24 de abril de 2006 - Santo Domingo, República Dominicana
Sr. Vicepresidente de la República Dominicana, Excelentísimo Doctor Rafael Alburquerque,
Sr. Procurador General de la República Dominicana, Juez Francisco Domínguez Brito,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Excelentísimo Doctor Jorge Subero Isa
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Excelentísimo señor José Manuel Trullols
Honorables Ministros de Justicia, Ministros y Procuradores Generales,
Distinguidos Jefes de Delegación,
Miembros del Cuerpo Diplomático y Consular,
Distinguidos Observadores Permanentes ante la OEA,
Distinguidos participantes e invitados,
Señoras y señores:
Me honra dirigirme a ustedes en la más importante reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas. Realmente somos afortunados de reunirnos en esta hermosa ciudad de Santo Domingo y estamos agradecidos por el generoso ofrecimiento del Gobierno de la República Dominicana, anfitrión de este importante evento que nos han extendido una cálida acogida. Deseo expresar mi agradecimiento expresamente al Procurador General de la República Dominicana, Dr. Francisco Domínguez Brito y al Representante Permanente de la República Dominicana ante la OEA, Embajador Roberto Álvarez, por su constante apoyo y guía para la celebración de este evento. Aguardamos con beneplácito regresar a esta capital en un par de semanas, cuando la República Dominicana auspicie la celebración del trigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización.
Ciertamente, en buena hora los Estados de este Hemisferio resolvieron institucionalizar las reuniones de sus Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales, que ya son comúnmente conocidas en nuestro sistema interamericano como REMJA, cuando desde la primera de estas reuniones celebrada en Buenos Aires, Argentina, en 1997, se advirtió rápidamente que ellas ofrecían un espacio de encuentro muy propicio y un medio singular para buscar y acordar soluciones a los desafíos y necesidades que nuestros países comparten en materia de eficacia y eficiencia de sus sistemas de justicia.
Siendo esta la primera REMJA a la que asisto como Secretario General Adjunto de la OEA, quiero reiterarles que la Secretaría General seguirá dando cumplimiento al mandato que expresamente se la ha conferido, y les seguirá prestando los servicios de asesoría jurídica, secretaría técnica y apoyo administrativo, en todo lo relacionado con la preparación, celebración y seguimiento de estas reuniones, y su necesario seguimiento. Y lo hará con todo el entusiasmo y la dedicación que la importancia de sus propósitos lo requiere. Cuenten ustedes con este compromiso de nuestra parte, que asumimos con la convicción de que el tema que hoy nos convoca es vital para la institucionalidad y gobernabilidad democráticas, la paz y la seguridad, el desarrollo y la prosperidad en las Américas.
Desde comienzos del presente año, el nuevo liderazgo de la OEA, ha implantado una nueva estructura orgánica. Los temas que la REMJA aborda se encuentran entre las prioridades de esta nueva estructura. En consecuencia, se han tomado las providencias del caso para ofrecer los apoyos requeridos. Les iré explicando cuando me refiera a algunas de estas materias específicas.
No cabe duda que el fortalecimiento de nuestros sistemas judiciales es un imperativo incuestionable e inmediato en nuestra región. El “Informe Latinobarómetro 2005” indica que el 66% de la región señala que tiene poca o ninguna confianza en el poder judicial, mientras que sólo el 31% tiene mucha o alguna confianza. Se dice además, que sólo el 34% manifiesta estar de acuerdo con que “el sistema judicial castiga a los culpables”, en contraste con el 60% que dice no estar de acuerdo con esta afirmación. Sin dudas estos son preocupantes datos que requieren de una respuesta en forma de políticas.
No obstante lo anterior, debemos tener presente que numerosos países de nuestro hemisferio han puesto en marcha en los últimos años reformas judiciales que han contado con el apoyo de organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, y nuestra propia Organización. Estos esfuerzos merecen ser reconocidos y felicito a aquellos países por los esfuerzos realizados y los objetivos obtenidos.
Señor Vicepresidente, Distinguidos Ministros y Procuradores Generales,
En este momento en que nos congregamos en Santo Domingo para buscar nuevas maneras para mejorar la paz, la seguridad y la justicia en las Américas, muchos de nuestros países enfrentan audaces desafíos en su lucha contra la delincuencia.
En algunos países ha mejorado la situación de la delincuencia, en tan que en otros ésta aún constituye un problema crítico y preocupante.
Me entristece muchísimo el reciente asesinato del Ministro de Agricultura de Guyana, el Dr. Satyadeo Sawh y algunos de sus familiares, además de uno de sus guardias personas, a tempranas horas del sábado pasado.
En nombre de la OEA transmito nuestras sinceras condolencias a la esposa del Dr. Sawh y a sus familiares, y al Gobierno de Guyana.
Nos alienta la firme respuesta del Gobierno de Guyana y el rechazo de todos los partidos políticos de Guyana a este atroz crimen y el llamado para buscar y sancionar a quienes perpetraron estos terribles crímenes.
El objetivo de fortalecer la administración de justicia es una tarea compleja. Eso solamente debería motivarnos a perseverar en nuestra tarea. Considero que debemos continuar consolidando los mecanismos de consulta y cooperación que nuestros Estados han venido forjando en el marco del sistema interamericano y las REMJA celebradas anteriormente.
Cabe destacar el papel fundamental que ha venido desarrollando al respecto el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el cual fue concebido para apoyar a nuestros Estados en la reforma de sus sistemas judiciales y contribuir al perfeccionamiento de los recursos humanos para la administración de justicia. En su último informe de actividades, podemos ver con satisfacción cómo ha venido cumpliendo con los mandatos que se le han encomendado, y su página en “Internet” nos permite apreciar la profundidad de los estudios que ha venido realizando para ello, entre otros, los relacionados con las reformas procesales penales en los países de la región y con el estado de la justicia en los mismos.
El Centro de Estudios cuenta ya con un Plan Estratégico que desarrolla los lineamientos que le han sido fijados por su Consejo Directivo para orientar su trabajo en el período 2005 – 2009. Un documento es visionario y apunta a continuar el servicio a los Estados Miembros, pero al mismo tiempo requerirá del apoyo financiero pleno de todos los Estados Miembros.
La modernización de las instituciones encargadas en nuestros países de impartir justicia es claramente vital. Sin embargo, si queremos que nuestros sistemas de justicia funcionen eficaz y eficientemente, igual importancia debe asignársele a los mecanismos de cooperación entre los Estados que les permitan a éstos enfrentar las conductas criminales sin que sus fronteras se conviertan en barreras que obstaculicen las labores necesarias para ello y favorezcan a los criminales.
Sin lugar a dudas, la cooperación entre los Estados es vital para enfrentar las diversas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional. La cual, como sabemos, no respeta fronteras y se vale de éstas para hacer más difícil la detección de sus actos desde el momento mismo de su planeación, al igual que para evadir la acción de la justicia una vez que dichos actos han sido cometidos, y en muchos casos, para ocultar el producto del delito.
Afortunadamente los Estados miembros de la OEA han reconocido siempre la importancia de la cooperación jurídica y judicial mutua, bajo la óptica de que la investigación y la represión de delitos para la protección del ciudadano y el mantenimiento de la paz y el orden público constituyen objetivos esenciales en toda sociedad organizada y que la lucha para alcanzar esos objetivos no se puede restringir actualmente a límites nacionales, por cuanto es evidente que las actividades de la delincuencia transnacional organizada no solo afectan a los países individualmente considerados sino a la comunidad internacional en general.
Como reflejo de lo anterior, en el marco de la OEA se han negociado veinticinco tratados atinentes a la cooperación jurídica y judicial mutua, los cuales se refieren a aspectos fundamentales en este campo como extradición, asistencia mutua en materia penal, exhortos o cartas rogatorias, recepción de pruebas en el extranjero, cumplimiento de medidas cautelares y eficacia extraterritorial de las sentencias.
En el marco de las REMJA se han consolidado las reuniones de autoridades centrales y otros expertos en asistencia judicial mutua en materia penal, las cuales por encargo de ustedes se han llevado a cabo en dos ocasiones con el propósito de formular recomendaciones relativas al fortalecimiento de este importante mecanismo de cooperación.
En la última de dichas reuniones, celebrada en Brasilia en el mes de septiembre de 2005, se recomendó la realización de determinadas acciones concretas que los Estados pueden llevar a la práctica para lograr una mayor eficacia en relación con la asistencia mutua en materia penal. Insto a las autoridades de nuestros países con competencia para implementarlas que cumplan con estas medidas y les brinden la debida atención. No voy a referirme al contenido de cada una de estas recomendaciones porque para ello se tiene prevista una exposición en la agenda de esta reunión, que les permitirá a ustedes valorarlas para posteriormente impulsar su aplicación en el ámbito que le corresponda a cada uno de los países que representan.
La Secretaría General de la OEA, consciente del papel que le corresponde en cuanto al apoyo que debe prestar para la cabal realización de las actividades encomendadas a estas reuniones, ha efectuado las previsiones necesarias en su última reorganización administrativa para que la Oficina de Cooperación Jurídica del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales se pueda concentrar más en la prestación de dicho apoyo.
Otra herramienta de gran utilidad para los propósitos de la cooperación jurídica y judicial lo constituye la denominada Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición, la cual fue creada por mandato de ustedes y se encuentra hoy en día cumpliendo con su función de servir de vía segura para efectuar dicho intercambio de información, como tendrán ustedes la oportunidad de comprobarlo en la presentación que se hará al respecto en esta reunión.
Otro de los aportes que han surgido de las deliberaciones que ustedes han sostenido en el marco de las REMJA esta constituido por la aspiración de nuestros países de contar con un Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Transnacional Organizada, concebido como un plan integrado que recoja el esfuerzo que cada área de la OEA viene desarrollando en los diferentes aspectos de este problema, de conformidad con la Declaración sobre Seguridad en las Américas.
La elaboración y adopción del citado plan de acción no será una tarea fácil de culminar dada la complejidad del fenómeno del que se ocupa, y el enfoque integral que acertadamente se le quiere dar a la estrategia para enfrentarlo. Sin embargo, al final el esfuerzo redundará en beneficio de todos nuestros países. Las diversas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional están frecuentemente interrelacionadas y se confunden y complementan entre sí. Esto ocurre en los casos más preocupantes y que mayor daño causan a la sociedad, como el terrorismo, la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos mal habidos, el tráfico ilícito de armas de fuego, el delito cibernético, la trata de personas y la pornografía infantil.
En la presente reunión ustedes van a ser informados sobre los avances que se han dado en el marco de la OEA hacia el logro del propósito de contar con un plan integral en esta materia. Enviamos el liderazgo y los esfuerzos realizados por el Presidente mexicano de la Comisión Especial.
En la reorganización administrativa de la Secretaría General de la OEA también hemos adoptado una visión igualmente integral de este problema. En consecuencia se ha previsto incluir dentro del Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública una instancia que se ocupe del crimen organizado.
Las REMJA han tratado en forma específica ciertas conductas delictivas. Quiero referirme en esta ocasión a algunas de ellas a las que considero se les debe dar atención prioritaria en el marco de la cooperación jurídica y judicial de nuestros países, teniendo en cuenta sus características y sus repercusiones trasnacionales.
Creo que la trata de personas constituye una de las modalidades más inhumanas y degradantes de la criminalidad organizada de nuestro tiempo y uno de los mayores desafíos para la cooperación internacional en la persecución del delito. Este ilícito es por esencia transnacional y afecta valores y principios inherentes a la dignidad humana que hoy en día son universalmente reconocidos. No cabe por lo tanto ninguna excusa para no actuar mancomunadamente para erradicarlo, ni se puede tampoco adoptar una actitud pasiva o de inacción frente al mismo porque lo que aquí esta en juego es el respeto que todos debemos profesarnos de reconocer a nuestros semejantes como seres humanos.
En buena hora la comunidad internacional advirtió la gravedad de este problema y aprobó en el marco de la ONU el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y otros instrumentos relevantes en la materia. En buena hora ustedes también lo advirtieron y en desarrollo de sus recomendaciones se realizó en marzo de 2006 en la Isla de Margarita de la República Bolivariana de Venezuela la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, la cual formuló valiosas recomendaciones para enfrentar este problema. Tuve el privilegio de dirigirme en una sesión privada de esta reunión tan importante y tan productiva. Las recomendaciones de allí emanadas serán expuestas en esta reunión.
La Secretaría General de la OEA, efectuó por su parte, las previsiones necesarias para contar en su nueva estructura orgánica con una dependencia que dentro del Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública se ocupe de lo relacionado con el tráfico de personas.
Otra de las conductas delictivas transnacionales a la que quiero referirme es al comercio ilícito de armas de fuego, la cual considero como una de las actividades criminales más nefastas para la humanidad. Este negocio de la muerte no distingue fronteras ideológicas ni geográficas y por esto cualquiera de los países que ustedes representan puede ser su víctima. Según la Cruz Roja Internacional sólo las armas ligeras han causado más de cuatro millones de muertes desde 1990, en su gran mayoría civiles, de los que casi tres millones son mujeres y niños. Por otra parte, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, el costo de la violencia relacionada con tales armas se estima en 14% del PIB de América Latina en términos de daños personales y a la propiedad.
Los países del Hemisferio Americano deben sentirse orgullosos de la manera como en su conjunto han decidido enfrentar este flagelo al haber aprobado en el marco de la OEA la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados – CIFTA, cuyo carácter pionero ha tenido reconocimiento universal, y cuyo contenido ha inspirado la adopción de otros instrumentos internacionales en materias afines.
La citada Convención previó, como un mecanismo innovador, una instancia de cooperación y seguimiento de la misma, como lo es el Comité Consultivo. Este mecanismo ha permitido lograr en sus seis años de funcionamiento importantes avances en la implementación de la Convención, y los esfuerzos que ha venido realizando en materia de promoción de la firma y ratificación de la Convención han permitido que hasta la fecha 33 de los 34 Estados del Hemisferio Americano la hayan suscrito y 26 la hayan ratificado.
El anterior mecanismo cuenta con el apoyo de la Secretaría General de la OEA. Para reforzar y hacer más especializados los servicios de secretaría técnica que demandan sus actividades, en la reciente reestructuración de la entidad se previó que estos servicios que antes estaban a cargo de la Oficina de Cooperación Jurídica sean prestados ahora por la Sección de Armas Pequeñas y Livianas del Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública.
Finalmente, quiero referirme al delito cibernético. Aquí estamos frente a conductas criminales que permiten que sus autores se amparen fácilmente en el anonimato y hagan sentir las consecuencias de sus acciones en los sitios más diversos, sin que las fronteras de los países constituyan obstáculo alguno. No requieren pasaporte ni visa. No están expuestos a las medidas de seguridad de los puestos de control o de las aduanas. Ni siquiera necesitan, en calidad de autores intelectuales o materiales, encontrarse en el país de destino de sus actividades delictivas.
El delito cibernético puede tener un impacto muy real y profundo en la vida de los ciudadanos, minando el centro de su seguridad personal o perturbando a una comunidad entera. Pensemos en relación con lo primero en casos como el robo de identidades, la estafa y el engaño para atraer a las víctimas de la trata de personas y del abuso sexual; y respecto a lo segundo, en las consecuencias que para todo un país se derivarían de un acto vandálico que dañara los sistemas informáticos utilizados por el Estado para desarrollar sus programas de “Gobierno en Línea” que resultan hoy en día tan necesarios para una adecuada gestión gubernamental.
Ustedes han comprendido la magnitud de este problema cada vez más complejo y preocupante para la comunidad internacional y en desarrollo de sus propuestas emitidas en el marco de las REMJA, se han realizado ya cuatro reuniones del Grupo de Expertos Gubernamentales en Materia de Delito Cibernético, la última de ellas en el mes de febrero de 2006 en la sede de la OEA, en Washington DC, y de las cuales han surgido valiosas recomendaciones para enfrentar mancomunadamente esta nueva y sofisticada conducta delictiva. Sobre el contenido de dichas recomendaciones van a tener ustedes una exposición en esta reunión y estoy seguro que sabrán valorar el sentido práctico de las mismas y la posibilidad de implementarlas sin mayores dificultades.
Debemos aprovechar además que universalmente existe conciencia de las repercusiones internacionales de esta conducta delictiva y estrechar los vínculos de cooperación con las organizaciones e instancias internacionales que se han venido ocupando de este problema. A este respecto quiero referirme a la colaboración brindada por la OEA a la Conferencia Internacional organizada por el Consejo de Europa, que bajo la denominación “La criminalidad un Desafío Global, una Respuesta Mundial” se llevó a cabo en Madrid, España, el mes de diciembre de 2005, y a cuyos resultados se referirá una de las exposiciones que se harán en la presente reunión.
No puedo concluir esta intervención, sin referirme a uno de los aspectos que podemos catalogar entre los de mayor incidencia en la eficacia de la justicia penal en nuestros países, el cual ha sido además centro de atención por parte de ustedes en estas reuniones, y sobre el cual se tiene previsto profundizar aún más en la presente REMJA. Considero que los sistemas penitenciarios y carcelarios constituyen un elemento esencial para lograr que se cumplan los fines últimos de la administración de la justicia penal.
La protección de la sociedad, salvaguardándola de quienes hacen mal uso de su libertad para atacarla y para atentar contra la vida, la honra o los bienes de sus integrantes; la represión de las conductas criminales; y la resocialización y rehabilitación de quienes han incurrido en dichas conductas, no pueden ser una realidad si los sistemas penitenciarios y carcelarios no operan adecuadamente.
Pensemos en lo inocuo que resulta adelantar exitosamente un proceso penal en el que después de haberse juzgado al culpable de un ilícito y habérsele impuesto la pena correspondiente, ésta no se cumple porque un ineficiente sistema carcelario posibilitó que se evadiera de su lugar de reclusión; o lo que es peor, permitió que siguiera delinquiendo desde su prisión, muchas veces cometiendo delitos más graves y contando con mayor capacidad para consumarlos por haberse vinculado a cualquiera de las bandas o pandillas que pululan en las cárceles de nuestros países.
Pensemos además, en los derechos humanos de quienes están recluidos en prisiones cuya sobrepoblación y pobre infraestructura ocasiona muchas veces que no cuenten con las condiciones mínimas para poder satisfacer las necesidades básicas que tiene todo ser humano, ni mucho menos para su resocialización y rehabilitación.
Los desarrollos que en el marco de las REMJA se han dado en esta materia, constituyen sin lugar a dudas un aliciente para seguir perseverando en la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestros sistemas penitenciarios y carcelarios, que aunque no son fáciles de resolver, pueden ser enfrentados con mayor eficacia haciendo uso de la cooperación hemisférica por tener rasgos comunes en la mayoría de nuestros países.
La Secretaría General de la OEA le seguirá brindando su apoyo a las reuniones de las autoridades responsables de las políticas penitenciarias y carcelarias, la primera de las cuales ya fue realizada por encargo de ustedes, y de la cual surgieron importantes recomendaciones para fortalecer la cooperación entre nuestros Estados en este campo.
Estoy seguro que este importante tema, al igual que los demás que conforman la agenda que se tiene prevista para esta reunión, que son igualmente importantes, serán objeto de reflexiones profundas y productivas por parte de ustedes, como lo han sido en las anteriores reuniones. Las calidades de quienes tienen a su cargo la presentación de dichos temas también nos permiten anticipar un buen resultado para la REMJA que hoy comienza.
Les deseo mucho éxito en su trabajo y les reitero la disposición de la Secretaría General de la OEA para brindarles la colaboración que requieran.
Muchas gracias.