Tercera sesión de trabajo

La tercera sesión de Trabajo se inició en la mañana del día 2 de marzo anunciándose la integración de un grupo informal de trabajo, abierto a todas las delegaciones, que paralelamente a la sesión de trabajo en referencia consideró las propuestas sobre el delito cibernético. En dicha sesión de trabajo, se dio inicio al tratamiento del segundo tema de la agenda, "La Formación de Jueces, Fiscales y Funcionarios Judiciales", que comprende a su vez los sub temas sobre las experiencias adquiridas en la formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación de los recursos humanos de los sistemas de justicia; los mecanismos para promover la independencia de los jueces y la eficacia de los procuradores o fiscales; y la creación de un Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

En cuanto a las experiencias adquiridas en la formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación de los recursos humanos de los sistemas de justicia, diversas delegaciones hicieron una presentación sobre las iniciativas adoptadas en sus países, mencionando algunos aspectos tales como la descentralización en la formación de los magistrados y la importancia del intercambio a nivel internacional. Se destacó que hoy en día han aparecido nuevas figuras delictivas o se han generado nuevos mecanismos de cooperación que ameritan la actualización en la formación de aquellos que aplican la justicia. Se señaló además que esta permanente capacitación en el ámbito técnico debe ir acompañada de un entrenamiento en el campo ético, resaltando la responsabilidad de los actores judiciales. Este entrenamiento ético, se subrayó, aparece como insustituible. Se mencionó la necesidad de sistematizar las diversas experiencias y se sugirió solicitar a la Secretaría General de la OEA que siga promoviendo la formación de magistrados a través de talleres y seminarios de carácter sub regional, que contemplen tanto los aspectos legales del derecho civil como del derecho consuetudinario.

En lo que respecta a los mecanismos para promover la independencia de los jueces y la eficacia de los procuradores o fiscales, diversas delegaciones destacaron la importancia de este tema, expresando que el poder judicial es uno de los pilares de la democracia y describiendo los mecanismos que han implementado a nivel interno para asegurar dicha independencia y eficacia. Se hizo referencia a la necesidad de que los actores judiciales cuenten con una adecuada remuneración que evite las posibles y eventuales situaciones de corrupción pública.

Finalmente, en cuanto a la creación de un Centro de Estudios de Justicia de las Américas, varias delegaciones expresaron su entusiasmo por la formación del mismo, el cual permitirá el intercambio de experiencias en la modernización y perfeccionamiento de los sistemas de justicia en las Américas. Algunas delegaciones sugirieron que entre sus tareas específicas podrían figurar, entre otras, la capacitación de los magistrados, así como la difusión de los resultados y el impacto de dicha capacitación, el desarrollo de técnicas de capacitación a distancia, el intercambio de alumnos, la difusión de sus labores a través de publicaciones, y la organización de reuniones anuales para hacer una evaluación de sus actividades. Otras delegaciones sugirieron que el Centro podría realizar estudios para promover la independencia del poder judicial. En cuanto al aspecto presupuestario, se hizo manifiesta la preocupación de cómo estarían financiadas las labores de dicho Centro de Estudios.

Posteriormente, el grupo de trabajo informal conformado el día anterior, sometió a consideración del plenario un proyecto de recomendación, mediante el cual la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas decide que los objetivos del Centro de Estudios serán el perfeccionamiento de los recursos humanos, el intercambio de información y otras formas de cooperación técnica, y el apoyo a los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en la región. También se decide el establecimiento de un grupo de expertos gubernamentales abierto a la participación de todas las delegaciones, con la finalidad de elaborar un proyecto de estatuto para el funcionamiento del Centro y un plan de trabajo, de identificar las entidades públicas y privadas vinculadas con la temática, y de establecer los vínculos correspondientes con organizaciones internacionales a fin de obtener los soportes técnicos necesarios para la operatividad del centro. Dicha recomendación también contempla que el plan de trabajo del Centro esté orientado, en una primera etapa, a desarrollar los temas vinculados a la justicia penal, y que el grupo de expertos concluya sus trabajos antes del 21 de setiembre de 1999. Finalmente, en dicho proyecto de recomendación se solicita a la OEA el apoyo necesario para que el grupo de expertos pueda desarrollar sus trabajos.

Algunas delegaciones expresaron su deseo de no restringir las labores futuras del Centro de Estudios al área de la justicia penal, sino ampliarlas a los ámbitos de la modernización de los sistemas judiciales y la independencia del poder judicial. Sin embargo, se estimó la necesidad de focalizar las actividades iniciales del Centro con el ánimo de poder avanzar en los trabajos. En relación al aspecto del intercambio de información, tarea que se encomendaría al Centro de Estudios, algunas Delegaciones expresaron su preocupación de que dicha labor no abarque el intercambio de información sensible o de inteligencia, lo que podría restarle credibilidad al mismo. Con estas consideraciones, se aprobó la propuesta de recomendación presentada.