Primera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales
(Buenos Aires, 1997)

Los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los Estados miembros de la OEA reunidos en Lima, Perú, en ocasión del vigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, al destacar "la importancia de realizar una reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales, con competencia en el tema, a los efectos de considerar aspectos tendientes a una mejor cooperación jurídica y judicial en las Américas", aprobaron la resolución AG/RES. 1482 (XXVII-0/97), "Reunión de Ministros de Justicia".

En dicha resolución, la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente que realice las consultas necesarias a fin de preparar el temario y convocar y organizar dicha reunión, y le solicitó que presente un informe sobre el cumplimiento de la citada resolución a la Asamblea General en su vigésimo octavo período ordinario de sesiones.

De acuerdo con lo encomendado por la Asamblea General mediante la resolución antes citada, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, teniendo en cuenta el ofrecimiento de sede hecho por el Gobierno de la República de Argentina para la Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas y de los lineamientos sobre la temática para dicha reunión, aprobó la resolución CP/RES. 709 (1141/97), en la que convocó la mencionada reunión de Ministros y aprobó el siguiente temario:

1. "Estado de Derecho. Nuevas instituciones y desarrollos:

a) Experiencias a nivel nacional
b) Experiencias a nivel regional y subregional

2. Modernización y fortalecimiento de la administración de justicia. Procesos de reforma, nuevas tendencias y uso de mecanismos tales como: Arbitraje - Mediación - Conciliación.

3. La lucha contra la corrupción, el crimen organizado y otras actividades delictivas:

a) Experiencias a nivel nacional
b) Iniciativas para fortalecer la cooperación legal/judicial.

4. Análisis de la aplicación de los convenios o acuerdos de cooperación o de asistencia jurídica y judicial en el ámbito americano.

5. La política penitenciaria y los procesos de reforma. Afianzamiento de las iniciativas orientadas a la readaptación y reinserción social del detenido/condenado."

La Primera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales, se celebró en Buenos Aires, Argentina, los días 1, 2 y 3 de diciembre de 1997.

Al finalizar los debates sobre los diferentes puntos comprendidos en su agenda, la Primera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

A. Conclusiones

1. Un sistema jurídico que garantice los derechos y obligaciones de las personas, facilite un adecuado acceso a la justicia y otorgue la debida seguridad a la sociedad, es un elemento esencial para consolidar la vigencia del Estado de Derecho y para permitir un desarrollo social y económico como fórmula efectiva de la integración de nuestros pueblos.

2. El fortalecimiento del sistema jurídico requiere de normas que preserven la independencia del poder judicial, el continuo perfeccionamiento de sus instituciones para la eficaz aplicación de las reglas de derecho, así como de la formación y permanente actualización de magistrados, jueces, fiscales o procuradores y demás funcionarios vinculados con el sistema de justicia y de los abogados.

3. Las amenazas que enfrentan nuestras sociedades, tales como la delincuencia organizada, la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, el tráfico de niños y el deterioro del medio ambiente sólo pueden ser combatidos mediante el perfeccionamiento de los sistemas nacionales de justicia y el robustecimiento de las diversas formas de cooperación internacional en estos campos.

4. El valioso patrimonio jurídico interamericano que emana de los numerosos tratados elaborados en el marco de la Organización de los Estados Americanos, requiere impulsar su efectiva aplicación a través de una ágil ratificación de las convenciones suscritas y de una adecuada difusión de sus textos y de la práctica de los Estados.

5. La cooperación legal internacional es esencial para el desarrollo de los sistemas de justicia en los países miembros de la OEA. En consecuencia, de conformidad con la legislación de cada país, es necesario trabajar, entre otras acciones, en la promoción de la Asistencia Jurídica Mutua, efectiva y ágil, particularmente en lo que se refiere a las extradiciones, en la solicitud de entrega de documentos y otros medios de prueba, en el establecimiento de canales seguros y rápidos de comunicación como los de Interpol, así como en el fortalecimiento del papel de las Autoridades Centrales.

6. Uno de los mayores retos que enfrentan nuestras sociedades es el de lograr sistemas penitenciarios y carcelarios que, en condiciones adecuadas, permitan la rehabilitación y reinserción plena a la sociedad de aquellos que hayan sido sancionados por los tribunales de justicia.

B. Recomendaciones

1. Continuar el proceso de fortalecimiento de los sistemas jurídicos de las Américas, con el fin de asegurar el pleno acceso de las personas a la justicia, garantizar la independencia de los jueces y la eficacia de los procuradores o fiscales y promover el establecimiento de sistemas de responsabilidad y de transparencia y la modernización de las instituciones.

2. Abordar los procesos de modernización de la justicia desde ópticas multidisciplinarias no relegándolos sólo a aspectos meramente normativos. En este sentido deben incorporarse materias tales como: análisis organizacionales, sistemas de gestión, rentabilidad social, estudios económicos y estadísticos.

3. Propiciar la incorporación de métodos alternativos de resolución de conflictos en los sistemas nacionales de administración de justicia.

4. Proseguir con el perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos interamericanos de cooperación en materia legal, para lo cual es necesario que cada Estado evalúe la aplicación efectiva de los actuales instrumentos, aplique medidas para su mayor difusión, y promueva la formulación de otros instrumentos que fueren necesarios para hacer frente a las nuevas necesidades.

Solicitar a la Secretaría General de la OEA un estudio sobre los obstáculos para la aplicación efectiva de los tratados de cooperación jurídica y judicial, basado en los informes suministrados por los Estados sobre dichos obstáculos.

5. Promover en el marco de la OEA, el intercambio de experiencias nacionales y la cooperación técnica en materia de política carcelaria y penitenciaria.

6. Promover el intercambio de experiencias y cooperación técnica en materia relativas a los sistemas de enjuiciamiento penal, acceso a la justicia y administración judicial.

7. Reforzar la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la delincuencia transnacional y, de resultar necesario, adoptar nueva legislación, procedimientos y mecanismos para continuar combatiendo estos flagelos.

8. Saludar la realización en el mes de abril de 1998 de una nueva Cumbre de las Américas, en Santiago de Chile, y la incorporación del tema relativo al fortalecimiento del sistema judicial y administración de justicia como tópico especialmente relevante.

9. Generar una instancia de análisis de expertos gubernamentales, con el apoyo de la OEA, en Santiago de Chile, antes del 28 de febrero de 1998, sobre los temas fundamentales del Sector Justicia con el objeto de incorporar este análisis en la Cumbre de las Américas.

10. Apoyar que, en el marco de la OEA, se celebren periódicamente Reuniones de Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales de las Américas, con el apoyo técnico de la Secretaría General de la Organización.

11. Aceptar y agradecer el ofrecimiento del Gobierno de la República del Perú como sede de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia de las Américas, a realizarse en el segundo semestre de 1998, y acordaron que la agenda de dicha reunión, focalizada en los temas que se estimen prioritarios, se preparará en el marco de la OEA.

12. Solicitar a la OEA que disponga los recursos financieros necesarios a fin de permitir la realización de las distintas recomendaciones emanadas de esta Primera Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas.