TERCERA REUNIÓN DE MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE DESARROLLO SOCIAL E INCLUSIÓN SOCIAL

13 de julio de 2016 - Asunción, Paraguay

Las políticas de inclusión social, así como aquellas de estabilidad macroeconómica, están hoy en día más allá de sesgos políticos. En realidad, son parte de un difícil consenso que se ha venido forjando en la región. Por ello, cuando sobrevienen tiempos más difíciles dada la adversa coyuntura internacional que afecta principalmente a Sudamérica, no debemos olvidar que no pueden ser los más humildes quienes carguen con el peso del ajuste económico

Autoridades nacionales, amigos todos: Gracias por tenerme junto a ustedes.
Permítanme comenzar agradeciendo a las autoridades de Paraguay y muy especialmente a su Presidente y amigo Horacio Cartes, por todo el apoyo que le han entregado a la OEA desde mi asunción como Secretario General, hace algo más de un año. Paraguay ha mostrado una gran consecuencia en la defensa de los principios de la Carta Democrática Interamericana y su actuación ha sido fundamental en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización donde se comenzó a aplicar la Carta Democrática para el caso de Venezuela.

La misma Carta Democrática. nos explica que la participación activa de la ciudadanía es clave para el buen funcionamiento de la democracia.

En su artículo 12 nos dice además.,que los países del hemisferio se han comprometido a luchar contra la pobreza y marca el imperativo de mantener la cohesión social en el marco de la estabilidad macroeconómica.

En 2014, se celebró aquí mismo en Asunción la XLIV Asamblea General de la OEA, para debatir el “Desarrollo con Inclusión Social”, en la cual los Cancilleres de los 34 Estados miembros expresaron su preocupación por los problemas relacionados a la inequidad y exclusión social que aún siguen afectando, en distinta medida, a todos los países de la región.

Este debate ha sido reactivado a nivel regional por la nueva coyuntura económica que experimentan varios de nuestros países, y también en el resto del mundo con la adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

El debate sobre igualdad e inclusión social en curso sólo confirma la imperante necesidad de consolidar las políticas de inclusión de todos los ciudadanos en sus sociedades, para que puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios del crecimiento y el desarrollo.

Desde los Estados Unidos hasta el extremo sur del continente hay un clamor generalizado de que las oportunidades de progreso no pueden estar decididas en base a la raza, el género, el lugar donde uno nace, el nivel social de la familia o la orientación sexual que la persona tenga.

El Gobierno de la República del Paraguay, su Cancillería y a la Secretaría de Acción Social han retomado el liderazgo para abrir este espacio de diálogo que permita buscar soluciones a los retos que nos plantean la pobreza y la desigualdad, fenómenos que aún afectan a los más vulnerables en nuestro Hemisferio.

Este será también un espacio privilegiado para el intercambio de experiencias promisorias y soluciones en materia de protección social así como reducción de la pobreza, para avanzar en el logro de los objetivos planteados por el Plan de Acción de la Carta Social de la OEA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ambos aprobados por los Estados miembros de la Organización y el resto de países de la comunidad global en Septiembre de 2015.

Los datos de los organismos internacionales continúan presentándonos un escenario poco promisorio. Pese a los avances registrados en la década pasada -cuando por primera vez el número de latinoamericanos en la clase media supero al número de pobres- no podemos ignorar que según cifras de CEPAL, aproximadamente 167 millones de personas viven en situación de pobreza y de éstas, 71 millones se encuentran en situación de pobreza extrema.^[1]

La pobreza no puede considerarse una medida exclusiva de escasos ingresos, sino que en el fondo es la escasez de oportunidades la que contribuye a que la gente no pueda emerger de dicha situación.

Cada uno de los países aquí presentes ha hecho avances en el diseño e implementación de soluciones para reducir la pobreza, con énfasis en las políticas públicas, económicas y sociales que favorezcan la inclusión de cada vez más ciudadanos en el mercado laboral.

Al final del día, la mejor política social es un trabajo digno y estable.

Desde la OEA nos hemos comprometido a bregar por una agenda que promueve cada vez más derechos para cada vez más gente en las Américas.

En este sentido, es importante mencionar que tras 17 años de negociación, en la Asamblea General de junio pasado se adoptó la Declaración Americana de Pueblos Indígenas y el Plan de Acción Regional del Decenio Afrodescendiente. Por ello, hago un llamado especial para que en estas discusiones se le dé atención a la situación de estas poblaciones, cuya realidad demuestra que es indispensable tomar medidas en pro de la igualdad de derechos.

Según datos de UNICEF para América Latina y el Caribe,^[2] en la región existen 150 millones de afrodescendientes, que representan aproximadamente el 30% de la población del continente. El 90% de las poblaciones afrodescendientes en los países de las Américas viven en situación de pobreza y pobreza extrema. En muchos casos no gozan de acceso universal a los servicios de salud, educación, vivienda y agua potable.

Con una población de aproximadamente 50 millones de personas que representa el 10% de la población total de la región, los pueblos indígenas enfrentan una situación similar de exclusión y discriminación.

A pesar de los beneficios alcanzados en la última década, éstos no se han distribuido equitativamente ni se han protegido los derechos de los pueblos indígenas ya que aún persisten brechas de acceso al trabajo decente y crecimiento económico, a la educación de calidad, servicios de salud, acceso a la justicia, entre otras que separan a los hogares indígenas de los no-indígenas.

Es deber nuestro, desde los gobiernos centrales y regionales, mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones vulnerables avanzando hacia su plena inclusión en materia de derechos civiles y políticos.

Un tema de preocupación que se abordará en esta reunión tiene que ver con los costos de la desigualdad, enfatizando la evolución de la inversión social y el gasto público en las políticas sociales, así como sus implicaciones.

No podemos dejar de reiterarlo: la persistencia de los altos niveles de desigualdad. representa uno de los mayores desafíos al desarrollo, a la gobernabilidad democrática y a la seguridad de los países de la región.

Es prioritario a la hora de definiciones de política económica, la discusión de los espacios fiscales que permitan financiar la inversión social que contribuyan a mantener las ganancias sociales de la última década y a evitar que producto del ajuste económico más ciudadanos -hoy en estado vulnerable (el 40% de los latinoamericanos según el Banco Mundial)- caigan en la pobreza.

Diversos estudios demuestran que un gasto que no llega ni al 1% del PIB en la inversión en políticas y redes de protección social, tiene un impacto significativo y contribuye decididamente a la creación de sociedades más inclusivas y justas.

Sabemos que no es siempre fácil lograr consensos en torno a estas decisiones de política pública:¿Qué gastos sociales priorizar? ¿Cuál debe ser la proporción de este gasto relativo al gasto público total?.

Estas complejas decisiones deben ser tomadas de manera soberana por cada país, de acuerdo a su contexto social, económico, político, legal, histórico y cultural.

Sin embargo, hago un llamado para que a la hora de tomar decisiones en materia de ajuste económico, esas se realicen siempre poniendo a la gente primero, buscando mantener la cohesión social, evitando resquebrajar el tejido social que se generó en la última década.

En este contexto, la OEA es un espacio ideal para el intercambio de soluciones de política pública en estas áreas prioritarias para el desarrollo. Facilitar la cooperación Sur-Sur, específicamente en lo relativo a la identificación de experiencias exitosas de sistemas o redes de protección social e inclusión productiva y financiera en los países de América es nuestro mandato. Y ponemos a disposición las herramientas e instrumentos como la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO) para este fin.

Las políticas de desarrollo social en nuestro hemisferio han atravesado distintas etapas. En los años 80 y 90, predominó en varios países de las Américas una visión mercado-céntrica que supuso que los beneficios sociales eran una consecuencia inevitable del crecimiento económico. La realidad demostró que ello no fue así: que las aludidas políticas del “goteo económico social” no funcionaron; por el contrario, generaron una división mayor entre las elites y el resto de la población.

Al inicio de este siglo, un nuevo equilibrio entre Estado y mercado surgió en varios países de la región. Ello, anclado en la idea de que la inclusión social es también beneficiosa para el crecimiento económico y que por lo tanto ambos, crecimiento e inclusión deben ir de la mano.

Así, hubo avances innovadores en políticas de protección social no contributiva, iniciativas de reducción de la pobreza, fortalecimiento de programas de transferencias monetarias dirigidos a las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema, aumento en la cobertura de los mismos y mejora en los instrumentos de focalización y monitoreo.

Todas estas soluciones ya probadas, se convierten en un acervo extraordinario para continuar avanzando hacia sociedades más inclusivas.

Es central para el futuro social de la región, que esta Reunión Ministerial pueda continuar el intercambio de lo que funcionó y lo que no, en la implementación de estas políticas sociales, a fin de ir refinando los esfuerzos que los Estados ya encaminan como garantes del bienestar de su gente.

Finalmente, quisiera referirme al último de los objetivos planteados para este encuentro: el de instalar un mecanismo de seguimiento a la implementación del Plan de Acción de la Carta Social de las Américas a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el cual propone metas ambiciosas relacionadas con la erradicación de la pobreza en todo el mundo y con la reducción sustantiva de la desigualdad dentro y entre países.

La Carta Social de las Américas fue aprobada en la Asamblea General de la OEA de 2012 y su Plan de Acción en 2015. Por consiguiente, esta Reunión Ministerial de Desarrollo Social constituye una excelente oportunidad para compartir experiencias exitosas que se hayan logrado en base a dicho Plan de Acción desde la agenda de desarrollo social.

Es imperativo hacer una revisión de los que se ha logrado hasta la fecha recordando que el Plan de Acción refleja la decisión y el compromiso de los Estados miembros de poner fin a la pobreza.

Nos queda aún la tarea pendiente de definir un mecanismo para dar seguimiento a los logros de los Estados en el marco del Plan de Acción de la Carta Social. Erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz, y facilitar el acceso a la justicia continúan siendo objetivos relevantes para la agenda de trabajo en materia social y que claramente nos marca la Carta Social.

Al mismo tiempo, la OEA puede y debe jugar un rol en el acompañamiento a los países para el logro de los 17 ODS, que no son más que una mirada global a los mismos objetivos que plantea el Plan de Acción de la Carta Social y, que independiente de posiciones políticas, son el reflejo de las deudas que aún persisten a nivel social.

Distinguidas autoridades de Desarrollo Social e Inclusión Social; amigas y amigos; Estamos todos llamados a atender el principal desafío para la región: “Reducir la desigualdad en y entre los países”.

Cuenten con la Organización de los Estados Americanos para acompañarlos en sus debates y, sobretodo, en las acciones que buscan generar beneficios y más derechos para más gente.

Los dejo con el compromiso de que en los trabajos de la OEA priorizaremos, de la mano de ustedes, la equidad como el fin, la inclusión social como el proceso para alcanzar ese fin y la realización plena de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, como la estrategia más certera para lograrlo.

MUCHAS GRACIAS.

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Panorama Social de América Latina. CEPAL 2014
[1] La cuestión indígena y afroamericana.  UNICEF América Latina y el Caribe – 2015

[2] Mala Htun, “Political Inclusion and Representation of Afrodescendant Women in Latin America,” (2014 – próxima publicación). Por ejemplo, 43% de afrodescendientes viven bajo de la línea de pobreza en Brasil, comparado con 22% de blancos. Con respeto al acceso a la educación, el logro educativo promedio de un afrodescendiente de Brasil en 2006 fue de 6,2 años (un aumento de 4,3 años en 1995).