DURANTE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE PARA ANALIZAR SITUACIÓN EN PERÚ

30 de enero de 2023 - Washington, DC

Coincidimos con los términos incluidos en la Declaración aprobada, promovida por Antigua y Barbuda y Colombia, en especial por hacer este énfasis en la importancia de la defensa del estado de derecho, así como la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades individuales. En pocas palabras, el aseguramiento del orden constitucional.

En ese mismo sentido valoramos muy especialmente el informe presentado por el comisionado (de la CIDH, Edgard Stuardo) Ralón. Agradecemos también el informe del embajador de Perú Paul Duclos.

No está de más reiterar, señor Presidente, que cualquier paso que demos con respecto a Perú, debe tener como norte la preservación del bien más preciado que nos corresponde tutelar: la vida.

Todos nuestros pronunciamientos sobre la compleja situación del Perú parten sobre la base del debido respeto y el cumplimiento de los diferentes instrumentos con los que cuenta la OEA, es decir la Carta de la Organización, la Carta Democrática Interamericana, así como la normatividad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Una solución democrática es necesaria para Perú, el país se encuentra sumergido en una grave crisis, respecto a la cual el Grupo de Alto Nivel conformado por el Consejo Permanente advirtió oportunamente, haciendo un llamado urgente a una tregua política y al diálogo entre actores políticos y sociales.

Lamentablemente las valiosas sugerencias del Grupo de Alto Nivel no tuvieron eco en el sistema político que se precipitó hacia una crisis inducida como advertía el informe del Grupo de Alto Nivel que podía suceder.

Se insistió en algo señalado por el Grupo de Alto nivel como el uso abusivo de la moción de vacancia y el Presidente Castillo recurría a la peor idea de todas, a la más antidemocrática posible y disponible, disolver el Congreso.

La disolución del Congreso no puede ser algo que tomemos ligeramente jamás. El Presidente Juan María Bordaberry disolvió el Congreso en Uruguay en 1973 y lo pagamos con 12 años seguidos de dictadura. Esto no es algo para tomar a la ligera ni para esconder ni barrer bajo la alfombra. Debemos tener claro que esa solución no tenía nada de democrático, sino más bien de ruptura institucional.

La peor opción de todas es el estancamiento de esta situación, el Perú debe moverse hacia adelante, hacia elecciones libres y transparentes que le den un nuevo gobierno con la legitimidad necesaria para abordar los problemas acuciantes que refleja esta crisis del país. El Perú está pagando con muertos las ineficiencias del sistema político e irresponsabilidades varias.

La paz social y la paz política se edifica con responsabilidad social, responsabilidad política, atendiendo los problemas de la gente, resolviéndolos. No es en vano atender a la desigualdad, eliminar toda forma de discriminación, inequidades y la pobreza, eliminar la informalidad económica, la falta de empleo y la inseguridad. Debemos comprometernos todos con la solución democrática, debemos ser conscientes que esto no se resuelve forzando la Constitución ni alterando las reglas de juegos, ni violentando a la gente, ni violentando al país. Se resuelve con más democracia, en la que surge de respeto a la ciudadanía de los derechos de cada ciudadana, de cada ciudadano, el respeto y fortalecimiento de las instituciones, el respeto a la Constitución y a las leyes, con diálogo, con trabajo político conjunto, entre todas, todos, sin más muertes, sin más violencia.

En este sentido, queremos enfatizar nuestro llamado urgente para que así sea.

Las acusaciones sobre el uso excesivo de la fuerza y de la eventual violación de los derechos humanos deben ser investigadas de inmediato y sus responsables judicializados, tal como ha sido expresado en este propio Consejo Permanente por autoridades peruanas.

Reiteramos que la Secretaría General está presta a continuar apoyando al gobierno del Perú en cualquier requerimiento que nos sea formulado para contribuir a pacificar la actual situación de agitación política que vive el país.

Exhortamos a los partidos políticos con representación en el Congreso que escuchen a la ciudadanía, que se pongan al servicio de la vida y no al revés.

Recordamos que hay tratados que obligan al Estado peruano.

Exhortamos a todos los ciudadanos a manifestare sin violencia.

También exhortamos a los distintos medios de comunicación -formales e informales- que procuren la objetividad y el equilibrio en el flujo informativo, teniendo en cuenta que de la veracidad de estos también depende la detención de la violencia.

A la luz de estos hechos, de distintas voces peruanas que se expresan, es evidente que se puede convocar a elecciones generales lo antes posible, con apego a las leyes vigentes en materia electoral.

Muchas gracias.