Agradezco la cálida bienvenida y la invitación para venir a compartir algunas ideas con ustedes. Quisiera agradecer a mis amigos de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos (LASA) quienes han hecho posible este evento. Agradezco también al Director del Centro de Estudios Latinoamericanos, Erick Langer, y a toda la comunidad por su interés y riguroso estudio de América Latina.

Hoy día, América Latina se presenta con un nuevo rostro, más optimista y decidido en el escenario mundial aunque todavía la afectan muchos de los problemas y situaciones apremiantes que han caracterizado a la región durante muchos años.

La principal razón de este nuevo optimismo es de índole económica. Una vez que quedaron atrás los temores e incertidumbres provocados por la gran recesión de 2009, las economías de la región empezaron a mostrar señales de un vigoroso crecimiento, principiando con Brasil y Argentina, seguidos de Perú, Colombia, Chile, Panamá, Uruguay y, recientemente, México, con índices incluso superiores a los de antes de la crisis.

El espíritu de celebración no sólo tiene su origen en el crecimiento económico. Antes de la crisis, entre 2003 y 2008, la región ya había experimentado un crecimiento de más del 5% anual en promedio. El optimismo, como ya he dicho, se debe al hecho de que las economías se han recuperado más pronto de lo esperado, justo un año después de que muchas de las principales economías habían experimentado índices de crecimiento negativo. Aunque el ritmo de crecimiento ha disminuido en algunos países, los índices previstos este año se ubican en más del 3% aunque la mayoría de los países de la región experimentarán un crecimiento más notorio.

Si bien es cierto que las cifras destacan entre las de los países desarrollados, la región de América Latina y el Caribe ocupan el segundo lugar entre las zonas económicas más lentas del mundo en desarrollo en comparación con países como China e India. Sin embargo, si comparamos a la región tomando como referencia el período que va de 2002 a 2012, observaremos que el crecimiento en esos años fue superior al de las dos décadas anteriores combinadas. Esta es una buena razón para ser optimistas.

Durante la presente década han disminuido los índices de pobreza a niveles no experimentados desde los años 80. Decenas de millones de latinoamericanos han salido de la pobreza y se ha creado un gran número de empleos. La vigorosa y trabajadora clase media ha aumentado de 103 millones a 152 millones, lo cual representa un elemento importante para el progreso en América Latina.

En un análisis reciente de los Objetivos de Desarrollo del Milenio hecho por un grupo de dependencias de Naciones Unidas se ponen de manifiesto importantes avances en la mayoría de los indicadores a pesar de que parecería que algunos de los países más pobres de la región se están quedando atrás. Todavía nos quedan muchos retos por delante, y de ellos hablaremos más adelante. La oportunidad de enfrentarlos es tan cierta como el optimismo que experimentan muchas personas hoy.

Me pregunto si se acuerdan ustedes de la columna de la revista The Economist publicada en 2008 en la que se muestra un mapa del mundo al revés y en el que aparece América Latina en la cima del mundo. La interrogante es si continuaremos en esta tendencia positiva o si se exacerbarán los conflictos sociales ocasionados por los persistentes problemas que tenemos. Parte de este éxito puede ser atribuido a la situación política. En ocasiones –la gente dice y yo concuerdo con ello –, los países que primero superan la crisis no lo logran solamente gracias al aumento en los precios de los productos básicos sino también el hecho de que sus economías están mejor manejadas que en crisis anteriores.

La calidad de las políticas macroeconómicas adoptadas por los gobiernos antes y durante la recesión fue un factor que les permitió mitigar los efectos de esta. Incluso aquellos países que proclamaron su aversión a las políticas del pasado actuaron con prudencia fiscal y acumularon las reservas necesarias para implementar políticas anticíclicas. Es interesante reflexionar sobre este punto.

Se habla mucho acerca de la división política en América Latina pero realmente no existe tal división en la economía pues algunas de las menos ortodoxas se han desempeñado bastante bien. Un ejemplo es esto es muy revelador. Bolivia tiene con mucho una de las más grandes reservas de divisas en el continente (como porcentaje de su ingreso nacional bruto), equivalentes a las de China. Hace 20 años, Bolivia tenía reservas negativas y ahora tiene más de US$14 mil millones en reservas internacionales.

Si nos ponemos a analizar qué país está recibiendo el mayor número de inversiones en Centroamérica (además de Panamá debido principalmente a la ampliación del Canal, que de suyo es un proyecto enorme, y Costa Rica que generalmente recibe mucha inversión extranjera directa), veremos que Nicaragua encabeza la lista pues está dando todo tipo de garantías a los inversionistas. Esta supuesta división no es tan simple como parece, y eso es precisamente lo que deseo explicar.

La mayoría de los países –por desgracia no todos ellos – han seguido políticas fiscales muy prudentes y creo personalmente que esa es una de las principales razones del éxito que han alcanzado. El sector bancario en América Latina resultó estar menos expuesto que el del mundo desarrollado y por ello no fueron necesarias grandes operaciones de rescate que implicasen un gasto excesivo por parte de los Gobiernos.

En otras palabras, como nunca antes, la causa de la crisis fue externa y fue mitigada gracias a las políticas públicas internas. Además de que ésta es parcialmente la causa del optimismo, el desempeño de la economía de la región durante la reciente recesión indica que no obstante las debilidades de nuestros Gobiernos, sus acciones no sólo fueron indispensables sino que también fueron eficaces para enfrentar los retos. En esta ocasión, los Gobiernos pueden haber sido parte de la solución.

Esta oportunidad se presenta en un momento en el que la democracia ha estado claramente en aumento en la región. En las últimas cuatro Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, todos los líderes presentes han sido elegidos de manera democrática. Este panorama es muy diferente del que prevaleció en las décadas anteriores, de los 60 a los 80, cuando las dictaduras “de seguridad nacional” ocupaban la mayoría de los Gobiernos en Sudamérica y las guerras civiles en Centroamérica dieron paso al establecimiento de una mayoría de Gobiernos ilegítimos; eso sin mencionar el hecho de que eran incontrolables las violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo que presenciamos el final de la Guerra Fría, se llevó a cabo en Latinoamérica un gran proceso que dio lugar a la aparición o resurgimiento de democracias en toda la región.

El primer requisito importante de la democracia, sin el cual otros pierden su significado, es que la legitimidad del Gobierno provenga o se base en la voluntad del pueblo. Si consideramos la idea de que la democracia genera poder, podemos decir que el continente americano es otra región, junto con Europa, en la que predomina la democracia. Esto es en sí mismo el mayor logro histórico en las últimas décadas.

Se han creado Gobiernos gracias a elecciones universales y las políticas de consenso y acuerdos amplios han dado lugar, entre otras cosas, a la implementación adecuada de políticas públicas durante largos períodos sin que se hayan registrado problemas significativos. Aquí puedo hablar por experiencia propia dado que en los últimos cinco años hemos sido observadores de más de 50 procesos electorales de todo tipo en diferentes partes de la región y en cada uno de ellos se han cumplido los requisitos de una elección democrática.

Sin embargo, la extensión del ideal democrático ha dado al concepto un mayor contenido que también incluye una serie de valores relacionados con la organización del Estado y los derechos de los ciudadanos. El hecho de que se haya reconocido el concepto de democracia es resultado del consenso que se logró en la región a finales de los 80 y principios de los 90 cuando los pueblos de las Américas consideraron que la democracia ya no era más una “aspiración” sino un “derecho”. La Carta Democrática Interamericana empieza afirmando que los ciudadanos de las Américas tienen derecho a la democracia y, por lo tanto, sus Gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

Esta tendencia dio inicio con el Compromiso de Santiago de 1991 –resolución 1080 – de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y culminó, yo diría, un tristísimo día, el 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú. La democracia tiene su fundamento en un conjunto de mecanismos que defiende el sistema interamericano y que inherentemente da mayor amplitud al concepto de democracia. Para que un Gobierno se llame democrático, no sólo debe haber sido elegido en forma democrática sino que también debe gobernar democráticamente.

En la Carta Democrática quedan consagrados una serie de valores y derechos como condiciones de la democracia. Incluye el cumplimiento de una serie de condiciones como la celebración de elecciones libres y justas, así como el respeto a los derechos humanos, al Estado de derecho, las libertades fundamentales, la pluralidad de partidos políticos, la separación de poderes e independencia de las ramas del Gobierno, la libertad de expresión y de prensa y la transparencia en las actividades de los gobernantes.

No todas las democracias en el mundo satisfacen al 100% la norma establecida por la Carta Democrática. Esta es un programa para la democracia; un ideal al que todos aspiramos y que siempre puede ser mejorado. Sin embargo, nos permite comparar sus principios con la situación política actual en nuestra región para ver hasta dónde hemos llegado en la construcción de la democracia y las prácticas democráticas entre los ciudadanos y para ver que aún siguen presentes los riesgos de un retroceso. La evolución histórica de la democracia no es lineal sino que está marcada por avances y retrocesos que en muchos casos son síntomas normales de un proceso complejo, pero en otros, pueden constituir violaciones reales a sus fundamentos.

En años recientes, los gobiernos también han aumentado su resistencia. Desde el retorno de la democracia, 17 presidentes electos han concluido prematuramente sus mandatos ya sea por golpes de Estado, renuncia, inculpación o trastornos. Desde junio de 2005 hasta la fecha, sólo han ocurrido dos eventos de este tipo: el golpe de Estado en Honduras, que dio lugar a una respuesta colectiva y a la suspensión unánime de este país en la OEA hasta que se restableció la democracia, y recientemente el caso de Paraguay, en donde esta Organización no calificó de ilegítimo el proceso de inculpación (como lo hicieron otras organizaciones) pero sí lamentó la partida prematura del Gobierno del Presidente Fernando Lugo; y a pesar de ello apoya el fortalecimiento de la democracia de cara a las elecciones del próximo abril. Ciertamente estos dos casos han sido desafortunados; pero la diferencia entre el período anterior y los últimos siete años y medio son muestra de que la capacidad de gobierno ha mejorado en gran medida en América Latina.

Sin embargo, estas democracias resultado de elecciones legítimas son más estables que nunca pero aún enfrentan serios desafíos para cumplir las promesas que se hicieron hace 30 años.

1. El primer reto a las democracias en la región es lograr un crecimiento sostenible. Como ya lo hemos visto, el actual ciclo de crecimiento, aunque está apoyado en políticas económicas sensatas, se ha basado en los altos precios de productos básicos, que han aumentado a una velocidad mayor que las economías mismas.

Esta tendencia ya se ha presentado en algunas partes de América Latina seguida de largos períodos de estancamiento o bajos índices de crecimiento. Se han dado varias razones de estos ciclos negativos: falta de inversiones internas sostenidas, infraestructura adecuada, una fuerza laboral bien capacitada, aunada a la excesiva acumulación de riqueza en la pequeña clase alta que tiende a consumir más que a realizar inversiones productivas. Muchas de estas limitaciones siguen existiendo en la región.

2. La pobreza y la desigualdad siguen siendo los principales factores que impiden el progreso de América Latina. A pesar de los avances registrados en los últimos años, el hecho es que más de un tercio de los habitantes de la región siguen viviendo en la pobreza y esto no se corresponde con su índice de desarrollo. El hecho de que sólo el 1% de la población de América Latina goce de más del 50% del ingreso nacional no encaja en nuestro discurso político.

Los sistemas fiscales y las leyes laborales no han sido reformados para lograr una mejor distribución de la riqueza como se muestra en los estudios recientes de la OCDE que indican que no ha habido cambio en el coeficiente de Gini después de impuestos en nuestra región. La pobreza va acompañada por la discriminación y por ello la pobreza tiene género y color. Los indígenas pobres, los afroamericanos pobres, los discapacitados pobres y las mujeres pobres jefes de familia son la cruda realidad de nuestra región.

3. Hoy la delincuencia es una amenaza a la democracia y la sensación de inseguridad generalizada se ha convertido en una gran preocupación para los ciudadanos del continente. Los índices de delincuencia no son iguales de un país a otro, pero cabe destacar que en algunos son cuatro veces más altos que el promedio mundial. De hecho, en la última encuesta de Latinobarometro en dos países en donde el índice de asesinatos es menor (Chile y Uruguay), se revela que la delincuencia es el problema más apremiante para la sociedad.

El aumento en el narcotráfico y los delitos que lo acompañan (por ejemplo, el lavado de activos y otras actividades delictivas sumamente lucrativas como el tráfico de armas y la trata de personas) han dado lugar a auténticas empresas delictivas.

4. Aunque las democracias son estables, las instituciones siguen siendo frágiles y este es un problema importante para la gestión democrática. Tenemos gobiernos débiles y carentes de recursos financieros que deben enfrentar serios problemas. Nuestros Gobiernos, para responder a sus ciudadanos (y cumplir las exageradas promesas electorales) asumen responsabilidades sociales y de seguridad que no están en posibilidad de cumplir porque les faltan los recursos necesarios así como las instituciones sólidas y confiables para poner en práctica esas políticas.

La reforma de los Gobiernos debe empezar con una reforma fiscal que permita aumentar los ingresos del Gobierno y, al mismo tiempo, convertirlo en el método legítimo para redistribuir los ingresos como ocurre en todos los países desarrollados.

5. En el contexto de una lucha política legítima, la falacia democrática de que la mayoría tiene derecho a cambiar el sistema según le convenga ha estado ganando fuerza y así tiende a acumular poder y a ignorar la participación y derechos de las minorías. La justificación de la tentación de acumular más poder es siempre la necesidad de “completar una tarea” o atender crisis urgentes en la sociedad. Sin embargo, si se cambian las instituciones y las leyes por este motivo, se debilitan las instituciones y en última instancia la democracia que supuestamente defienden.

En algunos países recientemente ha habido cambios constitucionales importantes cuya contribución a la formación de gobiernos estatales aún está por verse. En otros países, la tentación de reformar las leyes que rigen la duración de un mandato y la reelección se presenta cada vez que ven una ventaja política posible en ello, al tiempo que enmiendan con frecuencia las leyes que regulan los aspectos fundamentales de la democracia, incluso el ejercicio de las libertades públicas.

América Latina se encuentra en un perpetuo proceso de revisión de sus instituciones políticas y eso hace pensar que en algunos países al proceso no emana de un legítimo deseo de crear un consenso más amplio y una mayor estabilidad, sino más bien del deseo de sacar ventaja de las ganancias electorales para conservar o ampliar el poder de un gobierno.

6. Lo que preocupa especialmente es el intento de controlar la rama del Gobierno del que depende la subsistencia del Estado de derecho: el poder judicial. La tendencia a politizar el sistema judicial es negativa en sí misma, pero si un sector político controla la judicatura, dejan a sus oponentes indefensos y provoca una alteración ilegítima del equilibrio político de la sociedad.

7. De igual modo, el control de los medios plantea un serio riesgo para la democracia en una sociedad en la que la libertad de expresión efectiva depende de ésta. El primer factor negativo es el hecho de que la mayoría de los ciudadanos no tiene acceso a información confiable pues los medios son sumamente controlados por unas cuantas personas o compañías que en ocasiones están vinculados con quienes detentan el poder económico. Otro riesgo es la introducción de equipos de control que acaban con la libre oposición con el legítimo pretexto de acabar con el monopolio de los medios. Las leyes que garantizan plenamente la libre circulación de ideas entre los ciudadanos también pueden fijar límites objetivos en el grado de concentración de los medios que diseminan la información en la sociedad.

He hecho énfasis en estas tendencias negativas para que así pueda concluir con una apreciación positiva y una advertencia. En una de sus últimas publicaciones, un libro que lleva por simple título Democracia, el inminente Charles Tilly hace referencia a tres procesos a gran escala que dan forma a la democracia o, por el contrario, pueden representar contratiempos históricos y destructivos para la democracia cuando se prolongan o vuelven a aparecer. Éstos son la supresión de los centros de poder fuera del Gobierno, la manifestación de profundas desigualdades entre categorías, es decir, divisiones rígidas entre sectores sociales y la falta de “redes de confianza” en la sociedad.

Todavía pueden atribuirse muchas limitaciones al breve tiempo en que sean presentados todos estos acontecimientos; los gobiernos democráticos no se han formado de la noche a la mañana en otras regiones del mundo y no hay razón para esperar un éxito pleno en las Américas en unas cuantas décadas.

Sin embargo, los riesgos de la destrucción están presentes, como lo indiqué anteriormente. Los grupos delictivos son hoy la simiente de un poder independiente; controlan sus propios territorios y obedecen sus propias leyes, que imponen a los demás sin la autoridad del Estado. Los privilegios que gozan algunos y la existencia de sistemas sociales (salud, educación y seguridad) que se diferencian en términos de acceso y calidad dan lugar a la creación de diferentes categorías y ciudadanos. En algunos países, el consenso que antes existía cede el paso a una extrema polarización política, lo cual no es un buen fundamento para las reformas urgentes que requieren los Estados latinoamericanos.

En resumen, aunque la democracia ha alcanzado grandes logros en la región, con base en muchos elementos constructivos, viven en ella los elementos de su destrucción. La interacción entre los dos en el frente político determinará si, en esta ocasión, nuestra región aprovecha las grandes oportunidades que le ofrece la economía global o se queda, como ha ocurrido muchas veces en el pasado, en el “umbral”, prisionera de sus propios fantasmas