Oficina de Prensa de la CIDH
Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) condenan los actos de hostigamiento e intimidación perpetrados en contra del personal médico y urge al Estado nicaragüense a cesar inmediatamente estas acciones.
Según información pública, profesionales de la salud, integrantes de la comunidad científica y activistas por el derecho a la salud en el contexto de la pandemia estarían siendo gravemente afectados por el escalamiento de la represión que se registró en las últimas semanas en el país. Particularmente, la CIDH y REDESCA recibieron denuncias de actos de persecución y hostigamiento por parte de agentes del Estado en contra de integrantes de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), el Observatorio Ciudadano COVID-19 y el Comité Científico Interdisciplinario.
En particular, la Comisión Interamericana y su REDESCA tuvieron conocimiento del acoso e intimidación del que estarían siendo objeto personas de la directiva y adscritas a la UMN por parte de agentes del Estado, incluso policías con vestimenta de civil. En este contexto, ante el incremento de las acciones de vigilancia y hostigamiento, la directiva tomó la decisión de cerrar su sede y continuar dando atención a través de telemedicina.
Adicionalmente se recibió información de citaciones de carácter obligatorio para comparecer ante distintas autoridades. José Luis Julio Borgen, miembro de la UMN, fue llamado a declarar en relación con una investigación que el Ministerio Público lleva en contra de una de sus pacientes, el pasado 13 de julio; José Luis Julio Borgen, Carlos Quanty y Jorge Miranda fueron citados a comparecer con carácter obligatorio ante la Sala de Dirección de Regulación Sanitaria del MINSA, el pasado 22 y 26 de julio respectivamente. En declaraciones a medios de comunicación, Borgen afirmó que las autoridades le dijeron "que hay que tener cuidado con las declaraciones y recordar la Ley de Ciberdelitos", además, Miranda refirió haber sido amenazado con la suspensión de su licencia y la posibilidad de ser encarcelado por informar sobre la pandemia.
En este sentido, la CIDH y REDESCA condenan el uso de prácticas intimidatorias o de hostigamiento mediante el uso del derecho penal, laboral o administrativo que tienen como efecto silenciar o infundir temor en integrantes del gremio médico y de la salud. Dichas acciones además de afectar el bienestar de las personas que las sufren, tienen un impacto negativo en el gremio en su conjunto, y en la población que es atendida por tales profesionales.
Asimismo, el pasado 22 de julio, se recibió información sobre la iniciativa legislativa No. 20219761 "Decreto de Cancelación de Personerías Jurídicas", presentada ante la Asamblea Nacional, que tendría como objetivo suspender la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, incluyendo gremios médicos de distintas especialidades al considerar que habrían "desarrollados sus actividades al margen de la ley y actuado contra ley expresa".
Estos hechos se agravan en un contexto en el que altas autoridades del Ejecutivo realizan declaraciones públicas en contra de profesionales de la salud. Así, el 7 de julio, desde la Vicepresidencia de la República se advirtió a las agrupaciones médicas que emiten "noticias falsas" y que son "falsos médicos con falsos pronósticos" y que deben tener presente que "todo se paga en la vida". En ese sentido, la Relatoría Especial expresa su preocupación y llama al cese de tales pronunciamientos, los que además de resultar estigmatizantes, son interpretados como una advertencia de parte del sector médico y de la salud, generando temor en el gremio en su conjunto.
La REDESCA recuerda que ha venido llamando la atención sobre la preocupante situación de las personas profesionales y trabajadoras de la salud desde el inicio de la crisis de derechos humanos. Así, desde el estallido social de 2018, la CIDH y la Relatoría Especial registraron más de 400 despidos de personas trabajadoras de la salud por ejercer su labor o tener una posición crítica al gobierno, muchas de las cuales tuvieron que huir del país para salvaguardar su vida e integridad personal. Al momento, se habrían registrado 28 nuevos despidos de personal médico que habrían reclamado por la falta de medidas tomadas por el Estado frente a la pandemia; además, se tiene conocimiento de al menos 5 profesionales que decidieron salir del país buscando preservar su integridad y seguridad, como la de sus familias. En otro orden, preocupa también información sobre el alto número de muertes de profesionales de la salud por COVID19 y las limitaciones de acceso a las vacunas.
La Comisión Interamericana y su Relatoría Especial hacen un llamado enfático al Estado de Nicaragua a cesar todo tipo de hostigamiento e intimidación en contra de las personas del sector de la salud, así como de la sociedad civil y comunidad científica, instando a que asegure la construcción de contextos y ambientes libres de hostigamiento o amenazas, sin obstaculizar el ejercicio de la medicina y a cumplir con su deber de garantizar los derechos de personas profesionales y trabajadoras de la salud en el contexto de la pandemia.
La REDESCA es una Oficina de la CIDH especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 197/21
11:20 AM