Constituye para mi un honor dar la bienvenida a los representantes de los Estados Parte en el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y a todos los participantes en este Seminario con el cual se inician las actividades de este Comité.

Permitanme agradecer de manera especial a la Directora de la División Anti-Corrupción de la OCDE y a los Secretarios Ejecutivos del GRECO en el Consejo de Europa, del GAFI y del MEM, así como a los delegados de los Gobiernos y de organizaciones de la sociedad civil, que tan generosamente han aceptado la invitación de la OEA para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias en el marco de sus respectivos mecanismos de evaluación y seguimiento.

Esta reunión tiene que ver con un tema fundamental para el presente y el futuro de las Américas. En pasadas oportunidades he tenido ocasión de destacar tres razones por la cuales la lucha contra la corrupción es una prioridad hemisférica. Los hechos cada vez confirman más la validez e importancia de ellas.

La primera razón tiene que ver con algo que es de la esencia del Sistema Interamericano: la preservación y el fortalecimiento de la democracia. Así lo ratificaron todos los Estados del Hemisferio hace apenas cuatro meses, en Lima, al adoptar la “Carta Democrática Interamerica”. En ella expresaron que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública y la libertad de expresión y de prensa.

Es evidente que la corrupción es un terrible cancer que mina la legitimidad de las instituciones y el Estado de Derecho y que, en este campo, aún es mucho el camino que tenemos por recorrer en las Américas. Un estudio reciente demuestra que apenas el 35% de los latinoamericanos está satisfecho con la democracia, que alrededor del 90% considera que la corrupción está empeorando en lugar de mejorar o mantenerse estable y que muchos de ellos la consideran como el problema nacional más grave.

Afortunadamente, el estudio también revela que la baja satisfacción con la democracia no implica necesariamente un débil respaldo a los principios democráticos. Por el contrario, muestra que la inmensa mayoría de los latinoamericanos prefieren la democracia a cualquier otra alternativa. No obstante, esos bajos niveles de satisfacción con la democracia y de confianza en las instituciones políticas constituyen, sin lugar a dudas, un desafío de primer orden en la región.

La segunda razón por la cual tenemos que combatir la corrupción en este Hemisferio tiene que ver con sus enormes costos sociales. La pobreza ha aumentado en América Latina y ésta se ha constituido en la región con mayores disparidades entre pobres y ricos. Y en este campo, también, diversas investigaciones han comprobado que las principales víctimas de la corrupción son los pobres. Por eso, en la OEA consideramos que la lucha contra la currupción es también una causa de justicia social.

La tercera razón tiene que ver con los efectos que tiene este problema sobre el comercio, el crecimiento y el desarrollo económico. Numerosos estudios han confirmado que entre mayor sea la corrupción en un país, menor será la inversión y el crecimiento económico. Según los resultados de una encuesta realizada por el Banco Mundial, la corrupción fue considerada como el peor obstáculo para realizar negocios en una de las subregiones de América Latina, la cual tuvo el peor índice al compararla con todas las demás regiones del mundo en materia de corrupción y estabilidad de sus políticas. Luego, es evidente que tenemos que atacar este mal si en verdad queremos crecer y avanzar por la senda del desarrollo económico.

Por esto, la lucha contra la corrupción ha sido una preocupación constante en las Américas. En el marco de la OEA, fuimos pioneros y adoptamos la primera Convención en la materia, en tiempos en que aún se discutía si el combate contra este fenómeno podía ser objeto de un tratado internacional. Creo que con este paso abrimos camino para los desarrollos que se dieron más tarde en otros organismos internacionales y, junto con éstos, hemos creado condiciones favorables para las discusiones que se han iniciado en torno a una posible Convención en la materia en el marco de las Naciones Unidas.

La Convención de la OEA, además expresa una concepción integral y completa sobre la forma como se debe abordar este problema.

De acuerdo con ella, la corrupción debe entenderse, en primer lugar, como un problema de sistemas y no simplemente de personas corruptas. En este sentido, de ella se infiere que no basta con fortalecer la cooperación para poner en la carcel a algunos corruptos sin solucionar las cauasas estructurales que generan la corrupción, pues muy pronto otros vendrán a reemplazarlos. Por eso, nuestra Convención contiene disposiciones para fortalecer la cooperación judicial en áreas como extradición, intercambio de pruebas, secreto bancario y medidas para recuperar el producto de los actos de corrupción. Pero, de igual forma, dispone medidas que los Estados se comprometen a implementar para evitar la ocurrencia de actos de corrupción, orientadas a modernizar las instituciones públicas y asegurar transparencia, eficiencia y rendición de cuentas de los Gobiernos.

En segundo lugar, la Covención expresa que el combate contra la corrupción debe ser un proceso permanente y no el simple resultado de acciones aisladas u ocasionales. De acuerdo con esta concepción, así como no se puede precisar un solo instante o acción en que la corrupción haya surgido o se haya consolidado, tampoco es posible pensar que ella se va acabar en un solo instante, con un solo acto o decisión. Por eso, de ella se infiere que se requieren muchas decisiones, en diferentes niveles y con diferentes orientaciones.

En tercer lugar, la Convención entiende el combate contra este problema como un proceso en el que todos tenemos responsabilidades: los estados, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional. Cada uno a su nivel y con diferentes orientaciones y alcances, pero todos respondiendo al mismo propósito y estrategia de acabar con la corrupción.

Teniendo en cuenta esta concepción, desde un comienzo fue claro que la Convención no era un punto de llegada sino el primer gran paso para enfrentar colectivamente este mal. Por eso, en el marco de un Programa de Cooperación adoptado por nuestra Asamblea General, seguimos trabajando en este campo. En unión del BID, apoyamos a numerosos Estados en la adecuación de su legislación penal a la Convención; desarrollamos un programa piloto en Centroamérica en relación con algunas de sus medidas preventivas; creamos un sistema de información a través de internet; apoyamos la iniciativa surgida de la reunión de Ministros de Justicia de crear una red de asistencia jurídica y judicial mutua; auspiciamos, junto con la Fundación para las Américas, un programa de capacitación en periodismo de investigación.

Pero sin lugar a dudas, uno de los avances más importantes que hemos dado en este campo tiene que ver con el motivo de esta reunión. Hace menos de un año, en Québec, los Jefes de Estado y de Gobierno apoyaron que, tomando en consideración la recomendación de La OEA, se estableciera un mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, por los Estados Parte de dicho instrumento.

Nuestra Organización cumplió con celeridad dicho encargo. Apenas un mes después de la cita de Québec, se negoció el Documento de Buenos Aires y en la Asamblea General de San José, los Estados Parte suscribieron la declaración que le dio vida a este Mecanismo.

Entre sus previsiones conviene destacar, en primer lugar, los propósitos que han sido definidos para el Mecanismo, los cuales logran un adecuado balance entre la necesidad de dar seguimiento a los avances alcanzados por los Estados y el fin último de facilitar la cooperación entre ellos .

En segundo lugar, la disposición según la cual el mecanismo se desarrollará en el marco de los propósitos y principios establecidos en la Carta de la OEA y, en especial, de los relacionados con la soberanía, no intervención y la igualdad jurídica de los Estados.

En tercer lugar, son particularmente apropiadas las características definidas para el mecanismo: imparcialidad y objetividad en su operación y en las conclusiones a las que arribe, así como la ausencia de sanciones. Su objetivo no es calificar o clasificar a los Estados sino fortalecer la cooperación entre ellos.

En cuarto lugar, merece destacarse el adecuado equilibrio que se busca establecer entre la confidencialidad y la transparencia en sus actividades. En este sentido, son muy importantes las previsiones sobre la publicidad del reglamento y normas de procedimiento, de la selección de temas, metodología y países, y de la diffusion de los informes.

En quinto lugar, quisiera mencionar que si bien el mecanismo tiene un carácter intergubernamental, se ha previsto que pueda recibir opiniones de la sociedad civil y que el Comité, en sus normas de procedimiento, regulará su participación.

Finalmente se dispone que el Comité de Expertos tendrá su sede en la OEA y que las funciones de Secretaría serán ejercidas por la Secretaría General de nuestra Organización.


Señores Expertos:


La adopción y puesta en marcha de este Mecanismo constituyen un paso fundamental en este frente en las Américas. Sin embargo, este es el comienzo y no el punto de llegada. Todavía tenemos desafíos de diverso órden que, en gran medida, reposan en los hombros de todos ustedes. Permítanme destacar algunos de ellos.

El primer reto que tenemos es el de consolidar la credibilidad de este mecanismo. Ustedes han sido llamados para analizar mutuamente los avances de los Estados en la implementación de la Convención. No se les ha asignado las funciones de un tribunal supranacional ni se les ha erigido en jueces o fiscales. Sin embargo, eso no quiere decir que sus análisis no deban ser rigurosos, independientes, objetivos, francos y realistas.

No se espera de ustedes un ejercicio de elogíos o congratuaciones recíprocas. Tampoco de recriminacaciones o señalamientos. Sólo un esfuerzo serio, técnico y sistemático de análisis de los avances, pero también de las limitaciones y de los pasos específicos que aún es necesario dar. En el rigor, objetividad, independencia, solidez y franqueza de sus análisis, en buena parte, va a residir la credibilidad de sus trabajos.

Los análisis que ustedes van a realizar, sin ambargo, no son un fin en si mismos. Son apenas un instrumento. Por eso, otro gran reto que tenemos es el de mostrar la utilidad de un mecanismo como éste. En ese sentido, sus labores no pueden terminar en una suerte de ejercicio burocrático y rutinario. Por el contrario, deben producir resultados concretos que nos permitan detectar los progresos alcanzados, identificar con precisión los desafíos todavía existentes y diseñar propuestas y programas especificos para enfrantarlos con éxito, en el ámbito nacional o en forma colectiva.

En este sentido, no sólo se espera que ustedes analicen la conformidad formal o aparente de las leyes o disposiciones con la Convención. De igual forma se espera que indaguen sobre su aplicación en casos concretos y sobre sus resultados, así como que analicen la eficacia y efectividad de ellas y de las instituciones, estructuras o instrumentos a que se acude para su implementación.

Dentro del mismo propósito de que el Mecanismo sea útil para conseguir los propósitos de la Convención, se espera que, como resultado de sus labores, podamos tener un mejor conocimientos de temas de interés colectivo a los cuales se refiere la Convención, pero que requieren que profundicemos en ellos y lleguemos a conclusiones y recomendaciones precisas sobre cómo podemos avanzar y fortalecer la cooperación en relación con ellos. Esto es válido tanto en relación con el mejor conocimiento de las modalidades delictivas en materia de corrupción como con respecto a políticas fundamentales para prevenir la ocurrencia de la misma de acuerdo con lo dispuesto en este tratado, tales como los temas de transparencia en las compras oficiales, en la recaudación y el control de los ingresos del Estado, el funcionamiento de los órganos de control superior, el derecho a la información y los mecanismos de participación de la sociedad civil.

Finalmente, tenemos el gran reto de demostrar que la transparencia comienza por casa. En este sentido y sin desconocer el carácter eminentemente intergubernamental del Mecanismo, debemos crear las condiciones para que los resultados de este esfuerzo de análisis sean conocidos por los ciudadanos y para facilitar que la sociedad civil pueda contribuir en esta empresa, dentro del espíritu y los parámetros definidos en el Documento de Buenos Aires.

En el cumplimiento de sus labores pueden contar con la mejor disponibilidad de la Secretaría General de la OEA para apoyarlos. De hecho para facilitar este cometido y teniendo en cuenta el mandato adoptado por nuestra Asamblea General en Costa Rica, dispusé que la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, a través de su Departamento de Cooperación Jurídica, se encargue de cumplir las funciones de Secretaría de este Mecanismo y para ello he decidido que las labores de ese Departamento se concentren en el apoyo a este tipo de instrumentos de cooperación jurídica, definidos como prioritarios por los Jefes de Estado y de Gobierno y por nuestra Asamblea General.

Señoras y señores:

Como he dicho en otras oportunidades, la corrupción se ha organizado para robarnos a todos. Por eso es importante, también, que todos los que, de una u otra manera, somos víctmas de ella, también nos organicemos para hacerle frente en forma eficaz y efectiva. Estoy seguro que este Mecanismo y, en particular, los resultados del trabajo de este Comité, nos permitirán avanzar en la consecución de este propósito.

Bienvenidos de nuevo a ésta su casa; la casa de las Américas y les
deseo mucho éxito en todas sus labores.

Gracias.