerables frente a las amenazas a la seguridad, porque la estabilidad económica y los medios de vida dependen de un acceso racional y coherente a los recursos que impulsan el crecimiento económico. Resulta interesante que en el Informe de las Naciones Unidas sobre el Milenio, se haya tratado el aire, el agua y el suelo puros en el capítulo del alivio de l pobreza y no el de la calidad del medio ambiente.

Varias constituciones nacionales de la región garantizan el derecho a un medio ambiente limpio, seguro y saludable. Este reconocimiento fundamental de los derechos ambientales, coloca claramente a las poblaciones humanas y su relación con el medio ambiente en el centro de la noción de seguridad nacional que posee el estado. La conciencia respecto de estas cuestiones crece rápidamente.

Cuando rendí testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la relación entre el medio ambiente, estos conceptos ocuparon el primer plano.

El proceso de las Cumbres de las Américas ha fomentado una mayor conciencia de los vínculos entre los derechos humanos, la propiedad y el medio ambiente. Creo firmemente que este hemisferio debe seguir promoviendo el diálogo entre todos los sectores de la sociedad a propósito de las cuestiones fundamentales que atañen al desarrollo económico y social, incluyendo en él los conceptos de responsabilidad social y empresarial, medio ambiente y recursos humanos.

Debemos seguir empeñados en el refuerzo de las alianzas entre los actores gubernamentales y no gubernamentales para la consecución de un desarrollo sustentable en todos los niveles. Debe recordarse que la Cumbre de Bolivia, en 1996, condujo a la elaboración y a la aprobación formal de la Estrategia Interamericana de Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones para un desarrollo Sostenible.

Quisiera concluir agradeciendo al Comité la oportunidad que me ha brindado para compartir con los estados miembros el plan de trabajo y las iniciativas que lleva adelante la Unidad para el Desarrollo Sostenible, en cuanto a los derechos humanos y el medio ambiente.

En tal sentido, deseo reiterar nuestra promesa y nuestro absoluto compromiso de trabajar estrechamente con el Comité en la ejecución de su mandato y de dar respuesta a los interrogantes críticos de manera positiva, fructífera y sustentable.