CEREMONIA. ¨BALANCE: DOS AÑOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PAZ CON LEGALIDAD¨ DEL GOBIERNO DE COLOMBIA

16 de septiembre de 2020 - Washington, DC

Desde la OEA estamos comprometidos con el logro de la paz, la promoción de los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo integral de este querido país. La paz en Colombia ha significado un esfuerzo muy duro y muy intenso en todo lo que refiere a las necesidades de elaboración y de consecución de resultados por parte de los actores involucrados.

Quiero agradecer al presidente Iván Duque y a todo su equipo de trabajo por la invitación.

Durante 16 años, a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia hemos sido testigos y colaboradores privilegiados de los esfuerzos por alcanzar la paz, comprendiendo la complejidad que representa un reto de esta naturaleza.

También con el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal de la OEA acompañamos todas las acciones de desminado humanitario en el país.

Estas labores que se han hecho con un profundo respeto por el pueblo colombiano, sus historias, experiencias, formas de pensar, sus normas e instituciones y sus distintas formas de organización social; con solidaridad, imparcialidad e independencia.

Y en ese sentido queremos reconocer el trabajo realizado por (el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia) Roberto Menéndez y su equipo, un trabajo profesional de primer nivel.

Señor Presidente, Colombia ha logrado avances y reconocerlos es fundamental para seguir construyendo un país en paz. El silenciamiento y salida de circulación de miles de armas, la puesta en marcha de procesos de desarme, desmovilización y reincorporación que han marcado un antes y un después en la historia del país abren inmensas oportunidades para la reconciliación.

Los colombianos y las colombianas deben seguir avanzando sobre lo construido, reconocer los logros alcanzados, trabajar sobre los desafíos pendientes y superar las amenazas que aún subsisten. Deben privilegiar las vías del diálogo, la construcción de consensos, la generación de confianza y el cumplimiento de acuerdos.

Sabemos que los retos son enormes y las oportunidades también. Colombia está ante la oportunidad de potenciar las vías de relacionamiento colaborativo y de configurar procesos sociales e institucionales para el cambio; también de acercar posiciones, alcanzar e implementar acuerdos con los efectos transformadores que la realidad exige, sobre todo en aquellos lugares donde sus poblaciones han sido más impactadas por la violencia.

Su Gobierno ha realizado y analizado las diferentes políticas de paz, con el declarado interés de propiciar ajustes y enriquecer enfoques y prioridades para su mejor implementación.

Este tiempo ha comprendido un proceso de profundo conocimiento y abordaje sobre los desafíos y los retos en los territorios, así como de los riesgos y amenazas que pueden llegar a condicionar la estabilidad y la consolidación de la paz.

Con la Política de Paz con legalidad el Gobierno colombiano defendió los principales temas de trabajo en materia de reparación a víctimas, reincorporación social y económica de excombatientes, reforma rural integral y sustitución de cultivos ilícitos, incorporando de manera transversal los enfoques de género y étnico.

Como usted mismo lo ha expresado, para iniciar la transformación de las condiciones de vida de más de 6,6 millones de personas, los más afectados por situaciones de violencia y pobreza, a partir de la planeación, la articulación y la ejecución de obras requeridas por las mismas comunidades, lo que permite empezar a cerrar esa brecha gigantesca que ha dividido a la sociedad colombiana.

La implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) es percibida por las comunidades e instituciones locales como un mecanismo privilegiado de transformación en las condiciones de vida y un camino hacia la paz territorial.

Este proceso ha sido una ventana de oportunidad para el fortalecimiento de la participación ciudadana; la participación concebida desde los territorios, desde la ruralidad, que ha permitido conocer las necesidades más sentidas de las comunidades.

Se han concretado avances significativos en el marco de la implementación del programa, acciones institucionales que mejoran gradualmente la percepción de la población sobre su avance y que alientan a seguir aunando, sumando esfuerzos en transmitir a las comunidades e instituciones locales la metodología, los tiempos de ejecución y seguir fortaleciendo un adecuado manejo de expectativas sobre la transformación efectiva de sus territorios y los tiempos de ejecución de las obras y los cambios.

Las discusiones que están en curso en torno a la prórroga de la Ley 1.448 representan un hecho fundamental para los derechos de las víctimas.

Para la Secretaría General, este debate constituye una inmejorable oportunidad para realizar modificaciones que contribuyan a la satisfacción de los derechos y a la superación de los retos y desafíos que se encuentra en la implementación.

Alentamos a promover un diálogo directo con las víctimas en este escenario, que desde su visión aporte al fortalecimiento integral de este mecanismo y la garantía plena de sus derechos.

Señor Presidente, la lucha contra el narcotráfico, combustible del conflicto y la violencia durante las últimas décadas en Colombia, ha sido otra de las prioridades.

Sabemos que el desafío está en priorizar y apostar por estrategias que permitan la reducción sostenible del área cultivada y a la vez permitan la reconversión económica de los territorios, contemplando además acciones que tiendan a la desarticulación de estructuras criminales encargadas de dinamizar la producción y la comercialización de droga.

El Presidente ha señalado principios fundamentales, de memoria, verdad, justicia y no repetición. La justicia implica certezas políticas, las que usted ha procurado con ahínco y con esfuerzo inusual.

La justicia implica certeza económica la cual usted ha trabajado duramente con proyectos en el terreno. La justicia implica también la certeza jurídica, esto implica un combate al narcotráfico y a aquellas cosas que llevaron a crímenes que se perpetraron contra la infancia y la niñez.

Son temas recurrentes en los esquemas guerrilleros en el hemisferio y en los problemas dictatoriales que tenemos en el continente.

La paz de Colombia es un esfuerzo muy fuerte en el sentido de seguir aunando esfuerzos en la lucha sin cuartel contra el comercio de drogas ilícitas, una lucha sin cuartel contra los narcotraficantes.

Abordar los retos hacia el futuro, logrando a través de la implementación de la política de la paz con legalidad y la ruta a futuro quebrar la tendencia de crecimiento exponencial de los cultivos de coca en los últimos siete años.

Debo destacar igualmente otras acciones significativas como el modelo de sustitución de cultivos “Hecho a la Medida”, un programa de iniciativa comunitaria y local, “Formalizar para sustituir”, que plantea atender los municipios de mayor impacto de cultivos de uso ilícito. “Territorios para la conservación”, que busca trabajar programas en zonas ambientalmente estratégicas con enfoque colectivo y con familias campesinas y étnicas.

Se trata de programas novedosos que están siendo apoyados por la Dirección de Sustitución de Cultivos ilícitos y que ameritan ser robustecidos con recursos económicos para su implementación dinámica en territorios afectados por cultivos de droga.

Valoramos igualmente la continuidad del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), en el cual hemos observado que durante 2019 se realizaron ajustes institucionales que implican la consecución de fondos para mantener el compromiso de más de 99.000 familias vinculadas al programa en 56 municipios, quienes han sustituido voluntariamente más de 40.000 hectáreas de hoja de coca desde la implementación del programa. En este contexto, sugerimos se fortalezcan los “Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) para incentivar esa sustitución voluntaria.

Conocemos la complejidad de este desafío y la persistencia de obstáculos y riesgos a pesar de las acciones y esfuerzos hechos por su Gobierno, como los enclaves productivos de coca en varios territorios, las tensiones y confrontaciones entre comunidades y Fuerza Pública durante operaciones de erradicación forzosa manual, con lamentables consecuencias en algunos casos, reacciones de comunidades bajo la presión de grupos armados ilegales, cuyo abordaje requiere de una atención especial y una comunicación activa con las comunidades rurales.

Asimismo, entendemos muy bien los aspectos y protocolos que fueron establecidos por una Alta Corte colombiana para reanudar la aspersión aérea con glifosato, así como las dudas, temores y resistencias de diversos sectores sociales. Estoy seguro que en ese empeño y cumplimiento está comprometido su Gobierno.

No nos es indiferente que los esfuerzos del Estado y de la sociedad en la lucha contra el flagelo del comercio ilícito de drogas han sido costosos en vidas humanas, de las comunidades, de la Fuerza Pública y de los civiles a cargo de la erradicación, todas colombianas de los propios países.

Alentamos a que las estrategias de reducción de los cultivos ilícitos logren abarcar todas las dimensiones del fenómeno, impulsen convergencias institucionales y sociales para afrontar exitosamente la amenaza que representa esta dinámica ilegal y generen la necesaria sinergia con las políticas de intervención en la ruralidad colombiana.

La pandemia generada por el COVID-19, ha marcado un hito histórico en el mundo y en nuestra región, suscitando enormes incertidumbres y desafíos sanitarios, económicos y políticos. Y en medio de todos los esfuerzos para afrontar la crisis, emerge una prioridad: preservar la vida, apostarle a la vida.
Es urgente ponerle fin a la violencia, la criminalidad y la inequidad, que siguen impactando a la población civil, especialmente a la más vulnerable que habita zonas rurales y profundas.

Defender la vida es jugársela por una paz que cese todas las afectaciones contra comunidades y liderazgos sociales; que silencie todas las armas y fusiles; que abra escenarios de tránsito a la legalidad con los distintos grupos armados ilegales; que facilite la llegada integral y articulada del Estado, y que procure la seguridad y el desarrollo en todos los territorios de Colombia.

Su Gobierno ha puesto en marcha múltiples y diversas políticas, instancias y mecanismos de nivel central y territorial para abordar los fenómenos de afectación contra las poblaciones, buscando sin descanso la articulación eficaz de normas, mecanismos, políticas y acciones. Tomando en cuenta las particularidades de cada zona, los riesgos específicos de ciertas poblaciones como mujeres, niños, niñas y adolescentes, y comunidades indígenas y afrodescendientes.

Este empuje requiere del decidido involucramiento de las poblaciones afectadas, garantizando una plena coordinación con las autoridades locales, étnicas y regionales.

En definitiva, todos los esfuerzos estatales y sociales estarán condicionados por la obtención de resultados concretos que se traduzcan en efectivas garantías de seguridad para la población. En esto, toda Colombia debe estar unida y solidaria.

Agradecemos a usted, Presidente Duque, a las instituciones del Estado colombiano y a la sociedad de este querido país, por hacernos partícipes en todas estas iniciativas.

Hoy y aquí reiteramos el compromiso de la Organización de los Estados Americanos de continuar acompañando a Colombia en sus esfuerzos de paz, tarea que seguiremos cumpliendo de manera cercana y permanente, desde el respeto, la solidaridad, la imparcialidad y la independencia que nos caracteriza.

Muchas Gracias