INTERRUPCION DE LA CIRCULACION EN PUENTES QUE UNEN LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

El Gobierno uruguayo desea introducir en este ámbito un tema que lo inquieta profundamente, en la medida en que por su causa se están viendo afectadas las relaciones del Uruguay con un país con el que ha estado siempre unido por un fuerte sentimiento de fraternidad. Se trata del bloqueo, por la fuerza (del lado argentino y por parte de ciudadanos particulares en ese país, lo que obran ante la inacción del gobierno de ese país) de dos de los tres puentes construidos sobre el Río Uruguay, que unen a nuestra nación con el territorio argentino.

El Gobierno uruguayo tiene la firma convicción de que estas dificultades deben ser y serán solucionadas en el marco del sincero diálogo bilateral argentino-uruguayo. No obstante ello, ante la repetición de estos bloqueos y la amenaza de su continuación en el futuro, ya sea en forma esporádica como continúa, así como ante el alcance regional de los perjuicios que esta anómala situación genera, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay considera como su obligación ineludible ponerla en conocimiento de los demás países.

La República Oriental del Uruguay y la República Argentina están separados geográficamente por el Río Uruguay y el Río de la Plata. Entre ambos países hay tres puentes que cruzan el Río Uruguay y permiten la interconexión vial: el puente Fray Bentos-Puerto Unzué, el puente Paysandú-Colon, y el puente Salto-Concordia. Estos puentes constituyen una vía de fundamental importancia para la circulación, en ambas direcciones, de mercaderías y personas procedentes no sólo de Argentina y Uruguay, sino también de otros países de la región, como Chile y Paraguay, a modo de ejemplo. El 70% de la flota uruguaya de camiones circula por estos puntos fronterizos.

La importancia económica de estos puentes aumenta en forma notoria en el período de vacaciones veraniegas (diciembre-marzo) y demás períodos vacacionales de cierta duración (Semana Santa, feriados escolares y estudiantiles del mes de julio y del mes de setiembre, etc.) en que se produce una afluencia masiva de turistas argentinos a las costas uruguayas, en especial a través del puente que une las ciudades de Puerto Unzué (Argentina) y Fray Bentos (Uruguay). Es clara entonces la vital importancia que dichas vías de acceso tienen para nuestro país.

Ahora bien: la corriente de vehículos particulares, vehículos de carga y de pasajeros que desean salir de Argentina con destino a Uruguay, se ha visto interrumpida por la fuerza en los dos puentes mas próximos a las capitales de ambos países (puente Fray Bentos-Puerto Unzué y Paysandú-Colón) desde el 23 de diciembre de 2005 y desde el 3 de enero de 2006 respectivamente, por parte de un grupo de personas que ha ocupado las cabeceras de estos puentes del lado argentino. El 3 de febrero de 2006, el corte del puente Fray Bentos-Puerto Unzué se transformó en permanente y desde el día 16 de febrero la misma situación se extendió al puente Paysandú-Colón.

Finalizada la temporada veraniega, a fines del mes de marzo del presente año, el paso fue liberado al tránsito por un breve período, para volver a ser interrumpido inmediatamente antes del período de semana santa, y la situación se mantiene aún hoy.

Es obvio el gravísimo perjuicio que esto le produce a un país de 3 millones y medio de habitantes como es el Uruguay, así como a las empresas exportadoras e importadoras, la industria turística y el comercio de la zona, e igualmente a terceros países. Cabe destacar que el costo fijo de un camión detenido es de 200 dólares por día, y que llegaron a existir hasta 300 camiones con productos perecederos, paralizados en la frontera. A ello debe sumarse el costo del desvío de los camiones de carga y vehículos de pasajeros, por vía terrestre o marítima. El turismo argentino en nuestro país se redujo en forma sustancial en la temporada estival y en semana santa, en comparación con el año pasado, y ello con su consiguiente impacto negativo en todas las actividades conexas con el turismo (transporte, hotelería, gastronomía, etc.).

El Gobierno del Uruguay desea llamar la atención de los demás países sobre las dimensiones que adquiere este bloqueo. Se trata, en primer lugar, de un problema que nos afecta a nivel nacional, uruguayo, por los graves perjuicios que esto nos ha ocasionado y nos continúa ocasionando. En segundo lugar, es un problema que afecta la imagen de la República Argentina, en la medida en que no es creíble que sus autoridades no tengan la capacidad necesaria para garantizar la libre circulación en su territorio. Es también un problema binacional, debido a los perjuicios y a mencionados que se le ocasionan a Uruguay, y a la distorsión que está provocando en las relaciones bilaterales argentino-uruguayas. Se trata, asimismo, de un problema regional, ya que afecta la operatividad efectiva de la red vial del MERCOSUR, en uno de sus puntos neurálgicos. Es, finalmente, un problema cuyos efectos perjudiciales van mas allá de la región y del continente, en la medida en que afectan inversiones y negocios de empresas de otras regiones y continentes, en el ámbito nacional, binacional, regional y continental.

El Gobierno uruguayo desea expresar su profunda preocupación, pues, desde que se plantearon los hechos mencionados, el Gobierno del hermano país no ha realizado ninguna acción efectiva para garantizar la libre circulación por esas vías de conexión con el Uruguay, ocasionando los perjuicios arriba señalados. A eso se agrega el aliento y apoyo inicial que a estas acciones les ha dado el señor Gobernador de la Provincia argentina de Entre Ríos, así como la solidaridad manifestada por el Presidente Kirchner a las organizaciones responsables de los cortes.

El Gobierno uruguayo entiende que la situación planteada contraría claramente las normas internacionales que consagran la libre circulación, que es a su vez la piedra angular del proceso de integración entre nuestros países.

Las autoridades del Uruguay realizaron múltiples gestiones ante las autoridades de la República Argentina como tales, así como en su calidad de Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, tendientes al levantamiento de los cortes de ruta, sin obtener resultados. En virtud de ello, la República Oriental del Uruguay solicitó el inicio de negociaciones directas en el marco del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR. Cabe señalar igualmente que Uruguay, con el apoyo de Brasil y Paraguay, ha solicitado a la Presidencia Pro Tempore argentina, en ocasión de la reunión del Grupo Mercado Común, cuya Acta está publicada, la convocatoria del Consejo Mercado Común de este bloque regional para tratar el tema, y la República Argentina, en un hecho que no tiene precedentes en la historia del MERCOSUR, ha hecho caso omiso de la solicitud de los demás socios.

Asimismo, el Gobierno uruguayo solicitó los buenos oficios del señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Dr. José Miguel Insulza, en el sentido de contribuir a un acercamiento entre ambos países a fin de tratar el tema.

El Gobierno del Uruguay entiende que la permisividad demostrada por el Gobierno argentino ante estas agresivas y lesivas acciones carece de todo sustento y justificación. Entiende asimismo que el bloqueo ‘a piacere’ de vías de comunicación entre nuestros países, por parte de grupos de individuos, es injustificable e indefendible. Por otra parte, en tales condiciones, se hace inviable toda posibilidad de negociación binacional sobre urgentes temas que requieren igualmente urgentes acuerdos, a los que no es posible llegar si se mantiene estas medidas que obran como coacción contra la República Oriental del Uruguay.

El bloqueo de los puentes reviste una gravedad de grado tal que cualquier supuesta ‘causa’ que un Gobierno pudiera esgrimir para intentar justificarlo, acarrearía el descrédito de dicho gobierno debido a la desproporción entre la alegada ‘causa’ y el efecto generado.

En el marco de lo dispuesto por el artículo 84 de la Carta de la OEA, que establece que “el Consejo Permanente velará por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los estados miembros y con tal fin les ayudará de una manera efectiva en la solución pacífica de sus controversias”, es que el Gobierno del Uruguay realiza esta presentación del tema en este marco, y solicita sea considerado por los señores Representantes.


ANEXO INFORMATIVO

LAS PLANTAS DE FABRICACION DE PASTA DE CELULOSA EN LA MARGEN URUGUAYA DEL RIO URUGUAY

La instalación de estas dos plantas de fabricación de pasta de celulosa fue autorizada luego de ser sometida a rigurosos requisitos técnicos y de procedimiento vigentes en Uruguay, cuyo cumplimiento es continuamente controlado por los órganos correspondientes, y en cuyo defecto se suspende la referida autorización y se impide la continuación de las obras. Se exigió a ambas empresas la presentación de un plan ejecutivo, el estudio de impacto ambiental de la obra y un plan de gestión ambiental que fue aprobado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) del Uruguay.

Estos procedimientos incluyen audiencias públicas, y permiten identificar, en forma anticipada, eventuales consecuencias ambientales de todo proyecto, para prevenir, mitigar o compensar cualquier impacto ambiental negativo.

De los estudios y controles rigurosamente llevados a cabo, surge que la tecnología a ser usada por las plantas cumple con las normas uruguayas sobre emisiones, así como con todos los estándares de la Unión Europea en materia de producción de pulpa de madera (Directiva de la U.E. sobre Prevención y Control Integral de la Contaminación), figurando entre las mejores tecnologías disponibles (B.A.T.) hoy día.

El Gobierno argentino planteó, a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU –organismo bilateral establecido por el Estatuto del Río Uruguay, de 1975), su preocupación por los eventuales impactos ambientales de orden transfronterizo de estas obras. Como resultado de ello, los entonces Cancilleres Bielsa (de Argentina) y Opertti (de Uruguay) acordaron, en marzo de 2004, que el Gobierno uruguayo facilitaría “la información relativa a la construcción de la planta y, en relación con la fase operativa” se procedería a “realizar el monitoreo, por parte de CARU, de la calidad de las aguas, conforme a su Estatuto.”

Este entendimiento respecto a las plantas de celulosa es mencionado en la Memoria Anual del Estado de la Nación argentina 2004 presentada por el Presidente Néstor Kirchner al Congreso de la Nación. Dicha Memoria Anual dice textualmente: “En junio de 2004, se firmó un acuerdo bilateral por el que el Gobierno argentino puso fin a la controversia. Se trata de un acuerdo que respeta, por un lado el carácter nacional uruguayo de la obra y por otro lado la normativa vigente que regula las aguas del Río Uruguay a través de la CARU.” En base a dicho entendimiento fue diseñado un “Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en áreas de plantas celulósicas” que, junto con el “Plan de Protección Ambiental del Río Uruguay” (firmado por los gobiernos locales de ambos países el 29 de octubre de 2002), contribuye a mantener la calidad del recurso hídrico.

Ya en febrero de 2004, en forma previa a este entendimiento, el informe de los asesores binacionales de la CARU había establecido que no habría un impacto ambiental de entidad del lado argentino, estimando que el único impacto sería básicamente el de la eventualidad de olores molestos. A raíz de ello, la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay impuso un límite aceptable de olores molestos más riguroso que el establecido por la Organización Mundial de la Salud como primer umbral de afectación (que es, en el caso de la OMS, la irritación ocular).

Argentina y Uruguay acordaron que los controles a aplicarse serían mayores que los que realiza Argentina sobre sus propias plantas de celulosa sobre el Río Paraná, y participarían en ello técnicos de la Dirección Nacional de Aguas de la República Argentina, del Gobierno de la Provincia Argentina de Entre Ríos y de la ciudad argentina de Gualeguaychú.

Los Presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez acordaron el 5 de mayo de 2005 la constitución de un grupo técnico de alto nivel (GTAN). En un comunicado conjunto del 31 de mayo de 2005, los Cancilleres procedieron a la constitución, bajo su supervisión, de un “Grupo de Técnicos para complementos de estudios y análisis, intercambio de información y de seguimiento sobre las consecuencias que sobre el ecosistema del compartido Río Uruguay tendrán el funcionamiento de las plantas de celulosa que se están construyendo en la República Oriental del Uruguay sobre el Río Uruguay. El Grupo mencionado estará integrado por funcionarios de las Cancillerías, y funcionarios nacionales y/o provinciales, contando con el apoyo de la Universidad de la República y de la Universidad Nacional del Litoral, debiendo producir un primer informe en el plazo de 180 días.”

Sin embargo, en momentos en que el GTAN se encontraba en pleno desarrollo de sus trabajos, el 26 de junio de 2005, el Gobierno argentino envió una nota al Banco Mundial, solicitando no conceder crédito a la empresa Botnia, para la construcción de su planta en Uruguay.

El GTAN o Grupo Técnico de Alto Nivel, binacional, mantuvo 12 reuniones entre el 3 de agosto de 2005 y el 30 de enero de 2006, en las cuales se trataron los temas de: proceso de producción, emisiones liquidas, emisiones gaseosas, residuos sólidos, evaluación del impacto ambiental y monitoreo, evaluación del impacto socio-económico y análisis del borrador del informe encomendado por la Corporación Financiera Internacional (del Banco Mundial) “Estudio de impactos acumulativos – Uruguay – plantas de celulosa” (de diciembre de 2005).

El borrador de Informe encomendado por la CFI, del Banco Mundial, llega a conclusiones que coinciden con los estudios de impacto ambiental llevados a cabo por las empresas y por la DINAMA-MVOTMA de la República Oriental del Uruguay. Señala que los impactos acumulativos significantes de los proyectos están limitados a la afluencia de trabajadores de la construcción, el aumento en el tráfico vial (no así del fluvial) y beneficios económicos directos e indirectos a nivel local, regional y nacional. El informe asimismo considera otros aspectos de interés público, donde se ha notado mayor inquietud, no habiéndose identificado potenciales impactos negativos de significación, y cumpliéndose con los estándares internacionalmente aceptados. Tal es el caso de la calidad del aire, la descarga de efluentes al Río Uruguay, la expansión de plantaciones forestales, e impactos sobre el turismo en la región.

A solicitud de Argentina, el GTAN interrumpió sus reuniones y no elaboró un informe conjunto sino dos informes por separado, los que el 31 de enero de 2006 fueron entregados a los Cancilleres, quienes decidirán el futuro del Grupo. Argentina ha señalado no haber recibido toda la información necesaria, mientras que Uruguay entiende haber actuado con total transparencia, apertura, apego al rigor técnico y demostrado su plena voluntad de cooperación, dando respuesta a todas las inquietudes que le planteara Argentina. Inclusive se invitó a que Argentina participara a través de técnicos en la “Comisión de Seguimiento de los Emprendimientos” creada por Resolución del MVOTMA, no habiendo aceptado tal invitación la delegación argentina.

Cabe destacar que el temor que surgió en la población en general, sobre eventuales impactos negativos significativos de estas plantas en el medio ambiente y la salud, así como las manifestaciones populares contra las mismas, se generaron a partir de las acciones públicas llevadas adelante por el Gobernador de la Provincia argentina de Entre Ríos, Jorge Busti, e intensificadas notoriamente en el curso de la campaña por su reelección en el cargo, lo que se concretó en octubre de 2005.

Al tiempo que la Cancillería argentina, por Nota del 14 de diciembre de 2005, solicitaba la detención de las obras de las plantas de celulosa en territorio uruguayo, se sucedían los cortes de ruta en dos de los tres puentes que unen Uruguay con Argentina del lado argentino, como señalábamos al principio. El objetivo manifiesto de los participantes era forzar al Gobierno uruguayo a detener la construcción de las plantas.

Se sucedieron entonces las tratativas e intercambios de notas antes mencionadas.

Como hecho más reciente, se encuentra la solicitud remitida por el Canciller argentino al Presidente del Banco Mundial, en el sentido de suspender la evaluación de los proyectos de estas plantas en el seno de la Corporación Financiera Internacional, hasta tanto no se dirimiera el conflicto. La solicitud fue remitida el día 15 de marzo del corriente año, tres días después de que los Presidentes de Argentina y Uruguay mantuvieran un encuentro en Santiago de Chile y se prometieran mutuamente un entendimiento al respecto.

Uruguay no puede más que reiterar su voluntad de diálogo pacífico, respetuoso, de buena fe y sin presiones de ningún tipo, para encontrar una solución mutuamente satisfactoria y técnicamente correcta, que asegure la normalidad en la construcción de las plantas, dentro del respeto de todas las normas ambientales, de forma de asegurar que no se producirá ningún efecto negativo.

El pleno respeto del Derecho Ambiental, interno e internacional, es una preocupación fundamental y directa del Gobierno uruguayo que va unida a su voluntad de promover el desarrollo productivo del país en beneficio de todos los seres humanos. El Gobierno de Uruguay ha encarado la realización de estas obras de forma respetuosa del concepto de desarrollo sostenible, que integra los aspectos económicos, sociales y ambientales.

Ante los reclamos del Gobierno argentino en el sentido que sea detenida la construcción de las plantas, es importante considerar que el proceso de construcción en sí no provoca ningún daño ambiental, y no culminará hasta fines del año 2007, por lo que no resultaría lógico acceder a tal exigencia. Por esa razón, el Gobierno del Uruguay ha señalado que no suspenderá la construcción de las plantas a menos que se demuestre que estas producirán un impacto medioambiental negativo por encima de los parámetros aceptados internacionalmente. En otras palabras: el Gobierno uruguayo tiene la plena seguridad respecto a la licitud de las plantas y no aceptará ninguna limitación de su soberanía.

El Gobierno del Uruguay considera su deber plantear al Gobierno de la República Argentina que lleve adelante las acciones necesarias para levantar el bloqueo a las referidas vías de acceso a nuestro país, asegurando así la libre circulación de personas y bienes entre Argentina y Uruguay.

Finalmente, deseamos informar que, en base a las objeciones planteadas por Argentina en torno al primer informe sobre las plantas de celulosa encargado por la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, este Organismo encomendó la realización de un segundo informe respecto a los efectos medioambientales de la producción de pasta de celulosa –y enfatizamos, de la producción de pasta de celulosa, no de la construcción de las respectivas plantas-, el cual señala, en primer lugar, que carecen de todo fundamento y son irracionales todas las afirmaciones relativas a efectos catastróficos de esta actividad productiva.

Pero lo que el Gobierno del Uruguay considera más importante no es precisamente esta constancia que da legitimidad a la posición uruguaya y rebate las objeciones argentinas. Lo que Uruguay evalúa como lo más importante de este segundo informe es que enumera minuciosamente una serie de puntos específicos relativos a estas plantas, señalando la conveniencia o la necesidad de una más detallada información respecto a las mismas. Y valoramos estos señalamientos como sumamente importantes pues constituyen un formidable motivo de trabajo bilateral, conjunto, y la oportunidad de llegar a un prolijo y absoluto esclarecimiento de las dudas que ahora persisten del lado argentino.

Este trabajo conjunto argentino-uruguayo, que es parte esencial de la negociación del diferendo, sin duda resulta muy difícil de desarrollar si, simultáneamente, se producen medidas coactivas, tales como el bloqueo de puentes, o mientras se impongan exigencias tales como la de paralizar la construcción de las plantas de celulosa, construcción que, como es obvio y ya se ha mencionado, no ocasiona daños de ninguna especie, y cuyo ritmo permite prever que el comienzo de su funcionamiento recién podría producirse a fines del año 2007. En ese sentido, el Gobierno del Uruguay reitera que, en el curso del diferendo, solamente apelará, como lo ha hecho hasta ahora, a las vías institucionales.

Reiteramos entonces la total disposición de Uruguay para continuar el diálogo hacia un entendimiento, ahora en base a esta concreta y rigurosa lista de tareas a llevar a cabo, que ha señalado el último informe del Banco Mundial.