En seguimiento a un mandato de la Asamblea General, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente de la OEA, celebró una sesión especial el pasado 4 de abril con la presencia del Director del Departamento de Derecho Internacional (DDI) y Secretaría Técnica del Comité Jurídico Interamericano (CJI), doctor Dante Negro, la Directora General del Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala y Coordinadora General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), licenciada Nydia Arévalo de Corzantes, y del Embajador Joel Hernández García, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Comisionado Hernández se refirió al derecho a la defensa contenido en el artículo 8 de la Convención Americana, el cual comprende tanto la defensa material, ejercida a través de los propios actos del inculpado, y la defensa técnica, que es la ejercida por un profesional del derecho, quien asesora a la persona investigada sobre sus deberes y derechos, y es un componente central del debido proceso. Destacó la importancia que tiene la labor de los defensores públicos para garantizar que las condiciones de detención sean compatibles con la dignidad de las personas, tanto en centros de detención policial como en recintos penitenciarios. Finalmente, advirtió que la CIDH ha identificado que la inadecuada defensa pública constituye una de las principales causas del uso excesivo de la prisión preventiva.

Por su parte, la Coordinadora General de AIDEF destacó que la convergencia de diversas defensorías públicas de las Américas y del Caribe en ese foro regional permite obtener nuevas visiones y estrategias sobre los Mecanismos de Monitoreo de los Centros de Detención y el tratamiento de grupos vulnerables, especialmente las personas privadas de libertad.

Señaló también que AIDEF cuenta con una valiosa herramienta denominada Manual de Monitoreo de Derechos Humanos en los Centros de Privación de Libertad por parte de las Defensorías Publicas, el cual contempla una serie de directrices, principios y recomendaciones, dirigidas a los defensores públicos, el cual es un instrumento para garantizar el acceso a la justicia mediante la protección del derecho humano a ser informado de su situación jurídica y contar con la oportuna y eficaz defensa técnica.

Finalmente, el Director del DDI, hizo referencia a los 10 Principios y Directrices sobre la Defensa Pública en las Américas adoptados por el CJI, y destacó que la defensa de los derechos de las personas y el acceso a la justicia debe extenderse en el ámbito transnacional, en virtud de los impactos innegables de la globalización; el cada vez mayor flujo migratorio entre países; y el creciente número de empresas transnacionales, cuyas operaciones pueden eventualmente generar daños y vulnerar los derechos humanos, creando así en la práctica un posible conflicto de jurisdicciones.
La sesión concluyó con un intercambio de buenas prácticas a cargo de representantes subregionales de AIDEF y las intervenciones de las delegaciones.

El DDI ha venido colaborando en los últimos años con la AIDEF en la promoción y difusión de estándares americanos en materia de acceso a la justicia, apoyando tanto las sesiones especiales anuales de la CAJP como también la organización de talleres de capacitación para defensores públicos en la región.

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