DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, LUIS ALMAGRO “ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA” EN COLOMBIA

2 de diciembre de 2020 - Washington, DC

Durante más de 16 años, a través de la MAPP/OEA, nuestra Organización ha participado de manera activa en la pacificación de los territorios más afectados por el conflicto armado y la criminalidad en Colombia, constatando las dimensiones humanitarias, ambientales, culturales, políticas y económicas que supone hacer realidad el imperativo moral de la paz.

Saludamos al señor Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y a su equipo de trabajo. Reconocemos los aportes que, junto a todos los colombianos y colombianas, han hecho para construir la paz estable y duradera que anhela el pueblo de ese hermano país.

A pesar de los profundos impactos que ha dejado la violencia, el Estado, las comunidades, las víctimas, los líderes y las lideresas sociales continúan trabajando incansablemente en los territorios por transformar sus realidades.

Nos muestran que hacer realidad la paz duradera y sostenible implica la unión de voluntades, la articulación y cooperación entre diversos actores de la sociedad civil y la institucionalidad colombiana.

El Estado colombiano ha diseñado e implementado marcos legales, políticas, mecanismos y procesos a fin de mitigar los impactos y afectaciones a las poblaciones, atendiendo las particularidades y riesgos específicos de cada contexto.

Asimismo, ha llevado a cabo diversos procesos de desarme, desmovilización y reincorporación en las últimas décadas que significan avances importantes para evitar que las poblaciones y territorios enteros sean afectados por la violencia.

También persisten muchos retos, dificultades y amenazas complejas.

Caminar hacia la meta de la paz requiere y merece todos los esfuerzos. Su logro y consolidación implica un arduo trabajo que garantice superar paulatinamente esas dificultades.

Exige el concurso de toda la sociedad, privilegiando las vías del diálogo, la construcción de consensos, la generación de confianza y el cumplimiento de acuerdos y compromisos.

Concretar y consolidar una paz completa, estable y duradera, implica gestionar adecuadamente los escenarios de conflictividad latentes y cesar las múltiples y persistentes formas de violencia.

La persistencia y accionar de todos los grupos armados ilegales constituye una de las mayores amenazas a la paz y a la población civil, de forma particular sobre niños, niñas y adolescentes, comunidades indígenas y afrodescendientes, liderazgos sociales e integrantes de organismos de acción comunal, grupos particularmente afectados.

Somos conscientes del impacto diferenciado que las dinámicas violentas y de conflicto tienen sobre las mujeres, especialmente a quienes están en las comunidades más aisladas.

Reiteramos que continuar reforzando las medidas institucionales para atender el impacto de la violencia de género, la llegada de mujeres a los espacios de decisión y el fin de las violencias simbólicas, es una condición fundamental para alcanzar la paz.

Otro aspecto que constituye un gran reto es el narcotráfico. Esta actividad ha sido el combustible del conflicto y de la violencia en Colombia durante las últimas décadas, y su persistencia amenaza el logro de la paz.

Es un flagelo de dimensión transnacional que profundiza las desigualdades en la sociedad y causa un daño irreparable al medioambiente.

Su atención, requiere profundizar sobre todas las dimensiones del problema y de su tratamiento (salud, seguridad y desarrollo), convocar a todos los sectores competentes, interesados y afectados, consolidar un rumbo que aborde con la mayor eficacia y cohesión todos los eslabones de dicha actividad ilegal.

De la misma manera que visibilizamos los retos, también lo hacemos con las oportunidades. Colombia se encuentra ante la posibilidad para consolidar vías de relacionamiento colaborativo y configurar procesos sociales e institucionales para el cambio deseado.

Hoy es una nueva oportunidad para resaltar los avances alcanzados por el Estado colombiano y el conjunto de sus instituciones con miras a mejorar las condiciones de seguridad y garantizar más derechos para más colombianos y colombianas.

Asimismo, reconocer la labor de los entes territoriales (departamentales y locales), de las autoridades indígenas y afrodescendientes, de las comunidades y organizaciones sociales, a quienes seguiremos acompañando.

Igualmente, valoramos los esfuerzos de quienes han impulsado sin descanso garantizar el acceso efectivo de las víctimas del conflicto armado a todos sus derechos, buscando consolidar un marco integral que busca construir memoria, establecer verdad y obtener justicia, reparación y no repetición, así como garantizar la participación real de las víctimas.

Queremos destacar el avance de varias entidades gubernamentales en el desarrollo acciones para el cumplimiento de órdenes que promueven el cumplimiento de la política de Restitución de Tierras.

También en los procesos de titulación, los cuales durante el año 2020 alcanzaron la cifra de un millón de hectáreas, de las cuales varias han sido adjudicadas o formalizadas a población campesina sin tierra o con tierra insuficiente y a comunidades étnicas.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han recibido un impulso en su ejecución y en sus respectivos Planes de Acción para la Transformación Regional, ante la realidad de una pandemia que impone nuevos desafíos, especialmente para la participación.

Es importante que desde los diferentes niveles de gobierno se continúe contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo territorial.

En la OEA celebramos la decisión de prorrogar la Ley 1448 de 2011 por 10 años más y los esfuerzos por articular la política de atención y reparación de las víctimas con las medidas contempladas en el Acuerdo Final.

Esta decisión favorecerá, por un lado, la implementación efectiva de diversas políticas, acciones e iniciativas en los territorios que han sido más impactados por el conflicto armado interno, la criminalidad y la inequidad; y por otro, ampliará el universo de las víctimas y el tiempo de reconocimiento sobre la duración del conflicto.

Hemos sido testigos de cómo todas apuestas implican la suma de apoyos políticos, recursos financieros y participación social que apoyen la implementación de medidas y estrategias con incidencia e impacto transformador; que tome en cuenta la diversidad de los territorios, sobre todo en aquellos lugares donde sus poblaciones han sido más impactadas por la violencia.

Estar donde y cuando se debe para generar entornos seguros; escuchar y acompañar; prevenir desencuentros, tender puentes, procurar escenarios de diálogo y entendimiento, y contribuir a la toma de decisiones que permitan avanzar hacia la construcción de la paz, seguirán siendo nuestras líneas fundamentales de acción para acompañar el camino de Colombia hacia la consolidación de la paz.

Por eso, y así como lo hemos hecho a través de la MAPP/OEA en más de 16 años, seguiremos trabajando incansablemente, hombro a hombro, con nuestros principios, valores y pilares como bandera, para seguir sumando hechos de paz en Colombia y el continente.

Muchas gracias