LAS COMISIONES INTERNACIONALES CONTRA LA IMPUNIDAD Y SU PAPEL EN LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA REGIONAL.

12 de abril de 2016 - San Salvador

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)
V Foro Internacional de Análisis Político

Nuestras democracias resultan de una construcción permanente y diaria. El sistema como tal no puede ser considerado una formalidad electoral que se lleva adelante cada cuatro o cinco años con mayor o menor eficiencia técnica. Muy por el contrario, la democracia es el ejercicio participativo que tiene por objeto dar solución a las demandas de la ciudadanía, sean ellas en materia de derechos civiles y políticos, económico-sociales, de transparencia e integridad o de igualdad de oportunidades.

Amigas y Amigos

La democracia en la Américas enfrenta una compleja serie de desafíos: existe una gran desafección y desconfianza de la ciudadanía con los operadores de la democracia – los partidos políticos y la clase política. Una rebelión contra el status quo y las elites que lo representan parece tener lugar en nuestro hemisferio desde el norte hasta el sur. Como Secretario General de la OEA, apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos por acercar a la ciudadanía a la democracia y al ejercicio de la política es una prioridad de mi mandato.

En realidad, la democracia evoluciona en la medida que la ciudadanía participe y juegue un papel protagónico a la hora de tomar las decisiones que afecten su futuro.

Es cierto que la fase de operación democrática -o sea, los procesos electorales- son más limpios, más transparentes, menos cuestionados, pero al mismo tiempo la desconfianza ciudadana sobre la labor de los elegidos es alta y las percepciones -o la realidad- de demandas insatisfechas se acrecienta, generando una brecha entre a lo que la ciudadanía aspira y lo que el sistema entrega como resultados tangibles.

El surgimiento generalizado de los “outsiders” en la política, que cuestionando el status-quo se levantan contra la clase política tradicional, se verifica en todo el continente, desde los Estados Unidos, pasando por Centro y Sur América y el Caribe.

Y se trata de un proceso sin un claro signo de carácter ideológico, ya que golpea por igual a sistemas políticos de signo de izquierda o de derecha. Es, al decir de la socióloga chilena Marta Lagos, una suerte de castigo ante las grandes expectativas de la gente, que no siente que hayan sido correspondidas.

Y es que, a pesar de los grandes éxitos económicos y sociales logrados en la década anterior hasta 2012 aproximadamente, donde por primera vez en la historia la clase media llego a superar al número de pobres en América Latina y el Caribe, la gente quiere continuidad, sostenibilidad y más equidad. No olvidemos que partíamos de una base de injusticia social extrema.

Inmersos en esta realidad, los latinoamericanos continuamos valorando positivamente la democracia y los derechos políticos que ella otorga. Según el informe Latinobarómetro de 2015, el 57 por ciento de los entrevistados favorecen de manera incondicional la democracia.

Sin embargo, la satisfacción con esos resultados, que es un indicador razonable de la legitimidad del sistema, es todavía muy limitada, como se puede ver. La plena satisfacción con ésta es baja y un amplio conjunto de ciudadanos no está satisfecho, En síntesis, el apoyo a la democracia como sistema de gobierno y el ejercicio de elecciones libres y limpias conviven con tensiones reivindicativas en varios frentes y en varios países, donde los resultados que entrega el sistema son insuficientes para la vida cotidiana de los latinoamericanos.

En este contexto, la región ha contado con una serie de comisiones contra la impunidad que contribuyeron a fortalecer la democracia en periodos históricos diferentes.

En el periodo de las transiciones hacia la democracia, en la década de los ochenta y noventa, los mecanismos de lucha contra la impunidad fueron creados para la protección de los derechos humanos - para combatir los delitos de lesa humanidad; a través de la creación de tribunales internacionales, tribunales constitucionales nacionales; derivados en gran parte de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, tales como la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma con la Corte Penal Internacional.

Las dificultades de los Poderes Judiciales de adaptarse a la nueva realidad, de cerrar el pasado con verdad y justicia, llevó de la mano a la creación de comisiones especializadas para salvaguardar los derechos humanos, y así movilizar a la justicia.

En la historia regional ha quedado demostrado que la creación de mecanismos especiales ha sido clave a la hora de recuperar los valores, esos valores que son democráticos, esos valores que hablan de reparar los derechos humanos, a veces heridos de muerte por gobiernos dictatoriales, guerras civiles o conflictos armados.

Era el momento de terminar con modelos de impunidad que, de tolerarse, se hubieran enquistado en el corazón mismo del sistema democrático, manteniendo heridas abiertas que no pueden perdurar para el sano funcionamiento del mismo.

Algunos de estos mecanismos son las Comisiones de la Verdad y Justicia y los tribunales Constitucionales que se han encargado de la investigación y juzgamiento de casos específicos y nacen como respuestas a esas violaciones a las que hacíamos referencia. lograron ubicarnos
Las Comisiones de la Verdad, lograron ubicarnos como una región en una búsqueda constante de paz y democracia a través de dos momentos claves:

• El primero, reconocer y responder por las violaciones de derechos humanos en conflictos armados o dictaduras.

El segundo, fortalecer las instituciones del Estado encargadas de administrar la justicia. Sin duda se ha avanzado en cerrar un periodo negro de la historia de nuestra región.

Pero es crítico que aprendamos de los errores y aciertos del pasado en materia de derechos humanos y respeto de la dignidad de las personas, para así evitar situaciones de crispación que hoy se viven en algunos países de la región.

La realidad de hoy nos muestra que estas comisiones tienen que enfrentar hoy otras de las infecciones bacteriológicas que sufren las democracias: la corrupción, que son problemas de diferente carácter, pero hacen daño erosionando los cimientos mismos de la democracia, generando variables de impunidad, alejando, erosionando la propia democracia de la ciudadanía, generando desconfianza y generando la misma perenne percepción de injusticia.

Al final del día, los beneficiados pertenecen a un pequeño grupito, que se apropia de los recursos públicos, y los perjudicados son siempre los mismos, los más débiles, los más humildes, los que viven de su esfuerzo.

No importa cuántas reformas o acuerdos logre la clase política a favor de la ciudadanía: si la clase política no muestra señales que genuinamente lucha contra la corrupción y la impunidad, la desafección continuará.

Lo bueno es que ya no pasan desapercibidas. En el mundo hoy de la comunicación al instante y de las redes sociales todo se sabe, y eso es un instrumento nuevo que definitivamente logra un intercambio mucho más rico entre la ciudadanía, la sociedad civil y el sistema político.


Ese intercambio que busca generar las mejores condiciones de transparencia, probidad, ética republicana de gobierno son aspectos esenciales que la gente pide todos los días para que la confianza le retorne, para que la confianza en su propio sistema político vuelva a ser carne en su espíritu.

En cambio, la colusión del dinero con la política, no hace otra cosa que aumentar la desconfianza en los políticos y esto a veces ha promovido alternativas anti sistema que no le hacen bien a la democracia.

Lo esencial es fortalecer las instituciones de manera que los actos irregulares sean sancionados. El delito siempre ha existido, se debe prevenir para que ocurra menos, pero lo que definitivamente es inadmisible es la impunidad que puedan tener los mismos.

Frente a la corrupción “Tolerancia Cero” seguirá siendo nuestro lema.

En los últimos años en la región se han venido desarrollando diversos modelos de lucha contra la impunidad, que además de responder a la falencia en materia de derechos humanos también se han construido en la base de los flagelos actuales, como el crimen organizado, cada vez más interesado en la política y que también tiene un efecto dinamizador sobre la corrupción.

En este contexto, entre las primeras iniciativas internacionales creadas para superar estos flagelos y fortalecer las instituciones, se establece la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG, en la década pasada, resultado de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y el Sistema de Naciones Unidas.

La principal fortaleza de la CICIG es su facultad para ejercer la investigación independiente o adherirse a investigaciones iniciadas por el Ministerio Público en el caso de delitos presuntamente cometidos por miembros de las estructuras criminales y que tengan vinculaciones con agentes públicos que puedan proveer impunidad, lo cual ha sido el principal instrumento que en este último par de años ha tenido la CICIG para lograr tan importantes resultados.

Por otra parte, ya en el Marco del Sistema Interamericano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)ha logrado en México la colaboración nacional e internacional para abordar una tragedia como la de Ayotzinapa, demostrando la disposición por parte del Gobierno de México a un acompañamiento internacional que ha producido resultados, ha reorientado la investigación, y ha provisto nuevos lineamientos para que la misma sea más eficiente.

Por otra parte, reconocemos otros modelos como el esfuerzo de El Salvador por implementar, con el apoyo de las Naciones Unidas, una Misión de Apoyo a la Prevención, Investigación y Procesamiento de la Corrupción, la cual definitivamente está en un marco semejante a los modelos de seguimiento que se han instrumentado a partir de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción.

Pero la OEA no se ha quedado en ese sistema solamente, la OEA ha avanzado desde la propia Convención -que es la más ratificada y aprobada del continente- al Mecanismo de Seguimiento, MESICIC y ahora la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual tiene una característica única en la región, denominada “Colaboración activa” en la investigación, que la diferencia de la asesoría técnica, ya que acompañaremos al Estado de Honduras desde el diseño de estrategias eficaces y efectivas hasta su aplicación, supervisión y evaluación.

Esta colaboración activa le da a la MACCIH la posibilidad de iniciativas y de desarrollo de metodologías de investigación.

Esto se complementa con algunos elementos que son muy importantes:

• la selección de casos y la certificación en la elección de casos.;

• La evaluación y certificación de jueces y fiscales, lo cual permite la posibilidad de renovar un impulso en investigación inicial o en investigación de los poderes públicos, a partir de retomar casos que a veces toman mucho tiempo, muchos años y que no han tenido los lineamientos de investigación necesarios por parte del Poder Judicial y han permanecido esas investigaciones estancadas.

La MACCIH, que en estos días, se establece en Honduras, cuenta con un equipo de profesionales de primera línea, multinacional y multidisciplinario. El representante permanente del Secretario General para su trabajo es el ex Primer Ministro y ex Ministro de Justicia del Perú, Juan Jiménez, quien cuenta con una amplia experiencia en trabajos anti-corrupción en el mundo en desarrollo.

Los casos de corrupción que surjan del sistema de denuncias que certificará la OEA, los cuales la MACCIH seleccionará para su atención, permitirán contar con una gran herramienta para garantizar resultados concretos.

Esta Misión, coordinada por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, brindará un apoyo amplio, efectivo y flexible desde las diferentes entidades del Sistema Interamericano que trabajan en temas de corrupción e impunidad; incluyendo la Secretaría de Asuntos Jurídicos (mediante el MESICIC), la Secretaría de Seguridad Multidimensional y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Como muestran los casos anteriores NO HAY SOLUCIONES UNICAS, ni modelos únicos para facilitarlas... Cada país busca las formulas y soluciones propias.

El fortalecimiento institucional es el paso fundamental. Las capacidades de los poderes judiciales en responder a las demandas que tiene la población, las demandas que son necesarias por parte del sistema político para resolver los temas de corrupción constituyen elementos fundamentales. Como constituyen elementos fundamentales las personas a cargo.

Nosotros debemos felicitar a la Corte Suprema de El Salvador por sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción en este tiempo. Sus resultados demuestran que las dinámicas institucionales de El Salvador tienen capacidades como para hacer frente a estas condiciones de lucha contra la corrupción.

Seguir fortaleciendo a la Suprema Corte, seguirla dotando de elementos necesarios para su lucha contra la corrupción es un imperativo moral de todos los salvadoreños, es un imperativo moral de todo el sistema político de El Salvador.

Tener esos instrumentos es fundamental, porque la impunidad es letal para cualquier sistema de justicia y, sin un sistema de justicia creíble para la sociedad en su conjunto, con los instrumentos en la mano como para hacerle frente, el que sufre es el sistema democrático como un todo. Sufrimos en cada rincón de las Américas cuando esas variables de impunidad se dan, porque esas variables de impunidad chocan, se dan de frente, son devastadoras para todos nuestros instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano, los de la Carta Democrática, los de la Carta de la OEA, los de cada Convención Interamericana de Derechos Humanos o de lucha contra la corrupción.

Definitivamente, tenemos que asegurar que el futuro de la democracia en la región es un mapa que estamos dibujando a través de hacer realidad los valores éticos interamericanos y sacarlos del papel de los acuerdos jurídicos, para hacerlo parte indisoluble de la realidad diaria de la gente

• Tenemos que responder a la corrupción con integridad y transparencia.

• Tenemos que responder a la impunidad con juicio y castigo a los culpables.

• Tenemos que asegurarle a todos los ciudadanos que nadie está por encima de la ley.

• Tenemos que brindarle a la gente la esperanza que las oportunidades de progreso llegan a todos y no solo a los poderosos de siempre.

En esta cruzada, apóyense entre ustedes mismos, pueden Ustedes, contar con la OEA para eso.

Muchas Gracias.