Oficina de Prensa de la CIDH
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia la firma del acuerdo de cooperación técnica con el Estado de Ecuador en el marco de la visita de trabajo y de cooperación técnica que se llevó a cabo del 26 al 28 de septiembre. El acuerdo se firma luego de un estrecho diálogo con diferentes instituciones estatales y tiene por objetivo establecer un marco de cooperación para que la CIDH brinde asistencia técnica y contribuya con el fortalecimiento de las capacidades de promoción, defensa y protección de los derechos de las personas privadas de libertad; así como la adecuación a los estándares interamericanos de las medidas y políticas públicas .
"La Comisión destaca que el acuerdo de cooperación firmado constituye el marco para avanzar en la protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, por lo que agradecemos al gobierno la apertura para esta visita, y sobre todo su compromiso de seguir trabajando para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias" Stuardo Ralón, Comisionado, Vicepresidente, relator para Ecuador y sobre Personas Privadas de Libertad.
Además de la firma del acuerdo de cooperación, la visita permitió dar seguimiento a las recomendaciones realizadas en la visita de trabajo llevada a cabo del 1 al 3 de diciembre del 2021, e identificar los aspectos en los que puede activar su mecanismo de cooperación técnica en derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Al respecto, la Comisión reconoce importantes avances en la implementación de las mencionadas recomendaciones. Dentro de las acciones adoptadas con enfoque de derechos humanos, se destacan las siguientes: 1) la adopción de una nueva política pública penitenciaria; 2) el establecimiento de un proceso de selección y formación de 1300 nuevos agentes penitenciarios y 100 instructores educativos; 3) la reducción del hacinamiento a partir de la aplicación de indultos y la agilización de beneficios penitenciarios, en el marco del proyecto "Renacer"; 4) el inicio del censo penitenciario que lleva un avance del 45% con la implementación simultánea del proceso de registro administrativo de personas detenidas; 5) la ampliación del número de jueces y juezas especializados en garantías penitenciarias de 14 a 25; 6) la eliminación de las audiencias en el trámite de beneficios penitenciarios; y 7) la reinstalación de oficinas de la Defensoria Publica el interior de los centros de detención.
Al mismo tiempo, durante la visita, se recibió información sobre la persistencia de desafíos estructurales en la protección de las personas privadas de libertad, como los siguientes: 1) que el Estado logre el control efectivo en los 36 Centros de Privación de Libertad, especialmente en los de mayor población; lo que contribuye a la persistencia de elevados niveles de violencia intramuros. En lo que va del año, al menos 90 personas habrían fallecido. 2) Diseñar políticas publicas de rehabilitación y reinserción social, con base en la información del censo penitenciario una vez finalizado. Políticas que deberán ser objeto de seguimiento continuo a fin de enfrentar los desafíos aun existentes como la corrupción intramuros de los centros de privación de libertad. 3) Aspectos regulatorios y procedimentales que permitan la mejora del plazo de resolución de solicitudes de beneficios penitenciarios. 4) Adoptar medidas de reparación integral a familiares de las víctimas fatales por causa de la violencia intracarcelaria. 5) Profundizar las estrategias para desmantelar las estructuras criminales arraigadas en los centros penitenciarias. 6) Implementar vías que garanticen la participación de la sociedad civil en la implementación de medidas para superar la crisis.
Cabe destacar que, durante la visita, la delegación, liderada por el Vicepresidente, Comisionado Stuardo Ralón, sostuvo reuniones con el Presidente de la República, Guillermo Lasso, el Canciller, la Secretariá de Derechos Humanos, el Director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), el Defensor del Pueblo, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Presidente del Consejo de la Judicatura, el Defensor Público y el Presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad de la Asamblea Nacional; asi como representes de la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la República. Adicionalmente, se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil. Como parte de la agenda, la delegación también visitó el centro de privación de la libertad Cotopaxi No. 1 en Latacunga, con el propósito de verificar los avances en el censo penitenciario.
Como se señaló, la presencia de la CIDH en Ecuador deviene como seguimiento de la visita de trabajo realizada del 1 al 3 de diciembre de 2021, la cual tuvo por finalidad observar y contar con información de primera mano sobre los graves hechos de violencia ocurridos en diversas cárceles durante el 2021 y las medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a los mismos. Como resultado, publicó su Informe sobre la Situación de personas privadas de libertad en Ecuador, que presenta sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Cabe recordar que el informe destacó que el país atraviesa por una grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural, caracterizada por elevados niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y que responde a la ausencia de una política criminal integral y al abandono del sistema penitenciario que por décadas primó en el país.
El informe mencionado contiene 84 recomendaciones orientadas a brindar herramientas más detalladas para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad. En este sentido, el catálogo de recomendaciones se enfoca en las siguientes áreas principales: i) violencia; ii) reducción de población carcelaria; iii) prisión preventiva y medidas alternativas; iv) institucionalidad del sistema penitenciario; v) condiciones de detención; vi) reinserción social; vii) investigación y medidas de no repetición; y, viii) acciones de tipo transversal que incluyen el establecimiento de una ruta común por parte de las tres Funciones Públicas, adoptar una perspectiva de género y de tratamiento diferenciado con enfoque interseccional, y garantizar la participación de personas detenidas, familiares y organizaciones de la sociedad civil en la adopción de medidas.
El acuerdo firmado será una oportunidad para continuar avanzando con las recomendaciones incluidas en el informe temático del 2021.
La delegación estuvo encabezada por el Vicepresidente de la CIDH, Relator para Ecuador y sobre los derechos de las personas privadas de libertad, Comisionado Stuardo Ralón; e integrada por la Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, María Claudia Pulido; y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, a partir de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete comisionadas y comisionados elegidos por la Asamblea General de la OEA, quienes no representan a sus países de origen o residencia.
No. 220/22
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