Oficina de Prensa de la CIDH
Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con preocupación los hechos de violencia motivados por el contexto político actual, así como discursos de liderazgos políticos, en especial, de altas autoridades, que puedan profundizar el clima de polarización política en el marco de las próximas elecciones en Brasil. La CIDH llama el Estado a prevenir la violencia garantizando medidas de protección y seguridad en el contexto electoral, así como a adelantar las investigaciones pertinentes de estos hechos.
Según información pública, el 9 de julio de 2022, Marcelo Aloizio de Arruda, guardia municipal y tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), fue asesinado por un policía federal, quien irrumpió en su celebración y disparó en su contra bajo motivaciones de contexto político. Además, Claudinei Coco Esquarcini, el guardia de seguridad privado del espacio recreativo donde se llevaba a cabo dicha celebración y responsable de las cámaras de vigilancia del lugar donde se cometió el crimen, fue hallado sin vida el 17 de julio de 2022. En otra ocasión, la CIDH tomó conocimiento sobre la utilización dispositivos voladores (drones) para lanzar excrementos humanos en personas que participaban de comicios políticos el 15 de junio.
Asimismo, se ha tomado nota de actos de agresiones físicas contra personas de afiliaciones políticas distintas, incluso, en contexto de manifestaciones públicas. Datos del Observatorio de Violencia Política y Electoral en Brasil, muestran un crecimiento sustancial de la violencia por motivaciones políticas. Según información disponible, solo en 2022, se reportaron 214 casos de violencia en contra de personas con liderazgo político; de esos, 45 habrían sido homicidios. La CIDH nota que, sobre estos hechos, deben efectuarse investigaciones para sancionar a quienes hayan sido responsables, así como tomar las medidas para prevenir que no vuelvan a ocurrir.
La CIDH ha observado una agudización de la polarización política en los últimos años, que puede ser acentuada o exacerbada por discursos públicos de intolerancia por parte de altas autoridades y otros liderazgos políticos. Conforme se ha expresado anteriormente, este concepto se refiere a las personas en posiciones de liderazgo o con un poder, influencia y alcance significativos en la esfera pública, como quienes ejercen la función pública por elección o designación, personas candidatas a cargos públicos, líderes, y titulares de cargos de partidos políticos.
En este contexto de polarización política, preocupa también a la CIDH información pública que da cuenta de un aumento en la posesión de armas de fuego por particulares, así como la flexibilización al acceso a este tipo de armas mediante decretos del Poder Ejecutivo que facilitan el registro, posesión y ventas de armas de fuego y municiones a particulares. Lo anterior, contribuye a un escenario agravado de la violencia política. Tal escenario debe servir para analizar los sucesos descritos arriba, no como hechos aislados, sino como parte de un contexto de violencia por motivaciones políticas.
La Corte Interamericana ha establecido que, incluso cuando un discurso oficial puede no haber autorizado, instruido o incitado directamente a la violencia, con frecuencia puede poner a las potenciales víctimas de violencia en una situación de mayor vulnerabilidad ante el Estado y ante ciertos sectores de la sociedad. En este sentido, se recuerda que las personas que ejercen los liderazgos políticos están sometidas a ciertas limitaciones en cuanto a sus manifestaciones, más allá de las aplicables a los particulares, por cuenta, por ejemplo, de las altas investiduras de sus cargos, del amplio alcance y del poder e influencia de sus expresiones en la esfera pública. En conexión con esto, se reitera que, a la luz de las obligaciones estatales de respetar, garantizar y promover los derechos humanos, particularmente las personas funcionarias públicas están en posición especial de garantes de los derechos humanos; razón por la que tienen el deber de garantizar que, cuando ejercen su libertad de expresión, no están ignorando estos derechos.
Al tiempo que la Comisión Interamericana destaca la solidez de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho en Brasil, hace un llamado a que las altas autoridades del país y a todos los liderazgos políticos no hagan declaraciones que puedan promover la intolerancia, la discriminación, la desinformación deliberada o el odio. En cambio, como ha sido señalado anteriormente por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dichas personas deben aprovechar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar estos daños sociales y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad. Igualmente, insta al Estado a iniciar las investigaciones de modo diligente, así como a continuar las que ya están en curso, para esclarecer todos los hechos de violencia reportados y sancionar a sus responsables.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 171/22
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