Resoluciones Asamblea General

Segunda sesión de trabajo

En horas de la tarde del día 1 de marzo de 1999, se inició la segunda sesión de trabajo. Hicieron uso de la palabra algunas delegaciones que aún no habían intervenido en el Diálogo de Jefes de Delegación iniciado en horas de la mañana. Se anunció la integración de un grupo informal de trabajo, abierto a todas las delegaciones, que paralelamente al Plenario, consideró las propuestas presentadas sobre el Centro de Estudio de las Américas.

En primer lugar hizo uso de la palabra el Jefe de la Delegación de Saint Kitts y Nevis quien respaldó la creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Señaló que una de las áreas a las que debía brindarse especial atención era la de protección y seguridad de testigos, afirmando que no debía permitirse que los sistemas judiciales fracasen por el temor de los testigos en su actuación.

También hizo uso de la palabra la Jefe de Delegación de Costa Rica quien se refirió al proceso de reforma del Poder Judicial en su país cuyo objetivo es el de fortalecer la gobernabilidad y la democracia. Habló asimismo de la necesidad de compartir experiencias entre los países de la región, en particular, en cuanto a los sistemas penitenciarios, que presentan una problemática social actual seria. Apoyó la iniciativa de tratar temas como el crimen cibernético y la problemática de la niñez y la juventud en relación a la criminalidad en los países del hemisferio.

Acto seguido hizo uso de la palabra el Jefe de Delegación de Trinidad y Tobago quien se refirió a diversos aspectos de cooperación bilateral llevados a cabo con algunos países en relación al tema del lavado de dinero y la confiscación de activos derivados de la droga, como ejemplo de la importancia de la adopción de medidas de cooperación en aras de fortalecer los sistemas judiciales de la región. También resaltó la importancia de los mecanismos de extradición.

A continuación se cedió el uso de la palabra a la Jefe de Delegación de Canadá quien resaltó la importancia de desarrollar un trabajo conjunto, sobre todo en un marco de globalización que puede acarrear una serie de injusticias sociales en la región. Hizo referencia al problema de las drogas, a los delitos informáticos, al lavado de dinero, y a cómo la cooperación bilateral y multilateral puede ayudar cada vez más a combatir el crimen organizado, no sólo como una opción sino como un elemento esencial en las relaciones entre los países.

Seguidamente se dio inicio al tratamiento del primer tema de la agenda, "El Acceso a la Justicia", que comprende a su vez los sub temas sobre los servicios de defensa y asistencia judicial, las iniciativas para la protección jurídica de la niñez y la juventud, y la incorporación de medios alternativos de resolución de conflictos en los sistemas nacionales de administración de justicia.

En cuanto a los servicios de defensa y asistencia judicial, diversos delegados señalaron que, en cuanto a la presencia de defensores de oficio, sobre todo para personas de escasos recursos, el gran reto es encontrar personal debidamente capacitado y que sea bien remunerado, haciendo atractiva la idea de dedicarse a esta noble tarea. No obstante ello, se reconoció que el problema sigue siendo uno de carácter económico y presupuestal. Varios representantes hablaron sobre las propias experiencias nacionales, resaltando en particular la creación de consultorios jurídicos gratuitos y centros de conciliación, con participación y asistencia de ONGs y parroquias, por ejemplo, en donde se promueve la solución de conflictos por medios alternativos. También se mencionó el caso de los juzgados de paz, cuyo objetivo central es el restablecimiento de la paz social a través de la aplicación principal de la costumbre, trascendiendo la ley positiva. Dentro de ese sistema se resaltó la elección directa de las autoridades a cargo de dichos juzgados de paz. También se habló de la necesidad, en algunos países, de realizar un inventario de todos los casos pendientes en los tribunales, con el objeto de cubrir todos los aspectos relativos al acceso efectivo de la justicia.

En cuanto a las iniciativas para la protección jurídica de la niñez y la juventud, se destacó el hecho de que en muchos de los países de la región, la población es mayoritariamente joven. También se resaltó la importancia de tener centros penitenciarios distintos para la niñez y para la juventud, separados de aquellos destinados a los delincuentes adultos, para permitir la readaptación de los niños y jóvenes que han cometido algún delito, y su posterior reincorporación a la sociedad. Se intercambiaron ideas sobre las diversas iniciativas adoptadas en los países de la región en relación a la justicia penal tanto para la niñez como para la juventud y las garantías de las que goza este sector de la población en este tipo de situaciones. En particular, se habló de la constitución de tribunales especiales para menores. Se hizo también mención a la importancia de adoptar e implementar en las legislaciones internas los diferentes instrumentos jurídicos que sobre protección de los derechos del niño y del joven existen a nivel internacional, resaltando la prevención como instrumento esencial para lograr los objetivos trazados en esta materia.

En cuanto a la incorporación de medios alternativos de solución de conflictos en los sistemas nacionales de administración de justicia, algunas delegaciones subrayaron la importancia de la mediación como medio alternativo previo, el que, según algunas experiencias que fueron expuestas, en muchos casos da por terminado el conflicto sin la necesidad de recurrir al proceso judicial. Se insistió en la gran ventaja del arbitraje sobre todo en materia civil y comercial dada la gran saturación de los tribunales en estos campos. Se señaló, sin embargo, la inconveniencia aún subsistente en muchos sistemas de tener que reconocer las sentencias arbitrales en el marco del poder judicial.

En términos generales, en materia penal, varios delegados señalaron la importancia de contar con leyes de protección a las víctimas y con centros de asesoría para las mismas. Algunos países indicaron ejemplos de la implementación de mecanismos de indemnización por parte del Estado a las víctimas, independientemente de la indemnización otorgada por el inculpado de un determinado delito.

Por último, se hizo mención a la importancia de la educación del ciudadano como un elemento central para toda reforma de la administración de justicia en la región.