Foto: Infractores desarrollando labores comunitarias por orden judicial. Midtown Community Court. Nueva York. Fuente: Center for Court Innovation.

El abuso de drogas tiene consecuencias directas a lo largo y ancho de las Américas, impactando además de al individuo, a las familias, al entorno laboral, y la seguridad ciudadana. En los últimos años, y como parte de la búsqueda por soluciones eficaces, los sistemas de justicia de algunos países están teniendo éxito con un nuevo enfoque que centra su atención en la rehabilitación de infractores dependientes de drogas mediante la alternativa al encarcelamiento, con supervisión judicial (muchas veces llamadas Cortes de Drogas). Con el objetivo de mejorar la seguridad de las comunidades donde viven los consumidores transgresores de la ley, la Organizacíón de los Estados Americanos (OEA), a través de uno de los departamentos de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), está trabajando con los Estados miembros en el desarrollo e implementación de políticas de tratamiento al infractor dependiente desde el punto de vista sanitario, y con apoyo social, sin perder su libertad.

Este modelo consiste en la creación de tribunales de tratamiento de drogas, donde la recuperación del individuo está siendo directamente supervisada por un magistrado, quién mantiene en todo momento el poder de premiar el progreso del individuo o, por el contratio usar medidas correctoras en caso de recaidas. Para ello, el juez se sirve del apoyo de un equipo de fiscales, abogados defensores, oficiales de policía, profesionales del área de la salud y trabajadores sociales, que ayudan a la rehabilitación y reintegración del individuo en la comunidad. Este enfoque ha sido probado de manera exitosa en varios países, reduciendo la reincidencia en el delito, y la recaída en el consumo de drogas. Por otra parte el enfoque es consistente con la nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas (2010), que establece que la dependencia de drogas es una enfermedad crónica y recurrente, que ha de ser tratada como parte de las políticas de salud pública.

A través de un mayor énfasis en la supervisión judicial, una mejor coordinación de recursos, y la celeridad del procedimiento judicial, se persigue interrumpir el ciclo de comportamiento delictivo, del uso de alcohol y otras drogas, y del encarcelamiento. Los detalles sobre cómo se han aplicado estos mecanismos y procedimientos varían de una jurisdicción a otra, y de país en país.

El problema

Diversos estudios en el hemisferio occidental muestran cómo el abuso de drogas es más frecuente entre la población que delinque que entre la población general. Según informes desarrollados en algunos países, los delitos cometidos bajo la influencia de alcohol o drogas, representan un porcentaje aún mayor cuando se trata de infractores dependientes de drogas.

El abuso de drogas es de naturaleza compulsiva, por lo que no cesa al cruzar el umbral de la prisión. En Estados Unidos, de acuerdo con un informe del National Institute on Drug Abuse (NIDA), aproximadamente el 70 por cierto de los individuos en prisiones estatales y cárceles locales abusan de las drogas de forma regular, comparado con un 9 por cierto aproximadamente en la población general. Diversos estudios coinciden en que el tratamiento de drogas reduce en un cincuenta por ciento el abuso de sustancias, influye en el descenso de la actividad criminal en un total de hasta el 80 por ciento, y disminuye los arrestos reincidentes hasta en un 64 por ciento. Sin embargo, menos de una quinta parte de los infractores dependientes de drogas reciben tratamiento.

El tratamiento de drogas bajo supervisión judicial no sólo contribuye a una disminución de la reincidencia delictiva,  sino que además arroja resultados positivos en la relación costo-beneficio. De acuerdo con la Asociación Nacional de Profesionales de Tribunales de Tratamiento de Drogas de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés NADCP), la modalidad de estos tribunales, como alternativa de tratamiento al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas, supone un retorno en la inversión al sistema de justicia de una media de $2,21 por cada dólar gastado, y hasta $12 en impacto comunitario por cada dólar invertido.

Según NIDA, no tratar a las personas dependientes de drogas dentro del sistema judicial, contribuye al mantenimiento del ciclo continuo de abuso de drogas y delito. No tratar adecuadamente el abuso de sustancias supone un importante coste añadido a las comunidades, en cuanto al número de delitos violentos y de propiedad, gastos penitenciarios, costos de los tribunales y del sistema penal en general, gastos en las salas de urgencia de los hospitales, abuso y negligencia con la población infantil --así como pérdida de custodias en ese mismo ámbito--, gastos en el sistema de seguridad social. En definitiva, baja productividad, desempleo, y victimización.

Búsqueda de soluciones

La promoción de Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas es una forma de brindar nuevas respuestas a las que se dan tradicionalmente a ciertos delitos cometidos y que resultan muchas veces inadecuadas para las condiciones sociales actuales. Se reconoce así, la necesidad de adoptar nuevos enfoques tales como los propuestos por la justicia terapéutica, que buscan la rehabilitación y la reintegración del individuo dependiente, al tiempo que ofrece una respuesta reparativa más clara a las víctimas del delito cometido.

Los tribunales de tratamiento de drogas tienen la responsabilidad de gestionar, a través de un sistema de supervisión judicial, casos que implican delitos cometidos bajo la influencia de las drogas. Para ello, utilizan un sistema que incluye la provisión de servicios de tratamiento (con una amplia gama de intervenciones terapéuticas), análisis regulares de uso substancias al infractor, y un sistema de sanciones y recompensas de carácter inmediato.  Este sistema supone la existencia de áreas de interés común, donde la justicia penal, el  tratamiento, la educación, y la participación de la comunidad dedicada a la reducción de la dependencia de drogas y del delito, encuentran un lugar de liderazgo dentro de un enfoque estratégico comunitario más amplio.

Las acciones de prevención del delito, la violencia y el consumo de drogas, son igual de importantes para el bien comunitario que las aquellas dirigidas al cumplimiento de la ley. En este sentido, y según la NADCP, los tribunales de tratamiento de drogas han demostrado dar respuesta concreta a cuatro grandes problemas, ya que contribuyen a:

• La reducción del delito
• La disminución en la recaída del consumo de drogas
• Una menor población penitenciaria
• La eficiencia en el uso de los recursos: son una inversión (en la relación costo-beneficio)

La  OEA es parte de un conjunto de organizaciones que procuran identificar buenas e innovadoras prácticas que permitan dar respuesta a las necesidades de los dependientes de drogas, tanto a través de los tribunales de tratamiento de drogas, como por medio de otros enfoques holísticos que traten al individuo, a su familia, su entorno laboral, sanitario y social, como un todo, garantizando al mismo tiempo la seguridad y las necesidades de la comunidad. Esta búsqueda de buenas prácticas cubre experiencias en varios países: desde los más de 19 tribunales de esta naturaleza que existen en Chile, las nuevas experiencias dentro de esta modalidad en Nuevo León (México), los dos proyectos piloto en Jamaica, las más de 2.500 cortes de droga en los Estados Unidos (para más información ver la página de NADCP), y el creciente número de estos tribunales y experiencias en Canadá (para mayor información, visite el sitio de la Asociación Canadiense de Tribunales de Tratamiento de Drogas, por sus siglas en inglés CADTC). Desde el punto de vista de la investigación, el Programa de Justicia de la School of Public Affairs, of American University  junto con la Secretaría Ejecutiva de la CICAD y otras instituciones académicas de ambos lados del Atlántico, han llevado a cabo distintas publicaciones. (Para más información sobre tribunales de tratamiento de drogas en todo el mundo, diríjanse a International Association of Drug Treatment Courts (IADTC).

Con el fin de prestar una mayor atención a distintos enfoques judiciales y terapéuticos ante delitos cometidos en la comunidad, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD visitaron el Center for Court Innovation en Nueva York. Los centros y programas que incluidos en esta institución están enfocados en acciones desarrolladas por los tribunales en los vecindarios y en las comunidades a las cuales pertenecen. Estos centros utilizan el poder del sistema judicial para tratar problemas locales, entre los cuales se incluyen la comisión de delitos bajo la influencia de las drogas. A través de la creación de acuerdos y acciones dirigidas a la resolución de problemas (problem solving), el Center for Court Innovation colabora con el sistema judicial, los vecinos, empresarios, iglesias, y escuelas, para buscar soluciones y mejorar, en definitiva, la seguridad comunitaria.

Algunos buenos ejemplos de estas prácticas en esta área se pueden encontrar en:

• Red Hook Community Justice Center en Brooklyn. Este centro da servicio a una población aproximada de 200.000 residentes, y procura dar una respuesta coordinada a problemas locales tales como las drogas, el delito, o disputas relacionadas con la vivienda. En RedHook, un equipo de CICAD participó en una mesa de trabajo (entre abogados defensores, proveedores de tratamiento, jueces, y otros actores comunitarios). Vea algunos de los resultados documentados de este centro.  También puede ver un un video sobre el  Red Hook Community Justice ,disponible en español gracias a la colaboración de la CICAD.
• Midtown Community Court en Manhattan. Atiende casos relacionados con delitos como la prostitución, venta ambulante ilegal, graffiti, y posesión de mariguana. Las sanciones en Midtown constituyen servicios a la comunidad. Se trata de resarcir a la comunidad, a través de servicios a la misma, por el daño ocasionado a través del delito. Para mayor información diríjase a la página del Midtown Community Court ; y
• Harlem Community Justice Center, también en Manhattan. Entre los muchos Servicios no tradicionales del Harlem Community Justice Center se destacan: programas de ayuda para la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos, ayuda y búsqueda de apoyos financieros, programas para jóvenes en situación de alto riesgo (incluyendo un tribunal para adolescentes), programas de reintegración para personas que salen de prisión (tanto para jóvenes como para adultos), de modo que se les ayude en su transición al regreso a la comunidad. Vean algunos de los resultados documentados de este Harlem Community Justice Center.

Algunos enlaces de interés en esta materia en la página de la CICAD