CIDH

Foro de Santiago

Discurso del Presidente de la CIDH, Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez
Santiago, Chile, 7 de septiembre de 2012

Es con muchísimo agrado que me dirijo a ustedes en esta ocasión con el propósito de transmitirles algunos mensajes sobre la visión que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su futuro y, en ese contexto, sobre el futuro del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos.

Inicio con un agradecimiento, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nuestros anfitriones: el señor Juan Enrique Vargas, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y el señor Teodoro Ribera, Ministro de Justicia de Chile. A ellos nuestro reconocimiento por su apoyo a este Foro de Santiago. Esta es la segunda de al menos seis citas realizadas entre agosto y octubre de 2012 conjuntamente con distintos actores del Sistema para profundizar sobre la agenda de fortalecimiento, y sus principales ejes temáticos. La semana entrante celebraremos los Foros de San José y México DF y, la siguiente, el de Puerto España. Todas estas van a ser oportunidades para convocar a expertos, expertas, y representantes de los Estados Miembros y de organizaciones de la sociedad civil a dialogar con la Comisión sobre los temas de la agenda de reforma.

Hace algunos días señalaba en Bogotá lo propicio de iniciar nuestro camino en la ciudad en que se adoptó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948. Retomo ese pensamiento para agradecer el augurio de que nuestra segunda cita sea realizada a escasos tres kilómetros del Salón O’Higgins del Ministerio de Relaciones Exteriores, en que fue creada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos once años después.

Hacer referencia a la firma de la Declaración de Santiago de Chile me obliga a una nota de responsabilidad. La reforma de las instituciones del Sistema debe ser hecha siempre con seria conciencia sobre su historia. Desde la creación de la Comisión Interamericana en 1959 y la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978, sucesivas reformas reglamentarias han fortalecido progresivamente los procedimientos que rigen el curso de peticiones y casos, solicitudes de medidas cautelares, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros y los enfoques temáticos de la Comisión. Creo que, en atención a esta historia, cada generación debe tener como meta la de construir mayor institucionalidad. Es por esto que mi propósito el día de hoy es presentar a ustedes cómo nos enfrentamos mis colegas y yo la delicadísima responsabilidad de fortalecer nuestra Comisión.

Señoras y señores,

El 25 de enero de 2012, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos emitió 53 recomendaciones a la Comisión, y algunas a los Estados Miembros y el Secretario General de la OEA. Un gran número de organizaciones de la sociedad civil han manifestado su opinión sobre las recomendaciones formuladas: el 27 de enero de 2012 más de 90 organizaciones de derechos humanos suscribieron un comunicado expresando su opinión sobre las recomendaciones y la necesidad de abrir un espacio de diálogo para su discusión y el 28 de marzo de 2012, la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, en representación de más de 700 organizaciones de la sociedad civil, también expresó su opinión sobre algunas de las recomendaciones aprobadas en una audiencia pública ante la CIDH.

La Comisión reconoce las oportunidades y los retos que existen en este contexto, y está considerando todas las observaciones de los actores del Sistema: las experiencias acumuladas, mejores prácticas y lecciones aprendidas desde su última reforma reglamentaria, le han llevado a elaborar una agenda de reforma de su Reglamento, sus políticas y sus prácticas. El primer vehículo de esta reforma, de este proceso de fortalecimiento, es esta serie de Foros para escuchar a las usuarias y los usuarios del Sistema, una consulta publicada el pasado 25 de agosto, y la celebración de audiencias ante la Comisión en su sede.

Un principio que ha guiado la actuación de la Comisión es el de transparencia. Nuestra metodología de consulta fue publicada tan pronto como fue adoptada; estos foros son accesibles a través de tecnología de transmisión por Internet y nuestras participaciones y las observaciones vertidas son accesibles en nuestra página web. En este entendido, permítanme subrayar el segundo principio que guiará nuestra actuación: la amplia participación de todos los actores interesados en el proceso de revisión.

La Comisión está decidida a hacer de éste el proceso más accesible que sea posible y, con este propósito, ha publicado sus cinco módulos de consulta en su página de Internet para recabar observaciones de todo usuario y usuaria del Sistema. Habrá quienes enviarán una sucinta línea, habrá quienes nos harán llegar amplias ponderaciones. Quienes los consideren mejores, podrán hacer sus expresiones por los medios (posiblemente insospechados para quienes redactaron la Declaración Americana) de twitter y Facebook. Toda contribución es relevante: cada quien hablará desde su proyecto de vida y permítanme asegurarles que la Comisión recabará sus observaciones con el anhelo de entender ese contexto. Los medios que hemos desplegado nos permiten augurar una consulta democrática e inmediata; espero que los encuentren adecuados y que, si éste no es el caso, nos lo harán saber con el propósito de mejorarlos.

En el contexto de la amplia participación, agradezco la importantísima presencia de representantes estatales en estas mesas, así como los fundamentales aportes que nos darán representantes de la Academia y la sociedad civil organizada. Quiero en este momento reconocer la presencia de dos grandes personalidades que han aportado muchísimo al Sistema Interamericano y que, habiendo cumplido mandatos en sus órganos, continúan contribuyendo con éste: la ex Jueza Cecilia Medina, quien con tanto acierto presidiese nuestra institución hermana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y el señor José Zalaquett, quien me precedió como Comisionado y como Presidente de la CIDH y cuya labor de construcción y defensa institucional agradecemos profundamente. En momentos en que se pretendió minar los principios de independencia y autonomía de la CIDH, el Comisionado Zalaquett entendió en su justa medida que únicamente una Comisión fuerte, independiente y autónoma puede cumplir con el mandato que en ella confiere la Carta de la Organización, y no escatimó esfuerzo alguno para defenderla con este propósito en mente.

Señores, señoras;

En su agenda de revisión, la Comisión va a considerar inquietudes expresadas por usuarios del Sistema respecto del Sistema de Petición Individual. Va a examinar asuntos relacionados con los plazos que rigen algunas etapas procesales pues la adopción de plazos razonables contribuirá a que las partes concentren sus esfuerzos; también a considerar importantes reformas para dar publicidad a los criterios que aplica para hacer más eficientes los procedimientos, y a recabar información sobre los mecanismos que facilitan el cumplimiento de sus recomendaciones.

A este efecto, permítanme compartir con ustedes un reto esencial en nuestro proceso de reforma, que es asegurar un delicado equilibrio: la Comisión reconoce su deber de aplicar de manera rigurosa los procedimientos existentes para asegurar no sólo la certeza jurídica sino la igualdad de armas y el debido proceso; al mismo tiempo, la situación de muchas de las victimas que acuden al sistema nos obliga a mantener una razonable flexibilidad. Nuestros mecanismos deben satisfacer valores y principios esenciales de cualquier régimen jurídico legítimo, pero deben ser, al mismo tiempo, idóneos para prevenir la violación (si ello fuera posible) o reparar el daño producido por un ilícito internacional allí donde este hubiere ocurrido.

Con este propósito es indispensable corregir ciertas percepciones erróneas sobre el Sistema Interamericano. En la mayoría de los casos, las partes que acuden al sistema no están en igualdad de condiciones para defender sus derechos. Alrededor de un tercio de las peticiones individuales presentadas ante la Comisión revelan apoyo de organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas con suficientes recursos y experticia, y otras con menores recursos y experiencia ante el Sistema. Otro tercio revela algún nivel de patrocinio letrado con enormes variaciones en el nivel de dominio del procedimiento interamericano. No obstante, a las miles de peticiones restantes les da respaldo el puño y la letra de algunas de las personas más pobres, excluidas, olvidadas y desposeídas de la región, sin que exista para ellas posibilidad de asistencia letrada alguna en la etapa de estudio inicial.

La Comisión debe mantener un sistema de petición individual que reconozca estas asimetrías a través de la flexibilidad y la informalidad de sus procedimientos y garantizar, como intenta hacerlo mediante el fondo de atención a victimas, que en el curso del procedimiento puedan igualarse las armas para garantizar una contienda justa y equitativa. De no ser esto así, vamos a correr el riesgo de extender al ámbito interamericano los obstáculos al acceso a la justicia que infortunadamente prevalecen en algunos países de nuestra región.

En segundo lugar, la Comisión va a contemplar reformas en el manejo de solicitudes de medidas cautelares, con el objeto de dotar de mayor certeza a las y los usuarios, así como de mayor transparencia a sus consideraciones.

Tenemos, a este respecto, algunas importantes ventajas. La institución de las medidas cautelares, crucial para la observancia y defensa de los derechos humanos, es resultado de uno de los desarrollos más extraordinarios del Sistema Interamericano, y la Comisión va a considerar las mejores prácticas y lecciones aprendidas a través de más de tres décadas de implementación de este mecanismo de protección, con el objeto de perfeccionarlo. Para ello, es indispensable promover una discusión amplia y abierta sobre cuáles son los criterios que usa la Comisión al momento de valorar una solicitud; la importancia de dar mayor y mejor información respecto de dichos criterios, razones y consideraciones fácticas de la Comisión al adoptar sus respectivas decisiones; la necesidad de buscar mejores mecanismos de implementación de las medidas, o, incluso, la posibilidad de revisar una determinada decisión. Confiamos en que los diálogos que hemos abierto conduzcan a una mejor ilustración sobre estos temas.

En tercer lugar, la Comisión reflexiona actualmente sobre los principales elementos relacionados con el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, incluyendo el Capítulo IV de su Informe anual, su alcance, sus parámetros y la metodología de su preparación. Es cierto que nuestra región ha dejado atrás la pesadilla de las dictaduras militares. Sin embargo, la violación de los derechos humanos no es patrimonio exclusivo de las dictaduras. En democracia también se pueden cometer violaciones a los derechos humanos y un mecanismo útil de prevención, alerta, seguimiento y asesoramiento a los Estados es el llamado Capitulo IV. A este respecto, la Comisión reconoce inquietudes que le han expresado los actores del Sistema y nuestras consideraciones incluyen la posibilidad de perfeccionar este instrumento tras amplia consulta y ponderación, abonando a su mejor regulación y desarrollo técnico de su contenido, así como mayor eficacia en el mejoramiento de los derechos humanos en los Estados que llegan a incluirse en el mismo.

En cuarto lugar, la Comisión desea recibir insumos que le permitan perfeccionar sus labores de promoción, particularmente observaciones sobre los indicadores a tener en cuenta para medir su impacto, los criterios a examinar para evaluar su eficacia y las consideraciones que podrían maximizar su eficiencia. A este respecto, querría hacer una nota particular sobre los llamados a la universalidad del Sistema: es importante distinguir entre la competencia de la Comisión, que es universal en el sentido de que todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos se encuentran sujetos al monitoreo de la situación de los derechos humanos, el sistema de petición individual y el seguimiento de enfoques temáticos, por una parte, y el ideal de una ratificación universal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos interamericanos sobre la materia, así como la aceptación de la competencia obligatoria de la Corte Interamericana, por la otra. La Comisión asume el llamado realizado por los Estados de coadyuvar en este último propósito en todo lo que esté a su alcance; subrayará los esfuerzos realizados al respecto, e integrará la promoción de la universalidad en todas sus visitas y en las actividades que esto resulte oportuno.

La agenda que me he permitido trazar, por supuesto, no es exhaustiva: habrá muchos otros temas para el debate en este proceso continuo de perfeccionamiento institucional; mis colegas Felipe González y Rosa María Ortiz van a moderar dos mesas en que nuestros distinguidos panelistas van a explayarse sobre estos y otros tópicos importantes para la Comisión.

Una inquietud, siempre presente, es la de los recursos con que contamos para cumplir con nuestro trascendental mandato. Las consideraciones sobre la eficiencia del sistema no pueden enfocarse sólo desde la perspectiva de los resultados esperados sin atender a los medios que se requieren para lograr dichos resultados. Más y mejor promoción, avances y eficiencia en el procesamiento de peticiones y casos y en la adopción de medidas cautelares, son fines fundamentales que a todos nos convocan. Sin embargo, como lo saben bien las y los expertos aquí presentes, para lograr los ambiciosos objetivos propuestos es necesario dotar al sistema de mayores recursos.

Algunos indicadores bastan para ilustrar la magnitud y variedad de exigencias que enfrenta la Comisión: al 31 de julio de 2012, la CIDH tenía la responsabilidad de generar el estudio inicial de aproximadamente 7200 peticiones; emitir pronunciamientos sobre admisibilidad en 1150 y sobre fondo en 530, así como dar seguimiento a las recomendaciones contenidas en 182 informes de fondo y los acuerdos firmados entre Estados y peticionarios correspondientes a 100 informes de solución amistosa. Participamos de los procedimientos ante la Corte Interamericana en 132 casos en supervisión de cumplimiento de sentencia, en 31 casos que se encuentran en sustanciación y en 36 medidas provisionales. Recibimos, y decidimos, más de 400 solicitudes de medidas cautelares por año y damos seguimiento a un universo de 585 con estado procesal de medidas vigentes, solicitudes de información a los Estados o solicitudes de información a los solicitantes. En suma, al mes pasado, la CIDH debía atender, con diligencia, extremo cuidado y eficiencia, más de diez mil peticiones y casos, así como solicitudes de medidas cautelares.

Adicionalmente, monitoreamos la situación de los derechos humanos en 35 Estados del continente; emitimos centenares de comunicados de prensa cada año; damos seguimiento a la situación de mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas afro descendientes; pueblos indígenas; defensoras y defensores de derechos humanos; personas migrantes y sus familias; personas privadas de libertad; lesbianas, gais y personas trans, bisexuales e intersex, así como la situación de la libertad de expresión, habiendo aprobado el año pasado 11 informes temáticos sobre el particular, además de un informe de país derivado de una previa visita in loco. Asimismo, en el 2011 acompañamos el proceso de negociación de 33 resoluciones atinentes a derechos humanos para la Asamblea General; sostuvimos diálogos con los Estados Miembros y la sociedad civil; celebramos tres periodos ordinarios de sesiones, 91 audiencias públicas y 58 reuniones de trabajo; realizamos más de 30 visitas de trabajo y promoción lideradas por Comisionadas o Comisionados en su calidad de Relatores de país o Relatores temáticos, así como diversos seminarios y cursos de formación, además de una amplia gama de actividades de promoción. Lo anterior refleja los desafíos y las distintas maneras como la Comisión protege y promueve los derechos humanos en el hemisferio.

Para atender a ese universo de asuntos, la CIDH cuenta con la dedicación que podemos comprometer las y los siete integrantes de la Comisión, quienes simultáneamente nos vemos requeridos de atender nuestros respectivos empleos en los países de los cuales somos nacionales. Al efecto, contamos con el esmerado y comprometido apoyo de una Secretaría Ejecutiva dotada con recursos de la OEA para contratar 17 abogadas o abogados y 15 profesionales y funcionarios de otras áreas. Así es, el presupuesto regular de la OEA permite contar únicamente con 32 profesionales, es decir, un menor número que el total de países que la integran. Cierto es que gracias a los esfuerzos de recaudación de recursos externos que adelanta la propia Comisión, al mismo 31 de julio habíamos podido contratar otros 15 abogados o abogadas, pero esos otros abogados contratados con fondos externos no tienen garantizada su permanencia y deben responder por proyectos específicos.

Para dar una idea de lo que enfrentamos, si se hacen ponderaciones absolutas, tendríamos que cada abogada o abogado de la Comisión Interamericana cubierto por la OEA tendría a su cargo más de 300 expedientes de asuntos que ameritan, cada uno de ellos, una sosegada, atenta y eficiente actuación. Aparte de esta labor, el mismo equipo humano debe apoyar, con un porcentaje importante de su tiempo, las tareas de monitoreo y supervisión en más de un país de la región, la elaboración de informes temáticos y las actividades de promoción que la Comisión adelanta.

Con estos indicadores, es razonable pensar que si queremos perfeccionar el sistema no basta con sugerir mejores resultados. Es necesario que esos resultados se adecuen a los medios y, en consecuencia, fortalecer dichos medios. En otras palabras, una pieza clave de todo este proceso es la necesidad de aumentar los recursos permanentes destinados a que la Comisión pueda cumplir con la tarea encomendada por los Estados de la región de velar por la promoción y protección de los derechos humanos de las y los habitantes de las Américas.

Toda reforma propuesta al Sistema tiene que ser observada a través de ese prisma. En su Plan Estratégico la Comisión hizo transparente sus compromisos de rendimiento a todos los actores del Sistema. Desafortunadamente, como se menciona en dicho Plan Estratégico, para cumplir esos compromisos es necesario contar con ciertas capacidades y, en la actualidad, no tenemos los recursos para hacerlos efectivos. Querría por ello proponer a su amable consideración una reflexión sobre cuáles serían las acciones decididas que debieran ser adoptadas en el futuro inmediato para que el Plan Estratégico de la CIDH sea acompañado de su adecuada financiación, en el entendido de que la Comisión también está empeñada en ampliar la transparencia de su gestión.

Señoras y señores,

He elegido una frase de Bernardo de Chartres para concluir mis participaciones en estos Foros. Dijo, con acierto, que se podía ver más, y más lejos, cuando se está sobre los hombros de gigantes: las mujeres y los hombres que han sido víctimas de violaciones a sus derechos y no abandonaron su lucha por la justicia; las mujeres y los hombres que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos; y las mujeres y los hombres que a lo largo de más de cinco décadas han creado y desarrollado esta institución extraordinaria que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Muy estimado José Zalaquett, gracias por prestarnos los hombros para ver más y más lejos. Mis colegas y yo tenemos conciencia de ser custodios y defensores temporales de este patrimonio invaluable; nuestro nuevo Secretario Ejecutivo ha asumido el compromiso de ayudarnos en esta labor y, con él, el infatigable y comprometido personal de la Secretaría Ejecutiva está listo para hacer todo lo necesario para que este Sistema sea una herramienta más eficiente para que las actuales y futuras generaciones de todo el hemisferio puedan gozar de sus derechos humanos; para que ninguna persona en las Américas se sienta desamparada en sus derechos más esenciales; para velar, en forma subsidiaria y complementaria, para que los Estados –a través de sus gobiernos de hoy y los del futuro- respeten esos valores que, en ejercicio de su soberanía, un día acogieron y se comprometieron internacionalmente a salvaguardar.

A ustedes, les rogamos nos hagan saber todo lo que consideren adecuado para los objetivos mencionados. Tengan presente, por favor, que la Comisión tiene el deber de someter toda medida que le sea propuesta a un estándar de escrutinio: ¿fortalece dicha medida la capacidad de la Comisión para cumplir su mandato esencial de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”? Si el examen diligente de la medida revela que ésta contribuirá a fortalecer la defensa y protección de la dignidad y los derechos de la persona humana, tienen nuestro compromiso de que vamos a cumplir con nuestro deber, impostergable, de adoptarla para fortalecer la capacidad de la CIDH de defender sus derechos. Muchas gracias.