PREMIO FAES DE LA LIBERTAD

15 de marzo de 2018 - Madrid, España

*Cotejar con texto pronunciado*

No debe haber confusión cuando se trata de derechos y libertades fundamentales. No hay grises, no pueden ser objeto de negociación ni manipulación para alcanzar intereses políticos particulares; deben ser defendidos a toda costa, una plataforma sobre la cual todos estamos parados.

Estimados amigos y amigas,

Me complace estar aquí con ustedes este día y me honra el aceptar el Premio FAES de la Libertad en nombre de todas esas valerosas personas dedicadas al fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos en Venezuela, en las Américas y en todo el mundo.

Agradezco al Presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, José María Aznar, y su Patronato por este singular reconocimiento. FAES ha estado siempre al frente de la denuncia en Europa de las atrocidades de la dictadura venezolana.

Acepto este premio también en nombre de todas aquellas personas que no tienen acceso a la justicia, que viven bajo una tiranía y cuyos derechos civiles, políticos, económicos y sociales están desprotegidos.

Comparezco ante ustedes en representación de la Organización de los Estados Americanos, una institución comprometida fundamentalmente con la democracia y los derechos humanos.
Este año celebramos 70 años de la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: fundamento de nuestro sistema interamericano de derechos humanos.

Celebramos también 70 años de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la que los países de nuestra región proclamaron los derechos fundamentales del individuo como sus principios rectores.

En esa Carta se dice que “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, reconociendo así el papel esencial de la democracia para garantizar estos derechos.

Cuándo asumí el cargo de Secretario General de la OEA adopté como lema “más derechos para más gente”.
La desigualdad de oportunidades y la condición de pobreza en la que se encuentran millones de individuos en el continente americano —especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad— inciden considerablemente en el bienestar social, la estabilidad política y la gobernabilidad democrática.

Debemos esforzarnos por eliminar la discriminación, la injusticia y la desigualdad a fin de centrar la atención en la esencia de nuestras democracias: nuestra gente.

Lamentablemente, no se puede dar por descontado el valor que se requiere para defender esas verdades y también para defender la democracia y los derechos humanos.
El silencio, en muchos casos, es sinónimo de complicidad. Para algunos, el silencio implica no escuchar las voces que rompen el silencio que brinda impunidad. Y, por desgracia, esta es una trampa en la que cae con frecuencia la comunidad internacional.

Cuando alcé la voz por primera vez para delatar la situación en Venezuela, el mundo se escandalizó. Fui criticado por la postura que adopté, por señalar las graves acciones encaminadas a desmantelar la democracia en Venezuela. Como Secretario General, se me acusó de ser beligerante por denunciar las violaciones generalizadas de los derechos humanos y la supresión de las instituciones democráticas en Venezuela. Se dijo incluso que yo no estaba actuando con diplomacia.

Lo absurdo de todo esto es que se me acusaba de ser beligerante sin tomar en cuenta el asesinato de cientos de manifestantes, los miles de asesinatos extrajudiciales ni las incontables e innecesarias muertes de venezolanos como consecuencia de una crisis humanitaria creada por el gobierno. Parece ser que, irónicamente, se me tachaba de beligerante por denunciar esos crímenes.
Se decía que me extralimitaba en el ejercicio de mi autoridad. Nada más alejado de la realidad.

Como Secretario General, es mi responsabilidad proteger los mismos derechos y principios que defiende la Organización de los Estados Americanos. Debo ser la voz de aquellos que no la tienen y de los más discriminados. La voz de aquellos que padecen la desigualdad y la falta de protección de sus derechos. Debo ser el más acérrimo defensor de esos derechos.

La dictadura no apareció en Venezuela de la noche a la mañana. Se requirieron muchos años para que su Gobierno electo democráticamente desmantelara una por una, sus instituciones democráticas, aferrándose con desesperación al poder.

Desde que asumió la Presidencia, Nicolás Maduro ha instalado un gobierno corrupto y criminal cuya única preocupación es consolidar el poder y apropiarse de la riqueza del país. El acceso a lo básico para sobrevivir es controlado mediante la afiliación política; y todo aquel que se atreve a cuestionar a quienes están en el poder, arriesga su vida.

Maduro ha reemplazado el Estado de derecho por el autoritarismo.

Desvirtuando el significado de “solidaridad regional”, la comunidad internacional se había apegado al concepto de no intervención para justificar el hacer la vista gorda cuando este régimen hambriento de poder aplasta los derechos de sus ciudadanos.

Se ha pagado un precio muy alto por el silencio y la inacción; y es el pueblo venezolano el que sufre las consecuencias de este silencio y de nuestra falta de integridad. Ese vacilar para alzar la voz y responsabilizar al régimen de Maduro ha permitido que hoy día en Venezuela prevalezca la corrupción y el autoritarismo.

Desde 2014 han sido detenidos más de 12,000 ciudadanos en Venezuela. Más de 150 han muerto en manifestaciones. Más de 1300 han sido presos políticos en diferentes momentos desde que Maduro asumió el poder. Una de las más escalofriantes estadísticas es que desde 2012 se han registrado más de 6300 ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Gobierno, que irónicamente actúan al amparo de la Operación Libertad y Protección: un arma destinada a sembrar el terror entre la población.

La corrupción y la mala administración han ocasionado en las Américas una de las mayores crisis humanitarias creada por el hombre mismo. Hoy se registra una tremenda escasez de alimentos y suministros médicos que han provocado consecuencias de gran alcance.

El número de casos de desnutrición en Venezuela ha aumentado en 1,3 millones de personas en los últimos dos años. Casi cinco millones de personas apenas hacen una comida al día y todos los días mueren de desnutrición entre cinco y seis niños.

La mortalidad materna ha aumentado en un 66 % por la falta de suministros médicos para proporcionar los tratamientos más básicos; y en 2016 murieron siete bebés cada día antes de cumplir un año de edad.

El Gobierno venezolano sigue negando que existe una crisis humanitaria y ha rechazado reiteradamente toda asistencia internacional, ignorando así la muerte y la destrucción que provoca su corrupción.

La corrupción no deja de verse por todos lados mientras que millones y millones de dólares siguen fluyendo hacia las cuentas bancarias personales de los responsables de esta crisis.

Uno tras otro, han fracasado todos los esfuerzos de diálogo para encontrar una solución pacífica a esta situación. El régimen aprovecha cada oportunidad de diálogo como una cortina de humo para consolidar la dictadura.

En 2014, Maduro afianzó su posición cooptando las distintas ramas del Gobierno. En 2016 canceló un referéndum revocatorio. En 2017 se creó y consolidó la Asamblea Nacional Constituyente.

El recién fallido diálogo en la República Dominicana ha permitido al régimen convocar ficticias elecciones presidenciales. Estas no serán legítimas pues Maduro ya se las ha robado.

La comunidad internacional debe valerse de todo recurso disponible para poner fin a esta opresión. La reacción ha sido lenta, pero la presión internacional está cobrando fuerza.

Las sanciones son la mejor herramienta diplomática que podemos tener. Y por ello hago un llamamiento a los Estados para que impongan sanciones más duras y de mayor alcance contra este régimen. Las sanciones no perjudicarán al pueblo venezolano, sino los bolsillos de aquellos que están sustrayendo lo poco que queda de los recursos del país.

Toda sanción debe hacerse extensiva a los miembros de las familias de los peores transgresores de los derechos humanos y los traficantes de drogas del régimen. Es necesario imponer sanciones económicas más severas para cortar el flujo de efectivo que se utiliza para financiar la continua represión a la que está sujeta el pueblo venezolano.

No hay peor sanción para el pueblo venezolano que seis años más de represión y dictadura, de hambre, enfermedad y privación de sus derechos humanos: esto es lo único que provocaría la reelección de Maduro.

A este Gobierno no le importa el sufrimiento del pueblo. Este Gobierno es directamente responsable de ese sufrimiento.

Venezuela se ha convertido en un Estado fallido. Es una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

La OEA está valiéndose de todo recurso a su alcance para ayudar a resolver esta crisis. Hemos invocado la Carta Democrática Interamericana. Hemos creado un proceso para determinar si se han cometido o no crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Nos complace saber que la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar sobre la situación en Venezuela.
La información que ha reunido el equipo de la OEA sobre posibles crimenes de lesa humanidad es verdaderamente aterradora.

Hay evidencias de un patrón sistemático y generalizado de encarcelamientos y desapariciones forzadas, tortura y asesinato, orquestados todos por el Gobierno venezolano.

Hay persecución sistemática y enjuiciamiento de la oposición o de cualquier voz disidente. Somos testigos de “otros actos inhumanos” resultantes de una política de Estado encaminada a distribuir selectivamente alimentos y medicinas solo a aquellos grupos que apoyen al Gobierno, excluyendo a los opositores.

No podemos permitir que siga imperando la impunidad.
Cuantas más voces condenen esta abominable dictadura, más cerca estaremos de ponerle fin y recobrar la libertad para los venezolanos.

El 23 de febrero pasado , el Consejo Permanente de la OEA aprobó una importante resolución sobre los hechos más recientes ocurridos en Venezuela. En dicha resolución se pide a las autoridades venezolanas que reconsideren la celebración de las elecciones presidenciales y que presenten un nuevo calendario electoral que permita elecciones libres, justas, transparentes, legítimas y creíbles, y que además atiendan con carácter de urgente el desastre humanitario que se cierne sobre el país.
Esta resolución fue aprobada con 19 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias.

Quisiéramos, sin embargo, que todos los Estados Miembros de la OEA se apresuren a hacer realidad la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela, pues ellos comparten estos valores con el pueblo venezolano.
Ningún país democrático debe ser cómplice, y tampoco lo deben ser sus dirigentes ni sus representantes.
El silencio, las excusas, las ausencias y la palabrería son las principales razones por las que el régimen venezolano está todavía en el poder.

No existe argumento político, jurídico o económico que justifique el tolerar esta dictadura asesina.

Allá por 1973 cuando la dictadura en Uruguay estaba a punto de disolver el parlamento, el político Wilson Ferreira —quien me ha servido de inspiración a lo largo de mi carrera— dijo unas palabras que siguen siendo válidas hoy día: “Se dice que los tiranos y sus cómplices serán juzgados por la historia. Y nadie lo duda. Pero antes de que eso ocurra, el pueblo los hará responsables de sus actos”.

En el mundo de hoy con nuevas tecnologías y mejor y mayor acceso a la educación, la gente está más facultada para alzar la voz y exigir sus derechos, por lo que es imprescindible que los Gobiernos se percaten de sus inquietudes y actúen en consecuencia.

El régimen de Venezuela cree que puede controlar la historia y actuar con impunidad encarcelando a la oposición, asesinando a sus críticos y cerrando los espacios cívicos y los medios de comunicación. Se equivoca.

Gracias al sin número de valientes venezolanos, defensores de los derechos humanos y de la libertad sabemos lo que está ocurriendo realmente en Venezuela, y nos cercioraremos de que este régimen se haga responsable de sus actos.

Su valentía nos sirve de inspiración para que todos los días sigamos luchando por ser fieles a nuestros compromisos con los derechos y libertades que hemos consagrado en la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Muchas gracias.