Quinta sesión de trabajo

La quinta sesión de trabajo se inició en la mañana del día 3 de marzo. Durante la misma se conformó un grupo de trabajo informal para considerar las recomendaciones de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas. Este grupo informal trabajó paralelamente al Plenario y estuvo coordinado por la Embajadora Beatriz Ramacciotti, en nombre de la Delegación del Perú. Este grupo contó con un proyecto de conclusiones y recomendaciones preparado por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA a la luz de las principales observaciones emanadas de la Reunión. Además, se dio inicio al tratamiento del cuarto tema de la agenda, "Política Carcelaria y Penitenciaria", que a su vez comprende los sub temas de los procesos de modernización del sector y el perfeccionamiento de los marcos legales; los nuevos desarrollos en materia procesal penal; y los mecanismos de cooperación regional.

Las diversas Delegaciones expresaron la necesidad de mejorar las instalaciones carcelarias en los países de la región, hacer desaparecer el hacinamiento, reducir el nivel de fuga, y capacitar al personal carcelario, aprovechando los avances tecnológicos para ponerlos a disposición de los aspectos antes mencionados, demandas sociales a las que los Gobiernos deben atender desde un punto de vista político. También se señaló que era preciso incrementar los niveles de supervisión en las cárceles para evitar que se conviertan en centros delictivos y de adoctrinamiento en los cuales se trafica libremente con la droga, el alcohol y las armas. No obstante, muchas Delegaciones también reconocieron las dificultades económicas y presupuestarias que enfrentan los diversos países para implementar una mejor política carcelaria.

Algunas Delegaciones señalaron varios aspectos que debían merecer principal atención por parte de los Gobiernos y presentaron a la Reunión las reformas que se han venido llevando a cabo en sus países, como por ejemplo, la participación de empresarios privados en el otorgamiento de trabajo remunerado para los reclusos, como parte del proceso de reinserción de los mismos en la sociedad, y el trabajo paralelo con las familias de los reclusos.

Por otro lado, se propuso seguir organizando seminarios o talleres para continuar intercambiando experiencias en materia de política penitenciaria en la búsqueda de nuevas alternativas. También se propuso crear en el seno de la OEA una Unidad Temática sobre cuestiones de política carcelaria, dentro de la cual se lleve a cabo la evaluación, el fomento y el desarrollo de las políticas penitenciarias, y que pueda coordinar la asistencia técnica necesaria. Varias Delegaciones apoyaron esta propuesta. Sin embargo otras expresaron sus reservas sugiriéndose replantear las funciones de dicha Unidad para que cubra muchos de los asuntos discutidos durante la presente Reunión y no únicamente el aspecto de las políticas penitenciarias. También se indicó que debía tenerse en cuenta los recursos que, sobre este particular, están siendo ya empleados en el marco de la Secretaría General para no duplicar esfuerzos ni burocratizar procesos. Para considerar esta propuesta se constituyó un grupo informal. Asimismo, se conoció una primera propuesta del grupo informal sobre extradición, la que aún no ha logrado un consenso final.

En la presente sesión hicieron también uso de la palabra el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien expuso sobre las acciones llevadas a cabo por este Organismo en los últimos años, en especial, sobre las visitas a los acusados y sentenciados por motivos ideológicos o políticos en los países de la región, subrayando el hiato existente entre el esfuerzo de algunos estados americanos de dotarse de normas penitenciarias de acuerdo con los instrumentos internacionales vigentes en la materia y la dificultad en aplicarlas concretamente; y el representante de la Santa Sede quien hizo una reflexión sobre la dignidad humana y los derechos que de ella derivan, los que deben constituir la guía práctica para las acciones de los poderes legislativo y judicial con el objeto de tener siempre presente el bien común. Habló de la urgencia de revalorizar la justicia social en el mundo de hoy.