Resoluciones Asamblea General


OEA/Ser.G
GE/REMJA/doc.33/99 add. 1
septiembre 1999
Original: español

CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Grupo Especial Encargado de dar cumplimiento a las Recomendaciones de las Reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas

REQUISITOS PARA LA EXTRADICIÓN 

(Documento presentado en cumplimiento de las recomendaciones de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas)

Brasil 

MISIÓN PERMANENTE DE BRASIL ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

No. 238 

La Misión Permanente del Brasil saluda atentamente a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y tiene el honor de hacer referencia a la Nota de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos referente a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe Final de la Segunda Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA-II/doc. 21/99 Rev. 1).

Dando respuesta a la referida Nota, acompaño, en un anexo, la lista de peritos brasileños en delitos cibernéticos e información referente a los requisitos para la extradición, proporcionada por el Ministerio de Justicia.

La Misión Permanente del Brasil aprovecha la oportunidad para reiterar a la Secretaría General las manifestaciones de su más alta consideración. 

(Fdo.) 

Washington, 25 de agosto de 1999

/SELLO/

Misión Permanente del Brasil ante la OEA
WASHINGTON, D.C.

NOTA:

Lo referente al Listado de Expertos Nacionales en Delito Cibernético, mencionado en esta nota, aparece publicado en el documento GE/REMJA/doc.38/99.

MINISTERIO DE JUSTICIA DEL BRASIL

Compete privativamente a la Unión legislar sobre: XV - Emigración e inmigración, entrada, extradición y expulsión de extranjeros (Constitución Federal, art. 22, XV).

Ningún brasileño podrá ser extraditado, salvo el naturalizado, en caso de delitos comunes, cometidos antes de la naturalización, o de comprobada participación en tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, con arreglo a la ley (Constitución Federal, art. 5.º, LI).

No podrá concederse la extradición de ningún extranjero por delitos políticos o de opinión (Constitución Federal, art. 5.º, LII).

Podrá concederse la extradición cuando el Gobierno requirente invoque un tratado o prometiere al Brasil la reciprocidad. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980 [Define la situación jurídica del extranjero en el Brasil, crea el Consejo Nacional de Inmigración, y prevé otros asuntos], art. 76).

No se concederá la extradición, cuando: I - se tratare de un brasileño, salvo cuando la adquisición de esa nacionalidad tuviere lugar después del hecho que motivare el pedido (véase Constitución Federal, art. 5.º, LI); II - el hecho que motivare el pedido no fuere considerado delito en Brasil o en el Estado requirente; III - Brasil fuere competente, conforme a sus leyes, para juzgar el delito imputado al requerido; IV - la ley brasileña impusiere al delito una pena de prisión de no más de 1 (un) año; V - el requerido estuviere sometido a proceso o ya hubiere sido condenado o absuelto en Brasil por el mismo hecho en que se fundare el pedido; VI - estuviere extinguida la punibilidad en virtud de la prescripción conforme a la ley brasileña o a la del Estado requirente; VII - el hecho constituyere delito político (véase Constitución Federal, art. 5.º, LII); VIII - o el requerido tuviere que responder, en el Estado requirente, ante un Tribunal o Juzgado de excepción. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 77).

La excepción del punto VII no impedirá la extradición cuando el hecho constituyere, principalmente, infracción de la ley penal común, o cuando el hecho principal consistiere en delito común conexo con delito político. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 77, § 1.º).

El Supremo Tribunal Federal tendrá competencia exclusiva para apreciar el carácter de la infracción. (Ley n.º 6.815 del 19 de agosto de 1980, art. 77, § 2.º).

El Supremo Tribunal Federal podrá no considerar delitos políticos los atentados contra Jefes de Estado o cualesquiera autoridades, o bien actos de anarquismo, terrorismo, sabotaje o secuestro de personas, o que supongan propaganda de guerra o de aplicación de métodos violentos para subvertir el orden político o social. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 77, § 3.º).

Son condiciones para la concesión de la extradición: I - que el delito haya sido cometido en el territorio del Estado requirente o que fueren aplicables al requerido las leyes penales de ese Estado, y II - la existencia de sentencia definitiva de privación de libertad o que la prisión del requerido hubiera sido autorizada por un juez, tribunal o autoridad del Estado requirente, salvo lo dispuesto en el artículo 82. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 78).

Cuando más de un Estado requiriere la extradición de la misma persona por el mismo hecho tendrá preferencia el pedido del Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracción. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 79, caput).

Tratándose de diferentes delitos tendrán preferencia, sucesivamente: I - el Estado requirente en cuyo territorio haya sido cometido el delito más grave según la ley brasileña; II - el que en primer lugar hubiera pedido la entrega del requerido, si la gravedad de los delitos fuere idéntica; y III - el Estado de origen, o en su defecto el de domicilio del requerido, si los pedidos fueren simultáneos. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 79, § 1.º).

En los casos no previstos decidirá el Gobierno brasileño. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 79, § 2.º).

Existiendo tratado con alguno de los estados requirentes prevalecerán sus normas en lo que tuvieren relación con la preferencia a la que se refiere este artículo. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 79, § 3.º).

La extradición será solicitada por vía diplomática o, a falta de agente diplomático en el Estado que la requiriere, directamente de Gobierno a Gobierno; el pedido deberá ser instruido con una copia auténtica o un certificado de la sentencia condenatoria, la de procesamiento o la que decretare la prisión preventiva, dictada por juez o autoridad competente. Ese documento, o cualquier otro que se adjuntare al pedido, contendrá menciones precisas del lugar, la fecha, la naturaleza y las circunstancias del hecho delictuoso y la identidad del requerido, a lo que se agregará además copia de los textos legales referentes al delito, a la pena y a su prescripción. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 80).

El trámite del pedido por vía diplomática confiere autenticidad a los documentos. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 80, § 1.º).

No existiendo tratado que disponga lo contrario, los documentos indicados en este artículo serán acompañados por una versión oficial elaborada en idioma portugués en el Estado requirente. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 80, § 2.º).

En caso de urgencia podrá ordenarse la prisión preventiva del requerido, siempre que fuere pedida en términos hábiles, sea cual fuere el medio de comunicación, por autoridad competente, agente diplomático o consular del Estado requirente. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 82, caput).

El pedido, en que se dejará constancia del delito cometido, deberá fundarse en sentencia condenatoria, auto de prisión in fraganti, orden de prisión o la fuga del indiciado. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 82, § 1.º).

Hecha efectiva la prisión, el Estado requirente deberá formalizar el pedido dentro de un plazo de 90 (noventa) días, conforme a lo dispuesto por el artículo 80. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 82, § 2.º).

La prisión no podrá mantenerse más allá del plazo referido en el párrafo anterior, ni se admitirá un nuevo pedido por el mismo hecho sin que la extradición haya sido formalmente requerida. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 82, § 3.º).

No se concederá ninguna extradición sin previo pronunciamiento del Plenario del Supremo Tribunal Federal sobre su legalidad y procedencia, siendo esa decisión irrecurrible. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 83).

Hecha efectiva la prisión del requerido (artículo 81), el pedido será remitido al Supremo Tribunal Federal. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 84, caput).

La prisión se mantendrá hasta la sentencia definitiva del Supremo Tribunal Federal, no admitiéndose la libertad vigilada, la prisión domiciliaria ni una prisión-albergue. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 84, párrafo único).

Concedida la extradición, el hecho será comunicado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a la misión diplomática del Estado requirente, que dentro de un plazo de 60 (sesenta) días, contado a partir de la fecha de la comunicación, deberá retirar al requerido del territorio nacional. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 86).

Si el Estado requirente no retirare al requerido del territorio nacional en el plazo del artículo anterior, el requerido será puesto en libertad, sin perjuicio de que corresponda el proceso de expulsión, si el motivo de la extradición lo aconsejare. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 87).

Denegada la extradición, no se admitirá un nuevo pedido basado en el mismo hecho. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 88).

Cuando el requerido estuviere siendo procesado o hubiere sido condenado en Brasil por un delito punible con pena privativa de libertad, sólo se llevará a cabo la extradición después de la terminación del proceso o del cumplimiento de la pena, sin perjuicio, no obstante, de lo dispuesto en el artículo 67. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 89, caput).

Si fuere conveniente al interés nacional, podrá llevarse a cabo la expulsión del extranjero, aunque exista proceso o se haya dictado sentencia condenatoria. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 67).

La entrega del requerido quedará asimismo postergada si la ejecución de la medida pusiere en peligro su vida debido a una enfermedad grave comprobada por dictamen médico oficial. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 89, párrafo único).

El Gobierno podrá entregar al requerido aun en los casos en que esté sometido a proceso o condenado por contravención. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 90).

No se llevará a cabo la entrega sin que el Estado requirente asuma el compromiso: I - de que el requerido no sea preso o procesado por hechos anteriores al pedido; II - de computar el tiempo de prisión que le hubiere sido impuesto en el Brasil en virtud de la extradición; III - de conmutar en pena privativa de libertad la pena corporal o de muerte, salvo, en cuanto a esta última, los casos en que la legislación brasileña permita su aplicación; IV - de no entregar el requerido, sin consentimiento del Brasil, a otro Estado que lo reclame; y V - de que no se considere ningún motivo político como agravante de la pena. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 91).

La entrega del requerido conforme a la legislación brasileña y respetando el derecho de terceros, se realizará junto con los objetos e instrumentos del delito que se encuentren en su poder. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 92, caput).

Los objetos e instrumentos referidos en este artículo podrán ser entregados independientemente de la entrega del requerido. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 92, párrafo único).

El requerido que después de haber sido entregado al Estado requirente, escape a la acción de la justicia y se domiciliare en el Brasil, o transitare por su territorio, será detenido en virtud de pedido efectuado directamente por vía diplomática, y nuevamente entregado sin otras formalidades. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 93).

Salvo motivos de orden público, el Ministro de Justicia podrá permitir el tránsito por el territorio nacional de personas extraditadas por estados extranjeros, así como su respectiva custodia, en virtud de presentación de documentos comprobatorios de la concesión de la medida. (Ley n.º 6.815, del 19 de agosto de 1980, art. 94).

05/08/1999

Roberto Chacon de Albuquerque
Ministro de Justicia
Consultoría Jurídica
roberto@rudah.com.br