Introducción
Desde el último informe emitido el 10 de octubre de 2023, el panorama político y judicial en Guatemala ha sido dinámico, pero el proceso de transición sigue avanzando. Del 2 al 3 de noviembre, miembros de las Misiones de Transición y Mediación de la OEA, específicamente, la ex Vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, la ex Subsecretaria Adjunta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajadora Liliana Ayalde, el ex Ministro de Defensa de Uruguay, Luis Rosadilla, y el Representante de la OEA en Guatemala, Diego Paz, sostuvieron varias reuniones con autoridades gubernamentales, incluyendo la Presidencia, el Tribunal Supremo Electoral, los observadores nacionales, los miembros de la sociedad civil, Poder Judicial, Congreso y otras partes interesadas. A partir de estas reuniones, la Misión pudo ratificar la voluntad de apoyar el Proceso de Transición como el camino que conduce a la toma de posesión del Presidente electo Bernardo Arévalo y la Vicepresidenta electa Karin Herrera el 14 de enero de 2024.
Estado del Proceso de Transición 2023-2024 en curso
El 11 de septiembre de 2023, en acto que atendimos en el Palacio Nacional de la Cultura y en presencia del Presidente de la República de Guatemala, Alejandro Giammattei, el Presidente electo, Bernardo Arévalo, y de los equipos designados por las administraciones saliente y entrante, se inició el Proceso de Transición Gubernamental del cual fui testigo directo.
El presidente Alejandro Giammattei dijo en esa ocasión: "A partir de hoy se inicia un Proceso de Transición ordenado, transparente y eficiente, único en la historia y totalmente de buena fe y verdad". Por su parte, el presidente electo Bernardo Arévalo expresó: "Hay que felicitar al liderazgo y a los equipos visionarios de quien puso al equipo de gobierno a trabajar en la preparación de la información requerida para una transición profesional".
Reconocemos la continua cooperación y enfoque del Gobierno de Guatemala para asegurar que exista un proceso de transición efectivo y productivo que promueva el diálogo entre la Comisión Presidencial para la Transición del Gobierno y el Equipo de Transición designado por el Presidente electo Bernardo Arévalo, con la supervisión de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos que se reunió oficialmente el 4 de octubre de 2023.
El Proceso de Transición se ha dado en medio de amenazas e injerencia activa del Ministerio Público sobre los resultados finales de la primera y segunda vuelta de las elecciones generales celebradas el 25 de junio de 2023 y el 20 de agosto de 2023, respectivamente. La transferencia de información necesaria y de calidad del gobierno saliente al entrante, a través de varias reuniones por cada Ministerio, ha seguido avanzando en el espíritu de unidad nacional, con la última reunión ministerial programada para el 24 de noviembre de 2023.
El equipo de la Comisión Presidencial para la Transición del Gobierno cumple con entregar la información necesaria y de calidad a su contraparte. El tiempo de las reuniones es ilimitado, teniendo en cuenta que una vez entregada la información programada e instalado el diálogo entre pares, se programarán nuevas reuniones, como está ocurriendo en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo.
Estas reuniones de transición se desarrollan en un clima de confianza y colaboración entre las partes. Esta parte de la información y de las reuniones en la dimensión burocrática ha seguido avanzando y ha venido afirmándose con más fuerza en estas últimas semanas.
Asimismo, la Misión de Transición de la OEA pudo ratificar la voluntad de que el poder se entregará al Presidente electo Bernardo Arévalo y la Vicepresidenta electa Karin Herrera el 14 de enero de 2024. Así lo expresó el sector del Poder Ejecutivo y otros actores políticos relevantes en el país.
Conclusión del proceso electoral
El 31 de octubre de 2023, el Tribunal Supremo Electoral concluyó el período del proceso electoral, declarando oficialmente que los resultados de las elecciones del 25 de junio de y del 20 de agosto de 2023 son definitivos e "inalterables". Dos factores son significativos para salvaguardar el proceso de transición en Guatemala: esta conclusión del proceso electoral el 31 de octubre y la decisión de la Corte de Constitucionalidad del 7 de octubre de 2023, que estipula que "con el fin de garantizar la efectiva y oportuna toma de posesión y ejercicio de los cargos de los funcionarios que fueron elegidos por el sufragio universal en el presente año electoral, las autoridades dentro del cambio de sus funciones realizarán todos los actos necesarios y pertinentes y se abstendrán de cualquier acción u omisión en contrario, a fin de garantizar la efectiva inauguración el 14 de enero de 2024".
Nos hemos mantenido atentos a los desarrollos políticos del país. La Secretaría General continúa condenando los hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2023, en los que el Ministerio Público, a través de una orden judicial emitida por el juez Freddy Orellana, allanó las oficinas del Tribunal Supremo Electoral con el propósito de confiscar las urnas electorales, que contenían las Actas 4 y Actas 8, y otros materiales electorales que nunca debieron haber sido retirados de su lugar seguro y jurisdiccional.
La confiscación de urnas electorales es una grave violación y desviación de la democracia representativa y del procedimiento electoral, y el Ministerio Público, junto con los demás actores involucrados, son inextricablemente irresponsables, ya que han perjudicado la voluntad política, la cadena de custodia y el derecho que está protegido en la Constitución Política de Guatemala. A partir del día de hoy, pero más específicamente 47 días después desde el 29 de septiembre de 2023, las urnas electorales continúan en un lugar extranjero fuera de los parámetros del Tribunal Supremo Electoral. En el momento en que las urnas electorales fueron confiscadas por una entidad que no tiene jurisdicción en materia electoral, la medida de la democracia disminuyó significativamente en Guatemala. Al concluir el proceso electoral el 31 de octubre de 2023, el Partido Movimiento Semilla fue suspendido provisionalmente, el 2 de noviembre de 2023 hasta la conclusión de la investigación de engaño en curso contra el partido político que reinó en el ciclo electoral de 2023 y que participó en elecciones anteriores, es decir, en el ciclo electoral de 2019.
La Corte Constitucional concluyó el 5 de octubre de 2023, en su decisión, señalando que en materia de suspensión o cancelación de un partido político por parte de un juez penal "corresponde a la jurisdicción penal, solo en los casos de posibles actos de comisión ilícitos previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada" . La Secretaría General; por lo tanto, reafirma que al no tratarse de un tema de jurisdicción criminal, sino electoral, las urnas deben retornar a su lugar donde corresponde constitucionalmente, donde corresponde conforme a su competencia, el Tribunal Supremo Electoral.
Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)
Se han investigado también presuntas irregularidades en las adquisiciones del sistema TREP. "La Misión de la OEA constató que el TREP funcionó correctamente, con un flujo constante e ininterrumpido de actas de escrutinio durante la noche y la madrugada posterior a la elección. La Misión confirmó y reafirmó que los resultados producidos por el TREP coincidían con los recabados por la MOE/OEA y por la observación nacional. En ningún momento durante las elecciones ni en los días posteriores la Misión observó ni recibió pruebas que pusieran en tela de juicio la integridad del proceso o el orden de las preferencias que surgieron de las urnas. Por estas razones, la MOE considera que la acusación de fraude por parte del Ministerio Público es incompetente y no contribuye a la certeza del proceso electoral", afirmó el informe de la MOE.
Carta Democrática Interamericana
Por invitación del Gobierno de Guatemala, la Secretaría General de la OEA continúa en las visitas y en las misiones que sirvan para el fortalecimiento y preservación del sistema democrático en Guatemala como lo señalan los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana. El compromiso cooperativo y transparente entre el equipo de transición de la presidencia y el equipo de transición del Presidente electo ha sido progresivo; sin embargo, nos mantenemos atentos a los resultados judiciales derivados de los ataques del proceso electoral por parte del Ministerio Público, pues puede siempre potencialmente contribuir a un irrespeto del voto de los ciudadanos
Proceso de Mediación
Cabe señalar que, durante el Proceso de Transición en curso, se llevó a cabo una protesta social liderada por los 48 Cantones y otras Autoridades Ancestrales Indígenas de Guatemala, luego de la incautación de material electoral sensible por parte del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Así, en respuesta a la solicitud del Gobierno del 6 de octubre, a través del Canciller Mario Búcaro, respondimos de inmediato enviando una Misión de Mediación y Diálogo, integrada por el ex Ministro de Defensa de Uruguay Luis Rosadilla, la Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Maricarmen Plata, la Asesora dentro de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA Paulina Corominas, y a el Representante de la OEA en Guatemala, Diego Paz, quienes se reunieron con diversos interlocutores entre el 9 y el 18 de octubre. Las invitaciones al diálogo, que respondieron a un llamado amplio e inclusivo, fueron recibidas positivamente, y la Misión constató que el motivo de las movilizaciones, bloqueos y rechazo ciudadano están relacionados con las acciones del Ministerio Público que atentan contra la integridad del proceso electoral.
La Misión de Mediación de la OEA, en un comunicado emitido el 13 de octubre, destacó el profesionalismo de la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, el 16 de octubre de 2023, el Ministerio Público (MP) solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) la destitución del ministro del Interior por incumplir la orden de este organismo, en un amparo otorgado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y porque no había tomado ninguna acción para desalojar a los manifestantes que impiden el paso del personal de la Fiscalía a su sede.
Entre las coincidencias y preocupaciones de la mayoría de los actores entrevistados por la Misión de Mediación se encuentra: la importancia de garantizar y respetar el derecho a la protesta social y abstenerse de criminalizar y perseguir tanto a los manifestantes como a las instituciones.
En el marco de su mandato, la Misión organizó una reunión de diálogo el jueves 12 de octubre entre el gobierno del Presidente Alejandro Giammattei y representantes de las Autoridades Indígenas, con la presencia de la Misión Mediadora. El trabajo que realizó la Misión a este respecto es encomiable y haber logrado esta instancia de dialogo fue fundamental para recobrar en gran parte la racionalidad política y la dimensión de trabajo que se esperaba a través de las acciones de las comunidades indígenas.
Reconocimiento a la Comunidad Indígena y su Protesta Pacífica
Queremos efectuar un especial reconocimiento a las comunidades indígenas y a su protesta pacífica, la Misión de la OEA que acompaña el proceso de transición se ha reunido con varios grupos indígenas, entre ellos Autoridades Indígenas Ancestrales de las comunidades Maya, Xinka y Garífuna, la Plataforma de Mujeres Indígenas y 48 Cantones de Totonicapán, durante varias visitas al país por invitación del Gobierno de Guatemala. Admiramos la madurez con la que 48 cantones de Totonicapán y otras comunidades indígenas han gestionado las protestas pacíficas después de las elecciones y el trabajo que se realizó al respecto ha sido encomiable. Los valientes esfuerzos de estos grupos indígenas y sus defensores comunitarios en defensa de la democracia son meritorios y merecen nuestro respeto por liderar esta lucha por el orden democrático y las instituciones democráticas en paz y en orden.
Cuando lleguemos a la toma de posesión del Presidente electo Bernardo Arévalo los ciudadanos de Guatemala querrán más democracia. Todos los guatemaltecos tienen derecho a un tejido político integrado e incluyente. Apoyamos los esfuerzos encaminados para desarrollar medidas de fomento de la capacidad para dar cabida a la plena participación y representación de las comunidades indígenas en todos los poderes de la estructura gubernamental y en todos los sectores de la sociedad guatemalteca".
Conclusión
Para concluir, continuaremos defendiendo los resultados de las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto y reafirmaremos nuestro apoyo para seguir acompañando este proceso de transición que concluirá el 14 de enero de 2024, con el Presidente electo Bernardo Arévalo y la Vicepresidenta electa Karin Herrera asumiendo el manto de la gobernabilidad en Guatemala.
Que la democracia y la independencia del voto nacional prevalezcan siempre.
La transición en el país necesita esfuerzos institucionales importantes aún. Las últimas semanas nos han demostrado que existen todavía innumerables problemas institucionales a la hora de llevar adelante esta transición. Los más evidentes, los más fuertes, los que mayores complicaciones traen para el orden constitucional del país son aquellos problemas y dificultades que trae consigo la actuación del Ministerio Público. La falta de confianza en la población respecto a las acciones del mismo es notoria, pero esta desconfianza además permea hacia otras institucionalidad del Estado.
La población ha demandado claramente aquello que considera ético y políticamente responsable y necesario. Es muy difícil comprender que el proceso sufra permanentemente de retrocesos y caídas si no existiera la voluntad política para que ello ocurra.
Un proceso de transición normal no puede sufrir estas complicaciones, es absolutamente improcedente y se necesita un cambio efectivo que resuelva definitivamente la situación, que no existan más amenazas a lo que debe ser, a lo que debe ocurrir el 14 de enero.
El problema es fácilmente identificable: son las acciones de criminalización y judicialización que surgen del Ministerio Público, con acciones específicas de otros actores jurisdiccionales del país. Es un problema claro, evidente, indisimulable que requiere acciones que lo dejen en evidencia en su improcedencia. Las acciones del Ministerio Público exacerban el conflicto al estar reñidas en su gran mayoría con el mejor funcionamiento del Estado de Derecho y los principios de justicia y de constitucionalidad. Por ejemplo, las acciones que significan acoso a familiares de exiliados políticos recurrentemente siguen ocurriendo y las mismas constituyen un elemento de intimidación, acoso y de exacerbación del conflicto.
Queremos destacar la actuación del ex Ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, que fue ajustada a derecho y se realizó además en un marco de absoluta responsabilidad y civilidad, como por ejemplo, cuando se logró el ingreso al Ministerio Público, algo que se hizo en diálogo con los manifestantes. Acciones como esas edifican confianza entre la dimensión de la administración gubernamental y la gente. Lamentablemente, su forzada renuncia constituyó nuevamente un retroceso en la edificación de confianza. Es necesario que estas acciones restablezcan los imprescindibles puentes que en cualquier sistema político democrático institucional deben existir entre las instituciones y la ciudadanía
La misión de Liliana Ayalde e Isabel de Saint Malo valora una transición mucho más cimentada que la última vez que se visitó Guatemala. Incluso un sector privado que se ha entendido debe colaborar con el Presiente electo y lo está haciendo. Un Presidente electo trabajando arduamente en conformar equipo y plan de acción para los primeros meses de Gobierno.
La reunión con el Presidente Giammattei dejó claro que la transición se va a dar, consideramos que debe haber presencia de la Misión en momento más adelante en el mes de noviembre y que hay que seguir monitoreando la situación. Es evidente que hay un proceso de intercambio a nivel sectorial robusto y que se viene fortaleciendo la confianza entre los dos equipos técnicos sectoriales, como expresé antes. Es un trabajo importante acompañado por la presencia continua de Diego Paz la cual ha sido muy valorada. Se detectó algo de frustración porque no se ha podido conseguir que el público reconozca o aprecie los avances de este esfuerzo. Esto continúa a pesar de las muchas distracciones judiciales y políticas de esta transición y merece ser reconocido y bien documentado.
Lo otro que además debemos añadir, es que algunos actores políticos continúan con señalamientos a Semilla en el manipuleo de votos en las mesas. Este es un tema que determinados actores políticos, especialmente los vinculados a la ultra derecha y con simpatías autoritarias, se han negado a abandonar y que sigue afectando este proceso y trayendo este exacerbamiento de conflicto.
El marco de actuación política solamente puede ser de la Constitución de la República. Es muy importante que el Congreso y la Corte Constitucional refuercen acciones y decisiones que encaminen al país inexorablemente en el respeto al resultado electoral, como determina la Constitución, atendiendo a los pronunciamientos que ha hecho la autoridad electoral sobre el proceso electoral y consolidando el cambio de mando para el 14 de enero para Bernardo Arévalo y Karin Herrera, sin ambigüedades ni dificultades. Para el Congreso y para la Corte Constitucional debe primar la racionalidad jurídica y los principios del Estado de Derecho que sostienen este proceso y que garantizan al Presidente electo que asuma como Presidente de Guatemala el 14 de enero.
Gracias señor Presidente.