APERTURA DEL DIÁLOGO SOBRE ALTERNATIVAS AL ENCARCELAMIENTO PARA DELITOS RELACIONADOS CON LAS DROGAS

1 de diciembre de 2015 - Washington, DC

Buscar alternativas al encarcelamiento para delitos no violentos relacionados con en su mayoría con el consumo de drogas es un reclamo de nuestros Estados Miembros para hacer más eficaces sus sistemas de justicia y es una necesidad para salvaguardar los derechos de nuestros ciudadanos.

Amigos y amigas

Ante todo quiero darles la bienvenida a ésta, su casa, la Casa de Las Américas, y a este Dialogo sobre Alternativas al Encarcelamiento para delitos Relacionados con las Drogas.

En los últimos años, muchos de nuestros países han experimentado un aumento significativo de personas que han entrado al sistema de justicia penal, y que están privadas de libertad por delitos de menor gravedad relacionados con las drogas en algún sentido. Esto ha generado grandes presiones económicas que han primado sobre la preocupación por proteger aspectos fundamentales de salud y de derechos humanos.

Este no es un tema nuevo. Sin embargo, las alarmantes cifras que se barajan en nuestros sistemas penitenciarios, la difícil tarea que implica evitar la puerta giratoria del sistema de justicia penal, y la inseguridad que esto genera en nuestras comunidades, fuerza a que esta realidad se convierta en un problema en que los ciudadanos exigen a los Estados respuestas efectivas.

Más de 3 millones y medio de personas se encuentran en las cárceles de nuestro hemisferio. Gran parte de ellas lo están por delitos menores relacionados con las drogas. El aumento de esta población carcelaria por delitos asociados con drogas está relacionado con el uso preferente del derecho penal y con una tendencia hacia la expansión del establecimiento de penas criminales en el campo de drogas.

Este fenómeno tiene lugar en un contexto de aumento de la prisión preventiva, en el que los delitos menores relacionados con las drogas tienen una alta incidencia.

Esta situación ha causado o agravado el problema de hacinamiento carcelario que enfrentan varios países de la región. Bajo este marco, la política anti- drogas ha entrado en tensión con la garantía y el respeto de los derechos humanos. Para la OEA, este es un tema que nos preocupa especialmente, no sólo en lo que respecta a la población en general, sino especialmente en lo que se refiere a las mujeres y los jóvenes que se encuentran en esta situación.

Tenemos que cambiar el modo en que vemos el delito y repensar las respuestas que se pueden dar. Hay que entender el delito como un fenómeno social, por lo que la actuación del Estado frente al mismo debe comenzar por el análisis de sus causas, y éste es sin duda un tema pendiente. No podemos generar políticas adecuadas, sin entender las causas que llevan a esas conductas delictivas.

Es hora de repensar las estrategias utilizadas: pensar en intervenir en las causas y no sólo en los efectos; en intervenir en las situaciones en lugar de hacerlo sólo en las personas que cometen el delito; deberíamos realmente actuar de una manera preventiva en todos los aspectos del delito, y no centrarnos sólo en cómo reaccionar ante él.

Es cierto que en la búsqueda de un justo equilibrio entre violencia y paz, entre derecho penal y bienestar social, es difícil que podamos encontrar una medida perfecta, pero es exactamente esa reflexión la que nos ha de servir de guía para intentar encontrar aquella medida más próxima, así como el equilibrio que necesitamos.

La justicia y el derecho penal han sido grandes aliados por siglos, sin embargo, esta alianza enfrenta hoy sociedades complejas, que requieren de múltiples respuestas. Éstas deben hacerse cargo de problemas que subyacen al delito, que incluso deben ser tratados por otras ciencias, como lo es la salud por ejemplo, garantizando una respuesta integral a las personas que entran en contacto con el sistema de justicia.

Por otro lado, es buen momento para repensar nuestras políticas criminales hacia modelos que sean menos represivos, que sean más preventivos y que estén más de acuerdo con la realidad jurídica y social de nuestros países, que busquen:

o la rehabilitación de los infractores,
o la disminución de los índices de hacinamiento,
o el uso más adecuado de los recursos públicos, y
o una reducción de la comisión de delitos, lo que implica también claras políticas de reinserción social.

En el caso de los delitos relacionados con las drogas, la estrategia de atacar a todas las fases de la cadena del narcotráfico mediante la aplicación única y aislada del derecho penal, ha sobrecargado los esfuerzos y recursos de la justicia, y no ha logrado terminar definitivamente con estas organizaciones criminales.

No se trata de buscar impunidad al delito, pero ciertamente sí se deben hacer esfuerzos en buscar alternativas para muchas de estas personas, que tienden a vivir en situación de vulnerabilidad. Para ello, no podemos dejar de salvaguardar los derechos humanos de los individuos.

En este sentido, los países de la región han venido progresivamente impulsando respuestas alternativas al enfoque punitivo, especialmente para el consumo de drogas y porte para el consumo, entendiendo que el uso de drogas es un asunto que tiene que ser abordado desde un enfoque de la salud pública y que los limitados recursos existentes deben usarse de manera eficiente.

¿Cómo se instrumentaliza esta dimensión dentro del contexto de la OEA?

La búsqueda de Alternativas al Encarcelamiento para algunos Delitos Relacionados con las Drogas forma parte de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas de la CICAD.

Es también parte de la discusión actual en el proceso de elaboración del nuevo Plan de Acción 2016-2020, y ya se trató con profundidad en el Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas de 2013, emanado del mandato de la sexta Cumbre de las Américas en Cartagena.

Igualmente, es parte fundamental de los acuerdos en la Declaración de Antigua, y la Resolución de Guatemala, también adoptada por todos los Estados Miembros.

En este año, bajo el liderazgo de Colombia y con la cooperación de muchos de los Estados Miembros, se presentó en el seno de la CICAD, un Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para Delitos relacionados con las Drogas.

Los Estados Miembros han dejado claro que son conscientes de la realidad. Ahora sin embargo es tiempo de pasar a la acción.

Tenemos que articular esfuerzos interinstitucionales que permitan combinar diversos mecanismos y entregar resultados donde coparticipen la justicia, la salud, la educación, y el trabajo, entre otros muchos actores institucionales.

Esa coordinación debe incluir a instituciones y actores de la sociedad civil. De otro modo, estos esfuerzos caerán en tierra baldía, y sus resultados no serán sostenibles en el tiempo.

Las alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas requieren de la adopción de mecanismos y medidas que permitan una respuesta más adecuada desde el punto de vista de la justicia, de los derechos humanos y de la salud pública, para responder de una manera más racional y proporcionada a las personas sometidas al sistema penitenciario y carcelario por dichos delitos. Éstas medidas pueden ser:
o tanto reformas jurídicas como también estratégicas, programáticas o políticas,
o medidas que buscan reducir la judicialización
o medidas para limitar el encarcelamiento en caso de que haya judicialización,
o medidas para disminuir el tiempo de privación efectivo de libertad en caso de encarcelamiento de las personas que hayan cometido delitos relacionados con drogas.

En el contexto que nos convoca hoy, estas medidas alternativas no deberían perder el norte que persiguen: alcanzar la integración social de los infractores de menor gravedad relacionados con las drogas.

¿Qué se persigue con estas jornadas de diálogo?

Estas jornadas de Diálogo que la OEA ha organizado a través de la CICAD busca profundizar en el diálogo, pero también discutir medidas concretas, tangibles, cuantificables y evaluables, basadas en la evidencia científica, y que sean duraderas en el tiempo.

Espero que su tiempo dedicado a este tema sea fructífero y se lleguen a acuerdos para avanzar en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y para que la sociedad y el Estado operen más eficientemente. Para nosotros, el hecho de tenerles aquí en estos días ya es un paso en esa dirección.

Muchas gracias.