Los cancilleres de las Américas actuaron con sabiduría cuando escogieron a Lima como sede de esta Asamblea Extraordinaria para expedir la Carta Democrática que, a propuesta de Perú, ordena la Cumbre de Québec. Esta decisión notifica a todos los que pretendan quebrantar el orden constitucional que encontrarán una comunidad de naciones americanas unida en su acción colectiva para hacer respetar la institucionalidad democrática. Esa es en la OEA nuestra principal responsabilidad y nuestra razón de ser. Gracias al pueblo del Perú, al presidente Alejandro Toledo, y al Canciller García Sayan por su siempre generosa hospitalidad.

Todos los que estamos bajo este techo sabemos bien que en esta nación los principios y las instituciones de la democracia pasaron por su mas ardua prueba desde 1992, cuando bajo la excusa de la lucha contra la subversión, el gobierno en un auto-golpe decidió disolver el Congreso e intervenir el poder judicial, el ministerio público, el Consejo Nacional de Magistratura y el Tribunal de Garantías Constitucionales. La reacción colectiva hemisférica permitió, bajo el marco de la resolución 1080, subsanar estas graves faltas con la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente, pero la OEA se abstuvo de hacer seguimiento apropiado a lo dispuesto, hasta que en efecto se regresara a la plena vigencia de los principios democráticos. Las actuaciones autoritarias de un presidente democráticamente elegido fueron el primer ejemplo de un nuevo tipo de amenaza a la democracia.

Pronto se vio como la Constitución que se aprobó dentro de la nueva coyuntura política permitió actuaciones del poder ejecutivo que fueron anulando la independencia y la autonomía de los otros poderes, y los procedimientos autoritarios empezaron a caracterizar buena parte de las decisiones públicas. El gobierno usó mecanismos que permitieron supeditar la acción de las fuerzas militares a actuaciones ilegales y de tinte partidista, a silenciar los medios de comunicación y a usar los organismos de inteligencia para propósitos totalmente ajenos a los intereses del Estado. Se hizo un uso indebido de cuantiosos recursos públicos y finalmente se decidió minar el clima de libertades y de equidad cuando se avanzo en una elección convocada para hacer posible una segunda reelección presidencial, contrariando las de la recién expedida Constitución del 92. Fuimos testigos con nuestra misión electoral de la desigual competencia para los opositores del gobierno y sobre todo la lucha valerosa, audaz y tesonera del entonces candidato Alejandro Toledo, quien no tuvo las más mínimas garantías para participar en la segunda vuelta ya que ni siquiera fue posible asegurar que la OEA hiciera un seguimiento del proceso.

Por ello, si la OEA se quedó corta en su actuación del 92, la Asamblea de Windsor fue un ejemplo de nuestra determinación de asegurar que Perú regresara por los senderos democráticos y de la utilidad de la acción colectiva para apoyar la democracia. Con el concurso del Señor Presidente Toledo, del suyo Señor Canciller Diego García Sayan y de las fuerzas políticas y sociales del país trabajamos para cumplir ese mandato. Gracias a su coraje, coordinación y determinación fue posible construir una alternativa capaz de asumir la dirección del país, cuando el régimen anterior se desmoronó como resultado del conocimiento público de sus actos ilegales y antidemocráticos.

Pero no podríamos referir la importancia de la Carta Democrática que estamos por adoptar solo en relación con la experiencia de Perú. Por una parte afrontamos serias amenazas a la continuidad del sistema democrático en varios países y por la otra hemos presenciado instituciones todavía débiles, políticas muy discutibles, escasez de recursos y un estado en retroceso y debilitado ideológicamente por la crisis de la deuda y por los graves problemas fiscales. Podríamos decir así que la presencia de la democracia en las Américas no es definitiva y concluyente y tenemos ante sí enormes desafíos en un buen numero de países.

Los ciudadanos perciben las falencias de las instituciones públicas que cumplen funciones de supervisión, regulación y control o de aquellas que prestan servicios públicos básicos, como fallas del sistema democrático. Tampoco podemos subestimar el hecho de que la globalización política haya generado una conciencia planetaria en la búsqueda de justicia social y en defensa de la democracia y los derechos de todos los ciudadanos. Hasta hace poco nuestros países tenían la opción de tener un sistema político que operara mal, pero con la globalización política eso ya no es posible.

Como ya lo señalamos en San José, si bien esta visión extensa de lo que es democracia amplía el universo de nuestras acciones, igualmente nos ubica en un complejo panorama que significa que la democracia termina siendo responsable de todo lo que haga o haya hecho, deje o haya dejado de hacer el Estado, el gobierno o cualquier órgano del poder público. En América Latina sólo un Estado fuerte, eficaz y prestigioso nos puede asegurar la defensa de nuestra democracia. Necesitamos un estado democrático, respetuoso y garante de los derechos de todos, protector de los más vulnerables.

Y como si tales demandas fueran poco, hemos tenido a lo largo de la ultima década esa expansión de los elementos consubstanciales de un sistema político democrático. El proyecto de Carta hace una enumeración afortunada, aunque no exhaustiva, de como se ha ido ampliando el concepto de que la democracia no es sólo la realización de elecciones libres, justas, transparentes sino que estas deben estar basadas en el sufragio universal y secreto. La democracia es también el respeto de los derechos humanos y las libertades publicas fundamentales; separación e independencia de los poderes públicos; transparencia de las actividades gubernamentales, probidad, responsabilidad de los gobiernos en la gestión publica; participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo; es tener un régimen plural de partidos políticos; el acceso a la información, libertad de prensa y libertad de expresión; fortalecimiento del Sistema Interamericano de derechos humanos; la eliminación de todas las formas de discriminación; la subordinación constitucional de todas las instituciones del estado a la autoridad civil legalmente constituida; el respeto al estado de derecho por parte de todas las entidades y sectores de la sociedad:

Por eso, gracias a la resolución 1080, el viejo manual del golpista caducó. Pero además, nosotros requerimos una nueva guía que más allá de sus normas sancionatorias o promociónales, sea una guía de comportamiento democrático. La resolución 1080 se ha aplicado en cuatro ocasiones. La primera ocurrió en Haití en 1991; en Perú en 1992; en Guatemala en el 93, y en Paraguay en 1996. La simple alusión a su posible aplicación sirvió para frenar las intenciones de golpe de un sector del ejercito ese país. En otros casos han sido evidentes las limitaciones de su normatividad. No nos dio suficientes luces para enfrentar la última crisis institucional en Paraguay o el intento de subvertir el orden constitucional en Ecuador. En tales eventos acometimos acciones mas en el sentido de respaldar el orden constitucional que de carácter punitivo.

Son estas consideraciones las que hacen tan relevante el proyecto de Carta Democrática que viene para su consideración y sobre el cual nuestro Consejo Permanente ha trabajado con dedicación e intensidad desde Québec. El proyecto incorpora muchos de estos nuevos elementos y principios a los aspectos constitutivos de la democracia y de nuestros sistemas políticos. Ha hecho una juiciosa y exhaustiva incorporación de las propuestas del Comité Jurídico Interamericano cuya valiosísima contribución agradezco en nombre de toda nuestra Organización. Se codifican, sistematizan y armonizan muchos elementos que hacen parte de nuestra Carta o de los protocolos modificatorios o de resoluciones y declaraciones de nuestras asambleas.

Como lo refirió el Comité en algunos casos se trata de interpretar disposiciones convencionales, en otros de incorporar normas consuetudinarias o de las que hemos hecho uso en varias oportunidades, en otros reflejan principalmente principios generales de derecho o proclaman aspiraciones comunes que pueden contribuir al desarrollo progresivo del derecho interamericano e internacional. Como lo ha señalado también expresamente el Comité Jurídico Interamericano " las disposiciones generales de un órgano de una Organización Internacional pueden tener efecto obligatorio dentro de la Organización cuando así lo establece el instrumento constitutivo de la misma."

Quiero en este momento poner de relieve la iniciativa del Canciller Javier Pérez de Cuellar en Québec, como la del Vice Canciller Manuel Rodríguez Cuadros a todo lo largo del proceso. Igualmente quisiera mencionar la extraordinaria tarea de todas las misiones ante la OEA, las de los grupos regionales que trabajaron en su elaboración desde la Cumbre. Gracias al embajador de Colombia Humberto de la Calle Lombana por la disciplina, dedicación y el profesionalismo con el que dirigió el grupo de trabajo. Gracias también a los embajadores Hurst de Antigua y Barbuda y Castulovich de Panama que actuaron como vicepresidentes en nombre de Centroamérica y el Caribe. Nuestro reconocimiento al Embajador Castro de Costa Rica por el apoyo permanente que le dio a estas tareas.

Desde nuestra Asamblea de Costa Rica, que fue un hito en la renovación de la voluntad política de nuestros gobiernos, y en el estableciento de las bases para su contenido, la Carta Democrática ha sido enriquecida de múltiples maneras, se ha abierto a nuevas áreas y ha recibido una significativa colaboración en nombre de la sociedad civil. A través del Internet se llego a 8000 ONGs, instituciones académicas, centros de estudios y otras organizaciones públicas y privadas. Se recibieron de todas las regiones y países muchas decenas de propuestas de carácter general o nuevas, sobre el sistema interamericano, sobre los mecanismos de defensa de la democracia y, sobre las misiones de observación electoral. Nos ha quedado una muy valiosa experiencia sobre estas consultas en temas de naturaleza jurídico política, en la posibilidad de establecer eslabones entre distintos documentos y archivos, no solo con la OEA sino entre distintos elementos de la sociedad civil. Quiero subrayar que muy buena parte de los temas por la sociedad civil han quedado incorporados en la Carta Democrática.

El Proyecto como viene a su consideración representa un avance significativo sobre la resolución 1080 en lo que tiene que ver con el incremento de las situaciones que pueden representar grave alteración del orden constitucional y también afectar su orden democrático, así como en cuanto a la amplitud de los medios o acciones a los que pueden recurrir tanto nuestros órganos políticos, el Consejo Permanente, las asambleas, como la Secretaria General para defender de una manera inquebrantable la vigencia de la democracia. Es bueno mencionar que como lo señalo el Comité Jurídico, ninguna disposición de la Carta puede interpretarse como restrictiva a las facultades que la Carta de la OEA otorga a los órganos del sistema

Los países pueden apelar a la OEA en busca de apoyo cuando esté en riesgo su proceso político institucional democrático o su ejercicio legitimo del poder. Para ello se estipulan las gestiones diplomáticas y los buenos oficios en ayuda de un gobierno en problemas y se condiciona a su solicitud. También nos dota de una muy necesaria gradualidad que no solo nos permite reaccionar a una grave alteración, sino adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. Además dispone que la organización debe mantener sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el país miembro afectado. Esto no es óbice para que se señale de manera inequívoca que cuando la Asamblea General Extraordinaria constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y las gestiones diplomáticas han resultado infructuosas, conforme a la Carta de la OEA se procederá a suspender a dicho estado miembro con el voto afirmativo de las dos terceras partes.

Y en el contexto que hemos mencionado, se entiende la pertinencia de buena parte de la normatividad que los representantes de los gobiernos han incorporado al proyecto de Carta. El documento refleja un importante debate y deja ver como la democracia se refuerza y profundiza con la participación ética y responsable de la ciudadanía. Esa participación en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad, y el proyecto de Carta a su consideración prevé la obligación de defender y promover ese derecho. Así la incorporación de la cláusula democrática en el seno de la OEA o en de las Cumbres se debe entender no solo en su carácter sancionatorio sino en el de compromiso de disuasión y prevención. El proyecto recoge muchos y nuevos derechos, cuya incorporación a la legislación regional la han hecho los estados, pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sus sentencias, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sus pronunciamientos. Estos derechos incluyen los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a la diversidad étnica cultural y religiosa en las América, los derechos de la niñez, los de la mujer, los de los trabajadores consignados en los convenios de la OIT, el respeto de los emigrantes y sus familias.

El documento enriquece profundamente los contenidos de cómo se forma una democracia, le da una importancia especial a la necesidad de llevar la educación al alcance de todos los ciudadanos y pone de manifiesto la imposibilidad de ejercer plenamente los derechos que representa el problema del analfabetismo. El documento recoge los derechos económicos, sociales y culturales del protocolo de San Salvador, entre las tareas de construcción de las democracias. La Carta incorpora el Protocolo de Managua sobre lucha contra la pobreza y la solidaridad que se deben los estados en la búsqueda del desarrollo sostenible, cuyos artículos resaltan el vinculo estrecho entre democracia y desarrollo económico, y pone de presente la necesidad de generar empleos productivos.

La Carta también recoge el concepto de que las Misiones de Observación Electoral son una herramienta muy importante y de la que los países hacen uso para asegurar la realización de elecciones libres, justas y transparentes. El texto a su consideración ofrece un importante marco normativo dentro de los que quisiéramos destacar las condiciones mínimas que se deben asegurar para que la OEA preste esa colaboración.

Por eso si alguien duda de este enfoque omnicomprensivo que cubre tantos elementos constitutivos de la democracia, debe reflexionar sobre las inmensas demandas que los ciudadanos establecen sobre ella. Ese es el enorme desafío que tienen que encarar nuestros gobernantes todos los días. Es una responsabilidad que todos ustedes y sus gobiernos tienen y que en muchas naciones no se corresponde con los precarios medios que se ponen a su disposición. Y es allí donde nuestra acción colectiva debe estar presente para complementar la labor de nuestros gobiernos sin poner en peligro los valores consignados en nuestra Carta.

Señores Cancilleres:

Con la aprobación de esta Carta Democrática ustedes notifican a los autoritarios de toda condición que no va a haber contemporización ni con los golpistas, ni con quienes pretendan subvertir el orden constitucional ni menoscabar el control político. Damos así un paso importante para defender el derecho de nuestros pueblos a buscar su destino por las vías democráticas; para enfrentar las amenazas y desafíos a la democracia con una respuesta colectiva clara, decidida oportuna, ordenada, y consensuada. Pero la Carta es apenas el comienzo de la inmensa responsabilidad que tienen nuestros gobiernos para hacerle frente a los enormes retos que trae la globalización, a los altibajos de la economía mundial, a la volatilidad de los capitales y a las crisis recurrentes. Vivimos tiempos en los cuales los factores políticos pesan cada vez mas en el crecimiento económico, y sin crecimiento y prosperidad las democracias son incapaces de ofrecer el componente de bienes que esperan los ciudadanos de las Américas. El sistema democrático tiene que traducirse en la mejoría de las instituciones políticas, económicas y sociales; en un mejor cumplimiento de las funciones del estado; servir de apoyo de crecimiento y una mayor justicia social; en una mayor cooperación internacional para combatir las amenazas de los sistemas democráticos; y en un mejoramiento claro de la calidad de vida de todos. Es nuestro deber hacer que así sea y esa es la razón de ser de nuestra presencia hoy en Lima.