“PRIMER FORO EMPRESARIAL ANTICORRUPCIÓN”

17 de agosto de 2016 - Ciudad de México

*Cotejar con texto pronunciado*


Nuestros países son víctimas de los graves daños que la corrupción causa al debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, propiciar el desapego a la ley y erosionar recursos indispensables para superar la pobreza y la desigualdad. Frente a la corrupción nuestra tolerancia es cero. Para la OEA la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas son prioridades éticas y para lograrlas, es necesario contar con la participación de gobierno, sector privado, actores sociales y ciudadanos en general.

AMIGAS y AMIGOS

La corrupción y, lo que es peor aún, la impunidad ante ella, son males sistémicos, que erosionan la democracia, alejan a la ciudadanía del sistema político, generan desconfianza y una perenne percepción de injusticia en la sociedad.

Al final del día, los únicos beneficiados son un pequeño grupo, una elite, que se apropia de los recursos públicos dejando a los más débiles, los más humildes, los que viven de su esfuerzo, como los más perjudicados.

Afortunadamente, hoy en el mundo de la comunicación al instante y de las redes sociales todo se sabe, se trata de un cambio muy positivo para las democracias y para los gobiernos y gobernantes que realmente están comprometidos.

El empoderamiento que puso las comunicaciones en manos de la gente, ha hecho que la corrupción y la impunidad no pasen ya desapercibidas.

Hoy, ciudadanos activos y comprometidos con la transparencia, la probidad, la ética y las reglas de juego de igualdad para todos, han emergido con nuevos estándares de rendición de cuentas y con esquemas que permitan devolver a la gente la confianza en que la política puede cambiar el mundo para lograr el bien común.

Más aun, la política no puede vincularse al interés económico, la colusión de intereses en la política produce un daño social con un impacto más allá de los ciclos políticos.

En la OEA, sus países miembros, adoptaron el primer instrumento jurídico internacional en esta materia en 1996, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual sirvió de precedentepara los desarrollos que se dieron más tarde en este campo en la OCDE, el Consejo de Europa, la Unión Africana y las Naciones Unidas.

Además de ser pionera en el mundo, Sexta Convención es un compendio integral de medidas para enfrentar la corrupción: en ella se combinan las medidas preventivas y represivas, nacionales e internacionales, cuya implementación involucra, además de los Estados, a la sociedad civil; al sector privado; y la comunidad internacional.

La efectividad de la Convención se incrementó en 2001 con la creación, de un mecanismo para el seguimiento de su implementación, que denominamos MESICIC, al cual se encuentran vinculados ya 31 Estados. Esperamos que próximamente sean 33, porque se están adelantando gestiones con Santa Lucía y Dominica para su pronta vinculación.

México, en particular, ha sido uno de los países que ha estado vinculado al MESICIC desde su creación y que ha participado activamente en el mismo desde que empezó a operar en el año 2002.

El MESICIC, además de apoyar a sus Estados Parte en la implementación de las disposiciones de la Convención, sirve como foro para el intercambio de información y cooperación entre ellos. Si bien es un organismo de carácter intergubernamental, cuenta con amplios espacios de participación para las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.

Este mecanismo ayuda a cerrar la brecha entre la Convención y sus medidas y la realidad del día a día en los países signatarios.

A la fecha, el MESICIC ha culminado cuatro rondas de análisis, en las que ha adoptado 114 informes que contienen recomendaciones concretas y útiles para que sus Estados Parte mejoren sus marcos jurídico - institucionales en materia de lucha contra la corrupción.

En el sector público,hay recomendaciones relativas a:
la prevención de conflictos de intereses,
la preservación de recursos públicos,
la contratación estatal,
la vinculación de servidores públicos y sus sistemas de declaración patrimonial,
la tipificación de actos de corrupción tales como el enriquecimiento ilícito, y l
los órganos de control superior a cargo de la prevención, investigación y sanción de tales actos.

Para citar algunas cifras:
· Al 85% de los paísesse les recomendó desarrollar medidas para evitar conflictos de interesescon posterioridad al desempeño de funciones públicas;
· Al 67%se les invitó a tomar previsiones para la efectividad de las normas para la preservación de los recursos públicos;
· Al 68% se les llamó a fortalecer los mecanismos de control de la actividad contractual;
· Al 68% de los países se les sugirió adoptar el sistema basado en el mérito como regla general para la vinculación de servidores públicos;
· y al 82% se les instó a optimizar las declaraciones patrimoniales para que sirvan en la detección de conflictos de intereses y del enriquecimiento ilícito.


Es indudable que el Estado no puede enfrentar eficazmente la corrupción sin contar con el apoyo de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. Por esto, el MESICIC ha buscado vías para estimular la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la prevención de este flagelo.

Para la OEA tampoco ha pasado desapercibido el papel fundamental que cumple el sector privado para poder combatir efectivamente la corrupción.

El papel que le corresponde a las empresas en la promoción de la integridad y el combate a la corrupción es fundamental para poder ser eficaces en este propósito. El sector privado debe necesariamente pasar de ser parte del problema a ser parte activa de la solución.

Independientemente de las medidas que tome cada Estado, le corresponde a las empresas fortalecer o establecer mecanismos de control interno que permitan detectar y erradicar esta práctica como un medio para acceder a concesiones del Estado o para que se les adjudique la ejecución de obras públicas o la provisión de bienes y servicios a las entidades estatales.

Las empresas deben entender que la probidad en la contratación estatal, además de ser un imperativo legal y un deber social, también los beneficia al brindarles la oportunidad de competir sanamente y de conformidad con unas reglas de juego establecidas de igualdad para todos...
Consciente de la importancia de la participación del sector privado en esta lucha, hemos efectuado una serie de recomendaciones entre las que están:

La eliminación de los beneficios tributarios, a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de cualquier Estado Parte.
La prevención del soborno de funcionarios públicos mediante la implementación de mecanismos para asegurar que las empresas mantengan registros que reflejen las transacciones y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan detectar actos de corrupción.

Según un informe del Fondo Monetario Internacional, publicado en mayo del presente año, titulado “La Corrupción: Costos y Estrategias de Mitigación”, se estima que el soborno tiene un costo anual de entre 1,5 y 2 billones de dólares, lo que equivale a alrededor del 2% del producto interno bruto anual mundial.

Las recomendaciones del MESICIC apuntan precisamente a asegurar que nuestros países tengan tipificada penalmente la conducta del soborno, se le dé la debida atención a la detección, investigación y juzgamiento de casos de soborno, buscando fortalecer las capacidades de los órganos que tienen competencias al respecto, a efectos de evitar la impunidad y lograr que esta conducta criminal sea sancionada con la drasticidad que corresponde.

El MESICIC también ha incursionado en uno de los temas de gran envergadura regional sobre la responsabilidad penal de las empresas que sobornan, la cual implica la creación de sanciones como la disolución de la empresa.

En el seno de la OEA se han propuesto también otra serie de soluciones más detalladas como:

Crear eestrategias o programas anticorrupción que consagren de manera visible el compromiso de su personal desde su más alto nivel con la probidad
Establecer normas para garantizar la probidad, tales como un régimen para prevenir y resolver conflictos de intereses.
Exigir la probidad a socios comerciales, representantes, proveedores y contratistas.

o Garantizar que las empresas no se ampararán en figuras como el “secreto bancario” o en la creación de “empresas de fachada”, para la ocultación indebida de bienes o para la evasión de impuestos.

o Implementar mecanismos para identificar procedimientos engorrosos e injustificados que le dificultan al sector privado realizar transacciones con el sector público y que puedan dar lugar a actos de corrupción.

o Establecimiento de estímulos para las empresas que alerten fundadamente sobre riesgos de corrupción y denuncien actos de corrupción.

Todas estas ideas son sólo un aporte al propósito de buscar soluciones a un problema tan complejo como el de la corrupción, en lo cual todos debemos estar compromcetidos, como se nos está convocando a hacerlo en el presente foro.

Para la OEA es muy satisfactorio ver cómo una de sus prioridades, como lo es el combate a la corrupción, se ha venido convirtiendo en un tema de fundamental interés, no sólo para los gobernantes sino también para la sociedad civil, el sector privado, y la ciudadanía en general.

Por ello, seguimos abriendo nuestros procesos a la participación de todos. En nuestras visitas a los países, donde además de las autoridades de 175 entidades estatales, nos reunimos con 68 organizaciones de la sociedad civil, 38 del sector privado, 38 asociaciones profesionales, 36 académicos e investigadores y 9 otros actores sociales, como asociaciones de prensa y medios de comunicación.

Recientemente, en Honduras hemos desplegado a través de la OEA, una misión internacional, dedicada al combate a la corrupción y la impunidad, la MACCIH, que con un equipo especializado de jueces y fiscales internacionales colaborara para que en un proceso de cuatro años, el sistema de justicia de ese país produzca los resultados que hoy no son alcanzados.

Por último, quiero felicitar a México por la reciente aprobación de su nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, como resultado de un debate ampliamente participativo, y desearle éxitos en su implementación.

Amigas, Amigos, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas son los pilares de un modelo cultural de convivencia, que hace sustentable la democracia en nuestra región.

Juntos vayamos hacia ese objetivo que pone el interés de la sociedad y los pueblos siempre primero.

Muchas gracias.