¿Son útiles la OEA y el Sistema Interamericano?

La necesidad de alcanzar alguna forma de unidad y concertación entre los pueblos y las naciones de América es tan antigua como la existencia misma de nuestros países y aún anterior a ella . Ya el 7 de diciembre de 1824, dos días antes de la Batalla de Ayacucho que selló definitivamente la independencia de América del Sur respecto de España, Simón Bolívar formuló a los Gobiernos de Colombia, México, Río de la Plata, Chile y Guatemala la "Invitación a formar el Congreso de Panamá" con la esperanza de conformar una confederación americana .

La reunión, conocida como Congreso Anfictiónico de Panamá, se realizó finalmente entre el 22 de Junio y el 15 de julio de 1826 y asistieron a ella México, Perú, la Gran Colombia (que comprendía a Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, conformada a su vez por Panamá y Colombia) y Guatemala (que entonces reunía a las Provincias Unidas de Centroamérica). Ni Argentina (o Río de la Plata) ni Chile, por diferentes razones, pudieron asistir y las delegaciones de Bolivia y de Estados Unidos llegaron atrasadas por lo que tampoco alcanzaron a participar en el encuentro; el retraso de esta última se explicó principalmente por la larga tramitación que sobrellevó la autorización a sus delegados por parte del Senado de ese país.

Es probable que los resultados del Congreso Anfictiónico no hayan satisfecho plenamente las esperanzas que Bolívar había depositado en él. Sin embargo los plenipotenciarios concurrentes llegaron a firmar un “Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua” que si bien no prosperó –en los hechos nunca entró en vigor- en la práctica expresó la voluntad de unidad que animaba a las nuevas naciones.

Esa voluntad siguió manifestándose en diversos intentos de reunión (Lima, en 1847, Santiago de Chile en 1856) que no se vieron coronados por el éxito sino hasta la “Primera Conferencia Internacional Americana”, realizada en Washington entre el 2 de octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890 . Fue la primera de una serie de conferencias y reuniones que dieron lugar a un sistema de instituciones, normas jurídicas y principios comunes de conducta –el Sistema Interamericano- que comprometió a los Estados tanto en sus relaciones mutuas como en las obligaciones que sostenían con sus ciudadanos. Tal Sistema, que desde 1910 contó con una secretaría permanente denominada “Unión Panamericana”, fue el antecedente directo de la Organización de Estados Americanos y entre las instituciones que la conformaron –todas anteriores a la OEA- cabe mencionar a la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Panamericana de Mujeres, el Comité Jurídico Interamericano, el Instituto Indigenista Interamericano y el Instituto Interamericano del Niño. Entre los conceptos y normas que este sistema generó pueden mencionarse, a su vez, las ideas de protección de los derechos humanos, de defensa de la democracia, de solución pacífica de controversias, de libre comercio en la región, de igualdad jurídica de los Estados y de respeto al principio de no intervención; todos ellos desarrollados mucho antes de que fueran reconocidos por otras regiones del planeta.

Se trató de un sistema que no obstante sus altos y bajos o las debilidades que hoy, con una mirada contemporánea, es posible advertir en su desarrollo, contribuyó a dotar a nuestra región de condiciones de paz y estabilidad prácticamente únicos en el concierto internacional de ese período. En la Introducción de su libro OEA. Organizacao dos Estados Americanos , Jean Michel Arrighi invita a observar el mapa de las Américas en 1889 y a compararlo con el mapa actual, para comprobar que prácticamente no ha habido cambios, lo que contrasta con la situación de Europa en donde es posible constatar que existe un mapa de antes de 1914, otro entre 1918 y 1939, y varios otros desde 1945 hasta hoy. Añade Arrighi que detrás de cada uno de esos cambios ocurridos en Europa ha habido guerras que ensangrentaron el continente y que significaron millones de muertes.

Esa es la tradición de la que es heredera la OEA, creada en 1948 en el marco de la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá. Una tradición de encuentros y no de desencuentros; de comprensión más que de incomprensión y de paz antes que de conflicto. Una tradición que es reveladora de una vocación de unidad tan antigua y arraigada que no encuentra parangón en la historia de ninguna otra región o continente. Una tradición, en fin, que explica que no obstante períodos de estancamiento y aún otros de franco distanciamiento de los problemas más acuciantes de nuestra región, la Organización no sólo haya pervivido como el principal y más antiguo foro político hemisférico, sino que se haya ampliado desde los veintiún Estados firmante de la carta de 1948 a los treinta y cinco que la constituyen ahora, luego de la integración de los Estados del Caribe anglosajón y Canadá. Y sigue siendo la única organización internacional en la que convive una potencia mundial, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con países que ni siquiera tienen ejércitos formales; en la que debaten en igualdad de condiciones algunos de los países más ricos del mundo con otros que se cuentan entre los más pobres. Y todo ello en un plano de igualdad jurídica en el que todas las decisiones son adoptadas por el voto de la mayoría y en donde no existe la posibilidad del veto.

Con relación a este carácter inclusivo e igualitario de la OEA existe un tema que no quiero soslayar: el de la pertenencia de Cuba a la Organización. Y he utilizado la expresión pertenencia porque, efectivamente, en tanto firmante de la Carta de 1948 –la que nunca ha denunciado- el Estado de Cuba es miembro de la OEA. Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, en su Reunión de Consulta de 1962 e invocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, decidieron que el gobierno de Cuba fuera excluido de las actividades del Sistema Interamericano, pero no de la OEA que no establece en su Carta mecanismo alguno de expulsión de sus miembros. Es pues el actual gobierno de Cuba el que está excluido de participar en esas actividades y no la República de Cuba la que está excluida de la Organización; una situación que por cierto no puede considerarse más que como transitoria y que los miembros de esta comunidad seguramente esperan que sea superada, por alguna de las múltiples vías que tal superación puede adoptar.


Y junto con la OEA ha pervivido y se ha desarrollado también el Sistema Interamericano, que igualmente ha evolucionado dotándose de nuevas y poderosas instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).

La Organización de Estados Americanos y el Sistema Interamericano en cuyo centro ésta se sitúa, es pues un activo y no un pasivo para las Américas. Es un formidable instrumento cuya utilidad va a depender estrictamente de la voluntad y fuerza con que sus Estados miembros decidan concurrir a enfrentar problemas que son de todos y de los cuales ningún país –grande o pequeño- puede sentirse excluido. Porque nadie puede, hoy en día, ignorar que vivimos en un mundo globalizado que requiere de instituciones, normas y regímenes para generar las condiciones de una convivencia estable y próspera. Y que esas instituciones encuentran en el multilateralismo el ámbito más legítimo e incluyente, conciliando orden, estabilidad, paz y cooperación. Es por ello que creo que en la medida en que se logre superar una equivocada sensación de irrelevancia que ha lastrado a la OEA en el pasado y que ha anulado ese inmenso potencial que la caracteriza, estará en condiciones de potenciar el significativo cuerpo de instrumentos jurídicos, políticos y técnicos de que dispone y le permitirá abordar, con una perspectiva regional, los principales desafíos de la agenda contemporánea.

Porque, y este es otro de los lastres que el Sistema Interamericano debe superar, se debe reconocer con realismo que no siempre se ha definido la agenda hemisférica prestando atención a aquellos problemas que más apremian a nuestros pueblos. Sin duda se debe seguir priorizando la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo, pero ha llegado la hora de entender estos desafíos en la nueva realidad regional y global y así abordar los problemas concretos que los pueblos del continente han sufrido por décadas y que aún no encuentran solución. Para ello, en mi opinión, será necesario organizar los trabajos de la OEA y del Sistema Interamericano sobre la base de los grandes principios que en la actualidad son compartidos por todos los países que integran este gran conglomerado y que se traducen en el consenso de que es necesario avanzar en la consolidación de nuestras democracias y en el fortalecimiento de la gobernabilidad. Que es igualmente necesario avanzar en la protección de los derechos humanos y que el desarrollo integral debe ir más allá del mero crecimiento económico, incorporando los principios de la inclusión y la equidad como base de la prosperidad. Que debemos avanzar, finalmente, en una política de seguridad multidimensional que dé cuenta efectiva de los principales problemas de seguridad que afectan a la población del Hemisferio.

La OEA ha hecho importantes contribuciones en el reconocimiento, reafirmación e implementación de estos principios y valores, pero debo decir que no basta con tener valores comunes. La OEA es una Organización política y la política no tiene que ver sólo con valores, sino también con resultados prácticos, con políticas públicas que den efectiva aplicación a los fundamentos de la comunidad hemisférica. Se requiere por ello de una renovada voluntad política de los países miembros para avanzar hacia una OEA más eficaz, con una agenda focalizada, con prioridades consensuadas, más participativa y abierta a la sociedad civil y al sector privado. Ese es el camino para fortalecer la relevancia de esta Organización e incrementar su capacidad de acción para movilizar los intereses colectivos.

En las próximas páginas quisiera dejar anotadas algunas reflexiones y proposiciones que pueden contribuir a ese propósito.

Democracia

Históricamente la OEA es el primer organismo internacional que introdujo entre sus principios -ya en 1948- disposiciones sobre el régimen democrático . Se debe reconocer sin embargo que, prácticamente a lo largo de toda una prolongada primera etapa de su existencia, la Organización no privilegió este referente esencial de su constitución, postergándolo, en el marco de la llamada “Guerra Fría”, en beneficio de otros objetivos inspirados en principios que entonces se consideraron estratégicos. Tal situación propició que en muchas oportunidades los elementos democráticos establecidos en la Carta fuesen postergados en provecho de una política que permitió incluso avalar regímenes que no sólo se constituyeron derrocando a gobiernos legítimamente electos sino que practicaron la violación sistemática de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Pero se trata de una situación que, afortunadamente, ha quedado atrás. Tan atrás como la Guerra Fría y los regímenes dictatoriales que asolaron nuestra región durante las décadas de los años setenta y ochenta. Hoy es posible afirmar que desde hace casi dos décadas la Organización vive una nueva etapa de su existencia, la que posiblemente tuvo un momento inaugural con la aprobación, en junio de 1991, de la Resolución 1080 conocida como “Compromiso de Santiago”, que establece un mecanismo de reacción casi automático de los Estados miembros frente a “hechos que ocasionen una interrupción abrupta del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo”. Esta voluntad democrática de los Estados miembros tuvo una nueva y aún más poderosa manifestación el año siguiente, cuando en diciembre de 1992, en el marco del sexto período de sesiones de la Asamblea General, se suscribió el Protocolo de Washington que modificó la Carta de la OEA introduciendo la posibilidad de suspensión de sus derechos de Estado miembro a todo aquel que experimentase el derrocamiento por la fuerza de gobiernos democráticamente constituidos. De esta manera el régimen democrático se convirtió en una obligación de los Estados miembros y condición para la membresía y permanencia en el Sistema Interamericano .

La expresión más elevada de esta decisión de los Estados miembros de convertir a la OEA en un instrumento de promoción de la democracia fue la aprobación, en septiembre de 2001, de la Carta Democrática Interamericana. Esta establece de manera explícita y plena los elementos que definen a la democracia, así como los instrumentos de la Organización que pueden ser usados para su defensa y fortalecimiento. Con esta aprobación la OEA dio un gigantesco paso adelante desde la comprensión de la democracia como una suerte de acuerdo político basado en la apreciación ideológica de que se trata del mejor gobierno, a un enfoque que la concibe como un derecho de los habitantes del continente, concepción que queda de manifiesto al asociar al régimen democrático a los derechos humanos, al desarrollo integral y al combate a la pobreza .

No guardo ninguna reserva al afirmar que la Carta Democrática Interamericana es una de las principales conquistas de los pueblos de las Américas pues sienta las bases de nuestra identidad presente y futura, constituye un proyecto de todos y establece los pilares de la legitimidad y la convivencia hemisférica. Debo agregar inmediatamente empero que también soy un convencido de que para que la Carta cumpla tan altos cometidos debe ser cumplida. Las naciones del Hemisferio que la firmaron deben ser conscientes de que no se trata de una declaración más y que al suscribirla asumieron el compromiso solemne de hacer realidad todos y cada uno de sus contenidos.

Y para honrar ese compromiso lo primero que deben tener presente los Estados miembros del Sistema Interamericano es que la democracia requiere de elecciones libres y exige una vivencia de las libertades clásicas, pero demanda también la vocación irrenunciable de promover una ciudadanía plena, que goce de los más amplios derechos civiles, sociales y culturales. Aplicar efectivamente la Carta Democrática Interamericana significa también desarrollar una capacidad de anticipación a eventuales crisis, lo que hace imperativo que la OEA cuente con herramientas que le permitan tener un conocimiento anticipado de esas eventualidades y actuar en forma preventiva con los gobiernos para evitar su escalamiento promoviendo la cooperación y el diálogo. Ello supone contar con mecanismos objetivos y prácticos que permitan evaluar el funcionamiento de la democracia en los Estados miembros y que, respetando la autonomía que les corresponde a éstos en tanto Estados soberanos, sean también útiles para mejorar su funcionamiento, generando así mejores condiciones de paz interna y estabilidad. Del mismo modo la OEA debe tener la capacidad de reaccionar ante un quebrantamiento del sistema democrático poniendo en práctica, en forma oportuna, los instrumentos políticos y diplomáticos que permitan superar la crisis y cooperar con la recuperación democrática.

Y he dejado para el final, justamente porque me parece lo más importante, algo que ya he señalado en otras oportunidades: creo que muchos de los problemas que afectan a nuestras democracias tienen que ver con el buen funcionamiento de las instituciones del Estado y con la frustración que provoca en la ciudadanía la falta de solución a sus problemas concretos. Para acrecentar la gobernabilidad de nuestras democracias es necesario priorizar programas que refuercen el desarrollo de instituciones sólidas, que funcionen para dar seguridad a la ciudadanía, permitir el adecuado clima para el funcionamiento de la economía y el crecimiento, dar justicia a todos los ciudadanos, defender los derechos humanos y garantizar la transparencia en los actos de gobierno. Volveré a este tema más adelante.

Derechos Humanos

La democracia nos demanda el más amplio ejercicio de los derechos individuales y colectivos. En muchos de los países miembros del Sistema Interamericano se ha sufrido la dolorosa experiencia de verlos violentados o suprimidos. En todos ellos ha existido sin embargo la sabiduría necesaria para buscar el reencuentro sobre la base de la verdad, la justicia y el perdón. Son sociedades que han alzado su voz con entereza para decir nunca más, y que lo han hecho ejerciendo derechos que solo la democracia y la libertad les garantizan. Sociedades con las que la Organización de Estados Americanos y su Sistema Interamericano se encuentran en una perfecta sintonía, al grado que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos representa uno de los principales aportes colectivos que esta región ha hecho a la protección global de esos mismos derechos. Se trata de un Sistema que ha funcionado siempre bien no obstante que, a veces, no haya contado con los recursos suficientes. Un Sistema que ha prestigiado a la OEA y garantizado los derechos de muchos ciudadanos en momentos difíciles de nuestra vida institucional. Es mi firme convicción que se debe continuar fortaleciendo y perfeccionando las capacidades nacionales en este campo, dotando a la Comisión y a la Corte Interamericano de Derechos Humanos de los necesarios espacios de autonomía así como de los recursos que requiere una labor eficiente y objetiva.

Para el logro de ese objetivo se debe tener presente, sin embargo, que el funcionamiento y la proyección del sistema que nos hemos dado descansa en el desarrollo de una relación armónica con los Estados miembros; una relación en la que la cooperación tiene que jugar un papel central. Será importante por ello concentrar los esfuerzos futuros en una campaña por eliminar todo resabio de confrontación en la relación entre los Estados miembros de la OEA y su Sistema de Derechos Humanos. Una campaña que podrá considerar logrados sus objetivos cuando los Estados perciban las acciones y decisiones de las instancias de Derechos Humanos como un necesario complemento de sus políticas nacionales de promoción y protección. El primer paso y natural en esa dirección debe ser el estímulo al diálogo de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los poderes judiciales nacionales.

El reconocimiento de las particularidades y especificidades de los pueblos originarios es, ciertamente, una tarea que debe ocupar un lugar central en los esfuerzos del Sistema Interamericano por alcanzar un pleno respeto de los derechos humanos en la región. La suscripción de una Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser, por ello, una prioridad en la perspectiva de fomentar el respeto por la dignidad de nuestros pueblos originarios y su activa participación en un mundo tolerante y plural, que reconozca sus derechos particulares y específicos.

Finalmente, es necesario que el tema de las migraciones sea abordado desde la perspectiva de los derechos humanos, mediante la armonización de las políticas públicas de los Estados para la protección de estos trabajadores y sus familias. Para ello, es necesario avanzar en la puesta en marcha del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes.

Desarrollo Integral

Los avances hemisféricos en materia de democracia sólo serán perceptibles si la consolidación de la ciudadanía política se complementa con la instalación decidida y sin retrocesos de una ciudadanía también social y cultural.

Vivimos en un continente marcado por los contrastes. Como recordó Octavio Paz en Tiempo Nublado , “en nuestros países coexisten el burro y el avión, los analfabetos y los poetas de vanguardia, las chozas y las fábricas de acero”. Y una de las expresiones más sobresaliente y al mismo tiempo penosa de ese contraste es la significativa concentración del ingreso que afecta a la mayoría de sus países. América Latina muestra hoy el más alto índice de inequidad en el mundo, superior incluso a regiones de menor desarrollo social y con niveles de pobreza mayores. Contrastan en nuestra región realidades educacionales, sanitarias y habitacionales a la altura de los países más desarrollados, con la miseria, el analfabetismo, el desempleo, la desnutrición y las malas condiciones sanitarias en que subsiste un gran número de nuestros ciudadanos.

Hoy se requiere de políticas públicas eficaces que promuevan la igualdad de oportunidades y de una participación de todos los sectores que pueda trasladar al interés general las necesidades más apremiantes de la ciudadanía. Es crucial que los intereses y perspectivas de la sociedad se movilicen hacia la gestión de políticas públicas, contribuyendo así a la apertura de las instituciones sociales y políticas hacia formas más inclusivas y maduras de integración social.

El factor educacional es clave en esta materia. Recientes estudios revelan que las diferencias entre nuestros países y el mundo desarrollado tienden a ampliarse. Sin un desarrollo educativo adecuado será difícil, en la era del conocimiento, que los pobres de nuestro continente puedan superar algún día esa condición y que disminuya la brecha social. Para ello no basta con gastar más dinero en educación, sino que es necesario también utilizar más eficientemente los recursos asignados a este fin. Es preciso fortalecer los programas de becas de pre y postgrado y formar también mejor a los maestros, que son la clave en la educación de nuestros niños.

La OEA tiene un importante papel que cumplir en todos los esfuerzos anteriores. Debe estar en condiciones de fomentar la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, así como contribuir al diseño e implementación de las estrategias nacionales de desarrollo. En esa labor debe reforzar su coordinación con las agencias especializadas, tanto a nivel regional como global, con el sector privado y con la comunidad internacional, mejorando la coherencia y eficacia en el uso de los recursos. Especial atención debe prestar en sus esfuerzos de cooperación a las economías más pequeñas y de menor desarrollo relativo que son más de la mitad de sus integrantes, adaptándose a sus requerimientos y sensibilidades específicas. A este último respecto debe tenerse presente en particular la situación de las pequeñas economías de los Estados Islas por lo que, en el marco de una estrategia de desarrollo de mediano plazo, se debe trabajar en el diseño de un Programa de Apoyo a las Exportaciones de esas economías y su adecuado financiamiento.

La negociación de una Carta Social de las Américas representa una oportunidad para avanzar en la definición de propuestas institucionales que ataquen efectivamente todos estos males y se debe iniciar sin demora su elaboración. Se trata de un complemento indivisible de la Carta Democrática Interamericana pero, como en relación a aquella, debo decir que en lo tocante a lo social no basta con lo puramente declarativo, sino que es indispensable diseñar los mecanismos adecuados y un Plan de Acción concreto que, a través del diseño de políticas públicas, de la participación conjunta del Estado, la Sociedad Civil y la cooperación multilateral, permitan alcanzar efectivamente las metas propuestas.

Seguridad Multidimensional

El mundo actual globaliza riesgos y amenazas de los cuales ningún país está inmune, pero es evidente que ellos golpean con mayor dureza a unas regiones que a otras. Nuestra región es, por desgracia, una de las más golpeadas. En ella existen vastos sectores enormemente vulnerables, cuya inseguridad radica en que no tienen la capacidad para enfrentar los desastres naturales, el cambio climático, la delincuencia creciente, las pandillas en las ciudades, el crimen trasnacional organizado, el terrorismo, el SIDA y las pandemias. Todo ello configura una nueva situación de seguridad para el hemisferio: ahora se enfrentan problemas y desafíos de carácter multidimensional. Se trata de un conjunto de viejas y nuevas amenazas que no conocen fronteras y que es necesario enfrentar y derrotar para alcanzar la seguridad humana que permita a mujeres y hombres desarrollarse plenamente.

Actualmente todavía encaramos estos problemas en forma principalmente desarticulada entre los diferentes países de la región. Un esfuerzo colectivo y coordinado permitiría sin duda avanzar más decididamente. De ahí que la Organización haya hecho esfuerzos por generar iniciativas e instrumentos preventivos para el conjunto del Hemisferio, con especial atención a los países más vulnerables. Pero es preciso hacer todavía mucho más. Lograr que el esfuerzo colectivo vaya mucho más lejos. Se deben aprovechar las capacidades de aquellos países que tienen una mejor práctica en este terreno, promoviendo sustantivamente la cooperación en formación de personal, la cooperación técnica en la reforma policial y el combate a la corrupción. De igual manera es posible diseñar programas de cooperación aprovechando la experiencia de aquellos países que han incursionado con éxito en la organización ciudadana para la prevención del delito.

En un plano estrictamente institucional se deben perfeccionar los mecanismos regionales existentes, tales como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y los grupos de expertos en materia de ciber delito, lavado de dinero y corrupción, aumentando los niveles de concertación y cooperación.

Soy chileno y el mío es un país que ha conocido la fuerza de los desastres naturales. Terremotos y tsunamis no son fenómenos desconocidos para nosotros, como para otros no lo son los huracanes y las inundaciones. Por desgracia, sólo cada vez que ocurre una catástrofe comenzamos a examinar la forma en que podemos ayudarnos unos a otros y muchas veces la asistencia es tardía e insuficiente. También aquí, en consecuencia, encontramos un terreno en el que se puede avanzar mucho en el ámbito de la cooperación y el esfuerzo colectivo. Por lo pronto considero que se debe revitalizar el Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia. El buen funcionamiento de este Fondo es crítico para seguir apoyando a los gobiernos en la elaboración de estrategias preventivas que incluyan el reforzamiento de las capacidades institucionales y humanas -especialmente de los países más pequeños y vulnerables a estos fenómenos- así como para acudir prontamente en ayuda de los afectados.

En el terreno de la salud y el combate a las pandemias no podemos menos que admirar los progresos alcanzados por la ciencia médica en los Estados Unidos. De hecho no mucho antes de escribir estas líneas se dio a conocer la información que en ese país la incidencia del SIDA en recién nacidos había sido reducida a niveles mínimos. Estados Unidos es miembro del Sistema Interamericano y debe mostrar su solidaridad mediante esquemas de cooperación que permitan extender tales logros al resto de los países de la región. Para ese efecto existe la Organización Panamericana de la Salud, que debe esforzarse, junto con la propia OEA, en lograr que esos beneficios sociales alcancen a otros miembros del Sistema.

Gobernabilidad

Nuestras democracias no enfrentan ya, en general, crisis derivadas de la confrontación ideológica o de la usurpación militar, como ocurría en los años de la Guerra Fría. El riesgo de la aventura antidemocrática siempre está latente, pero los problemas reales más acuciantes están radicados hoy día en fenómenos más antiguos, de carácter político, económico y social, que no hemos podido superar y que en algunos casos se han agravado.

Los peligros para la democracia se generan cuando el ciudadano común deja de creer que este sistema por el cual tanto ha luchado y en el cual ha depositado tantas esperanzas, pueda resolver sus problemas. Desafortunadamente algo de eso parece comenzar a ocurrir en nuestra región, en la que muchos manifiestan su descontento con el sistema porque no creen que contribuya a mejorar su condición de vida. No son pocos, incluso, los que están dispuestos a cambiar grados de democracia por una mayor solución de los mismos. La advertencia es clara: el talón de Aquiles de la democracia está en la gobernabilidad.

La OEA debe mantenerse, pues, vigilante ante cualquier intento por subvertir o derribar el orden democrático en cualquiera de sus estados miembros, pero aún más atenta debe estar a la creación y fortalecimiento de instituciones sólidas, responsables, exentas de corrupción y capaces de abordar los problemas reales de la gente. De lo contrario seguiremos yendo de crisis en crisis, sin atacar las amenazas de fondo y manteniendo las debilidades estructurales que nos hacen vulnerables al populismo, al autoritarismo y a la indiferencia ciudadana.

Es fundamental que la OEA sea capaz de prestar su ayuda a los miembros que lo requieran para prevenir el surgimiento de crisis políticas, económicas y sociales. La aplicación efectiva y oportuna de los mecanismos y principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana obliga a cooperar de manera permanente con los Estados miembros en el desarrollo de instituciones democráticas fuertes y participativas.

Deben reforzarse los mecanismos de seguimiento y evaluación multilateral en los campos que tienen directa relación con las bases de la gobernabilidad. En ese contexto deben fortalecerse los trabajos que se realizan en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es necesario cooperar para aplicar las recomendaciones de dicha convención a fin de que los Estados miembros armonicen sus legislaciones y establezcan buenas prácticas en temas tan importantes como las contrataciones públicas y compras gubernamentales, la influencia del dinero privado en la política, la actuación de los lobbies, las declaraciones de bienes de funcionarios, la formación de una policía eficiente y otros igualmente importantes.

Para el fortalecimiento y credibilidad de la institucionalidad democrática es necesario el desarrollo de sistemas judiciales autónomos que den acceso real y oportuno a los ciudadanos cuando sus derechos son atropellados, haciendo realidad los principios de igualdad y transparencia. Por ello es necesario reforzar el trabajo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, cuyo objetivo es apoyar a los Estados de la región en la reforma de sus sistemas judiciales y contribuir al perfeccionamiento de los recursos humanos para la administración de justicia.

No se debe olvidar, empero, que el desafío permanente de reforzar la gobernabilidad requiere de una acción colectiva que trasciende los gobiernos. Debemos ser capaces, por ello, de abrir las instituciones a la movilización de los intereses de la sociedad, a los temas que le importan a la gente, generando instancias sólidas y transparentes de participación, bases de la formación de la voluntad colectiva.

La OEA y el futuro de las Américas

No tengo dudas de que la Organización de Estados Americanos y el Sistema Interamericano en cuyo centro ella está situada tienen un lugar importante en el futuro de las Américas. La irrelevancia que se les ha querido otorgar o la lejanía con que se las ha tendido a ver en años anteriores han estado originadas en la ignorancia de la historia, de las tradiciones y de la fortaleza conceptual e institucional de las organizaciones que componen este sistema. Y si visiones de ese tipo o incluso experiencias indebidas han debilitado a la OEA en el pasado, ahora es el momento de una revitalización que permita promover concertadamente políticas y programas que la acerquen a la gente, la hagan más acogedora y atenta a sus necesidades cotidianas, a sus preocupaciones por la seguridad ciudadana y por la igualdad de oportunidades. De esa revitalización de su posición entre los pueblos de las Américas emanará naturalmente el fortalecimiento de su capacidad de interlocución a nivel internacional; la capacidad de llevar la voz de las Américas al diálogo global.

En el futuro que se abre ante las Américas al comenzar el Siglo XXI, la OEA debe reforzar su identidad esencial, aquella que estaba presente en los primeros americanos ya en el siglo XVIII y que inspiró los esfuerzos de Bolívar al comenzar el XIX: la de ser el gran espacio de cooperación y concertación política de todas las naciones de nuestro continente; el lugar donde converjan países con identidades diversas y con distintos niveles de poder y de desarrollo. Una diversidad que debe ser percibida como una fuerza positiva y no como una fuente de distanciamiento y confrontación. Una diversidad que, por intermedio del diálogo y la negociación, debe fusionarse en consensos que permitan llevar a la práctica políticas de ampliación y fortalecimiento de la democracia y su sustentabilidad en la región y, sobre esa base, de la gobernabilidad, los derechos humanos, el desarrollo integral, la paz y la seguridad.

La Organización, por otra parte, posee un conocimiento y experiencia en la región que no guarda parangón con ninguna otra institución internacional. Se trata de unas capacidades que deben ser aprovechadas en la conformación de las estrategias globales. Por ello corresponde a la OEA potenciar su condición de eje del Sistema Interamericano, promoviendo la articulación de las distintas organizaciones y corporaciones del sistema global en la ejecución de esas políticas en pro de la seguridad, la paz, el desarrollo integral, la gobernabilidad, la protección de los derechos humanos y la democracia y su sustentabilidad.

Estos propósitos se verán cumplidos en la medida que el esfuerzo concertado de todos sus países miembros y de la organización en su conjunto converjan tras objetivos prácticos inmediatos, visibles y fácilmente comprensibles y explicables para todos. En una enumeración no completa de objetivos de esa naturaleza, imprescindibles y necesarios de ser emprendidos desde hoy, deseo proponer por lo menos los siguientes: la constitución de la OEA en el principal ámbito interamericano para la discusión y generación de consensos y acciones concretas; la coordinación, desde la OEA, de las actividades del conjunto de los organismos interamericanos; el desarrollo, desde la OEA, de un discurso político coherente y conocido, que se manifieste consistentemente en acciones concretas; la difusión eficiente, hasta el nivel del ciudadano común, del discurso político y las acciones que el Sistema Interamericano emprenda en la región; la implementación, desde la OEA, de un proyecto inteligente e imaginativo en torno al concepto de “Democracia exigible”; la ampliación de las capacidades de la OEA y de todo el Sistema Interamericano para impulsar la cooperación para el desarrollo en el ámbito regional; el desarrollo y la aplicación de un enfoque multidimensional que dé cuenta efectiva de los principales problemas de seguridad que afectan a la población del hemisferio; la ampliación de las capacidades del Sistema Hemisférico para proteger los derechos humanos; lograr que la Organización y el Sistema estén presentes de manera activa y constructiva en la solución de las crisis regionales; y, en fin, lograr que la propia OEA sea vista por todos como una organización eficiente y transparente, capaz de responder frente a los gobiernos y los pueblos del hemisferio de cada uno de sus mandatos y por cada uno de sus actos.