Violencia, desigualdad e impunidad
en Honduras

Situación de derechos humanos en Honduras

La tasa de homicidios en Honduras continúa siendo una de las más altas de la región y del mundo a pesar de que cifras del Estado apuntan a una disminución desde 2014.

Estos niveles de violencia son el resultado de varios factores, entre los que destacan el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción, y altos niveles de pobreza y desigualdad.

CIDH presenta el informe:
"Situación de derechos humanos en Honduras"

Este informe aborda la situación de vulneración de derechos de los habitantes de Honduras que resulta de los altos índices de violencia, la inseguridad ciudadana y las altas tasas de impunidad existentes.

Ofrece asimismo recomendaciones con el objeto de asistir a Honduras en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos, conforme con las obligaciones internacionales contraídas voluntariamente por el Estado en materia de derechos humanos.

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para la CIDH

Apertura del Estado de Honduras al escrutinio internacional y la colaboración con organismos internacionales

La CIDH saluda especialmente la invitación de una mayor presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la reciente instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

Asimismo reconoce la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos humanos que se encuentran en proceso de implementación y la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

La CIDH reconoce la apertura y esfuerzos de coordinación entre las instituciones por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y espera que la misma sea dotada de suficientes recursos humanos y financieros para cumplir de forma eficaz con su mandato.

Comision Interamericana de Derechos Humanos ingresa al Centro Penal San Pedro Sula, Honduras

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para la CIDH

Crédito Fotográfico: Gustavo Amador para la CIDH

Manifestación por la muerte de Berta Cáceres frente la OEA, Washington D.C.

Berta Zúñiga Cáceres (hija de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos asesinada). Crédito Fotográfico: Daniel Cima para la CIDH

Los índices de violencia e inseguridad en Honduras son de los más altos del mundo

Índice de homicidios más alto del mundo, 2013

En 2013, el índice de homicidio en Honduras fue el más alto a nivel mundial, con una tasa de 79 por cada cien mil habitantes conforme a la cifras publicadas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Disminución de los homicidios

Para el 2014, el Estado indicó que la tasa de homicidios en Honduras disminuyó a 66.4 y para el 2015 la tendencia a la disminución continuó. La CIDH saluda estos números que apuntan a una disminución.

Agentes del Estado e inseguridad

Parte de esta sensación de inseguridad provendría del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado.

Militarización de la seguridad ciudadana

Policía militar

El Ejército participa activamente en funciones de seguridad ciudadana a través de cuerpos especializados como una “policía militar”, esto a pesar de que los estándares internacionales indican que la seguridad ciudadana debería ser de competencia exclusiva de una fuerza policial civil, respetuosa de los derechos humanos.

Influencia en la investigación

Asimismo, el Ejército hondureño tendría influencia en la investigación y sanción de los delitos relacionados con el crimen organizado, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Esto ha generado la creación, en los hechos, de un procedimiento con características similares a un fuero especial para miembros de la policía militar.

Formación civica y educativa

Las Fuerzas Armadas se involucran también en temas de formación cívica y educativa para niños y niñas “en riesgo social” a través del programa “Guardianes de la Patria”. La Comisión expresó su preocupación ante los riesgos involucrados en el hecho de que niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 23 años de edad sean entrenados en instalaciones militares, y utilicen plazas, parques y canchas de fútbol militarizadas.
La ejecución del programa no es una función natural del ejército. El rol de las Fuerzas Armadas, que es  la defensa del país frente a amenazas contra la seguridad provenientes del exterior, es incompatible con la coordinación, supervisión e implementación de programas de formación cívica para niños y niñas.

Sistema penitenciario

El Ejército también tiene funciones en el sistema penitenciario, y es enviado a cumplir funciones de seguridad a zonas donde hay conflictos agrarios y de tierras, tal como el Bajo Aguán.

Crédito Fotográfico: dn

Los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

Corte I.D.H., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C No. 150, párrafo 78.

Honduras es uno de los países más desiguales de América Latina

Hay graves dificultades y desafíos en el acceso a necesidades básicas, oportunidades de empleo, recursos naturales como la tierra y medios de supervivencia. Mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes son más vulnerables a violaciones de derechos humanos como resultado de la desigualdad.

El 20% de los habitantes más ricos de Honduras acaparan un 60% de los ingresos económicos. 20% de los habitantes más pobres reciben el 2% del ingreso. Con una población de más de 8,5 millones de personas, el 64,5% vive en condiciones de pobreza y 42,6% en pobreza extrema.

Indígenas Miskito

La pesca de langostas es la fuente principal de trabajo para los habitantes de La Mosquitia, en particular los varones misquitos, quienes inician estas actividades a partir de los 14 años. El trabajo de los buzos se da en la informalidad contractual, falta de seguridad, equipo deficiente y explotación laboral.
Los buzos bajan a mucha profundidad en el mar por tiempos prolongados a fin de lograr pescar la cantidad de langosta requerida, y salen a la superficie más rápido que lo establecido por las normas de seguridad del buceo. Todo esto ocurre sin la debida supervisión del Estado. En consecuencia, los misquitos mueren en accidentes prevenibles y quedan paralizados de por vida por el síndrome de descompresión.
Una vez que los buzos Miskitos con discapacidad física adquieren esta condición de vida, se enfrentan a la falta de habilitación, rehabilitación, atención médica y a la ausencia de otras alternativas de trabajo.

Trabajadoras de Maquila

Trabajadoras de maquilas en Honduras enfrentan jornadas diarias de hasta doce horas, condiciones inseguras de trabajo y salarios por debajo del mínimo.
Estos horarios, cumplidos en posturas físicas forzadas y en el trabajo repetitivo que la actividad exige, exponen a las trabajadoras a factores de riesgo que en muchos casos derivan en enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
El ambiente tan precario y demandante de trabajo al que se somete a las mujeres trabajadoras de maquilas les genera graves problemas de salud, tanto a nivel físico como psicológico, presentando altos índices de depresión y ansiedad. La sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos Ocupacionales se mantiene alta entre las obreras de la maquila de confección de ropa, con un 62% en trabajadoras con jornadas de 9 horas y en un 66% en trabajadoras con jornadas de hasta 12 horas.
Los salarios en las maquilas bajo el régimen de las empresas transnacionales suelen estar por debajo del salario mínimo establecido por la ley. Durante la visita de la CIDH en 2014, trabajadoras de maquila señalaron que se enfrentan a una escasa o nula inspección por parte de la Secretaría de Trabajo y un precario acceso a la justicia.

Crédito Fotográfico: Gustavo Amador para la CIDH

“Me he vuelto dependiente de mi hermana y familia. No puedo viajar en autobús parada, tengo siempre que estar sentada. Ni siquiera puedo cargar cinco naranjas. No puedo vestirme por mí misma.”

La trabajadora de maquila que ofreció este testimonio a la CIDH espera desde 2010 que se revisen sus condiciones laborales, en seguimiento al dictamen emitido por la Comisión Técnica de Invalidez del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Defensores y defensoras de derechos humanos

Los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras son blancos de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos, o bien, de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas.

Particularmente, los defensores de derechos humanos que se dedican a la protección de recursos naturales estarían siendo objeto de actos de violencia, hostigamiento y amenazas de muerte producto de la defensa del medio ambiente.

Pueblos indígenas y defensa de la tierra

La violencia contra los pueblos indígenas surge en gran medida de la lucha por la tierra y el territorio que se exacerba por las condiciones de desigualdad y discriminación en las que estos grupos se encuentran y las consecuentes barreras que enfrentan en su acceso a la justicia.

Proyectos de desarrollo y consesiones extractivas

Existen en Honduras 837 proyectos mineros potenciales, abarcando casi el 35% del territorio nacional. Por la oposición a estos proyectos, algunos dirigentes y líderes indígenas han sido asesinados, perseguidos, obligados a abandonar sus comunidades para escapar de la violencia, y criminalizados.
Son de preocupación:
(i) la grave inseguridad y violencia derivadas de la imposición de planes y proyectos de desarrollo e inversión y de concesiones extractivas de recursos naturales en sus territorios ancestrales;
(ii) los desalojos forzosos a través del uso excesivo de la fuerza; y
(iii) la persecución y criminalización de líderes y lideresas indígenas por motivos vinculados a la defensa de sus territorios ancestrales.

3064 criminalizaciones

La Comisión recibió información sobre el uso del derecho penal por parte de actores privados y/o estatales a través de tipos penales como “incitación a la violencia” para generar intimidación mediante la sujeción a procesos penales.
La Comisión observó con preocupación las cifras presentadas por el Comité de Familiares Desaparecidos en Honduras (COFADEH), según las cuales desde 2010 habrían 3064 criminalizaciones, como resultado del uso indebido del derecho penal para amedrentar a defensores y defensoras.
En el transcurso de la visita organizaciones de la sociedad civil presentaron información a la Comisión sobre lo que describen como represión y persecución política de la que serían víctimas las defensoras y los defensores de derechos humanos en todo el país, en particular las y los defensores de comunidades y pueblos indígenas en relación con la defensa de su territorio.

Lideresas y líderes sindicales

Líderes sindicales serían criminalizados u objeto de vigilancias y seguimientos tanto a sus personas como a sus núcleos familiares, con el objeto de amedrentar e inhibir su desempeño y como consecuencia lograr el desmantelamiento de las organizaciones sindicales, ello en el contexto de una supuesta precarización del empleo.
Rally por el asesinato de Berta Cáceres

Crédito Fotográfico: Natalie Jeffers, Matters of the Earth

Conflicto agrario y la militarización de Bajo Aguán

En la zona del Bajo Aguán, Tocoa, existe un conflicto agrario de larga data entre campesinos y empresarios. En este marco y con la militarización de la zona, esta situación se habría agravado.

La CIDH encontró que la situación de violencia y la impunidad continúa siendo alarmante.

Crédito Fotográfico: Gustavo Amador para la CIDH

Homicidios, tortura...

Durante la visita la CIDH recibió testimonios sobre lo que los habitantes describen como continuos homicidios, desapariciones, secuestros, torturas en las detenciones realizadas, el hallazgo de un cementerio clandestino, la práctica de realizar desalojos violentos y amenazas a las y los líderes y defensores de derechos humanos que defienden los derechos de los campesinos de la zona.

Responsabilidad estatal

Las organizaciones y miembros de la comunidad de Panamá presentaron información sobre una estrecha colaboración entre las autoridades públicas y los propietarios de las fincas privadas de la zona.

Mercenarios

Se confirmaron las conclusiones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios, que en 2013 expresó su preocupación sobre el involucramiento en violaciones de derechos humanos de las compañías de seguridad privadas contratadas por los terratenientes, incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual contra los representantes de las asociaciones campesinas en la región del Bajo Aguán.

Violencia contra las mujeres: asesinatos, violencia doméstica e intrafamiliar y violencia sexual

La violencia contra las mujeres se produce porque se permiten que prosperen otras formas de discriminación. El abordaje de esta violencia debe contemplar los factores subyacentes de la discriminación que originan y exacerban la violencia también sean abordados.

Cada 17 horas, una mujer pierde la vida de forma violenta en Honduras. El 70.4% de los asesinatos de mujeres en 2014 fue por armas de fuego. En el 75% de los casos, los agresores eran esposos, novios, ex parejas u otras personas conocidas por la víctima. Actualmente, la tasa de impunidad para los delitos contra las mujeres es de 95%. En 2008 hubo 91 denuncias de desapariciones de mujeres y niñas y en el 2013 se reportaron 347.

La Comisión reconoce como un avance el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2014-2022.

Mujer con un niño en la Comunidad San Juan, Honduras

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para la CIDH

La violencia contra las mujeres es sistemática y exige una respuesta mucho más fuerte por parte del Estado.

Las intervenciones que tienen como único objetivo atenuar los abusos y que no tienen en cuenta las realidades de la vida de las mujeres, no cuestionan las desigualdades fundamentales y la discriminación por razón de género que son el primer factor que contribuye al abuso.

Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo, 2 de mayo de 2011.

"Cuando una mujer presenta una denuncia sobre violencia, le dan cita para dentro de tres meses. O se concilia la agredida con el agresor o termina matándola."

Testimonio de una defensora de derechos de las mujeres a la CIDH en Tegucigalpa.

Violencia basada en prejuicio: mujeres trans y personas LGBT

Con base en las leyes que protegen “las buenas costumbres y la moral pública” las mujeres trans en particular se encuentran en riesgo de ser sometidas a abusos y detenciones arbitrarias por parte de la policía, independientemente de que ejerzan o no el trabajo sexual.

El Estado debe adoptar una ley de identidad de género o medidas similares que permitan el reconocimiento pleno de la identidad de personas trans.

El reconocimiento estatal de la identidad de personas trans contribuye a la disminución de la violencia y de a discriminación.

El Estado debe adoptar un enfoque diferenciado para garantizar los derechos a la vida e integridad de personas LGBT.

Además de investigar exhaustivamente y con la debida diligencia todos los actos de violencia contra personas LGBT, Honduras debe abordar las causas subyacentes a la violencia basada en prejuicios relacionados con la orientación sexual y la identidad o expresión de género.

Hablando en el micrófono, peticionaria de la Audiencia: Luz Marina Matute (Asociación LGBT Arcoiris de Honduras)

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para la CIDH

El impacto de la violencia lleva a las personas a huir de Honduras

La situación socioeconómica, política, ambiental y en materia de seguridad ciudadana son factores de expulsión que lleva a ciudadanos hondureños a migrar a Estados Unidos, México y otros países centroamericanos.

El número de solicitantes de asilo provenientes de Honduras en todo el mundo aumentó 1.153% entre 2012 y 2014.

Niños, niñas y adolescentes

Entre quienes huyen, se encuentran también niños, niñas y adolescentes, quienes en muchos casos viajan no acompañados miles de kilómetros hacia otros países.

Atención del migrante

Durante su visita, la CIDH constató el compromiso de las y los funcionarios del Centro de Atención del Migrante Retornado en San Pedro Sula con las personas deportadas que llegan diariamente a Honduras.

Crédito Fotográfico: Gustavo Amador para la CIDH

Testimonio de un padre de un niño de 15 años que murió por impactos de bala tras pasar en su motoneta por un retén militar en Honduras.

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para la CIDH

“Lo único que pido es justicia para mi hijo, que murió acribillado en un retén militar cuando tenía 15 años de edad. No ha sido fácil llegar a ser el 3% de los delitos que llegan a judicializarse en este país. ”

Testimonio de un padre de un niño de 15 años que murió por impactos de bala tras pasar en su motoneta por un retén militar.

Niños, niñas y adolescentes

En 2014 murieron de forma violenta 1,031 niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos, principalmente por armas de fuego.
En el 81% de los casos, se desconoce la identidad del responsable de estas muertes.

Tortura y asesinatos

Según el informe del Observatorio de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras, ha habido un incremento de casos en los cuales se encuentran los cuerpos con señales de tortura previa a la ejecución, dentro de sacos, bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltos en sábanas. Algunas de las víctimas son estranguladas hasta la muerte.

Maras y crimen organizado

Parte del clima generalizado de violencia es atribuido a la presencia de maras y al control que ejercen sobre determinados barrios y zonas.

Amenazas y presiones

Son hostigados y reciben amenazas por parte de las maras, o son presionados para colaborar o integrarse en ellas.

Fuerzas de seguridad

Por otro, las fuerzas de seguridad del Estado tienden a considerar a los adolescentes que viven en las zonas bajo la influencia de las maras, o que reúnen características estereotipadas relacionadas con la apariencia física y la condición social, como integrantes de las mismas. Esto genera un trato abusivo y discriminatorio de parte de los agentes del Estado hacia esos adolescentes.

Crédito Fotográfico: Gustavo Amador para la CIDH

“Nadie, absolutamente nadie está pagando por estas muertes.”

Defensora de derechos humanos cuyos dos hermanos fueron asesinados.

Libertad de expresión: periodistas y trabajadores de la comunicacion

El crimen organizado, en el que se hallarían implicados funcionarios públicos y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, es la principal amenaza a la vida e integridad física de aquellos comunicadores que cubren noticias locales sobre corrupción.

Discurso público

Honduras debe adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, incluyendo la condena pública de asesinatos y toda forma de violencia contra periodistas.

Ley de Protección

La CIDH saluda la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras.
Entre 2003 y 2014 en Honduras fueron asesinados 50 comunicadores y trabajadores de medios.

Concentración

La propiedad y el control de los grandes medios de comunicación en Honduras están altamente concentrados en pocas manos.

Capital transnacional

Preocupa especialmente a la adquisición de medios por capital transnacional.

Falta de acceso equitativo

En Honduras persisten los obstáculos para el acceso equitativo del usufructo y manejo de las frecuencias radioeléctricas.

Crédito Fotográfico: Gustavo Amador para la CIDH

Impunidad, acceso a la justicia e independencia judicial

De acuerdo a la información presentada por organizaciones de la sociedad civil, los niveles de impunidad persistente en Honduras oscilarían entre 95% y 98%. En 2014, al menos 20 jueces habrían recibido amenazas de muerte. 86 profesionales del derecho, incluidos 3 jueces, habrían sido asesinados en 2014.

Estos altos niveles de violencia han traído como correlación una elevada demanda de justicia que no ha tenido una respuesta eficaz por parte del Estado, configurándose una situación de impunidad estructural.

La efectiva vigencia del Estado de Derecho se logra en gran medida asegurando una administración de justicia que no tolere la impunidad.

La sociedad debe percibir que el Poder Judicial aplica la ley por igual y garantiza a todos los habitantes el goce efectivo de sus derechos.

Situación de las personas privadas de libertad

54% de las personas privadas de libertad en Honduras no tiene sentencia definitiva.

Prisión preventiva obligatoria

En Honduras existe la prisión preventiva obligatoria, en violación del derecho a la libertad personal.

Reclusos: control interno

Entre los problemas más graves que enfrenta el sistema penitenciario hondureño se encuentran la nociva delegación del control interno de los centros penitenciarios en los propios reclusos, la correlativa falta de manejo por parte de las autoridades, el hacinamiento y las deplorables condiciones de reclusión.

Adolescentes y niños

En el caso de adolescentes y niños privados de libertad, estos carecen de atención médica, artículos de aseo, colchones, artículos de recreación y ropa de cama.

Fuerzas Armadas

Se ha delegado a las Fuerzas Armadas funciones relacionadas con el sistema penitenciario que deberían corresponder a otras instituciones y cuerpos de seguridad.

Crédito Fotográfico: Daniel Cima para la CIDH

Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras

Desigualdad y exclusión social

Honduras debe adoptar políticas públicas urgentes para atender estos altos niveles de desigualdad y exclusión social.

Causas estructurales de la inseguridad

Honduras debe adoptar medidas integrales encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana, atacando las causas estructurales de esta violencia, y combatiendo la impunidad.

Independencia e imparcialidad judicial

Honduras debe garantizar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia contra todo tipo de presiones, e intensificar los recursos destinados a investigar los actos de violencia, especialmente aquellos contra poblaciones vulnerables.

Establecimientos penitenciarios

Honduras debe retomar el control interno de todos los establecimientos penitenciarios, adoptar las medidas necesarias para reducir el crecimiento de la población penitenciaria y establecer una estrategia de salida de las Fuerzas Armadas de la función penitenciaria.

Demilitarizar la seguridad ciudadana

Honduras debe retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de temas de seguridad pública, ya que éstas carecen del entrenamiento adecuado para esta función. Estos asuntos deben ser de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados.

Conflicto de la tierra del Bajo Aguán

Honduras debe redoblar los esfuerzos para resolver el conflicto de la tierra del Bajo Aguán. Para ello, debe adoptar medidas para resolver las causas del conflicto y superar las barreras en el ejercicio, respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades campesinas del Bajo Aguán.

Violencia basada en el género

Honduras debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que los casos de violencia basada en el género sean investigados con debida diligencia y de manera oportuna, completa e imparcial.

Protección de niños, niñas y adolescentes

Honduras debe fortalecer sus capacidades de protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Derechos laborales

Honduras debe revisar la legislación para prevenir los riesgos de trabajo, e implementar medidas de control y vigilancia que incluyan controles de la jornada laboral y mecanismos accesibles de denuncia.

Derechos de pueblos indígenas

Honduras debe proteger el goce efectivo del derecho al territorio de los pueblos indígenas, tomando en cuenta la importancia que los territorios ancestrales juegan en el respeto y garantía de sus derechos.
Honduras debe implementar políticas públicas que aborden la marginalización socioeconómica de los pueblos indígenas, a través de medidas efectivas que combatan la pobreza y mejoren la educación y el empleo. Cualquier iniciativa, programa y política debe ajustarse a sus necesidades y preocupaciones y deben ser consultadas con ellos.

Políticas migratorias

Honduras debe debe adoptar las políticas y medidas que sean necesarias para abordar los factores de expulsión que fuerzan a las personas a migrar del país. Además, debe coordinar con los países de la región para que desarrollen políticas migratorias conjuntas con enfoque de derechos humanos.

Libertad de expresión

Honduras debe asegurar la existencia de criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas, facilitando el acceso a la más diversa cantidad de grupos o personas, garantizando el pluralismo y la diversidad en la radiodifusión.