Agradezco al Presidente Alan García, al pueblo del Perú y muy especialmente a las autoridades y a los ciudadanos de esta hermosa ciudad de Lima, por la afectuosa acogida que nos han brindado y por el cuidado y la eficiencia que han mostrado en la preparación de esta Cuadragésima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. El Perú ha sido siempre un firme sostén del multilateralismo hemisférico y especialmente en los últimos años, en los que ha jugado un rol trascendente en la elaboración de algunos de nuestros principales instrumentos, primero entre todos, nuestra Carta Democrática Interamericana.

Especial importancia tiene para nosotros, Sr. Presidente, encontrarnos en el Perú en una etapa de desarrollo del país, caracterizada por tasas de crecimiento que se encuentran entre las más altas de la región, unido a un ambicioso programa social que ha permitido reducir la pobreza y fortalecer la entrega de servicios sociales esenciales a la población.

La democracia peruana también se ha visto fortalecida en la última década y estamos orgullosos, como Organización, de haber aportado nuestro granito de arena a este logro fundamental.

Sr. Presidente, Sres. y Sras. Ministros, delegadas y delegados.

Año a año, desde 2005, me he dirigido a ustedes en esta ceremonia que inaugura el período ordinario de sesiones de nuestra Asamblea General. Hoy lo hago honrado y agradecido por la reiteración de su confianza al haberme reelegido como su Secretario General por los próximos cinco años. Me comprometo una vez más, ante este organismo principal de la Organización, a entregar todos mis esfuerzos para hacer que la OEA sea cada vez más relevante y eficaz, en el cumplimiento de su misión de hacer de las Américas un continente democrático, libre, desarrollado, justo, solidario y seguro.

Hace pocos días, expuse cuales serán las prioridades que guiarán la acción de la Secretaría General en mi segundo periodo:

1.- Desarrollar un multilateralismo amplio, moderno e inclusivo, cuyo principal instrumento no sean las sanciones, las exclusiones ni las divisiones, sino el diálogo y los acuerdos para resolver los problemas que puedan obstaculizar nuestro común objetivo democrático.

2.- Fortalecer la gobernabilidad democrática, promoviendo el respeto al Estado de Derecho y las instituciones, una justicia independiente y eficaz, la plena libertad de expresión de todos los ciudadanos y la transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos.

3.- Potenciar nuestro sistema de derechos humanos, promoviendo el respeto y acatamiento de sus decisiones, la ratificación de todos los países de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la lucha contra toda forma de discriminación.

4.- Buscar un mayor equilibrio entre nuestras tareas de construcción democrática y de promoción del desarrollo integral, focalizando nuestra acción en los mandatos de nuestras Cumbres de las Américas en los temas de pobreza y empleo decente, migración, competitividad, energía, medio ambiente y cambio climático, desarrollo tecnológico y educación, coordinados con los demás organismos del sistema interamericano.

5.- Contribuir a la seguridad multidimensional dando prioridad a la grave crisis de seguridad pública generada por el narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado, el tráfico de armas y la trata de personas.

6.- Dar un nuevo impulso al tema de género en la OEA, en temas como la violencia contra la mujer, la igualdad en el empleo, el acceso a cargos directivos públicos y privados, y la pobreza de la mayoría de las mujeres jefes de hogar.

Creer que estos logros son posibles, es una muestra no sólo de mi compromiso, sino también de mi optimismo respecto de la marcha de nuestra región, de su economía y de su democracia. Soy consciente de los desafíos pendientes pero estoy convencido de que nuestro continente se encamina a establecerse como una de las dos regiones democráticas del mundo, que ha ido aumentando también su confianza en la democracia y en la fuerza de sus instituciones, así como de que el multilateralismo regional tiene un papel crucial que jugar en ello.

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Ministros, Jefas y Jefes de Delegación
Permítanme en esta oportunidad, abordar algunos temas de nuestra agenda inmediata, que seguramente serán tocados en esta Asamblea.

1. Crisis Económica.

Varios años de crecimiento sostenido se vieron bruscamente frenados durante 2009. Tanto la economía de Canadá como la de Estados Unidos redujeron sus ritmos de crecimiento y vieron aumentar el desempleo, mientras que, según cifras de la CEPAL, los países de América Latina y el Caribe experimentaron, en promedio, una contracción económica de 1,9%, con el consiguiente impacto en el desempleo, rompiendo la tendencia favorable de los años anteriores.

Más allá de las cifras lo que importa son sus dramáticos efectos. Nueve millones más de personas en situación de pobreza y un aumento de cinco millones de personas en situación de indigencia.

Sin embargo, un efecto político que muchos temimos el año pasado, no parece haberse producido. La última encuesta Latinobarómetro nos muestra que, en medio de esta crisis, la adhesión a la democracia de los ciudadanos de la región, incluso en los países más afectados, ha aumentado. Esta situación compromete aún más la responsabilidad de nuestros gobernantes, especialmente ante quienes aún esperan que la democracia les de un trabajo decente, un ingreso justo y una vida digna.

La semana pasada asistí al cuadragésimo primer Período de Sesiones de la CEPAL, y mi sensación fue que más allá de los problemas pendientes, reina un nuevo clima de optimismo en cuanto a superar la crisis y retomar el crecimiento que permita una reducción de la pobreza y la desigualdad. El desafiante título de la propuesta de la CEPAL, “La hora de la Igualdad” grafica la ruptura radical que se ha producido en nuestros países con ideas que predominaron en el pasado, y que empobrecieron nuestras políticas públicas sin producir crecimiento. Al centro de la nueva visión está el papel de un Estado democrático más fuerte y capaz de conducir nuestras economías hacia un desarrollo con justicia y equidad. Al parecer es también la hora de la Política, entendida como construcción colectiva, diálogo racional y búsqueda de consensos.

La OEA tiene mucho que aportar en esa dirección. Los Estados latinoamericanos están aún lejos de contar con los recursos y la capacidad institucional para enfrentar los grandes desafíos de la democracia, que se encuentran en el área de la gobernabilidad. El ideal de la república democrática que se expresa en nuestra Carta Democrática Interamericana no sólo supone la generación democrática del poder, sino también el desarrollo de instituciones estables, el respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión, y la presencia de una autoridad crecientemente legitimada no sólo por su origen, sino por la calidad de su gestión. Durante el quinquenio pasado, hemos dedicado a los temas de gobernabilidad y mejoramiento de la eficacia en la acción del Estado nuestros principales programas. Los ciudadanos de nuestra región creen cada vez más en la democracia, pero entienden que ella debe también expresarse en resultados tangibles en su vida cotidiana. Y esa exigencia se hará cada vez mayor.

2. Honduras

Hace casi un año, el golpe de Estado, una lacra política que creíamos superada en la región, se hizo presente de nuevo. En la madrugada del día 28 de ese mismo mes, un comando del Ejército irrumpió en la residencia del Presidente de Honduras José Manuel Zelaya y luego de capturarlo, lo expulsó de su país. Después de exigir infructuosamente su restitución, nuestra Organización decidió, por la unanimidad de todos sus Estados Miembros, la suspensión de Honduras, calificando la situación como un golpe de estado que violaba la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. El conjunto de la comunidad internacional apoyó nuestra política.

De acuerdo a los mandatos de la Asamblea General, la Secretaría implementó una variedad de iniciativas diplomáticas tendientes a restaurar la democracia y el estado de derecho en el país, que incluyeron el apoyo a los esfuerzos mediadores del Presidente de Costa Rica Óscar Arias, dos visitas de este Secretario General y Cancilleres a Tegucigalpa, consultas directas y permanentes con las dos partes y otros actores relevantes y, finalmente, la promoción y facilitación del “Diálogo Guaymuras” entre representantes del presidente Zelaya y del gobernante de facto de Roberto Micheletti, que llevó a la firma del Acuerdo Tegucigalpa/San José el 30 de octubre.

El esfuerzo internacional, sin embargo, no logró la restitución del presidente Zelaya de modo que pudiera concluir el período de su mandato presidencial. Todos los poderes fácticos internos y algunos relevantes a nivel internacional, apoyaron a Micheletti, lo que sumado a la proximidad de las elecciones -convocadas antes del golpe para tener lugar cinco meses después- permitió al gobierno de facto mantenerse en el poder hasta el final del período.

Hoy Honduras sigue suspendida de nuestra Organización y seguimos trabajando para superar la situación. El Presidente Porfirio Lobo ha dado pasos muy importantes en la dirección de normalizar la vida democrática del país, al formar un Gobierno amplio con representación de los distintos sectores del espectro político hondureño; ha creado la Comisión de Verdad establecida en el Pacto San José – Guaymuras; ha dictado una ley de amnistía para los delitos políticos y conexos cometidos durante el período de la crisis; ha permitido dos visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y ha mostrado de manera general su disposición de dialogar con la comunidad internacional y especialmente con los gobiernos representados en esta Organización acerca de su plena reincorporación. Por ello, en cumplimiento de los mandatos de la Asamblea Extraordinaria del 4 de Julio de 2009, esta Secretaría General ha mantenido un diálogo permanente con el gobierno del Presidente Lobo, hemos contribuido a sus esfuerzos y estuvimos presentes en la inauguración de los trabajos de la Comisión de Verdad, presidida por el distinguido ex Vicepresidente de Guatemala Dr. Eduardo Stein.

Todos estamos de acuerdo acerca de la conveniencia de un pronto retorno de Honduras a la Organización. La única diferencia está en que algunos consideran que ello debe ocurrir sin mayor demora y otros creen que es necesario exigir condiciones adicionales para ello. Entre estas, la situación de exilio en que se sigue encontrando el ex Presidente Zelaya, en contravención a las normas de derechos humanos y a la propia Constitución de Honduras, constituye un asunto central.

En lo personal he dicho que un retorno de Honduras es positivo para ese país y para la OEA, porque seria una forma de apoyar los esfuerzos de quienes quieren una plena normalización, sin exclusiones ni persecuciones, y porque permitiría abordar de mejor manera los problemas de derechos humanos y otros pendientes. Pero comprendo la reticencia del Presidente Zelaya de volver a su país a someterse al juicio de un Fiscal y una Corte de Justicia que estuvieron entre los que promovieron su salida y lo han condenado públicamente muchas veces.

3. Los límites del multilateralismo

Pero más allá de la situación particular de Honduras lo importante es la lección que nos deja acerca de los límites del multilateralismo. Durante los últimos meses hemos sido testigos y protagonistas de la tensión prevaleciente entre la piedra angular del multilateralismo, que es la existencia de principios compartidos colectivamente -en este caso los principios democráticos- y el fundamento básico de las relaciones internacionales que es el principio de soberanía o no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. Ambos principios están claramente establecidos en nuestros documentos jurídicos fundamentales, desde la Carta fundacional de nuestra Organización a la Carta Democrática Interamericana, y creo llegada la hora de avanzar en como compatibilizarlos y complementarlos.

Sobre todo creo que es el momento de analizar como seguir utilizando nuestros instrumentos jurídicos para actuar en beneficio de la paz, la convivencia pacífica y la democracia, pero de una manera proactiva antes que reactiva, para prevenir antes que para intentar curar. Tenemos en los últimos años varias experiencias positivas de aplicación de nuestra Carta Democrática para prevenir crisis institucionales y ejemplos de ineficacia en las dos ocasiones -Venezuela en 2002 y Honduras en 2009- en que se actuó con la crisis ya ocurrida. Ello nos está mostrando que, más que modificar la Carta, algo que creo peligroso y poco práctico, debemos concentrarnos en medidas para mejorar y ampliar su aplicación. He hecho recientemente algunas propuestas ante el Consejo Permanente para que sirvan de motivación a un debate sobre este importante tema.

4.- Haití.

Sin embargo, el comienzo del año 2010 probablemente no será tan recordado por los hechos económicos y políticos que acabo de examinar, sino por los desastres naturales que han tenido lugar con frecuencia alarmante, causando gran destrucción en varios de nuestros países. El terremoto de Haití del 12 de Enero, el de Chile del 27 de Febrero, las inundaciones en Brasil y Bolivia en Marzo y los recientes estragos de la tormenta Agatha en Guatemala, El Salvador y Honduras, trazan un panorama desolador, al que se agrega el pronóstico de una temporada de huracanes que podría ser devastadora. También lo es la catástrofe ecológica provocada por el derrame de petróleo en el Golfo de México, que aún no ha podido ser detenida, a pesar del enorme esfuerzo desplegado por el gobierno de Estados Unidos y su Presidente para enfrentar esta emergencia.

Aún reconociendo el carácter imprevisible de muchas de estos dramas, no cabe duda de que nuestra preparación para enfrentarlos, reducir su impacto y mitigar sus efectos, es aún insuficiente. En particular, es poco eficaz aún la respuesta internacional, que une a una enorme y creciente solidaridad, importantes deficiencias en materia de coordinación.

El terremoto de Haití del 12 de Enero es la tragedia humana más grande ocurrida en nuestro hemisferio en más de un siglo. Días después del desastre, el Consejo Permanente de esta Organización aprobó la declaración conocida como “Apoyo al pueblo y Gobierno de Haití tras el terremoto ocurrido el 12 de enero” en la que reitera su compromiso "de apoyar los esfuerzos de las autoridades de Haití para mantener la estabilidad política, la democracia, la gobernabilidad y el Estado de derecho, para fortalecer las instituciones y para promover el desarrollo socioeconómico¬".

En ese marco hemos participado intensamente, de manera directa y a través de la Pan American Development Foundation, en el gran esfuerzo de emergencia en Haití, y también en los preparativos para lanzar un Plan de Reconstrucción que responda adecuadamente a la realidad creada por los nuevos desafíos que deben enfrentar el pueblo y Gobierno haitianos.

Acabo de participar en la Cumbre convocada por la República Dominicana, que ha dado en todo este periodo un esfuerzo inolvidable de solidaridad con su país vecino. Informo con satisfacción que la Comisión Internacional para la Reconstrucción de Haití, presidida conjuntamente por el Primer Ministro de Haiti, Jean Max Bellerive y el Ex Presidente de Estados Unidos Bill Clinton, ya está comenzando a funcionar, y que el Fondo que la acompaña ya está constituido en el Banco Mundial, con Brasil como primer gran donante. Considerando las áreas prioritarias definidas por las autoridades de Haití en su Plan de Reconstrucción y los ofrecimientos de apoyo en áreas específicas de parte de una amplia gama de actores, esta Comisión coordinará todo el esfuerzo de reconstrucción, para asegurar que se ejecute de manera transparente y evitando desperdicio de recursos y duplicidades.
La OEA ejercerá su capacidad de liderazgo en áreas programáticas en las que tiene una ventaja comparativa gracias a su reconocida experiencia y conocimientos. En nuestra estrategia institucional se reconoce que será de vital importancia mantener la estabilidad política del país en virtud de que el pueblo y el Gobierno de Haití deben enfrentar la recuperación y la reconstrucción como tareas desafiantes que requieren, a la vez, una gestión transparente y efectiva y sólidas instituciones nacionales. Basándose en las consultas hechas a las autoridades de Haití, la OEA ha procurado que su estrategia institucional haga hincapié en el fortalecimiento de las instituciones, el desarrollo de capacidades y el buen gobierno, fundamentalmente en tres áreas de especialidad definidas y que se relacionan entre sí de manera funcional: fortalecimiento del proceso electoral , modernización e integración continua del registro civil , y modernización del sistema catastral y de la infraestructura de la tenencia de la tierra .

5.- Migración.

Nos preocupan enormemente las manifestaciones que se han producido recientemente en países de Europa y América en contra de los migrantes. La migración es un fenómeno americano por excelencia. Nuestras naciones son productos de la fusión de sus poblaciones originarias con sucesivas olas de migrantes que llegaron, voluntaria o forzadamente a sus costas a través de los siglos. Hoy, cuando la población de América Latina y el Caribe es alrededor de un 8% de la población mundial, sus migrantes constituyen un 16% del total de los migrantes en el mundo. La migración es un tema claramente hemisférico por cuanto el primer lugar de destino de los inmigrantes, es Estados Unidos; pero también existe inmigración interna importante, especialmente en América del Sur. Pensar en tratar estos asuntos por separado, no da cuenta del problema real.

Han preocupado espacialmente a nuestros países miembros, medidas como la Directiva de Retorno de la Unión Europea, y más recientemente la ley SB 1070 del estado de Arizona, Estados Unidos, que apuntan a reprimir artificialmente procesos que son naturales y que dicen relación con posibilidades de empleo en los distintos países y regiones del mundo. La ley SB 1070 tiene, además, un trasfondo innegable de discriminación en contra de poblaciones latinas, migrantes y no inmigrantes de esa región.

La Misión que me he propuesto durante mi nuevo mandato es propiciar un diálogo constructivo entre los países de la Región que permita avanzar hacia la creación de entendimientos básicos, pautas y lineamientos para acciones futuras de cooperación regional que impulsen migraciones controladas, ordenadas y seguras, y que promuevan las capacidades de los migrantes como actores políticos, económicos, culturales y científicos, fundamentales para impulsar procesos de desarrollo humano y económico en las sociedades de origen y destino.

6. Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas

Señor Presidente:

Usted nos ha convocado a tratar el tema “Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas” como motivo central de esta reunión. Con ello reivindica uno de los principios fundantes de nuestra Organización. El respeto a las normas e instituciones desarrolladas por el sistema interamericano durante su ya centenaria historia explica por qué el siglo XX, uno de los más cruentos en la historia de la humanidad, con dos guerras que debieron ser calificadas como “mundiales”, fue a su vez el más pacífico de la historia de las Américas. Y explica también por qué esas normas e instituciones generadas por nuestro sistema han servido de modelo a instituciones desarrolladas a lo largo del siglo en otras regiones del mundo que también buscan formas pacíficas de superación de los problemas entre países.

Es esa tradición la que Usted nos llama a reiterar y por ello los gobiernos de la región han acogido unánimemente su proposición de buscar, en esta Asamblea General, las vías que permitan una aplicación más efectiva de esas normas y procedimientos que hasta ahora han regulado nuestra convivencia pacífica.

Durante esta Asamblea, los Cancilleres de las Américas podrán examinar y reiterar su compromiso con la paz, la seguridad y la cooperación para hacer frente a las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas que afectan a la región.

Podrán reafirmar, igualmente, la importancia de promover un ambiente propicio para el control de armamentos, la limitación de armas convencionales y la no proliferación de armas de destrucción en masa, y podrán declarar su compromiso de promover la transparencia en la adquisición de armamentos, atendiendo las resoluciones pertinentes de la ONU y nuestras propias resoluciones sobre la materia. Podrán subrayar, asimismo, la importancia de continuar avanzando en los esfuerzos bilaterales, subregionales y regionales tendientes a la cooperación en materia de seguridad y a la implementación de los convenios, declaraciones y entendimientos adoptados en temas de paz, estabilidad, confianza y seguridad.

Para actuar en conjunto en estas materias se requiere la existencia de mecanismos estables y compartidos para dar seguimiento a lo que cada país hace en materia de control y transparencia de sus gastos y políticas militares. Al respecto, es importante recordar que la transparencia de los gastos militares como una medida de fomento de la confianza constituye una parte importante de la agenda de desarme de la OEA y cuenta ya con tres mecanismos principales. La primera de ellas es la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales , que ha sido suscrita por veinte Estados y ratificada por trece. La segunda corresponde a las medidas de fomento de la confianza y la seguridad acordadas en la declaración de Santiago, la Declaración de San Salvador y el Consenso de Miami . Y la tercera, son los Libros Blancos y de Defensa Nacional .

En síntesis, lo que nos gustaría que ocurra en esta Asamblea, es que los Estados asuman dos compromisos principales: primero, que aquellos que no han firmado o ratificado los acuerdos lo hagan a la brevedad. Segundo que todos remitan con tiempo sus informes anuales en materia de adquisiciones a la SG de Naciones Unidas y sus informes sobre cumplimiento de medidas de confianza de acuerdo a la lista consolidada de 2009, a la Secretaría General. Y tercero, que los países que lo no lo hayan hecho, formulen de manera explícita sus objetivos y políticas de defensa, a través del sistema de Libros Blancos, notificando a la Secretaría General.

Con estos tres instrumentos, registro completo de las compras de armamentos, información de medidas de confianza y Libros Blancos de estrategias de defensa, será más fácil hacer el trabajo de seguimiento que nos corresponde y dar más transparencia al gasto militar, lo que hasta ahora solo se ha podido alcanzar de manera incompleta.

Creo que existe un clima propicio para avanzar en ese plano, a lo cual contribuyen algunos desarrollos concretos de los últimos años, que en si significan tanto o más que las medidas formales a las que nos estamos refiriendo. Ellos son:

a) Las Fuerzas Armadas de 11 países miembros, ocho países de América del Sur y uno de América Central trabajan conjuntamente en la Misión de Naciones Unidas en Haití (Minustah) con la colaboración también Canadá y, mas recientemente, de Estados Unidos.

b) La actuación de militares de la región en el programa de la OEA, que ha permitido proclamar a Centroamérica, hace pocos días, como libre de minas antipersonales, es otra instancia de cooperación y trabajo conjunto que permite el acercamiento en el trabajo técnico de nuestros militares.

c) La formación del Consejo de Defensa de América del Sur y su Declaración de América del Sur.

7. El Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de las Armas Nucleares

Ningún tratamiento de nuestras políticas de desarme sería completo sin referirnos a un instrumento estrella, que hasta hoy es ofrecido como ejemplo y alternativa a otras regiones del planeta: el Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. En ese documento los países de América Latina y el Caribe se comprometen a utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidos a su jurisdicción, y a prohibir e impedir en sus respectivos territorios el ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición armas nucleares; así como a recibir, almacenar, instalar, emplazar o poseer de cualquier forma cualquier nuclear, directa o indirectamente, por sí mismas, por mandato a terceros o de cualquier otro modo; y a fabricar o ayudar a cualquiera de estas actividades por parte de otros.

El grado de proscripción que contiene el Tratado y la suscripción de sus protocolos adicionales por las potencias nucleares han permitido que América Latina y el Caribe sea, efectivamente, la única zona desnuclearizada. Recordarlo nunca esta demás, cuando se habla por primera vez de discutir otras zonas desnuclearizadas en regiones mucho más conflictivas del mundo. El ejemplo de Tlatelolco nos muestra que estos acuerdos radicales de desarme son posibles, especialmente en el terreno de las armas estratégicas, cuando existe la voluntad política para asumirlos.

Los temas del desarme y la cooperación para la paz no son, sin embargo, la mayor preocupación que en materia de seguridad tienen hoy los habitantes de la mayor parte de los países de la región. Si miramos a las encuestas recientes, la inseguridad pública es vista hoy como una de las principales amenazas a la estabilidad de nuestros Estados, al fortalecimiento de nuestra democracia y al desarrollo de nuestras economías. Se sitúa entre los aspectos prioritarios de las agendas públicas de todos nuestros gobiernos y es, sin duda, motivo principal de preocupación de nuestros ciudadanos.

8. Seguridad Pública
Consecuentes con la visión establecida por la Conferencia Especial sobre Seguridad de 2003, en 2005 creamos la Secretaría de Seguridad Multidimensional y en 2006 modificamos el Estatuto de la Junta Interamericana de Defensa como entidad de la OEA. Hoy nuestra Organización es Secretaría Técnica de la “Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados”, de la “Convención Interamericana de Transparencia en la Adquisición de Armas Convencionales”, del “Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, de la “Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas” y su instrumento, el “Mecanismo de Evaluación Multilateral”, del “Comité Interamericano Contra el Terrorismo”, y administra el “Programa de Asistencia Integral contra Minas Antipersonal”. Para incrementar y fortalecer la cooperación en seguridad pública, promovimos la realización en 2008 de la primera reunión en México de Ministros de Seguridad Pública de las Américas, cuya segunda versión se realizó en 2009 en la Republica Dominicana.

Los últimos meses han traído consigo un aumento sustantivo de la alarma publica en torno a la acción del crimen organizado y sus aspectos mas salientes, el trafico de drogas, de personas y de armas. Para combatir con éxito estos tres tráficos, debemos poner un acento mucho mayor en el consumo. Mientras los mercados de la droga estén abiertos en los países consumidores, no sacamos nada con aumentar solamente la interdicción. La droga llegara igual y a un precio mayor. Del mismo modo, es preciso atacar frontalmente el tráfico en la dirección opuesta: las armas y el dinero de la droga siguen fluyendo en el norte y hacia el sur y armando verdaderos ejércitos de criminales que enfrentan a nuestras policías y militares.
Esta Asamblea General considerará la adopción de la nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas, aprobada a principios de mayo por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD. Hace un año yo había solicitado a la CICAD que reviera la vieja Estrategia, por lo cual estoy muy complacido con este resultado.

El arduo proceso de desarrollar la nueva estrategia, hábilmente liderado por Brasil, involucró a todos los Estados Miembros. De todas las nuevas ideas contenidas en esta Estrategia, me gustaría destacar tres:

Primero, el respeto por los Derechos Humanos en la implementación de las políticas sobre drogas. El problema mundial de las drogas ha evolucionado considerablemente y la CICAD consideró esencial encuadrar la nueva Estrategia en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya sea en lo que se refiere a acciones coercitivas y de debido proceso, ya en lo que tiene que ver con la salud y el tratamiento. El valioso informe de nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Seguridad Publica y Derechos Humanos es también una importante contribución en este plano.

Segundo, la evidencia científica debe ser la base para el establecimiento de políticas de drogas. En el pasado muchas decisiones sobre políticas públicas de drogas eran tomadas basadas en un voluntarismo bien intencionado, más que en la evidencia científica. Ahora nuestros Estados Miembros están plenamente concientes de que para diseñar efectivas políticas y acciones sobre drogas es necesario contar con una base científica. Y también tienen conciencia de que para que ello sea posible, deben establecer organismos capaces de generar información objetiva, veraz, confiable y comparable.

Tercero, la dependencia de las drogas es una enfermedad crónica y recurrente que debe ser tratada como un tema de salud pública. Esta afirmación tendrá impacto en las políticas y acciones de salud pública de nuestros Estados Miembros, y en el trato a aquellos transgresores de la ley que son dependientes de drogas. La nueva Estrategia declara que la dependencia de drogas debe ser contemplada por los servicios de salud pública, con disposiciones para que el tratamiento, la rehabilitación y la inserción social sean adecuados.

Nuestros países necesitan implementar controles estrictos para prevenir el tráfico ilícito de drogas, así como realizar actividades para contener las serias amenazas a la seguridad que, como hemos visto recientemente, la criminalidad organizada le impone al propio Estado. Pero también nuestros Estados Miembros deben tratar, en primer término, de prevenir el abuso de sustancias por parte de sus ciudadanos; y tomar acciones para ayudar a quienes lo padecen para que puedan retornar a una vida saludable y productiva, liberándolos de su dependencia. Lo que la OEA intenta hacer es poner el acento en la necesidad de tratar la demanda de drogas y la rehabilitación a la par con la interdicción de

Señor Presidente, la forma de avanzar en estas materias es en el marco de la cooperación y en la convicción de que tenemos un futuro común y solidario que compartir. Corresponde por ello a la Organización de los Estados Americanos continuar contribuyendo a la superación de situaciones de tensión y a la solución de crisis y apoyar los esfuerzos, acuerdos y mecanismos bilaterales, subregionales, regionales e internacionales para prevenir conflictos y solucionar pacíficamente las controversias.

No tengo dudas, señor Presidente, que esos objetivos serán alcanzados y que constituirán una reafirmación fehaciente e incontestable de la vocación de paz y anhelo de seguridad de nuestros pueblos y de nuestros gobernantes.

Sr. Presidente, Sres. y Sras. Ministros y Jefas y Jefes de Delegación.

Nuestra obra colectiva de cooperación, solidaridad y paz es inmensa y crece año tras año. Los acuerdos que Uds. quieran alcanzar en materia de reducción, control y transparencia; y los acuerdos a que lleguen para intensificar su cooperación en todos los aspectos de la seguridad multidimensional, pueden y deben ser seguidos por esta Organización. Ella es la sede del ordenamiento jurídico hemisférico y el lugar donde se generan y se mantienen vigentes los principios que comprometen a todos los Estados de nuestra región, desde los más ricos y poderosos hasta los más vulnerables y débiles. Este es el hogar de la Carta Democrática Interamericana, de la Convención de Derechos Humanos, de la Convención contra la Corrupción, del tratamiento común en materia de drogas y de muchas otras Convenciones, Acuerdos y Tratados que constituyen la base de nuestra institucionalidad hemisférica. Las decisiones que adopte esta Asamblea pasaran a ser parte de ese legado centenario, que es la razón de ser de nuestra Organización.