Este día es ocasión especial para reconocer a El Salvador, su gobierno, la Fiscalía General de la República, y la sociedad civil, en los esfuerzos que realizan para prevenir la corrupción, perseguirla, y sancionarla.

El acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos para la continuidad de los trabajos de la CICIES cobra vital importancia en el contexto de la realidad regional.

La lucha contra la corrupción, a favor de la transparencia y rendición de cuentas de funcionarios, es esencial para la gobernanza y desarrollo del país. Los efectos de este fenómeno sistémico socavan los derechos humanos de un considerable número de personas, en especial de aquellos derechos de naturaleza económica y social. El costo de no luchar contra la corrupción es social y económicamente difícil de cuantificar, pero no hay duda que es enorme.

Según estudios del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), entre 1989 y 2015, se calcula que 21 casos emblemáticos de corrupción costaron al erario público 550 millones de dólares; una cifra equiparable al 11.4% del Presupuesto General de la Nación, equivalente al 2.1 % del PIB de ese año.

El estudio concluyó que, sin ese costo para el erario público, se podía haber fortalecido a la Fiscalía General de la República en un 661% en relación con su presupuesto, en un 125% a las instituciones del ramo de justicia y seguridad, 94% al ramo de salud, o en un 60% al área de educación.

Estos datos dejan en evidencia que es necesario crear las condiciones para una nueva arquitectura legal que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad política para aprobarla. Es menos oneroso prevenir que perseguir la corrupción. Por ello, para la CICIES es importante unificar esfuerzos con todos los sectores para fortalecer a las instituciones salvadoreñas y que puedan transparentar el uso de fondos públicos, así como poder perseguir y sancionar actos de corrupción. La prevención es el eje central para un cambio de paradigma en la lucha anticorrupción

Realizar este cambio conlleva una mejoría en el Estado de bienestar, mediante la reducción de la pobreza, la asignación de recursos públicos para inversión social y la generación de empleo, evitando así el impulso de una migración forzada por razones económicas y en ocasiones por la violencia. Todos los sectores vivos de El Salvador deberían estar convencidos que en el centro de la sociedad debe primar el desarrollo del país con rostro humano.

La CICIES lleva catorce meses de trabajo, en medio de una pandemia sin precedentes, con espacios frágiles, y en tiempos inciertos. Sin embargo, tenemos claro que la opacidad, corrupción y ausencia de rendición de cuentas de funcionarios públicos no distingue nacionalidad, color político, temporalidad, ni tampoco ideología. A pesar de lo anterior, la CICIES destaca el compromiso y llamado del Presidente de la República a su gabinete de administrar con transparencia y probidad los fondos utilizados para la atención de la pandemia.

En el devenir de nuestras actividades hemos observado que, a personas particulares, eslabón necesario para configurar la cadena de corrupción de funcionarios, la ley no los alcanza, por la ausencia de una tipología penal que se adecúe a los hechos, para así, dentro del marco del debido proceso, investigarlos, denunciarlos y sancionarlos.

Lo anterior nos da el convencimiento que la lucha contra la corrupción es y debe ser de todos, una política de Estado, en donde el consenso de una agenda legislativa anticorrupción con reformas a leyes se hace oportuno.

Dentro de este marco, la sociedad civil tiene un rol importante de fiscalización, como la prensa lo tiene al acceso a fuentes de información. Es necesario crear condiciones que contribuyan a mantener y fortalecer estos espacios; que además son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia representativa. (Artículos 4 y 6 de la Carta Democrática Interamericana).

Los resultados del trabajo de la CICIES son alentadores. A la fecha, hemos brindado 25 asistencias a la Fiscalía General de la República. Entre estas corresponden a 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en 5 carteras de Estado. Hemos auditado el 81% de los gastos destinados a la pandemia. Y venimos coadyuvando a investigar 7 casos integrales a solicitud del Fiscal General de la República, entre otras asistencias especializadas. Nuestros resultados podrían ser mejores, ciertamente. Para esto, las herramientas legales son imprescindibles.

Ante las reformas legales identificadas, y presentadas oportunamente al Ejecutivo para combatir la corrupción, se hace necesario, entre otras acciones, transitar por un camino que conduzca a la autonomía financiera, el fortalecimiento humano y capacidades técnicas de la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional Civil. Es necesaria además la independencia funcional de otros entes contralores del Estado.

Al cerrar estas breves palabras, resulta oportuno recordar y reconocer que la CICIES está en el país por la voluntad política manifiesta del Señor Presidente de la República Nayib Bukele. El Presidente invitó a la Secretaria General de la OEA a establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, y ésta se materializó a través del Acuerdo Marco suscrito entre el Secretario General de la OEA Luis Almagro y la Canciller Alexandra Hill. Así mismo el Acuerdo de Cooperación establecido con el Fiscal General Raúl Melara ha hecho efectivas las actividades de asistencia técnica y acompañamiento para la persecución del delito.

También es oportuno saludar y reconocer el apoyo de la comunidad internacional. En particular agradecemos el generoso aporte del Gobierno de los Estados Unidos, que nos compromete, como socios, a colaborar con el Gobierno de El Salvador, las instituciones garantes de la transparencia, rendición de cuentas, y las distintas expresiones de sociedad civil que hacen frente común en la lucha anticorrupción y contra la impunidad.

Muchas gracias