En primer lugar permítame expresarle mi agradecimiento y el de mi Delegación por la generosa hospitalidad que nos ha brindado el pueblo y el gobierno de Chile y felicitarla por la magnifica organización de esta Asamblea.

Los países de América Latina estamos alcanzando desarrollos importantes en el fortalecimiento de nuestras democracias y ha sido en la OEA que se han dado los desarrollos más significativos. En los últimos doce años, desde que acordáramos en esta misma ciudad el “Compromiso de Santiago con la democracia y la renovación del sistema interamericano” y atendiendo los mandatos de las Cumbres de las Américas, nuestros países han contribuido al desarrollo de un sistema jurídico internacional que asegure la promoción y defensa de la democracia representativa. La “Carta Democrática Interamericana” constituye el logro más destacado de este proceso y un referente de la acción de nuestros gobiernos cuya gobernabilidad y cultura democrática promueve.


En este proceso de fortalecimiento de la democracia es indispensable que, así como al Estado se le asigna responsabilidades, también se le den los medios para atenderlas. Las demandas de crecimiento con equidad, inclusión social y participación siguen superando su capacidad de respuesta, con la consecuente pérdida de legitimidad del sistema político y la amenaza que esto representa para la gobernabilidad democrática.

Esta situación fue motivo de reflexión y de diálogo hace tan sólo dos semanas en el Cusco por los Jefes de Estado y los representantes del Grupo de Río que integran 19 de las Repúblicas que forman parte de la OEA. Los Presidentes constataron que “el aumento y agudización de la pobreza, agravada por un nuevo período de estancamiento económico prolongado, constituye una amenaza fundamental a la gobernabilidad democrática, con el consiguiente deterioro de la estabilidad de sus instituciones y de la paz social. Situación que afecta, particularmente, a los grupos más vulnerables de la sociedad, impidiendo la plena utilización de su potencial productivo”. Asimismo, el Grupo de Río ha percibido “un inquietante aumento del proteccionismo comercial, particularmente por parte de las naciones industrializadas, y la disminución de la cooperación internacional, en un contexto de desaceleración económica mundial y de marginamiento a los países de renta media”.

Las causas de esta situación no son sólo endógenas y su superación requiere de la acción común de los Estados. Por ello, el año pasado, en el “Consenso de Monterrey” se establecieron las bases para una “nueva alianza” internacional para el desarrollo, destacando la importancia de crear en los países en desarrollo condiciones internas favorables pero también la necesidad de una acción decidida de la comunidad internacional para movilizar flujos financieros para el desarrollo, liberalizar el comercio y aumentar la cooperación financiera y técnica.

Mientras que los países de América Latina y el Caribe continúan haciendo avances en la aplicación a nivel interno de políticas económicas responsables, en un contexto de crecientes demandas sociales insatisfechas, la respuesta de la comunidad internacional no está jugando el papel de complemento indispensable para promover el desarrollo. La inversión extranjera directa y los flujos financieros y de cooperación a la región muestran una clara tendencia decreciente y a nivel del comercio mundial las negociaciones lanzadas en Doha destinadas a formular la agenda del desarrollo enfrentan serios problemas.

La situación requiere medidas urgentes. Como lo señala la Carta Democrática y lo recuerda el “Consenso del Cusco”, la democracia y el desarrollo económico y social están inseparablemente unidos y se refuerzan mutuamente.

La gobernabilidad democrática es incompatible con situaciones de pobreza y la exclusión social que ella genera. Por ello es necesario que la comunidad internacional apoye a los países de nuestra región que hacen esfuerzos por mantener la disciplina macro-económica, hasta tanto los efectos positivos de estos esfuerzos lleguen a los sectores más necesitados de sus poblaciones.

Es, en ese sentido, que se orienta la propuesta, considerada por el Grupo de Río en la reciente Cumbre del Cusco, de establecer mecanismos financieros innovadores que permitan incrementar el flujo de recursos, ampliar las posibilidades de uso de los recursos disponibles y diversificar las opciones de política financiera de nuestros países. Todo ello generaría una reactivación de la producción permitiendo el crecimiento sostenido, la generación de puestos de trabajo productivos y la reducción de la pobreza, lo que permitirá fortalecer la gobernabilidad democrática mediante una participación creciente de todos los sectores de la población.

Entre los mecanismos presentados están, entre otros:
a) la creación de un fideicomiso regional para promover proyectos de inversión privada para el desarrollo de obras de infraestructura pública, que permitan generar empleo en el corto plazo y mantener las metas fiscales;
b) la creación de autoridades regionales de inversión en proyectos de infraestructura que tengan impacto social;
c) la reformulación de las prácticas contables para que los presupuestos públicos diferencien los gastos corrientes del gasto en inversión y que ésto sea reconocido así por los organismos financieros internacionales; y
d) el diseño de instrumentos de deuda que tengan un carácter contracíclico, a través de su vinculación a ciertos indicadores, como las exportaciones, por ejemplo, a fin de que el servicio se ajuste a los periodos de expansión y retracción de las economías.

La próxima Cumbre Hemisférica extraordinaria, nos ofrece una oportunidad excepcional para reflexionar y alcanzar consensos que nos permitan establecer mecanismos financieros innovadores que alivien la pobreza y fortalezcan la gobernabilidad democrática en las Américas. Agradecemos la iniciativa del gobierno de Canadá y del gobierno de México por acogerla.

Así como no hay gobernabilidad sin cohesión social y paz social, tampoco hay gobernabilidad sin participación. Las democracias necesitan instituciones fuertes y dotadas de legitimidad, en cuyos procesos de toma de decisiones participen todos los actores de la sociedad. Ello requiere fortalecer a los partidos, promover espacios y mecanismos para el desarrollo de consensos nacionales, crear mecanismos de intermediación, de canalización de demandas entre otros. Como señalaron los Jefes de Estado de los países del Grupo de Río, “no hay democracia sin partidos políticos ni partidos políticos sin democracia”. Es indispensable que cada país adopte las medidas internas necesarias para fortalecerlos y la cooperación interamericana para este efecto.

Señora Presidenta: No hay gobernabilidad cuando los derechos de los ciudadanos son erosionados. Por ello debo reiterar el apoyo del Perú a la labor que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos cumplen en la promoción de la dignidad humana y la consolidación del Estado de Derecho y, particularmente, en la protección de los derechos humanos, así como por el respeto a la diversidad en las Américas.

El Perú se encuentra comprometido con el reconocimiento de los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas de nuestro continente. Para el Perú es un honor y un compromiso el presidir el proceso de elaboración de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

La lucha contra la corrupción y la impunidad es otro desafío para la gobernabilidad. La corrupción es un factor de desintegración social y de distorsión del sistema económico que mina la legitimidad de las instituciones políticas. Por ello, la adopción de acciones concretas por parte de los estados para que no den refugio a las personas investigadas, procesadas y condenadas como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, se convierte en elemento central de la lucha contra ese flagelo y la vigencia del estado de derecho. La Convención Interamericana contra la Corrupción constituye un significativo avance en la lucha contra este fenómeno y es necesario que los Estados se presten entre sí la más amplia cooperación y asistencia recíproca, a fin de luchar contra la impunidad. El Perú espera y confía en la cooperación y la solidaridad de todos los países del hemisferio en la lucha que libra contra la corrupción y la impunidad.

La terrible experiencia que le toco vivir a los peruanos durante la década de los 80, por efectos del terrorismo, generó un sentimiento colectivo de rechazo a la violencia y un compromiso solidario para enfrentarlo. Por ello, el día de hoy el Perú procederá, en el marco de esta Asamblea, a depositar el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, aprobada en Barbados el año pasado. Estamos decididos a continuar luchando contra este flagelo en los planos bilateral, hemisférico e internacional.

La adopción de la Carta Democrática fue una expresión clara de los nuevos tiempos que se viven en la Organización y de los progresos que ha alcanzado su proceso de renovación. La Agenda para la gobernabilidad que el gobierno de Chile y Vuestra Excelencia nos han planteado para esta Asamblea es su complemento indispensable.

Nada mejor que la inspiración que nos ofrece Santiago



Muchas gracias